edición: 2612 , Lunes, 10 diciembre 2018
06/10/2011
OBSERVATORIO JURIDICO

Paralización cautelar de un plan parcial para la construcción de un campo de golf en Murcia

DATADIAR

El Ayuntamiento de Jumilla aprobó el plan parcial del campo de golf y de las viviendas proyectadas junto a él en el año 2007. Sin embargo, un pastor de esa misma localidad exigió en los tribunales la paralización del mismo para que sus ovejas pudieran seguir pastando en las tierras en las que se quería levantar la urbanización Santa Ana del Monte Jumilla Golf, alegando la ausencia de un abastecimiento de agua suficiente y proporcional con el desarrollo urbanístico proyectado. El Tribunal Superior de Justicia de Murcia en los autos de 9 de octubre y 26 de diciembre de 2007, rechazando su pretensión, argumentando que, si se accedía a la paralización del proyecto, el interés general se vería afectado por el interés particular del recurrente, afirmado que los promotores del campo de golf y las viviendas tenían en marcha un expediente de concesión de aguas y que además contemplaba la construcción de una planta desaladora.

Ahora, el Tribunal Supremo en la sentencia 21 de octubre de 2009, ha suspendido cautelarmente dicho proyecto, estimando que no debió prevalecer el desarrollo urbanístico implícito en el plan parcial (disposición de carácter general), sin tomar en consideración, las alegaciones del recurrente que, en síntesis, exponía un interés privado (consistente en conservar el tradicional destino pastoril de sus terrenos) y, junto a ello, insistía, desde la perspectiva de la legalidad de fondo, en la ausencia de un abastecimiento de agua suficiente y proporcional con el desarrollo urbanístico proyectado.

El TS señala que la medida cautelar suspensiva ha de ser acordada por cuanto el interés general y los intereses particulares que del mismo pudieran derivarse consecuencia del desarrollo urbanístico, requiere la acreditación de la suficiencia de los recursos hídricos necesarios para el desarrollo urbanístico en proyecto.

En este sentido, el  art. 25.4 de la Ley de Aguas, en la redacción dada por la Ley 11/05 de 22-6 por la que se modifica la ley del Plan Hidrológico Nacional contempla que "las Confederaciones Hidrográficas emitirán informe previo... sobre los actos y planes que las CCAA hayan de aprobar en el ejercicio de sus competencias, entre otras, en materia de medio ambiente, ordenación del territorio y urbanismo, espacios naturales, pesca, montes, regadíos y obras publicas de interés regional, siempre que tales actos y planes afecten al régimen y aprovechamiento de las aguas continentales o a los usos permitidos en terrenos de dominio publico Hidráulico y en sus zonas de servidumbre y policía, teniendo en cuenta a estos efectos lo previsto en la planificación hidráulica y en las planificaciones sectoriales aprobadas por el Gobierno. Cuando los actos o planes de las CCAA o de las entidades locales comporten nuevas demandas derecursos hídricos, el informe de la Confederación Hidrográfica se pronunciará expresamente sobre la existencia o inexistencia de recursos suficientes para satisfacer tales demandas".

En modo alguno ha resultado acreditado, por lo que no resulta de recibo la afirmación, contenida en los citados autos, en el sentido de que en tal circunstancia "no se aprecia una afectación del interés general", pues, obvio es, que la falta de acreditación de tal requisito implica una patente afectación del interés general que requiere y exige una materialización del desarrollo urbanístico dentro el marco y con el absoluto respeto a la normativa sectorial de aplicación al caso, que, en el supuesto de autos, no es otra que la de aguas. Claro es que el planeamiento, cual disposición de carácter general, conlleva, implica y supone un interés general como tradicionalmente ha expuesto la jurisprudencia, mas ello lo será tan solo en el marco del cumplimiento de la legislación sectorial afectante, como en el supuesto de autos ocurre con la de aguas.

Ante tal situación, afirma la Sala, debió procederse al otorgamiento de la medida cautelar solicitada, bien desde la perspectiva del periculum in mora del recurso, bien desde la doctrina del fumus boni iuri, bien desde la confrontación de los intereses en conflicto, de la que resulta la evidente afectación del interés general señalado con la posible derivación a otros intereses de terceros y del propio recurrente.

En consecuencia, y mientras la realidad fáctica hidráulica se encuentre en dicha situación, la Sala de instancia ha vulnerado lo dispuesto por el artículo 130 de la Ley Jurisdiccional al denegar la medida cautelar y estima que la necesidad de que una urbanización tenga garantizado el abastecimiento de agua potable está por encima de los beneficios que pueda conllevar la ejecución de ese desarrollo urbanístico.

Finalmente, el TS ha dictado un auto de 1 de junio de 2010 declarando la nulidad de actuaciones en el asunto "Santa Ana del Monte Jumilla Golf" por la falta de emplazamiento en el recurso de casación del Ayuntamiento de Jumilla, personado como Administración recurrida en la instancia ha supuesto la vulneración del artículo 90 de la LRJCA, ya que así dispone dicho precepto para su comparecencia en el plazo de 30 días ante el TS; y con dicho precepto legal, igualmente ha resultado infringido el artículo 24 de la CE que reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva y prohibe la indefensión procesal.


Equipo jurídico de Datadiar.com


LEGISLACIÓN

Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. B.O.E. n.º 236 de 30/09/2011.
Como reconoce el Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, la conservación de la biodiversidad es un interés común de toda la humanidad y tiene una importancia crítica para satisfacer sus necesidades básicas. La biodiversidad está estrechamente ligada al desarrollo, la salud y el bienestar de las personas y constituye una de las bases del desarrollo social y económico. De este modo, se puede afirmar que la biodiversidad es fundamental para la existencia del ser humano en la Tierra y que constituye un componente clave de la sostenibilidad. La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que asume los principios fundamentales de este Convenio, crea el Plan estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad como instrumento de planificación de la actividad de la Administración General del Estado en la materia. Su objeto es el establecimiento y la definición de objetivos, acciones y criterios que promuevan la conservación, el uso sostenible y la restauración del patrimonio, los recursos naturales terrestres y marinos, la biodiversidad y la geodiversidad. Su contenido incluirá un diagnóstico; los objetivos a alcanzar durante su periodo de vigencia y las acciones a desarrollar por la Administración General del Estado. En el artículo 13.4 de la ley se establece que el Plan estratégico será aprobado mediante real decreto y que tendrá que ser revisado como máximo cada seis años.


JURISPRUDENCIA

Penal

Delito de estafa. Billetes tintados. Engaño bastante: lo que en principio puede considerarse engaño ineficaz en términos generales resulta adecuado para engañar a ciertas personas por su credulidad y vulnerabilidad. Tribunal Supremo. Sentencia 16 de mayo de 2011
Acusados que tras realizar una demostración al perjudicado, empresario del sector de la construcción, de cómo supuestos billetes tintados procedentes de Áfica, al aplicárseles un producto químico, se transformaban en dinero legal, solicitaron diversas cantidades de dinero a cambio de una participación en el negocio, que excedieron de 500.000€, que finalmente le fue entregado, resultando los billetes entregados ser meras cartulinas. El engaño es bastante cuando es suficiente y proporcional a los fines propuestos, debiendo valorarse su idoneidad atendiendo fundamentalmente a las condiciones personales del sujeto afectado y a las circunstancias del caso concreto. Idoneidad de la conducta desplegada por el sujeto para producir error en otro. Concurre el engaño, aunque no se considere apto para embaucar a la mayoría de las personas, lo es para las especialmente crédulas o confiadas, cuya detección precisamente constituye una de las habilidades del timador. Engaño ineficaz en términos generales que resulta adecuado para engañar a ciertas personas solo porque su credulidad y propia vulnerabilidad hace que ese mismo engaño sea para ellas el adecuado, para inducirles a error en su perjuicio. Delito continuado: artículo 74 CP. Acción natural desarrollada en el tiempo. Las sucesivas entregas de dinero por la víctima, se produjeron en momentos distintos pero a impulso de un mismo estado de errónea creencia acerca de las supuestas propiedades de los billetes tintados que habían de recuperar el aspecto normal según los métodos e instrumentos facilitados por los estafadores.


Mercantil

El derecho del proveedor a resolver un acuerdo requiere dos requisitos: reorganización significativa y que se justifique la necesidad. Tribunal Supremo. Sentencia 14 de junio de 2011
El primer requisito implica una modificación de las estructuras de distribución de modo que afecte a la totalidad o a una parte sustancial de la red de distribución. La modificación puede afectar, en particular, a la naturaleza o forma de esas estructuras, a su objeto, al reparto de las tareas internas en el seno de las mismas, a las modalidades de suministro de los productos o servicios en cuestión, al número o a la calidad de los participantes en dichas estructuras y a su cobertura geográfica. La expresión «significativa» se deriva del requisito de que se reorganice la totalidad o una «parte sustancial» de la red, refiriéndose tanto a la perspectiva material como geográfica. La apreciación del requisito corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales en atención al conjunto de elementos concretos del litigio de que conocen y particularmente en función de la organización específica de la red de distribución del proveedor de que se trate. El segundo requisito se refiere a la necesidad de la reorganización. Se requiere una necesidad objetiva, lo que supone que no puede depender de la apreciación discrecional del proveedor y está sujeta a motivos de eficacia económica basados en circunstancias objetivas internas o externas de la empresa del proveedor.

Contrato de concesión mercantil. Extinción por disentimiento unilateral de la entidad concesionaria que no aceptó el ofrecimiento de adaptación del contrato comunicado por el proveedor. Tribunal Supremo. Sentencia 20 de junio de 2011
Según la Sentencia recurrida el proveedor, con pleno derecho a la reorganización -modificaciones estructurales- de su red comercial, ofreció a la entidad concesionaria la adaptación de las condiciones del contrato al nuevo sistema de distribución selectiva por el que había optado, como consecuencia de la entrada en vigor del Reglamento (CE) 1400/2002, y la concesionaria no solo no aceptó la adaptación, sino que incluso transmitió la empresa -totalidad de los empleados; mercaderías y existencias; máquinas y muebles; y participaciones de una sociedad limitada- y arrendó la nave industrial a otra entidad, lo que fue estimado por la resolución recurrida como un acto propio concluyente de disentimiento unilateral contractual. Y resulta incuestionable que, al no haberse desvirtuado esta apreciación, no resulta procedente condenar al pago de suma dineraria alguna, ni como compensación por clientela (por lo demás no probada, ni en sus presupuestos, ni en su cuantía), ni como indemnización por daños y perjuicios.


Civil

El cambio o transmisión de acciones de unos socios a otros, no implica un cambio de titularidad jurídica no conllevando traspaso o cesión inconsentida. Tribunal Supremo. Sentencia 7 de junio de 2011
La sociedad arrendataria. sigue siendo la misma, sin que se haya producido un cambio de personalidad jurídica y que en todo caso, sin modificación de la denominación social, únicamente ha existido un cambio de composición, tanto personal como económica, en la sociedad recurrida y no puede estimarse que el cambio o transmisión de acciones de unos socios a otros, implique un cambio de titularidad jurídica, y por ende, se mantienen íntegramente intactos los elementos subjetivos del contrato de arrendamiento, esto es, arrendador- arrendatario, no conllevando traspaso o cesión inconsentida. No  existen elementos probatorios que denotan la concurrencia de fraude de ley y de la realidad del traspaso inconsentido respecto del local objeto de controversia, máxime si se tiene en cuenta en el propio contrato de arrendamiento se estipuló en la cláusula adicional primera del contrato de arrendamiento que el arrendatario sería sustituido en su condición por la sociedad anónima que se destinara para la explotación del negocio. Como declara la Audiencia Provincial con ello se sabía que el control de la misma, dada la estructura y funcionamiento de estas personas jurídicas, podía desaparecer del arrendatario y pasara a entrar terceros totalmente ajenos a los fundadores de la sociedad.

La jubilación del arrendador determina la extinción del contrato aunque continúe al frente de la actividad. Tribunal Supremo. Sentencia 8 de junio de 2011
Los términos jurídicos de jubilación y titularidad de actividad empresarial cuando no son equiparables, pues jubilación es el nombre que recibe el acto administrativo por el que un trabajador en activo, ya sea por cuenta propia o ajena, pasa a una situación pasiva o de inactividad laboral, tras alcanzar una determinada edad máxima legal para trabajar, mientras que el empresario individual (autónomo) es una persona física que realiza en nombre propio y por medio de una empresa una actividad comercial, industrial o profesional, que generalmente se asocia con el autoempleo, dado que el propietario de la empresa es a su vez trabajador en la misma, independientemente de la actividad que desarrolle y del tipo de trabajo que realice. Es decir, es empresario y trabajador al mismo tiempo y por tanto como trabajador resulta afectado por la situación de jubilación, por más que se sitúe al frente de una actividad empresarial. La regla general es que el disfrute de la pensión por jubilación es incompatible con la realización de trabajos por cuenta ajena/propia o con la realización de actividades para las Administraciones Públicas a excepción de la denominada jubilación flexible que permite compatibilizar ambos conceptos bajo circunstancias muy concretas. Por otra parte, la pensión de jubilación del empresario es compatible con el mero mantenimiento de la titularidad del negocio o establecimiento mercantil, siempre que no lleve a cabo ningún trabajo, lo que a tenor de lo declarado por la parte recurrente no concurre en el presente caso. Ha de estimarse la concurrencia de la causa de extinción contractual que previene la Disposición Transitoria Tercera B. 3 de la LAU de 1994, si la arrendataria deseaba continuar con el arrendamiento de local de negocio, debió no solicitar la pensión de jubilación en el régimen de trabajadores autónomos».


Laboral

Forma de cuantificar la indemnización por despido improcedente. Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sentencia 9 de mayo de 2011
Los parámetros que establece el artículo 56.1 del Estatuto de los Trabajadores para cuantificar la indemnización que corresponde son el salario diario y el tiempo de prestación de servicios (textualmente: «cuarenta y cinco días de salario, por año de servicio«), y el primero de aquéllos no puede sino consistir en el cociente que resulte de dividir -supuesto de declararse probado el salario anual- esta retribución global por los 365 días que al año corresponden (366 para el caso de año bisiesto); y no por la cifra que en definitiva se mantiene en la decisión recurrida, la de 360 días, que es el resultado obtenido al multiplicar los dos divisores utilizados (12x30) y que responde al erróneo criterio de prescindir que la mensualidad tiene el promedio real de 30,42 días (365/12) y atender a los artificiales 30 días a menudo utilizados por la práctica forense con inequívoco apoyo en la redacción originaria -vigente hasta el Decreto 1836/1974, de 31/Mayo- del art. 7 CC («Si en las leyes se habla de meses ... se entenderá que los meses son de treinta días... Si los meses se determinan por sus nombres, se computarán por los días que respectivamente tengan«) y que también en ocasiones establece el legislador (así, para la determinación de la base reguladora en las situaciones de IT, conforme al art. 13 Decreto 1646/72).

El trabajo del desempleado implica una obra o un servicio durante un tiempo limitado. Los trabajos de colaboración social no generan una relación laboral ordinaria. Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sentencia 9 de mayo de 2011
Del artículo 213.3 de la Ley General de Seguridad Social, relativo a los trabajos de colaboración social que la entidad gestora puede exigir a los perceptores de prestaciones por desempleo, se deduce de forma clara y tajante que excluye toda posibilidad de existencia de relación laboral entre la Administración Pública destinataria de los trabajos de colaboración social y el desempleado que preste dichos trabajos y la falta de tal carácter laboral, impide que el cese sea calificado de despido. A su vez, concurren, en el caso examinado, los requisitos, que conforme a los artículos 38 y 39 del Real Decreto 1445/82, condicionan la validez de un trabajo temporal de colaboración social, cuales son que los trabajos a realizar sean de utilidad social y redunden en beneficio de la comunidad; tengan carácter temporal y duración máxima hasta el periodo que le falte al trabajador por percibir la prestación o subsidio por desempleo reconocido; coincida con las aptitudes físicas y formativas del trabajador desempleado, y no supongan un cambio de residencia habitual del trabajador. De todo ello se desprende que la temporalidad exigida en estas modalidades de trabajo social no guardan relación con la temporalidad por obra o servicio determinado, a que se refiere el artículo 15.1 a) del Estatuto de los Trabajadores, sino que el trabajo del desempleado implica, desde el inicio, una obra o un servicio durante un tiempo limitado. Es decir, que aún cuando se trate de una función que pueda considerarse normal en la Administración, la adscripción debe tener un carácter «ex lege» temporal, de modo que la adscripción nunca puede tener una duración mayor a la que falte al trabajador por percibir en la prestación o subsidio por desempleo que se le hubiere reconocido. Esta adscripción del beneficiario, de carácter temporal, a una administración pública para la realización de una obra social, no puede considerarse como expresivo de un abuso de derecho o fraude de ley.


Administrativo

Reclamación de responsabilidad patrimonial por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia. Tribunal Supremo. Sentencia 13 de abril de 2011.
Se confirma la inexistencia de cualquier funcionamiento anormal de la Administración de Justicia en la no admisión a trámite de una querella, siendo además que las alegaciones que contiene el motivo se limitan a reproducir cuanto expuso la demanda en la instancia que esta Sala ha tenido a la vista, sin que realidad se combatan los argumentos de la sentencia que se recurre, siendo la razón de ser de la casación la de combatir las razones de la sentencia objeto del recurso para de ese modo depurar la interpretación del ordenamiento jurídico.

Auditoria sobre las operaciones y estados financieros de Mutua de Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Tribunal Supremo. Sentencia 14 de abril de 2011.
No existe incongruencia omisiva de la sentencia recurrida ya que en el caso enjuiciado, toda la argumentación de la mutua recurrente se basaba en que se había calculado el número de horas dedicadas por su personal a trabajos relacionados con el Servicio de Prevención Ajeno según criterios de la resolución de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social de 28 de diciembre de 2004 que no era aplicable al ejercicio de 2003, y la Sala de instancia contesta a esta argumentación en el apartado 3.3. de su Fundamento Jurídico T ercero, explicando las razones que la Administración ha ofrecido para determinar la suma cuyo reintegro reclama a la recurrente y contra ella la parte recurrente se limita a citar varias sentencias que recuerdan la doctrina general sobre la motivación de los actos administrativos y a reproducir las alegaciones vertidas en su escrito de demanda. Además, el ajuste de la Mutuas al Plan General de Contabilidad obliga a que las prestaciones controvertidas deban contabilizarse como gastos en el ejercicio en que se producen y como ingreso en el ejercicio en que se produzca el recobro o reintegro, y ello con independencia que ese ingreso o recobro sea un hecho cierto desde el momento en que se produce su abono. Únicamente con este modo de proceder se respetan los criterios contables a los que las Mutuas quedan sometidas.

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