Para reclamar cantidades adeudadas habrá que acudir al
edición: 2535 , Lunes, 20 agosto 2018
29/03/2010

Para reclamar cantidades adeudadas habrá que acudir al nuevo procedimiento de mediación

Javier Ardalán
El Gobierno modificará las normas procesales para que las reclamaciones de cantidad se exija acudir a un proceso de mediación como requisito necesario y previo para acudir a los tribunales o a otro procedimiento extrajudicial de resolución de conflictos, según se regula en el nuevo anteproyecto de ley de Mediación, que el Ministerio de Justicia acaba de colgar en su web para iniciar la fase de consulta pública.

Las mediaciones de reclamaciones de cantidad que no excedan de 300 euros se desarrollará por medios electrónicos, salvo que el empleo de éstos no sea posible para alguna de las partes, pero la propia norma anima a que las partes se lleven a cabo por medios electrónicos. El acuerdo de mediación produce efectos de cosa juzgada para las partes y frente a él sólo cabrá solicitar la anulación o la revisión conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil para las sentencias firmes. Se trata, pues, de un procedimiento con poder ejecutivo. Sin embargo, en este tipo de procedimientos no se podrán incluir litigios sobre asuntos de derecho.

Como acicate para que esta obligación sea bien aceptada, en los supuestos de mediación obligatoria las sesiones informativas, destinadas a las características de la mediación, su coste, la organización del procedimiento y las consecuencias del acuerdo que se puedan alcanzar deberán ser gratuitas.

Pero en realidad, el procedimiento podría detenerse en estas sesiones y abrir la puerta a las demandas judiciales. Se trata más que de un camino previo a los tribunales un procedimiento para tratar de mejorar las relaciones entre las partes litigantes. Lo que hace falta es que estas reuniones informativas no se conviertan en un tapón al acceso a los tribunales, que ya de por sí, actúan con un notable retraso. Por si todo ello fuera poco, la mediación exigida por ley se debe entender por intentada mediante la aportación del acta en la que conste que cualquiera de las partes no se ha presentado a la mediación.

Por ello, resulta absolutamente lógico que el anteproyecto prevea que el procedimiento de mediación puede concluir en acuerdo o finalizar sin alcanzar dicho acuerdo, bien sea porque todas o alguna de las partes ejerzan su derecho a dar por terminadas las actuaciones, comunicándoselo al mediador, bien porque haya transcurrido el plazo máximo previsto para la duración del procedimiento, así como cuando el mediador aprecie de manera justificada que las posiciones de las partes son irreconciliables o concurra otra causa que determine su conclusión. Además, es necesario tener en cuenta que el acuerdo de mediación puede ser simplemente  sobre una parte de las materias sometidas a la mediación o sobre su totalidad.

El Gobierno, en su línea habitual transpone una directiva europea, pero aprovecha para ir más allá en la regulación trata de crear un régimen general aplicable a toda mediación que tenga lugar en España, y pretenda tener un régimen jurídico vinculante, si bien, en este caso se circunscribe al ámbito de de los asuntos civiles y mercantiles.

El concepto de mediación que acoge esta Ley se basa en la voluntariedad y libre decisión de las partes, y en la intervención de un mediador, del que se pretende una intervención activa y orientada a la solución de la controversia, a diferencia de otras figuras, como la conciliación, en la que la participación de un tercero se produce con una menor implicación o capacidad de propuesta, o el arbitraje en el que ese tercero tiene capacidad resolutoria que se impone a la voluntad de las partes.

Se trata de un procedimiento sencillo y flexible que permite que sean los sujetos implicados en la mediación los que determinen libremente sus líneas fundamentales. La ley se limita a establecer aquellos requisitos imprescindibles para dar validez al acuerdo que las partes puedan alcanzar, siempre bajo la premisa de que alcanzar un acuerdo no es algo obligatorio La ley regula también una acción de anulación contra aquel acuerdo de mediación que incurra en determinados vicios.

Para el conocimiento de la acción de anulación del acuerdo de mediación será competente el Juzgado de Primera Instancia del domicilio o residencia del demandado o de cualquiera de ellos y se tramitará por los cauces del juicio verbal de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

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