edición: 2763 , Jueves, 18 julio 2019
04/12/2012
Ocultación de bienes y blanqueo de capitales

Pérdida de legitimidad de la CEOE como interlocutor tras la detención de su ex presidente Díaz Ferrán

La opinión pública ensancha la brecha que separa a empresarios de trabajadores y critica los males del sector y la existencia de una Justicia hecha a la medida de los defraudadores
ICNr

La noticia económica del día, por encima de pensiones, desahucios, déficit o Grecia, tuvo ayer nombre y apellidos: Gerardo Díaz Ferrán. El expresidente de la CEOE y exdueño del grupo Marsans fue detenido ayer por la Policía en relación con delitos de ocultación de bienes y blanqueo de capitales. La llamada `Operación crucero´, en la que se encuentran implicados otros empresarios, como el valenciano Ángel Cabo (actual dueño de Marsans y de nueva Rumasa), ha supuesto un duro golpe a la legitimidad de la patronal de los empresarios, justo en un momento en que sus peticiones para poner fin a la crisis resultan especialmente criticadas por la generalidad de la opinión pública. Los lectores no creen que la patronal sea un interlocutor válido cuando sus representantes representan, ahora más que nunca, todos los males de la crisis. El fraude y el engaño al Fisco frente al pago religioso de impuestos -cada vez más- por parte del grueso de los asalariados es sólo uno de los puntos de contraste entre la clase empresarial y la no empresarial.

Hechos como el de ayer provocan que, entre la opinión pública, la brecha que separa a los generadores de empleo y  los trabajadores sea cada vez mayor. El caso viene de atrás: la operación se produce en el marco de la investigación que instruye el juez Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, a partir de la querella presentada por AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y el grupo Orizonia contra los antiguos propietarios de la agencia de viajes Marsans, Gerardo Díaz Ferrán y el fallecido Gonzalo Pascual, su nuevo dueño, Ángel de Cabo, y la empresa Possibilitum por la comisión de delitos de alzamiento de bienes y ocultación apresurada de sus bienes personales. El pasado mes de julio, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó al juez Velasco asumir esta causa, resolviéndose así el conflicto de competencia que había planteado el propio juez. Éste consideraba que la causa debía recaer en otro Juzgado, el número 1, del que es titular es juez Santiago Pedraz y que ya investiga a Marsans, en este caso por la apropiación indebida de los depósitos realizados por los clientes de la agencia para la reserva de viajes.

En concreto, las compañías hoteleras denunciaron a los tres empresarios por considerar que estaban ocultando a los acreedores de Marsans bienes de la agencia de viajes y personales para evitar así hacer efectiva la deuda contraída con ellas, que asciende a 45 millones de euros. En el auto de la Sección Segunda, los magistrados Ángel Hurtado, Julio de Diego y Enrique López reproducían el informe de la Fiscalía Anticorrupción sobre esta causa en el que se desvelaba que `un número de acreedores superior a 10.000´ habrían resultado perjudicados por la falta de pago de Marsans, que declaró concurso de acreedores en el año 2010.

IMAGEN DAÑADA

La asociación entre CEOE y fraude se convirtió ayer en un recurso fácil para los internautas, que inundaron la web de comentarios en contra de la patronal y del Díaz Ferrán a partes iguales. Para los lectores, resulta `espectacular el nivel que hemos alcanzado en la creación de tipos que confunden la empresa con el choriceo más vulgar´. Lo peor es que se trata de un fenómeno global, no sólo español, aunque en nuestro caso tenemos el añadido del carácter descaradamente común del fraude como fórmula para hacerse rico sin que ello suponga que la imagen del empresario quede especialmente afectada. Aceptamos, en definitiva, el fraude como parte del juego, y eso es algo que alimentan políticas como la famosa amnistía fiscal, o declaración tributaria especial, según los responsables del Gobierno. El pillaje se patrocina desde el propio Ejecutivo, por lo que la filosofía es que cuanto más defraudes y más grande se haga tu empresa, más fácil te será librarte de las consecuencias de tus actos. Es más, para los lectores, hemos llegado a un punto en que el propio Gobierno se ve obligado a aclarar punto por punto cómo se materializan esas `ventanas´ al fraude para garantizar que los responsables queden libres de toda responsabilidad penal, algo `inaudito´ para muchos internautas.

Entre tanto robo, la noticia de ayer resultó relativamente positiva: hay detención y, por tanto, las personas inmersas en la trama de la `Operación crucero´ podrían ir a la cárcel, lo que significa que la Justicia `no está muerta´. Eso sí, para la opinión pública, los Tribunales no miden a todos por el mismo rasero. Existe la percepción de que, en contra de la idea que patrocina el Estado, la Justicia no es, ni mucho menos, igual para todos. Al contrario, ocurren casos como el de la semana pasada, cuando el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ordenó la excarcelación de Gao Ping, presunto líder de la trama china de blanqueo de capitales desmantelada en la operación Emperador, así como de otros once integrantes de su cúpula, debido al error judicial en la prórroga de su detención el pasado octubre. También permanece muy reciente en la memoria de los internautas el caso de los indultos concedidos la semana pasada a cuatro mossos acusados de torturas, que despertaron críticas muy duras por parte del sector de los jueces por el uso abusivo de esta herramienta legal -y no es la única- por parte del Gobierno.

En definitiva, el hecho de que la Justicia meta la mano en determinados asuntos no quiere decir que ésta se aplique como debería. `No tardará en llamar a Rajoy para que le indulte. O tal vez sea más cómodo que los jueces hagan mal la instrucción y así quede completamente liberado. Mientras tanto, la mayoría seguiremos sin ningún margen de maniobra, para que pueda tirar a balón parado´, comentó ayer, como muchos otros, un lector. `A este lo indultan seguro. Cosa que no haríais con un pequeño empresario que lo pierda absolutamente todo y sin que tenga dinero en Suiza´, señaló otro internauta. Se trata de un ejemplo más de privilegio dirigido a sectores determinados, del mismo modo que, por ejemplo, la propia ley  -y no ya sólo algunos jueces-  está diseñada para favorecer a determinados sectores. El paradigma: el procedimiento de ejecución hipotecaria, creado `por y para la banca´.

En cualquier caso, para los más optimistas, las detenciones de ayer podrían significar que se empieza a normalizar el país y a detenerse a los delincuentes, `sean del talante y posición que sean´. Pero hay que seguir: políticos, banqueros etc. deben engrosar la lista de responsables de los grandes pillajes de la crisis, del mismo modo que los empresarios deben responder por sus faltas. `A este señor sí se le detiene, pero a Chaves, Griñán, Mas, Molto, etc. nada de nada: esta es la España de los mentirosos y proteccionistas gubernamentales´, criticó un lector. `A los que seguro que no detienen es a los políticos que han arruinado las cajas que ahora tenemos que pagar todos´, censuró otro.

Pero si hay un punto en común clave entre todos los comentaristas, éste es precisamente el vínculo existente entre el empresario imputado y la patronal de los empresarios. `Éste es el que pedía bajar los salarios, las indemnizaciones por despido, etc., igualito que el que esta ahora. Son todos iguales, nos quieren saquear para forrarse lo mas posible. Las empresas que tienen y sus trabajadores les dan igual´, comentó un lector. Este espíritu se repitió en decenas de comentarios, junto con los de quienes aseguran que ninguno de los imputados irá a la cárcel. `No os engañéis, el peligro real para este país son los que se manifiestan, son ellos los que hundirán España por pedir cosas justas en la calle (los perroflautas), no estos íntegros empresarios que no hacen otra cosa que velar por España´, ironizó un lector.

En definitiva, `este representante dice mucho de sus representados´.
También hubo críticas para el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, a quien, a raíz de las polémicas tasas judiciales, le tocó parte de culpa por no hacer lo suficiente con el Código Penal y sí en cambio con el problema de la obstrucción de la Justicia, cortando por lo sano el acceso a los Tribunales para la clase media. `Nuestro ministro de Justicia, a parte de subir las tasas para que poca gente tenga acceso a los tribunales, ¿va a reformar el Código Penal y el Civil para que, por fin, las penas por delinquir en España sean ejemplares?´. No basta con endurecer los casos más mediáticos, tal y como ha anunciado el ministro en otras ocasiones. Nadie toca aquellos delitos en los que el grueso de la sociedad estaría dispuesta a endurecer drásticamente las penas. Los delitos económicos, con la crisis, se han vuelto más impopulares que nunca, y la respuesta judicial es, a todas luces, `insuficiente´.

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