edición: 2349 , Miércoles, 22 noviembre 2017
17/10/2011
OBSERVATORIO GLOBAL

Otra oportunidad perdida para beneficiar fiscalmente a los patrimonios protegidos

Juan Rodríguez-Loras Dealbert (KPMG)

La Ley de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad, en vigor desde 2003, creó la figura de los Patrimonios Protegidos como un conjunto de bienes y derechos carentes de personalidad jurídica y conformado por aportaciones gratuitas, cuyo fin es satisfacer las necesidades vitales de subsistencia de personas con discapacidad. Los bienes y derechos que forman este patrimonio de destino “se aíslan del resto del patrimonio personal de su titular-beneficiario, sometiéndolos a un régimen de administración y supervisión específico”, y gozan de determinados beneficios fiscales.

Con motivo de la entrada en vigor de la Ley 1/2009, que reformó la Ley de Protección Patrimonial de 2003, José Mª Lamas, un abogado de nuestro departamento, publicó un artículo en el que se afirmaba que con dicha reforma se daba un paso adelante pero insuficiente en la protección de los patrimonios protegidos, puesto que, entre otras consideraciones,  se echaba “en falta una modificación de la Ley del Impuesto de Sucesiones y Donaciones que establezca algún tipo de reducción o bonificación a las aportaciones que tributan por este concepto” y que fuera de aplicación común a todo el territorio nacional, con independencia de las establecidas por cada Comunidad Autónoma.

El actual Impuesto sobre el Patrimonio se estableció en 1991 y se exigió hasta el 31 de diciembre de 2007, pero desde el pasado 18 de septiembre ha sido restablecido en toda España para los ejercicios fiscales 2011 y 2012. Sintéticamente, se eleva para todo el territorio nacional a 300.000 euros el valor exento de la vivienda habitual y se aumenta a 700.000 euros el mínimo exento.

¿Alguna mención a un beneficio fiscal específico a nivel de todo el territorio nacional para los Patrimonios Protegidos? Ninguna. La única regulación sobre este punto la encontramos en la Ley de creación de los Patrimonios Protegidos de 2003 en la que, lacónicamente, se señala que “las Comunidades Autónomas podrán declarar la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio, de los bienes y derechos referidos en la Ley de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad”.

Lo cierto es que con las actuales competencias de las CCAA, éstas pueden establecer las deducciones y bonificaciones en el Impuesto sobre el Patrimonio que estimen oportunas, y, también, la exención de los patrimonios que nos ocupan, habiendo sido implementado algún beneficio en Castilla y León (exención total del Patrimonio Protegido), Cataluña (bonificación del 99% de la parte de la cuota que proporcionalmente corresponda al Patrimonio Protegido) y Madrid (bonificación general del 100% de la cuota).

Se ha perdido, de nuevo, una gran oportunidad para establecer una exención general para toda España en la tributación de los Patrimonios Protegidos por el Impuesto sobre el Patrimonio, lo que, en nuestra opinión, se compadece mal con la justificación que ofrece la Exposición de Motivos del Real Decreto-Ley 13/2011 para su restablecimiento y que no es otra que la necesidad de “reforzar el principio de equidad, lo que se logrará permitiendo gravar la capacidad contributiva adicional que la posesión de un gran patrimonio representa”, olvidando que la finalidad de los patrimonios protegidos es sostener a personas con discapacidad y no, por el contrario, sostener la hacienda pública.

*Director del área de People Services KPMG Abogados

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