edición: 2861 , Jueves, 5 diciembre 2019
02/08/2018

Once empresas sancionadas por crear un cártel en el suministro de servicios de informática a la Administración Pública

ICNR
Once empresas, con Indra a la cabeza, han sido sancionadas por crear un cártel en el suministro de servicios de informática y tratamiento de datos a la Administración Pública. La trama empresarial se repartió los clientes, pactó los precios y las condiciones comerciales, e intercambió información comercial sensible para encarecer la contratación pública. Las sanciones impuestas se elevan en su conjunto a 29,9 millones de euros.  Las empresas involucradas operaban -dice la CNMC-  en todo el territorio nacional ofreciendo servicios de informática y de tratamiento de datos, desde consultores en la instalación de equipos informáticos y aplicación de programas, hasta servicios de preparación de datos para su tratamiento y servicios de bases de datos. En la mayoría de los casos estos contratos conllevan la integración física de personal de las empresas incoadas o de sus subcontratas en las plantillas de los clientes como personal de apoyo. Entre los organismos afectados por el fraude se encuentran la Agencia Tributaria, la gerencia de informática de la Seguridad Social, y el Servicio Público de Empleo (SEPE), entre otras.
Las conductas ilícitas realizadas afectan a los procedimientos de contratación, que se hacían de diversas formas: i) mediante la creación de UTE (Uniones temporales de Empresas) de carácter instrumental; ii) la subcontratación preferente de determinadas empresas a las que se aseguraba un porcentaje de facturación y unas condiciones más ventajosas que a otras empresas subcontratadas a cambio de que no participaran en ofertas alternativas en la licitación; iii) la presentación de ofertas de cobertura para asegurarse la adjudicación de contratos adjudicados mediante concurso o procedimientos negociados; iv) la cesión de claves de patrimonio o en la inhibición de la presentación de ofertas por ciertas empresas en determinados concursos para asegurarse la adjudicación de los mismos y a cambio de otro tipo de favores. Con todo ello reducían la competencia entre las empresas que se presentaban al concurso público.

La intensidad de la participación de las empresas variaba en función del organismo que convocaba las licitaciones y del tipo de concurso. Los instigadores de la trama fueron dos: Indra y SAG. En el reparto del mercado participó un grupo de nueve empresas con distintos grados de responsabilidad: Atos, Connectis, IBM, Everis, Babel, Cibernos, Gesein, Accenture y Next. A esta lista hay que sumar otras tres empresas para las que no existen pruebas suficientes.

Las empresas sancionadas son: Indra Sistemas SA: 13,5 millones de euros; SAG (Software AG) España SA: 6 millones de euros;     Atos Spain SA: 5 millones de euros; Connectis ICT Services SA.: 1,8 millones de euros; IBM (International Business Machines) SA: 940.000 euros; Everis Spain SL: 800.000 euros; Babel Sistemas de Información SL: 633.917 euros; Cibernos Consulting SA: 616.038 euros; Gesein SL: 320.969 euros; Accenture SL y Accenture Outsourcing Services SA: 300.000 euros, y Next Computer Services SA: 46.760 euros.

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