edición: 2861 , Jueves, 5 diciembre 2019
30/11/2010
OBSERVATORIO FISCAL

Pagos fraccionados en el Impuesto sobre Sociedades en las operaciones de fusión

DATADIAR

Suele ser una duda común a la hora de afrontar las operaciones de fusión por absorción, cuál de las sociedades involucradas en las operaciones debe cumplir con sus obligaciones fiscales.

El art. 26.2 letra a) del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS) establece que en todo caso concluirá el período impositivo, cuando la entidad se exting”.

Por su parte, el art. 91 TLRIS señala que las rentas de las actividades realizadas por las entidades extinguidas a causa de las operaciones mencionadas en el artículo 83 de esta ley se imputarán de acuerdo con lo previsto en las normas mercantiles.

Como vemos, será necesario acudir a la normativa mercantil. Así, el art. 23.2 Ley 3/2009 sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles  dispone que si la fusión hubiese de resultar de la absorción de una o más sociedades por otra ya existente, ésta adquirirá por sucesión universal los patrimonios de las sociedades absorbidas, que se extinguirán, aumentando, en su caso, el capital social de la sociedad absorbente en la cuantía que proceda.

Por otro lado, el art. 31 apartados 6 y 7 de esta misma Ley 3/2009 señala entre las menciones mínimas que debe contener un Proyecto para este tipo de operaciones son la fecha a partir de la cual los titulares de las nuevas acciones, participaciones o cuotas tendrán derecho a participar en las ganancias sociales y cualesquiera peculiaridades relativas a este derecho y la fecha a partir de la cual la fusión tendrá efectos contables de acuerdo con lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad”.

En orden a la eficacia, es decir, los efectos de este tipo de operaciones el art. 46 Ley 3/2009, es el que nos indica que la eficacia de la fusión se producirá con la inscripción de la nueva sociedad o, en su caso, con la inscripción de la absorción en el Registro Mercantil competente.

Una vez inscrita la fusión se cancelarán los asientos registrales de las sociedades extinguidas.

Atendiendo a todo lo expuesto, las obligaciones fiscales de la entidad absorbida deberán realizarse hasta la fecha de la inscripción de la fusión por absorción en el Registro Mercantil.

Por lo tanto, la entidad absorbida deberá asumir el pago del Impuesto sobre Sociedades, si a la fecha en que debe satisfacerse no se ha inscrito la fusión, y por lo tanto, deberá seguir cumpliendo con sus obligaciones formales y sustantivas, incluidas las presentaciones de los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.

Producida la inscripción de la fusión por absorción en el Registro Mercantil, la sociedad absorvente asumirá esas obligaciones.

Equipo jurídico de Datadiar.com

Consultas Vinculantes

Desde el momento en que el se deje de residir en una vivienda, que tuvo la consideración de habitual, perderá el derecho a seguir practicando la deducción por inversión en vivienda habitual por las cantidades que siga satisfaciendo por su adquisición. D.G.T. C, (04/08/2010).
El consultante, por motivos laborales, trasladó en abril de 2008 su residencia a Valencia desde Logroño donde, hasta entonces, venía residiendo en la vivienda que adquirió en 1994. Si puede seguir considerando como vivienda habitual la de Logroño, dado que su desplazamiento a Valencia lo es por necesidad de trabajo y pese a que la residencia efectiva allí en días es menor a la de la vivienda que habita en alquiler en Valencia. Pudiendo así continuar practicando la deducción por inversión en vivienda habitual. La vivienda habitual se configura desde una perspectiva temporal que exige una residencia continuada durante al menos tres años. Esta residencia continuada supone una utilización efectiva y con carácter permanente por el propio contribuyente, circunstancias que no se ven alteradas por las ausencias temporales. Todo inmueble que haya adquirido la consideración de vivienda habitual del contribuyente como consecuencia de cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 54 del RIRPF la mantendrá en tanto continué constituyendo su residencia habitual a título de propietario, perdiendo tal condición desde el momento en que deje de concurrir cualquiera de los dos requisitos –pleno dominio o residencia habitual– respecto del mismo. Por tanto, desde el momento en que el consultante dejare de residir en una vivienda, que tuvo la consideración de habitual, perderá el derecho a seguir practicando la deducción por inversión en vivienda habitual por las cantidades que siga satisfaciendo por su adquisición.

Procederá imputar al período impositivo de su exigibilidad (2009) la parte de los rendimientos del trabajo pendientes de cobro que satisfaga el FOGASA en 2010. D.G.T. C, (04/08/2010).
La empresa para la que trabajaba el consultante ha sido declarada en concurso de acreedores. El consultante aun no ha percibido de dicha empresa parte de los salarios que debió cobrar en 2009. El consultante manifiesta que parte de los salarios pendientes de cobro correspondientes al ejercicio 2009 van a ser abonados al consultante por el FOGASA en el año 2010. Imputación temporal de los salarios del año 2009 que se encuentran pendientes de cobro por el consultante.

Tribunales

No procede aplicar la exención por reinversión ya que la sociedad no desarrollaba una actividad empresarial. Tribunal Supremo. Sentencia 16 de julio de 2010.
El recurso no puede prosperar, porque la improcedencia de la exención por reinversión se derivaba no del incumplimiento del requisito previsto en el art. 147.1d) del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, en que se basó la Inspección, al encontrarse el inmueble enajenado cedido en arrendamiento, sino de las circunstancias que concurrían en el caso, puestos de manifiesto por el Tribunal Económico-Administrativo Foral en la resolución dictada, y que le llevaron a entender que la sociedad no desarrollaba una actividad empresarial, incumpliendo la exigencia del art. 15.8 de la Ley 61/1978 para poder acogerse a la exención.

Suscripción de deuda pública. Justificación del origen de los fondos. Tribunal Supremo. Sentencia 21 de julio de 2010.
La suscripción de Deuda Pública impedía conocer el origen de los fondos con los que se habían adquirido dicha deuda. Pero esa limitación operaba mientras no se amortizara la Deuda Pública prematuramente. Ha sido esta amortización prematura la que ha permitido exigir al recurrente que acredite el origen de los fondos con los que suscribía dicha Deuda. Y a tal fin justificar el origen de los fondos no se puede responder que se hace con los asientos que acredita la suscripción de la Deuda. Esta prueba del origen de tales fondos no sólo no es una cuestión nueva, como afirma el recurrente, sino que está en el origen de todas las actuaciones.

Tribunales Económico-Administrativos

La Administración no ha motivado la inexistencia de enriquecimiento injusto tras haber presentado el contribuyente alegaciones en ese sentido en el procedimiento inspector. TEAC R, (14-07-2010).
El Tribunal Supremo limita los supuestos de enriquecimiento injusto en materia de retenciones a aquellos en los que la Administración percibe duplicadamente el impuesto, lo que implica la previa liquidación del impuesto personal por parte del perceptor de las rentas y la necesidad de que por parte de la Administración se constate la ausencia de aquel doble pago incorporando al expediente los datos y pruebas acerca de la renta declarada por el perceptor y de la retención deducida por esa percepción. En aquellos supuestos en los que, habiendo sido manifestado por el obligado tributario el enriquecimiento injusto en las alegaciones al acta de inspección, la Administración no ha contestado debidamente a estas alegaciones y no ha incorporado prueba de la inexistencia de enriquecimiento injusto, se considera incorrecta la motivación de la liquidación recurrida por lo que procede retrotraer las actuaciones para que la Administración pueda, en su caso, probar la inexistencia de enriquecimiento injusto.

Cuando se trata de plazos de meses, el cómputo del plazo se inicia al día siguiente de la notificación o publicación del acto y concluye el día correlativo a tal notificación en el mes de que se trate. TEAC R, (20-07-2010).
El plazo de interposición del recurso es de tres meses desde la notificación de la resolución del TEAR/L. Cómputo de los plazos fijados por meses, de acuerdo con la jurisprudencia del TS (sentencias de 18 de diciembre de 2002, 2 de diciembre de 2003 y 28 de abril de 2004): cuando se trata de plazos de meses, el cómputo ha de hacerse de acuerdo con el artículo 5 del CC, de fecha a fecha, para lo cual se inicia al día siguiente de la notificación o publicación del acto y concluye el día correlativo a tal notificación en el mes de que se trate, dado el carácter de orden público procesal que reviste la exigencia del cumplimiento de los plazos. Fecha final: no puede considerarse como tal aquella que figura en el sello de registro de salida del órgano que interpone el recurso, puesto que sólo acredita la salida del escrito, siendo la de entrada en un registro de los previstos en la Ley 30/1992, en este caso, el sello de entrada en el Registro del TEA, el que debe tenerse en cuenta. Para la interposición de este recurso se exige que la contradicción en los criterios se produzca entre resoluciones de distintos TEAR/L, pero no entre resoluciones de órganos de un mismo TEAR/L. Se precisa acreditar una sustancial o esencial identidad entre las resoluciones: la que se impugna y la de contraste; esto es, que exista una identidad de situación personal, elementos fácticos, fundamentos jurídicos y pretensiones ejercitadas y que se haya llegado a pronunciamientos diferentes por parte de la resolución impugnada y aquélla o aquéllas que son aportadas en calidad de contraste.

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