edición: 3025 , Viernes, 7 agosto 2020
05/03/2009
Observatorio Jurídico

Nulidad de hipoteca constituida dentro del período de retroacción de la quiebra

Datadiar.- Ante el Juzgado de Primera Instancia fueron vistos los autos, juicio de menor cuantía, promovidos a instancia de la Sindicatura de la Quiebra de A.A., S.L. contra Caja de Ahorros Z.Z., S.A. El Juzgado dictó Sentencia por la que estimando la demanda promovida declaró la nulidad de la hipoteca constituida por la quebrada así como la nulidad de todo lo que había sido actuado en el proceso de ejecución seguido por Caja de Ahorros también ante Juzgado de Primera Instancia, sobre las fincas hipotecadas. Contra dicha sentencia la Caja de Ahorros interpuso recurso de apelación ante la  Audiencia Provincial de Murcia, recurso que fue desestimado confirmando, por lo tanto, la sentencia dictada en primera instancia.

El principal fundamento de la STS (Sala 1ª), de 11 de febrero de 2009, denuncia la infracción de lo dispuesto en el artículo 878.2 del Código de Comercio (derogado en la actualidad por la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, pero que aun mantiene sus efectos en procedimientos iniciados antes del 1 de septiembre de 2004 -fecha de entrada en vigor de la citada Ley-) que la entidad crediticia recurrente estima no resulta de aplicación al caso.

Dispone dicha norma respecto del quebrado que “Todos sus actos de dominio y administración posteriores a la época a que se retrotraigan los efectos de la quiebra serán nulos” conteniendo así un supuesto de hecho que evidentemente se refiere a la situación litigiosa en tanto que no cabe ignorar que la entidad quebrada realizó un acto de dominio - constitución de hipoteca- sobre un bien de su propiedad dentro del período de retroacción y, además, muy próximo en el tiempo a la fecha de declaración del estado legal de quiebra, ya que el préstamo y la garantía hipotecaria se constituyeron en fecha 16 de marzo de 2001 y la declaración judicial de la situación de quiebra se produjo por auto de fecha 4 de julio siguiente.

Según nuestro más alto Tribunal ello pone de manifiesto que la posición de la Caja de Ahorros parte de la consideración de que el supuesto enjuiciado ha de quedar fuera de la rigurosa sanción impuesta por el art. 878.2 CCom, y ello no porque quede fuera de sus términos literales, sino teniendo en cuenta la interpretación que del mismo ha hecho la jurisprudencia de esta Sala.

Estima el Tribunal que la sentencia recurrida es clara al establecer que la garantía real constituida contraría el interés general de los acreedores, colocando a la entidad demandada en mejor posición que a los demás con un derecho real de garantía de ejecución separada ordenado a la íntegra satisfacción de su crédito. Así pues, considera el Tribunal Supremo que precisamente es esa oposición al interés general de los acreedores la que justifica la sanción de nulidad de los actos efectuados dentro del período de retroacción.

Así la sentencia del la Sala 1ª del TS de 14 octubre 2005, entre otras, señaló que tal nulidad actúa “incluso con independencia de que los terceros que han contratado con el quebrado pudieran haber intervenido de buena fe en las operaciones cuestionadas, ignorando la situación en cuyo contexto se celebraban (sentencias de 26 de marzo de 2004, 8 de febrero de 2001, 22 de mayo de 2000, 28 de octubre de 1996, 26 de marzo de 1997 y 20 de octubre de 1994)”.

Otro de los motivos del recurso, se refiere a la infracción del artículo 34 de la Ley Hipotecaria el cual dispone que “El tercero que de buena fe adquiera a título oneroso algún derecho de persona que en el Registro aparezca con facultades para transmitirlo, será mantenido en su adquisición, una vez haya inscrito su derecho, aunque después se anule o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en el mismo Registro. La buena fe del tercero se presume siempre, mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del Registro. Los adquirentes a título gratuito no gozarán de más protección registral que la que tuviese su causante o transferente. “. Considera al respecto la Caja de Ahorros, que la garantía hipotecaria constituida a su favor ha de ser mantenida en su condición de "tercero hipotecario" prevaleciendo en todo caso su amparo registral sobre la sanción de nulidad derivada de lo dispuesto en el artículo 878 del Código de Comercio, a que se ha hecho referencia con anterioridad.

Igualmente señala el Tribunal que dicho motivo no puede prosperar puesto que, aun cuando esta Sala ha admitido la protección del "tercero hipotecario" en tales supuestos, la doctrina de la Sala Primera es decididamente rigorista al decantarse por una nulidad radical o de pleno derecho, en la que el adquirente directo del quebrado no resulta protegido por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria porque la inscripción no convalidaría el acto nulo según el artículo 33 de la misma Ley.

En resumen, el Tribunal recuerda el criterio seguido por la sala respecto a la tesis de la inoperancia del artículo 34 de la Ley Hipotecaria frente al rigor del artículo apartado segundo del 878 CCom, tesis que ha sido matizada por la Sentencia de 22 de mayo de 2000 para destacar que no puede amparar al adquirente directo del quebrado, así como que una aplicación indiscriminada del art. 34 LH acabaría con la eficacia del artículo 878 II CCom, pues posibilitaría transmisiones rápidas por parte del quebrado que serían ya inatacables, y que los términos en que se protegen los derechos del tercero de buena fe por el artículo 34 LH son de muy difícil incidencia en el riguroso régimen del artículo 878 CCom, pues el derecho de quien transmite al tercero no se anula o resuelve por una causa que pudiera constar en el Registro de la Propiedad, sino precisamente por la sola circunstancia de haberse adquirido ese derecho en un tiempo anterior que se fija retroactivamente por el Auto judicial de declaración de la quiebra, de suerte que en rigor no cabría hablar de inexactitud del Registro.

Equipo Jurídico de Datadiar.com

LEGISLACIÓN

Real Decreto 1317/2008, de 24 de julio, por el que se aprueba el Plan de contabilidad de las entidades aseguradoras (BOE nº 220 de 11 de septiembre de 2008)
El Plan de contabilidad de entidades aseguradoras se estructura, al igual que su antecesor y tomando como referente al Plan General de Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, en cinco partes, relativas al Marco Conceptual de la Contabilidad, las normas de registro y valoración, las cuentas anuales, el cuadro de cuentas y las definiciones y relaciones contables.

La primera parte, Marco Conceptual de la Contabilidad, recoge los documentos que integran las cuentas anuales así como los requisitos, principios y criterios contables de reconocimiento y valoración, que deben conducir a que las cuentas anuales muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad. Asimismo, se definen los elementos de las cuentas anuales.

Real Decreto 1318/2008, de 24 de julio, por el que se modifica el Reglamento de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre (B.O.E. nº. 220 de 11 de septiembre de 2008)
La presente norma cuenta con un artículo único, que modifica los preceptos del Reglamento de ordenación y supervisión de los seguros privados, y dos disposiciones finales, que reconocen el carácter básico de la norma y su entrada en vigor.
En concreto, el artículo único, en primer lugar, amplía el contenido del artículo 37 habilitando al Ministerio de Economía y Hacienda para el desarrollo del régimen de la provisión de seguros de vida, en el caso de los seguros referenciados distintos de aquéllos en los que el tomador asume íntegramente el riesgo de inversión.

En segundo lugar, modifica el artículo 59 relativo al patrimonio propio no comprometido con la finalidad de adaptar este artículo a la nueva regulación contable, tanto en lo que se refiere a la nueva terminología utilizada en el Plan de contabilidad de las entidades aseguradoras, como en lo relativo al nuevo tratamiento contable de determinadas partidas.

JURISPRUDENCIA

Penal

Delito de asesinato alevoso. Error de hecho en la valoración de la prueba. Atenuante de drogadicción. No se aprecia. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 14 de octubre de 2008.
La alevosía se fundamenta en la extremada potencialidad del instrumento utilizado, que eliminaría la eficacia de cualquier defensa, así como en la naturaleza sorpresiva del ataque. Lo insólito del ataque se refiere tanto al factor del lugar, un hospital, y al ocultamiento del arma entre las ropas. La intervención posterior de familiares de la víctima no afecta al carácter alevoso del ataque previo.

Mercantil

Total ausencia de fundamentación determina ya la desestimación del motivo y del recurso, pues no resulta posible examinar o debatir sobre una afirmación de la que no se ofrecen razones que la apoyen.  TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha 11 de junio de 2008.
El recurso se fundamenta en la denunciada falta de motivación de la sentencia recurrida, pero a lo largo del mismo no existe la menor argumentación sobre porqué la Sentencia recurrida habría incurrido en la alegada falta de motivación, que no pasa de ser una afirmación apodíctica sin fundamentación alguna. Esta total ausencia de fundamentación determina la desestimación del motivo y del recurso, pues no resulta posible examinar o debatir sobre una afirmación de la que no se ofrecen razones que la apoyen.

Beneficiario del seguro de vida. Se requiere la aceptación al ser distintas las personas del tomador y del asegurado. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 24 de junio de 2008
No habiendo concurrido el consentimiento, se dice en la sentencia que "no prueba la demandante a lo largo del pleito este interés directo en los demandados. Simplemente se autotitula beneficiaria de la póliza"; como no supone beneficio alguno para los transportistas fallecidos, no puede presumirse un interés o un consentimiento tácito, de modo que al ser única beneficiaria la empresa tomadora del seguro, "se detecta una nulidad relativa que hace ineficaz el contrato en cuanto a su producción de efectos para la parte" reclamante "por aparecer absolutamente desconectado el riesgo que se garantiza del titular del bien jurídico protegido…”

Civil

El accidente sufrido por el esposo de la demandante fue una consecuencia desgraciada de cualquier tipo de juego, pero de responsabilidad inicialmente inimputable  TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 5 de noviembre de 2008
La interpretación realizada por la Audiencia no sólo se ajusta a los parámetros de la lógica, sino también resulta acorde con la interpretación literal del texto y con la función atribuida por el artículo 33 de la Ley del Deporte de 15 de octubre de 1.990 a las Federaciones deportivas españolas que, como señala la sentencia recurrida, tiene una función de reglamentación del deporte del golf en el ámbito de las competiciones estatales e internacionales, no cumpliéndose de este modo las exigencias de esta Sala para su revisión en sede casacional.

Acción subrogatoria: efectos. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 6 de noviembre de 2008
La acción subrogatoria, en caso de su prosperabilidad, produce el efecto de incrementar la hacienda del deudor, toda vez que fue esgrimida precisamente por la inactividad o el desacierto de éste, con la finalidad de que pudiera ser satisfecho el crédito; pero producido el mentado efecto, el acreedor deberá exigir al deudor que le abone lo debido, es decir, el cumplimiento de la obligación, y será protegido porque con el ejercicio de tal acción ha incrementado los bienes del deudor, pero no tiene preferencia alguna en la satisfacción de su crédito.

Laboral

Condiciones de otorgamiento de un anticipo de la prestación de invalidez a un desempleado residente en otro Estado miembro. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD EUROPEA. Sentencia de fecha: 11 de septiembre de 2008.
Una prestación en metálico del seguro de desempleo, que se concede a los desempleados que hayan solicitado una prestación por incapacidad laboral, constituye una prestación de desempleo en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra g), del Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad.
 
Derecho a prestaciones de desempleo total para el trabajador que extingue su contrato de trabajo cuando la empresa reduce temporalmente su jornada laboral por la vía del art.41 ET. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 18 de noviembre de 2008.
El art. 41 ET, reconoce al trabajador que resulte perjudicado por la decisión patronal, el derecho a rescindir su contrato y a percibir una indemnización de 20 días de salario por año de servicio, que es la que abonó la empresa en este caso, tanto si la modificación sustancial es de carácter individual (número 3) como si es colectiva (número 4). Y no condiciona dicho derecho a la previa impugnación de la decisión empresarial ante la jurisdicción competente, sino que habilita al trabajador a rescindir directamente su contrato sin necesidad de esperar la confirmación judicial de que la medida adoptada es correcta. De modo que solo cabría cuestionar el derecho al desempleo, en el supuesto de que el acuerdo empresarial se hubiera adoptado al margen  de las exigencias formales del    art. 41    - lo que no se ha cuestionado - y el trabajador no lo hubiera combatido judicialmente, alegando la existencia de una actuación en fraude de ley, que nunca se presume y aquí ni tan siquiera ha sido alegada por el SPEE ni mucho menos probada.
 
Administrativo

Clasificaciones del suelo con aprobación definitiva del tratamiento urbanístico.  TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 29 de septiembre de 2008
Habiéndose producido un acuerdo de aprobación definitiva del Plan General, no cabe volver a debatir sobre clasificaciones de suelo allí establecidas sino mediante un nuevo procedimiento de revisión o modificación del planeamiento. En efecto, la Sala de instancia no ha tenido que entrar a examinar las características del terreno, para derivar de ellas la procedencia de una u otra clasificación de los terrenos, sino que anula la determinación contenida en un acuerdo de la Comisión de Urbanismo únicamente porque considera que en ese punto se pretende alterar una clasificación suelo que la propia Comisión había dejado ya establecida en el acuerdo de aprobación definitiva y que no puede ser alterada sino por los cauces procedimentales propios de la modificación o revisión del planeamiento urbanístico. Es decir, teniéndose producido la aprobación definitiva del Plan General de forma condicionada a su modificación en un determinado punto, aquellas determinaciones del Plan no afectadas por esa condición no pueden ser revisadas ni reconsideradas con ocasión del nuevo examen cuya finalidad es únicamente la de constatar el cumplimiento de la condición impuesta.

Vigencia de las determinaciones turísticas de los Planes Insulares de Ordenación y de los Instrumentos de Planeamiento Urbanístico. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 30 de septiembre de 2008
El recurso de casación presentado por el Gobierno de Canarias ha quedado sobrevenidamente privado de objeto, ya que se pide la validez del Decreto 126/2001, del Gobierno de Canarias, por el que se acordó la formulación de las Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias, cuando este Decreto ha sido declarado nulo de pleno derecho en dos sentencias firmes del Tribunal Supremo.

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