edición: 2700 , Miércoles, 17 abril 2019
01/03/2017
banca 
Frenar el vía crucis judicial

Partidos, Gobierno y Banco de España buscan un pacto, una `ley de punto final´ de la crisis bancaria

El relato oficial de la crisis financiera puede variar sustancialmente si se alcanza un acuerdo
Juan José González
Cualquier observador de la vida pública española podrá observar, de un leve y fugaz vistazo, que las 52 causas judiciales abiertas hoy día por la Justicia española, que afectan a cerca de 290 banqueros, que el país vive judicializado e inmerso en un juicio a la historia financiera más reciente. Es, o parece, el epílogo final a la crisis bancaria, pero también, y puede que sobre todo, a la crisis financiera cuyo origen se sitúa en opinión de buena parte de los grupos políticos interesados en el `juicio´, en el sector inmobiliario y todos sus avatares, esto es, desregulación del mercado del suelo, crédito desbocado y descontrol del endeudamiento privado. Todo lo cual conlleva revisar los orígenes, señalar causas y motivos de la crisis inmobiliaria para llegar, finalmente, a la crisis financiera, a la transformación de las cajas de ahorros y el posterior rescate e intervención de varias entidades. La mezcla de decisiones financieras y gestión empresarial con el deseo de encontrar nuevos culpables y responsables políticos, amenaza con un juicio a la historia económica española de los últimos 16 años. De ahí el interés en alcanzar un acuerdo entre los `jugadores´ similar a la argentina `Ley de Punto Final´, para decretar la paralización de los procesos judiciales contra los autores de delitos, en este caso, financieros.
En el origen de la crisis residen las decisiones, las malas y las buenas, cuyos efectos posteriores han sido ya juzgados en parte, mientras que otros permanecen aún en la sombra de actas, notas e informes confidenciales de las propias entidades y del Banco de España. En el origen se dan cita representantes, o consejeros dominicales de los partidos políticos dominantes, lo que lleva a concluir que la partida de la crisis financiera tuvo cuatro jugadores bien identificados: partidos políticos, Banco de España, Gobierno -ministerio de Economía- y la alta dirección de las entidades bancarias. Entre ellos anda el juego y, por tanto, las responsabilidades.

Los grupos políticos ya han expresado su disposición a someter el pasado del sector financiero a una revisión. Lo que no se dice pero se intuye y sospecha es que de examen se quieren hacer derivar responsabilidades que probablemente no hayan sido analizadas ni investigadas ni siquiera denunciadas. En consecuencia, la revisión del pasado va a traer nuevas consecuencias, con sus cifras, tiempos, decisiones, nombres y apellidos. La materia analizada, extensa y prolija como ninguna, técnicamente compleja, puede llevar a la formación de un sumario inmenso, quizá no tan voluminoso como el del aceite de colza, pero igual o más envenenado.

Con la creación de la comisión de investigación "sobre la crisis financiera en España y el programa de asistencia" de la misma, se pone en marcha un proceso político cuyos trabajos pueden abarcar la segunda parte del año, aunque con posibilidad de ser prorrogados hasta el primer semestre de 2018. Es decir, la visibilidad de la comisión de investigación, unida a los resultados y efectos de la acción de la Justicia en los 52 casos abiertos en la actualidad, causarán nuevas demandas e investigaciones sobre conductas, acuerdos y decisiones pasadas, probablemente, prescritas. En definitiva, la revisión de la crisis financiera -positiva desde el punto de vista de la aportación a la transparencia y esclarecimiento de hechos- creará una dinámica de política y judicial de final imprevisto, como una bola de nieve que se precipita cuesta abajo, de muy difícil o quizá de imposible control.

Por todo ello se espera con gran interés la declaración del ex gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez por el caso Bankia el próximo 16 de marzo. Será la primera etapa, el punto de partida para comprobar por dónde van a discurrir los argumentos del relato oficial del entonces supervisor financiero. Relato que a buen seguro será corroborado, ampliado y continuado por el actual Gobernador, Luis Mª Linde y su equipo de técnicos, que se plasmará en el informe que emitirá el supervisor, en el que asegura se justificarán las decisiones y actuación del Banco en la crisis.

Sin embargo, llama la atención -al tiempo que sorpresa- que todos los grupos políticos que han votado a favor de la comisión de investigación hayan fijado su objetivo en la "búsqueda de los culpables políticos" de la crisis financiera, de la caza y captura o, lo que es lo mismo, en la denuncia que quiere terminar en solicitud formal a la Fiscalía y poner en marcha el proceso jurídico para averiguar -en palabras de un diputado- "quienes causaron la crisis". Sorpresa porque el "quienes" es tan amplio que implica directamente a responsables que militan y/o trabajan en los cuatro equipos que siguen el juego: los dos partidos políticos mayoritarios, el Banco de España y el ministerio de Economía, todos ellos autores del relato oficial de la crisis financiera. Y convencidos de que los procesos judiciales conllevan un desgaste insoportable, no descartan un acuerdo, un pacto o `ley de punto final´ de la crisis financiera que termine con este vía crucis.

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