edición: 2558 , Jueves, 20 septiembre 2018
11/01/2016
Evitar choques

Las reformas en las pensiones, para el final de la legislatura

El Fondo de Reserva, primer objetivo de los cambios, no puede atender el crecimiento anual de las obligaciones de pago
Juan José González
Tras las elecciones, con el Gobierno en funciones y a la espera de futuros pactos, las cuatro fuerzas políticas con posibilidades de estar representadas en un futuro Ejecutivo, parecen coincidir en dejar para el final de la legislatura los temas más escabrosos, entre ellos, el relativo a las reformas del sistema público de pensiones. Reformas que figuraban en todos los programas electorales como uno de los objetivos de deseo político, al que habían dedicado -aseguran- numerosas jornadas de reflexión, aunque al parecer con escaso o nulo resultado dada la falta de originalidad o novedad de las propuestas. Que los partidos políticos tengan la intención de situar en el calendario de reformas la relativa a las pensiones se debe al interés de evitar los temas de mayor confrontación ideológica al principio de la legislatura. Aunque es probable que el acelerado agotamiento del Fondo de Reserva, les obligue a modificar el calendario.
Será porque el actual sistema público de pensiones da cobertura a 9,34 millones de beneficiarios, o quizá porque la masa de 8,43 millones de votantes pensionistas era lo suficientemente elocuente como para que ninguna formación política en liza dejara escapar la ocasión de plantear sus inquietudes reformistas de tan escabroso asunto. Pero en todo caso, sí es seguro que de un simple vistazo a la famosa pirámide poblacional española, se percatasen de que no se trataba sólo de votantes ni de beneficiarios cuyas pagas extras se vienen atendiendo con cargo al Fondo de Reserva de la Seguridad Social. El asunto es, por tanto, de urgencia, dado que, si actualmente es necesario el auxilio del Fondo para cumplir con las obligaciones de pago, en el horizonte nada lejano (aunque lo parezca) del año 2050, nadie aventura su opinión respecto a si será posible sostener el volumen de coberturas (pensiones).

Actualmente, los 9,34 millones de pensiones que mantiene el sistema son cubiertas por 17,2 millones de afiliados a la Seguridad Social. Si el volumen de pensionistas crece a la velocidad del 1,1% anual, dentro de 18 años el sistema no podrá hacer frente a sus obligaciones de pago, incluso teniendo en cuenta un crecimiento del empleo y de la afiliación superior siempre al 1,50% anual. Los mayores gastos de las prestaciones de los pensionistas que entran cada año en el Sistema, son muy superiores a los de los actuales jubilados que pierde también el Sistema (por fallecimiento).

La nueva legislación aprobada por el Ejecutivo para el cálculo de pensiones sigue `encallada´ en el mismo punto: en los ingresos, y como estos están relacionados con el nivel de empleo, los ingresos pueden estar pasando, en la actualidad, por un aumento que no es suficiente para reducir el gap, o espacio que separa las aportaciones, o ingresos, de las salidas o pago de pensiones. Una diferencia que en los últimos tiempos se viene completando con las salidas del Fondo de Reserva, mecanismo que tiende a cero. Y tiende a cero porque el dinero que no ingresa la Seguridad Social, como consecuencia, entre otros, del abaratamiento en la creación de empleo, contribuye negativamente a que se amplíe el desequilibrio financiero de las cuentas públicas. Se podría decir, por tanto, que, desde un punto de vista presupuestario, las obligaciones o salidas, no se corresponden con los ingresos, o entradas de capital. Y así, el problema va creciendo de forma autónoma.

Ahora bien, puesto que no se cuestiona la sustitución del sistema público de pensiones por otro de capitalización, recomendado en otras ocasiones y siguiendo las experiencias positivas (las hay negativas y las hay también fallidas) el problema ahora (para el futuro a medio y largo plazo) pasa por garantizar la sostenibilidad del sistema. Y es aquí donde surgen los choques y las diferencias ideológicas, en algunos casos, de profundidad extrema. Por esta razón, los cuatro partidos políticos con capacidad de influencia para la formación del futuro Gobierno, convienen en aconsejar el aplazamiento de los asuntos de mayor enfrentamiento para el final de la legislatura.

Que las pensiones, como consagra la última reforma de 2014, se revaloricen un mínimo del 0,25% y un techo del IPC con un techo de la inflación más medio punto porcentual, no soluciona los problemas presentes ni a medio plazo que sufre las cuentas. Poner en marcha un impuesto específico para financiar las pensiones, puede llegar a plasmarse en una norma (como en Francia el impuesto de solidaridad) según las formaciones que logren la mayoría de gobierno. 

Como por otro lado, tampoco la vuelta al criterio anterior a 2014 -de actualización del IPC- no aseguraría la sostenibilidad si la inflación se mantiene por debajo del 2% anual y el empleo continúa con la debilidad actual. Es por todo por lo que no parece lo más conveniente para los administrados, aplazar el debate político previo al acuerdo que garantice la sostenibilidad del sistema, y que en la práctica política y legislativa habitual lo situaría en otra legislatura, nunca antes de 2020. Podría ser ya demasiado tarde.

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