edición: 2287 , Miércoles, 23 agosto 2017
17/07/2010

Obama consuma la mayor reforma del sector financiero desde la Gran Depresión

Pedro González
Por 60 votos frente a 39, el Senado norteamericano aprobó el mayor cambio en las reglas del mercado financiero desde las normas regulatorias subsiguientes a la Gran Depresión de 1929. Un texto finalmente mucho más aligerado que su primitiva redacción, y en el que el presidente Barack Obama ha puesto toda la carne de su prestigio político personal en el asador de los compromisos que han hecho posible el acuerdo final. En los jardines de la Casa Blanca, Obama no ocultaba su satisfacción por la adopción de un texto cuyo objetivo final “es que no se volverá a pedir a los ciudadanos y contribuyentes americanos que salven a una institución  demasiado grande para caer” (too big to fail).

Con 2.300 páginas, la nueva ley, conocida en el Congreso de Washington como la Dodd-Frank, en referencia a sus dos principales redactores, el senador Christopher Dodd y el representante Barney Frank, será desarrollada por centenares de decretos reglamentarios, elaborados por los 10 organismos reguladores establecidos en el nuevo texto. Por consiguiente, la totalidad de la reforma se extenderá por un periodo de cuatro años hasta que se complete la totalidad de tales reglamentos.
 
La propia Casa Blanca reconoce que han sido precisas muchas y maratonianas negociaciones para llegar a la redacción final, despojada finalmente de sus aspectos más duros. Tanto es así que los más veteranos analistas de la actividad legislativa americana lo califican como “victoria del lobby bancario”. En todo caso, supone para Barack Obama la consecución de la segunda gran meta de su mandato, después de la reforma sanitaria, asimismo mucho menos ambiciosa de lo que se propuso inicialmente.

Sin embargo, la nueva ley mantiene casi intactos los principales objetivos que se marcó: la prevención de un riesgo sistémico, la neutralización de los gigantes teóricamente inabatibles, la limitación de las actividades especulativas de los bancos, la transparencia del opaco mercado de los productos derivados, y, en fin, la protección del cliente frente a las prácticas usureras de determinados establecimientos de crédito.
 
Pieza angular de la nueva arquitectura regulatoria es la puesta en marcha de un Consejo de Vigilancia de la Estabilidad Financiera, presidido por el secretario del Tesoro y compuesto por diez reguladores. Su misión será identificar aquellos establecimientos financieros cuya mala situación puede hacer tambalearse a todo el sistema por sus malas prácticas. Ni que decir tiene que los legisladores pensaban en Lehman Brothers y las jornadas aciagas de septiembre de 2008. Y, por supuesto, los primeros candidatos a la estrecha vigilancia del nuevo Consejo tienen ya nombre y apellidos: Goldman Sachs, Morgan Stanley y Citigroup, cabezas de una lista que se augura larga.

Para honrar su palabra de que no se volverá a acudir al dinero público para salvar instituciones teóricamente “demasiados grandes para caer”, Obama ha dispuesto que sea la Compañía Federal de Seguros de los Depósitos Bancarios quién organice el posible desmantelamiento de la institución de que se trate conforme a un protocolo de liquidación reglamentado.

Asimismo, se ve la mano de Paul Volker, consejero económico de Obama, en los capítulos de la ley destinados a limitar las actividades especulativas de los bancos, distinguiendo entre los de depósitos y los de negocios. Una vuelta en el fondo al Glass Steagall Act, aprobado precisamente a raíz de la Gran Depresión de 1929, pero que había sido abolido en plena fiebre desreguladora en 1999. Los bancos no podrán especular con su capital ni invertir más del 3% de sus fondos propios en un fondo especulativo o de capital-inversión.
 
Particular atención se presta a los productos derivados, epígrafe al que pertenecían las famosas subprimas, origen de la tempestad financiera, y que escapaban a todo tipo de control. En adelante, tales productos deberán transitar por una cámara de compensación, de forma que no se pierda el rastro de compradores y vendedores. En la misma línea de transparencia, los establecimientos financieros deberán explicar de manera clara y detallada todas las condiciones de los préstamos que acuerden, incluidos los riesgos, suplementos y periodos de reembolso.
 
Estas nuevas reglas de juego ya han sido calificadas por la oposición republicana de “Job killers”, en la medida en que, a su juicio,  penalizarán la concesión de créditos, y por lo tanto agravarán el paro. Califican la ley de “monstruosamente reguladora”, de forma que supone el triunfo de la burocracia sobre la libertad de contratación. Asimismo, estiman que la nueva ley presenta una “omisión flagrante”: la no inclusión de la reforma de Freddie Mac y Fannie Mae, los dos grandes y derribados gigantes del crédito hipotecario.

UN MACROESTUDIO SOBRE LA MPYME IBEROAMERICANA REVELA QUE LAS EMPRESAS JÓVENES Y PROFESIONALIZADAS AFRONTAN MEJOR LA CRISIS

La Secretaría General Iberoamericana presentó esta semana el primer informe mPyme sobre la situación de la micro, pequeña y mediana empresa en el área de Iberoamérica, que ha sido elaborado por una densa red de universidades encabezadas por las de Cantabria, Murcia y la Politécnica de Cartagena.

El estudio, que  ha analizado 1.970 empresas en 20 países, muestra que las empresas más antiguas tienen peores expectativas en la actual crisis. El 30,9% de ellas reducirán los niveles de empleo en 2010 y un 44,8% también está registrando descensos en sus ventas.
Se aprecia no obstante un patrón de comportamiento entre aquellas empresas que tienen una posición competitiva ventajosa: son muy jóvenes, son no familiares, tienen un gerente con estudios universitarios y cuentan con un plan estratégico. Además, tienen mayores porcentajes de acuerdos de cooperación con otras empresas (especialmente en las áreas de logística y de I+D), siguen una estrategia exploradora, cuentan con áreas organizativas diferenciadas, tienen una política definida de recursos humanos, cuentan con una posición tecnológica fuerte, han obtenido acreditaciones de calidad, promueven la innovación y hacen un uso avanzado de las tecnologías de la Información y Comunicación.

La investigación también ha constatado que las empresas con una mejor posición competitiva tienen implantada la contabilidad de costos, utilizan presupuestos de ingresos y gastos anuales, hacen un mayor análisis de la situación económica y financiera, y para la toma de decisiones de inversión se apoyan más en utilidades retenidas y en aportaciones de capital.

Los resultados del informe ponen de manifiesto la importante actividad innovadora que realizan estas empresas, así como su elevada capacidad de generar empleo y valor añadido. Así, son más del 70% de las 1.970 empresas analizadas las que han implementado una política de innovación en alguna de sus áreas, siendo las de tamaño mediano las más proclives a hacerlo.
 
Sin embargo, el secretario general, Enrique Iglesias, señaló la escasa productividad de las pequeñas y medianas empresas, segmento que genera el 90% de la economía iberoamericana, y que es la gran asignatura pendiente de la evolución de la estructura empresarial del continente. Su resistencia a la modernización genera tres efectos perversos para el crecimiento de la región: el estancamiento de la renta per cápita; la persistencia de salarios bajos, que no permiten ni el ahorro ni la prosperidad, y la provocación de conflictos en los eslabones empresariales de la cadena de valor de las grandes empresas.
 
A este respecto, el estudio señala que la mejora de la competitividad de las mPymes exige un importante cambio de mentalidad. Habrá que trocar términos muy vigentes como “individualismo”, “autosuficiencia”, “miedo”, “recelo” o “escepticismo”, que condicionan la forma de actuar de estas empresas, por expresiones como “confianza”, “colaboración”, “cooperación”, “implicación”, “coaliciones”, “trabajo en grupo” y “proyectos compartidos”. Para conseguirlo, será preciso, entre otras cosas, darle una mayor importancia a la gestión de los recursos humanos. El punto de vista tradicional del personal, entendido como un coste, ha de sustituirse paulatinamente por un planteamiento en el que se reconozca como inversión el papel de las personas como elementos que pueden aportar valor a la empresa. En todo caso, y como señalaba el propio Enrique Iglesias, es la primera vez que se dispone de datos en cantidad y calidad suficiente para impulsar el desarrollo de las mpymes, verdadera columna vertebral de la actividad económica iberoamericana.

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