edición: 2613 , Martes, 11 diciembre 2018
04/12/2018

París y Berlín presentarán un proyecto suavizado de tasa digital para sortear la oposición interna

Un grupo de países opuestos a la tasa digital y las dudas alemanas han frenado la iniciativa de momento
Carlos Schwartz
París y Berlín presentan hoy en Bruselas una propuesta de tasa digital que se propone recaudar un 3% de los ingresos de publicidad de las grandes plataformas de Internet y que se dirige a un grupo específico de empresas multinacionales de grandes dimensiones, pero excluiría a otras también muy significativas. La propuesta es el resultado del virtual bloqueo ejercido por la oposición de países como Irlanda, Dinamarca, Suecia, Finlandia, y Luxemburgo a un proyecto fiscal que abarcaba un abanica de en torno a 180 empresas del sector digital. La idea original suponía la imposición sobre la ventas realizadas por Internet, que se aplicarían a las realizadas en cada mercado nacional por las autoridades fiscales del país correspondiente. De acuerdo con fuentes de la Unión Europea (UE) esta fórmula causó inquietud en Alemania por la posibilidad de que afectara a la industria del automóvil y a determinadas plataformas de capital alemán. 
En España, el Gobierno del Partido Popular había propuesto imponer en solitario una tasa a las ventas de las plataformas de Internet para financiar algunas concesiones en los presupuestos generales del estado, como el incremento de las pensiones de acuerdo con el IPC. 

En la UE una decisión que afecte a la fiscalidad requiere la unanimidad de los países miembros, y en este sentido el proyecto originario de una tasa a las grandes empresas de Internet por sus ventas e ingresos por publicidad está sentenciado a muerte. Desde luego, cada país puede disponer de su propia fiscalidad y establecer los parámetros que decida, pero eso deja al que tome la iniciativa expuesto a los litigios de los afectados, que medirán con la vara de las decisiones de la UE el libre albedrío nacional. 

En este contexto la tasa propuesta por Alemania y Francia es un pacto para una intervención de baja intensidad con la aspiración de que cuele frente a los que no quieren aplicar el yugo fiscal a las grandes empresas de Internet. Éstas se las han arreglado para explotar las grietas fiscales intra europeas buscando optimizar su situación fiscal desde el punto de vista de la menor tributación posible. Esta política ya ha llevado a un choque a algunas de las tecnológicas estadounidenses con la Comisaría de la Competencia que ha interpretado los beneficios fiscales como subsidios del estado a éstas.

Bajo la vieja idea de tasa a las grandes plataformas de Internet, la UE esperaba recaudar en torno a los 5.000 millones de euros. No hay una estimación de lo que puede suponer la idea degradada de tasa que se presentará en sociedad hoy. De acuerdo con la filtración de funcionarios de la UE a la prensa, las empresas como Google y Facebook, es decir plataformas que consisten en redes sociales cuyos ingresos se basan en la publicidad para la venta de productos y servicios mediante dispositivos específicos como Google Adds, serán el objetivo de la nueva tasa modificada. 

Otras como Amazon, AirBnB y Spotify podrían ser excluidas. La dilución homeopática de la tasa tiene por objetivo romper la resistencia del grupo de países que se opone a que la UE actúe en solitario, ya que, en teoría organismos supranacionales tenían previsto abrir un debate sobre la aplicación de impuestos a las grandes plataformas de Internet, de forma de que cualquier imposición fiscal se hiciera sobre la base de un consenso internacional. 

En julio, en una reunión preparatoria del G20 en Buenos Aires, países del bloque europeo, especialmente Francia, y la propia UE presionaron para que se incluyera el objetivo de formular una fiscalidad, la tasa de Internet o cualquiera de sus variantes, para la economía digital. Este objetivo chocó frontalmente con los representantes de Estados Unidos que se oponen a cualquier fiscalidad sobre las grandes multinacionales estadounidenses del sector digital que no sea en territorio de Estados Unidos. Para este país, con Trump y antes de Trump, los beneficios de las plataformas de Internet deben tributar ante la hacienda estadounidense y deben repatriar con regularidad sus beneficios. 

En buena medida la amnistía fiscal del Gobierno Trump estaba destinada a lograr la repatriación del beneficio atesorado en el extranjero por las grandes empresas estadounidenses. A resultas de este encontronazo, en la declaración de Buenos Aires de julio de 2018 se dice, escuetamente, que existe un compromiso para valorar el impacto de la migración a una economía digital sobre el sistema fiscal internacional para el 2020 sin hacer ninguna precisión sobre el particular. 

En la reunión preparatoria del G20 de julio el comisario de Economía de la UE, Pierre Moscovici, afirmó ante la prensa que esas empresas deberían contribuir con una aportación justa al régimen fiscal “porque básicamente de lo que estamos hablando aquí es de justicia”. De entonces ahora nada ha cambiado, y el objetivo que la Comisión Europea anunció a comienzos de año, consistente en aplicar una tasa a entre 180 o 200 empresas, para obtener una recaudación significativa, se ha evaporado. Es del orden de la obviedad que en su base hay un bloqueo estadounidense que ejerce su control sobre las grandes plataformas de Internet, incluyendo las redes sociales de mayor impacto, y que este grupo de empresas cuenta con el apoyo irrestricto del Gobierno de su país. No de ahora, sino de siempre. Incluyendo la disputa sobre dónde y cómo debe tributar este grupo de empresas. 

La operación germano francesa debe entenderse como un intento de lograr una tasa de baja intensidad, sobre un número muy reducido de plataformas de Internet, que pretende señalar su responsabilidad fiscal a un grupo de empresas estadounidenses en el contexto de la disputa global sobre la fiscalidad de los beneficios empresariales.

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