edición: 2614 , Miércoles, 12 diciembre 2018
06/03/2012
OBSERVATORIO FISCAL

Patrocinios en asociaciones deportivas

DATADIAR

En primer lugar, hay que diferenciar si la asociación tiene la consideración de "utilidad pública" a los efectos de la Ley 49/2002 de Mecenazgo o si por el contrario, no cumple los requisitos en ella exigidos y por lo tanto, tiene la consideración de parcialmente exenta. Esta distinción es importante a los efectos que la asociación pueda o no beneficiarse de los incentivos fiscales al mecenazgo contenidos en la mencionada Ley 49/2002.

Para determinar si la asociación se acoge a la Ley de Mecenazgo, la misma deberá cumplir los requisitos establecidos en los arts. 1, 2 y 3 de la Ley 49/2002.

Analizaremos las consecuencias que ambas posibilidades pueden tener en el Impuesto sobre Sociedades. En este sentido, el art. 9.2 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS) establece que estarán parcialmente exentas del impuesto, en los términos previstos en el título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, las entidades e instituciones sin ánimo de lucro, a las que sea de aplicación dicho título.

Por su parte, el apartado tres de este mismo artículo 9 de la Ley señala que igualmente estarán parcialmente exentas del impuesto en los términos previstos en el capítulo XV del título VII de esta ley, las entidades e instituciones sin ánimo de lucro no incluidas en apartado anterior (esto es las que no cumplen todos los requisitos de la Ley de Mecenazgo, pero siguen siendo entidades sin ánimo de lucro).

De esta forma, el art. 121 TRLIS dispone que estarán exentas las siguientes rentas obtenidas por las entidades parcialmente exentas:

- Las que procedan de la realización de actividades que constituyan su objeto social o finalidad específica.

- Las derivadas de adquisiciones y de transmisiones a título lucrativo, siempre que unas y otras se obtengan o realicen en cumplimiento de su objeto o finalidad específica.

- Las que se pongan de manifiesto en la transmisión onerosa de bienes afectos a la realización del objeto o finalidad específica cuando el total producto obtenido se destine a nuevas inversiones relacionadas con dicho objeto o finalidad específica.

La exención a que se refiere lo dispuesto anteriormente no alcanzará a los rendimientos de explotaciones económicas, ni a las rentas derivadas del patrimonio, ni a las rentas obtenidas en transmisiones, distintas de las señaladas en él.

En este sentido, se considerarán rendimientos de una explotación económica todos aquellos que procediendo del trabajo personal y del capital conjuntamente, o de uno solo de estos factores, supongan por parte del sujeto pasivo la ordenación por cuenta propia de los medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.


Es en este punto, en el que hay que analizar qué consideración tienen las rentas obtenidas por el patrocinio.

A estos efectos, y de acuerdo con la consulta vinculante de la Dirección General de Tributos de 14 de octubre de 2011 en un supuesto muy similar al que analizamos, señaló que:

"En particular los ingresos por contratos de patrocinio estarían sujetos y no exentos por cuanto representan la contraprestación de la publicidad que la consultante presta al patrocinador".
 
Es decir, que las asociaciones deportivas deberán declarar y tributar por dichos ingresos en el Impuesto sobre sociedades.


Equipo jurídico de Datadiar.com


Consultas Vinculantes

No tiene cabida el gasto correspondiente a la cuota satisfecha a una asociación profesional para la defensa de los derechos e intereses de sus asociados como deducible en la determinación del rendimiento neto del trabajo. D.G.T. C, (06/10/2011).
La entidad consultante es una asociación profesional a la que sus asociados satisfacen una cantidad anual en concepto de cuota para la defensa de sus derechos e intereses. Si las cuotas que satisfacen los asociados se pueden considerar gastos deducibles de los rendimientos del trabajo en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Tendrán la consideración de gastos deducibles exclusivamente los siguientes: a) Las cotizaciones a la Seguridad Social o a mutualidades generales obligatorias de funcionarios. b) Las detracciones por derechos pasivos. c) Las cotizaciones a los colegios de huérfanos o entidades similares. d) Las cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales, cuando la colegiación tenga carácter obligatorio, en la parte que corresponda a los fines esenciales de estas instituciones, y con el límite que reglamentariamente se establezca. e) Los gastos de defensa jurídica derivados directamente de litigios suscitados en la relación del contribuyente con la persona de la que percibe los rendimientos, con el límite de 300 euros anuales”. Este Centro Directivo, en un caso similar al planteado por el consultante (consulta V1441-06), estableció que en esta relación cerrada de gastos deducibles que dispone el mencionado artículo 19.2 de la LIRPF, no tiene cabida el gasto correspondiente a la cuota satisfecha a una asociación profesional para la defensa de los derechos e intereses de sus asociados, por lo que en consecuencia, no resultan deducibles dichas cuotas en la determinación del rendimiento neto del trabajo.

Tributación en el IRPF de un Plan de Compensación Flexible que permite cambios en la composición del sistema retributivo de los trabajadores. D.G.T. C, (06/10/2011).
La entidad consultante prevé implantar un «Plan de Compensación Flexible», en virtud del cual dicha entidad y sus empleados acuerdan, mediante la modificación o novación del contrato de trabajo existente, un cambio en la composición del sistema retributivo, de tal forma que se sustituyen retribuciones dinerarias por retribuciones en especie o se sustituyen retribuciones en especie por otras diferentes. En concreto piensa incluir dentro de dichas retribuciones el pago por la entidad de las cuotas de afiliación de sus empleados a asociaciones de antiguos alumnos de escuelas de negocios o similares, que otorguen el derecho a participar en cursos, seminarios y conferencias relacionadas con su formación profesional; así como la puesta a disposición de sus empleados para su uso en periodos vacacionales de vehículos alquilados por la entidad. Si las cantidades satisfechas en concepto de cuotas de afiliación a las asociaciones de antiguos alumnos referidas pueden considerarse incluidas dentro de las cantidades destinadas a la actualización, capacitación o reciclaje del personal empleado, a que se refiere el artículo 42.2.b) de la Ley del Impuesto. En el caso de los automóviles, si la valoración de la renta que corresponde al empleado puede hacerse en función del valor de mercado del vehículo, por aplicación de la regla establecida en el artículo 43.1.1º.b) de la Ley del Impuesto y si puede considerarse como valor de mercado el comunicado por la empresa de alquiler. En el presente caso en el que para su utilización exclusiva durante el período vacacional del trabajador se pone a su disposición un vehículo alquilado por su empleador, resultará de aplicación la citada regla especial para valorar la correspondiente retribución en especie.


Tribunales

Los gastos financieros son deducibles porque responden a una necesidad de la estructura general de la sociedad, o de su modo de actuar en la realidad económica. Tribunal Supremo. Sentencia de 6 de octubre de 2011.
El contrato principal, generador de la discusión del litigio, niega que tenga la naturaleza, caracteres y efectos que las partes le atribuyen. Ello inexorablemente, y sin necesidad de otro razonamiento, comporta la anulación y rechazo de todos los gastos que de él se derivan. La argumentación de la parte sobre la deducibilidad intrínseca de los gastos financieros exige ser precisada. Tales gastos son deducibles, no porque sean intrínsecamente deducibles, sino porque responden a una necesidad de la estructura general de la sociedad, o de su modo de actuar en la realidad económica. Por eso, su deducibilidad no es una deducibilidad «per se», sino una deducibilidad derivada de la estructura o actividad económica del ente recurrente.  Pues bien, cuando esa deducibilidad se anuda a una operación específica, aquélla deriva de esa concreta y específica operación a la que se anudan, y no de la estructura y actividad económica de la empresa. Esta es la razón por la que en el supuesto analizado es patente que aceptada la regularización derivada de la distinta calificación, naturaleza y efectos del contrato que está en el eje del litigio, hay que excluir automáticamente los gastos financieros (o de otra naturaleza) que tiene en ese contrato el origen.

Eficacia de contrato privado de venta de acciones. Imputación de incremento de patrimonio en el Impuesto sobre Sociedades. Tribunal Supremo. Sentencia de 6 de octubre de 2011.
Ha quedado demostrado que en el contrato privado de 23 de febrero de 1995 se refleja no solo un consentimiento de vender y comprar, sino que además, ante la imposibilidad de llevar a cabo la transmisión instrumental de las acciones en la forma establecida en el ordenamiento jurídico, se conviene la entrega de los documentos necesarios para que la entidad compradora puede ejercer los derechos políticos y económicos derivados de la condición de socio. De esta forma, concurre el consentimiento de las partes y si bien no consta la entrega de los títulos, si se produce la de documentos que permiten el ejercicio de los derechos políticos y económicos que aquellos incorporan, permitiendo actuar a la entidad compradora en condición de socio. Por lo tanto, hubo una entrega material de los derechos derivados de la condición de socio en 1995 y la escritura pública de 1996 no fue sino un reconocimiento de que «los pactos privados de transmisión se firmaron con fecha 23 de febrero de 1995». Por ello, podemos afirmar que, al menos la propiedad material pertenece a la entidad compradora desde el 23 de febrero de 1995. De esta forma se estima el recurso interpuesto por el Abogado del Estado que entendía que el incremento de patrimonio derivado de la venta de acciones de CIRESA, debe hacerse en el ejercicio 1995, con la consecuencia añadida de aplicación del beneficio fiscal de diferimiento en la inversión, cuya vigencia se inició en 1 de enero de 1996, como consecuencia de su regulación en el artículo 21 de la Ley 43/1995.


Tribunales Económico-Administrativos

La finalidad del Recurso Extraordinario para la Unificación de Doctrina es la de fijar una doctrina o criterios uniformes, con carácter vinculante para toda la Administración tributaria. TEAC R, (13-12-2011).
La finalidad del Recurso Extraordinario para la Unificación de Doctrina es la de fijar una doctrina o criterios uniformes, con carácter vinculante para toda la Administración tributaria, tanto órganos de aplicación de los tributos o como aquellos que ejercen la función revisora. Esta consecuencia o efecto del recurso extraordinario para la unificación de doctrina no sólo se ciñe a la situación jurídica particular derivada de la resolución en su día recurrida, sino que se extiende a todas aquellas resoluciones dictadas por los órganos económico-administrativos anteriores al mencionado recurso. En tanto no se dictó la resolución por la Sala para la Unificación de Doctrina, los órganos económico-administrativos quedaban vinculados por la doctrina que había sido fijada por este TEAC en resoluciones de 26 de enero de 2010 (RG 361/2009) y de 29 de junio de 2010 (RG 229/2009). Si las resoluciones dictadas con análogo contenido adquirieron firmeza, no pueden los órganos encargados de la aplicación de los tributos, en base a la resolución dictada por la Sala Especial para la Unificación de Doctrina, proceder a revisar o dictar actos en ejecución de estas resoluciones firmes, sin adoptar previamente procedimiento alguno especial de revisión de los previstos en la propia LGT, pues ello atenta gravemente al principio de seguridad jurídica que supone la firmeza de los actos administrativos.

La aplicación de beneficio fiscal para el uso de etanol como biocarburante exige que se justifique su utilización como carburante o combustible. TEAC R, (13-12-2011).
Para que resulte procedente la aplicación del beneficio fiscal previsto para el etanol como biocarburante en el Impuesto sobre Hidrocarburos es necesario que se justifique que el mismo se ha utilizado, como tal, o previa modificación química, como carburante o combustible, directamente o mezclado con otros carburantes o combustibles. Mientras el bioetanol, no sea sometido a una transformación química que altere su composición, o bien mientras no sea mezclado con carburantes convencionales en una proporción de alcohol etílico, igual o inferior a un 85 por ciento en volumen, regirán respecto del mismo las disposiciones de la LIE y del RIE relativas al Impuesto sobre el Alcohol y las Bebidas Derivadas que resulten aplicables.

Noticias Relacionadas

Director
Alfonso Pajuelo ( director@icnr.es )

Redacción (redaccion@icnr.es)

  • Juan José González
  • Javier Ardalán
  • Carlos Schwartz
  • Rafael Vidal

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
C/ Joaquín María López, 30. 28015 Madrid
Teléfono: 92 118 33 20
© 2018 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...