edición: 2804 , Lunes, 16 septiembre 2019
02/07/2009
OBSERVATORIO JURIDICO

Pagaré, libramiento por el administrador de una sociedad con constancia junto a la firma de la estampilla de la entidad con los datos de ésta

DATADIAR
Se dedujo demanda de proceso especial cambiario por parte de la entidad mercantil endosataria que reclamaba el importe de un pagaré más intereses, gastos y costas contra otra entidad mercantil que fue absuelta tanto en primera instancia como en la Audiencia Provincial que confirmó la resolución del Juzgado. Interpuesto recurso al amparo de interés casacional por infracción de doctrina jurisprudencial, si para determinar la responsabilidad de una sociedad es suficiente que, junto a la firma del administrador, figure la estampilla con los datos que identifican a la entidad, o es, además, necesario que se exprese en la antefirma la cualidad representativa por haberse producido el perjuicio de varias letras de cambio descontadas por el Banco demandado como consecuencia de la prescripción frente a terceros.

La Sentencia del Juzgado de Primera Instancia absuelve a la demandada porque no se expresa claramente en la antefirma que el librador del pagaré actúa en función representativa de manera indudable. La Sentencia de la Audiencia confirma el criterio de la resolución del Juzgado. Alude al carácter eminentemente formal del derecho cambiario y al carácter sumario y urgente de un juicio ejecutivo y privilegiado como el cambiario de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y niega suficiencia a los efectos del artículo 9 de la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque a la firma ilegible junto a un sello en tinta de la demandada, sin hacer mención de la posible relación entre la firma y la referencia a la sociedad apelada, afirmando que "debió expresarse en la antefirma del pagaré el poder acreditativo de la condición de representante que debía ostentar el firmante -que en principio no se identificaba por mención alguna junto a la firma ilegible- y ello con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica en el tráfico mercantil frente a terceros, que es lo que pretende el legislador con la norma en cuestión".  

Pero la sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 19 de mayo de 2009 entiende que se cumple la exigencia legal con la firma del representante y la constancia de la estampilla de la razón social porque consta claramente en las actuaciones que la firma del librador del pagaré corresponde al que era administrador único, en el momento de la emisión del título, de la entidad demandada, empresa cuyo sello con los datos del CIF y domicilio figura estampillado encima de la firma expresada, y tales datos son suficientes para identificar como emisora del pagaré a la sociedad expresada, sin que sea necesario que los administradores de las compañías hagan mención del poder, ya que va unido a su cargo, de ahí que baste expresar en la antefirma el nombre de la entidad ("contemplatio nomine") para hacer visible la relación representativa frente a todos los posibles poseedores de la letra. En este mismo sentido hay otras sentencias del mismo TS (24 de abril de 1.970; 12 de diciembre de 1.985 "a contrario sensu"; 22 de junio de 1.991-en relación con un Alcalde y el Ayuntamiento-; y 11 de septiembre de 2.003) que aunque dictadas al amparo del artículo 447 del Código de Comercio, actualmente derogado por la Ley Cambiaria y del Cheque 19/1985, de 16 de julio, toda vez que el nuevo régimen jurídico (arts. 9 y 10, y por remisión en sede de pagaré el art. 96) no contiene ninguna novedad trascendente al respecto se pueden aplicar también para este supuesto.

De acuerdo con esta sentencia tampoco es óbice que la acción ejercitada sea la cambiaria porque la identificación de la sociedad mediante la estampilla visualiza plenamente respecto de terceros la situación representativa ("contemplatio domini"), sin que nada añada relevante en tal perspectiva la consignación de las expresiones "por poder", "p.p.", o similares.

Por consiguiente, es aplicable la doctrina jurisprudencial de que "cuando un librador o endosante de una cambial (o de un pagaré) es una sociedad resulta suficiente, y cumple el trámite normal, la firma del representante de ella, juntamente con la mención de la estampilla de la razón social en cuya representación actúa aquél".  

También se estima que no procede acoger ninguna de las excepciones alegadas en el escrito de oposición relativas a "exceptio doli", a que el pagaré es de peloteo o mera complacencia, y la existencia de una actuación delictiva por parte de los firmantes del título valor, porque, por un lado, la parte actora es un tercero (endosatario) a la que no afectan las vicisitudes entre la libradora y el endosante, ni entre la sociedad libradora y su administrador, y, por otro lado, no hay en las actuaciones prueba alguna que revele la existencia de mala fe o de actuación fraudulenta por parte de la poseedora del pagaré.

Equipo Jurídico de Datadiar.com

LEGISLACIÓN

Resolución de 21 de enero de 2009, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se modifica el Reglamento de Régimen Interior de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (B.O.E. nº 23 de 27 de enero de 2009)
La Dirección General de Entidades, a cuyo cargo está la autorización, registro y supervisión de las entidades sometidas a la supervisión de la CNMV, se organiza a su vez en dos Departamentos, uno de Autorización y Registros de Entidades y otro de Supervisión. Este último tiene a su cargo la supervisión de un elevado número de entidades (939, sin contar los fondos de inversión y las sociedades de inversión), de muy diferente tipo: desde la supervisión de solvencia y conducta de las empresas de servicios de inversión o las instituciones de inversión colectiva y sus gestoras, hasta la supervisión de conducta de las entidades de crédito y ahorro en sus actuaciones en el mercado de valores.

Circular 1/2009, de 4 de febrero, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre las categorías de instituciones de inversión colectiva en función de su vocación inversora (B.O.E. nº 42 de 18 de febrero de 2009)
El artículo 30.2 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva (en adelante LIIC), determina que, a efectos estadísticos y de facilitar información sobre su perfil de riesgo y los activos en los que invierte, la CNMV establecerá categorías de instituciones de inversión colectiva (en adelante IIC) en función de la vocación inversora de éstas dentro de los activos previstos en el artículo 30 de la LIIC. Con la presente Circular se da cumplimiento a dicha previsión y se sustituye la clasificación existente de vocaciones inversoras disponible desde enero de 2002.

JURISPRUDENCIA

Penal

Delito contra la salud pública. Principio de insignificancia. Caso de autos. No se aprecia. Derecho a la presunción de inocencia. Vulneración inexistente. Error en la apreciación de la prueba. Supuestos posibles. Reforma legal. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 25 de marzo de 2009.
Derecho a la presunción de inocencia. Vulneración inexistente: declaración de los funcionarios policiales actuantes que junto con la ocupación de la sustancia, la disposición de la misma, la cantidad intervenida, y el dinero efectivo que tenía el acusado, es todo ello prueba de cargo suficiente que permite tener por acreditado la posesión preordenada al tráfico de la cocaína.

Mercantil

Sociedades de servicios de inversión. Responsabilidad por los actos de sus agentes. Prescripción de la acción.  TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha 23 de febrero de 2009.
Lo que los documentos a que se refiere el recurso reflejan no es un acto de cumplimiento de la obligación de la ahora recurrente de devolver a su comitente el resultado final de la inversión - que es la prestación que pretende consideremos ejecutada -, sino el inicio de una nueva y sucesiva operación con la adquisición de otra letra mas del tesoro, que vencería en el año siguiente, de conformidad con lo que en su día había pactado con ella - artículos 41 de la Ley 24/1.988 y 263 del Código de Comercio -. Podrá decirse que, con la referida entrega, la comisionista se liberó respecto del importe de la letra que se había hecho efectiva, pero no, como consecuencia del tracto sucesivo convenido, que no continuara obligada a devolver, al vencimiento del nuevo título, la cantidad en él invertida.

Reclamación por un endosatario de importe de un pagaré. Libramiento por el administrador único de una sociedad: estampilla de la sociedad junto a la firma de éste. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 19 de mayo de 2009
Pagaré. Libramiento por el administrador único de una sociedad con constancia junto a la firma de la estampilla de la entidad con los datos de ésta; innecesariedad de hacer constar las expresiones "por poder" o "p.p.". Infracción de doctrina jurisprudencial.

Civil

La declaración de incumplimiento de la vendedora hace que esta deba los intereses legales de la cantidad recibida del comprador demandante, a cuya devolución fue condenada. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 8 de abril de 2009
El recurso ahora examinado plantea únicamente la cuestión de si en el supuesto enjuiciado, en que fue objeto de análisis en ambas instancias el desenvolvimiento de una relación contractual de compraventa de inmueble, y se estimó por Juzgado y Audiencia la acción resolutoria instada por el comprador, hoy recurrente, al amparo de lo prevenido en elartículo 1124 del Código Civil, con base en el probado incumplimiento contractual de los vendedores, procedía también condenar a estos al pago de los intereses legales de la cantidad principal cuya devolución acuerda la Sentencia, siendo en esencia la tesis del recurrente que se trata de una pretensión que hay que considerar como un efecto de la misma resolución contractual decretada, cuyo acogimiento no precisaría la denuncia de la mora por parte del acreedor.

Contrato de ejecución de obra. Cláusula penal moratoria. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 8 de abril de 2009
El recurso de casación que ha sido formulado por la sociedad contratista, codemandada en la instancia, contiene tres motivos. El primero viene referido al cumplimiento defectuoso del contrato de obra por retraso en su ejecución y se basa esencialmente en que no hubo la intimación del acreedor para la constitución en mora del deudor, como exige el    artículo 1100 del Código civil. Los otros dos    se refieren a la ejecución de la obra: el segundo alega que la obra se entregó y se recibió sin reserva alguna y el tercero se refiere a la consecuencia impuesta en la sentencia de realizar las obras necesarias para la reparación y reposición en las calidades pactadas, en relación con el deber indemnizatorio por la lesión  contractual. 

Laboral

Despido improcedente. La sentencia de reclamación de cantidad adeudada por el concepto de indemnización, es título idóneo a los fines de responsabilidad subsidiaria del Fogasa ante la insolvencia de la empresa.  TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 4 de mayo de 2009
FOGASA. Responsabilidad subsidiaria prevista en el art. 33.2 ET para reclamar la indemnización por despido improcedente establecida no en una sentencia dictada en proceso por despido sino en uno ordinario, de reclamación de cantidad. Esa sentencia es título idóneo para establecer la responsabilidad subsidiaria del Fondo en caso de insolvencia de la empresa. 

La reserva de la denominada progresión en el salario exclusivamente a favor sólo de los trabajadores fijos no resultaría admisible pues entrañaría un trato prohibido por el ordenamiento. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 4 de mayo de 2009
Concurre indudablemente el requisito de la contradicción que exige el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral    porque, tratándose también en la referencial de otro trabajador de la misma empresa que reclamaba prácticamente las mismas cuestiones, es decir, ante hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, la sentencia de contraste, a diferencia de lo que concluye la recurrida, acoge favorablemente las peticiones de alcance retributivo con el argumento esencial de que "resulta evidente que el convenio colectivo de empresa resulta de íntegra aplicación a los trabajadores incluidos en su ámbito subjetivo de afectación, sin que en modo alguno se excluya a los trabajadores indefinidos" y que "de admitirse que el convenio colectivo no es de aplicación a los trabajadores indefinidos, tal exclusión sería "contra legem" y vulneraría los artículos 14 CE y 15.6 y 17 ET ya que la reserva de la denominada progresión en el salario exclusivamente a favor sólo de los trabajadores fijos no resultaría admisible".  

Administrativo

Patrimonio histórico artístico. Hallazgo de un conjunto de monedas de oro islámicas. Premio del descubridor. Comunidad Valenciana. Distribución de competencias entre el Estado y la Generalitat en esa materia.  TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 6 de mayo de 2009
La solicitud de reconocimiento del derecho al 25% del valor de la tasación legal de las monedas encontradas, deducida por D. A.M..V. en escrito que tuvo entrada en el Registro General de la Consellería de Cultura y Educación de la Generalitat Valenciana el día 28 de junio de 2001, ha de entenderse estimada por silencio administrativo, pues es esto y no lo contrario lo que resulta de la recta aplicación al caso de lo dispuesto en el artículo 43.2 de la Ley 30/1992, según su redacción tras la Ley 4/1999. Nada se ha alegado acerca de que el plazo máximo en que hubiera debido notificarse la resolución expresa que contestara a aquella solicitud no fuera el de tres meses dispuesto en el artículo 42.3 de la Ley 30/1992. En consecuencia, ese plazo ya había vencido cuando se dictó la resolución administrativa originaria de fecha 5 de noviembre de 2001.

Se abre el mercado de la telefonía móvil a los llamados operadores virtuales. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 12 de enero de 2009
Se confirma la decisión de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) de abrir el mercado de telefonía móvil a los llamados “operadores virtuales”. Estos “operadores virtuales” carecen de redes propias pero, previa negociación (ahora obligada) con los que sí las tienen, se ocupan de comercializar servicios de telefonía móvil a los usuarios. El Tribunal analiza en su sentencia la estructura del mercado actual, al que calificó de “oligopolio estrecho”, de manera que para posibilitar la libre competencia en él ha estimado necesaria la presencia de otros operadores y ha confirmado la decisión de la CMT, con la apreciación de que si la presencia de un cuarto operador produjera en la realidad un cambio significativo del estado de cosas, entraría inmediatamente en aplicación el art. 10.3 de la Ley 32/1993, General de las Telecomunicaciones, a tenor del cual a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones incumbiría modular o suprimir, según el caso, las medidas adoptadas.

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