edición: 2346 , Viernes, 17 noviembre 2017
22/02/2012
OBSERVATORIO FISCAL

Pérdida de valor de acciones cotizadas

DATADIAR
La forma de valorar los activos financieros en la contabilidad se encuentra regulada en la Norma de Valoración 9ª del Plan General de Contabilidad (PGC 2007). En el caso de acciones cotizadas de empresa no vinculada, normalmente, al contabilizar la compra, se deben clasificar; o bien, como activos financieros mantenidos para la negociación, si la intención era venderlos en el corto plazo; o bien, activos financieros mantenidos para la venta. En el primer caso, si se produjeran cambios antes de su transmisión en su valor razonable contabilizado (por el que se contabilizaron en la compra), la diferencia se llevaría a pérdidas y ganancias, pero en este caso, no es necesario deteriorar su valor a 31 diciembre (NV 9ª aptdo. 2.3.1. y 2.3.2.). Cuando se produce la variación en la cotización, esa diferencia, se lleva a pérdidas y ganancias.

En este caso, en cuanto existiera esa bajada en la cotización se valoraría la diferencia de cotización, en cualquier momento del ejercicio.

Sin embargo, en el segundo caso, activos financieros mantenidos para la venta, cuando la intención no es venderlas a corto plazo, puede ocurrir, que se produzcan correcciones valorativas de su valor razonable, o bien, deterioros de valor a 31 de diciembre. Son conceptos diferentes.

Los cambios de cotización o de valor, en este caso, no se pueden llevar a pérdidas y ganancias sino a cuentas de patrimonio neto.

Lo que ocurre, es que sólo se puede deteriorar el valor y llevarlo a pérdidas y ganancias a 31 de diciembre, cuando, las acciones pierdan un 40% de su valor inicial y durante un año y medio de cotización. El deterioro se daría al menos a 31 de diciembre y se imputaría a pérdidas y ganancias. Si estas circunstancias no se producen, entonces, sólo se realizará una corrección valorativa, que se imputaría a patrimonio neto. Cuando se produjera el deterioro entonces se imputaría a pérdidas y ganancias. (NV9ª. Aptdo. 2.6.2 y 2.6.3).

En este segundo caso, si la diferencia de cotización no cumple los requisitos anteriores, no se puede llevar a pérdidas y ganancias, y en definitiva computarse como gasto.

Por lo tanto, ante la pérdida de valor de cotización de unas acciones contabilizadas en nuestro balance, se debe analizar cómo se han calificado y contabilizado en su compra y actuar acorde a lo establecido en esta Norma de Valoración 9ª del PGC 2007; porque, en unos casos, sí será gasto la diferencia de cotización y en otros no. Pero cuando no se considere gasto, esos cambios de cotización se reflejarán en cuentas de patrimonio neto, a efectos de información en el balance.


Equipo jurídico de Datadiar.com


Consultas Vinculantes

El «período de generación» vendría representado por el tiempo que ha debido transcurrir desde el inicio de la existencia del derecho hasta que este se materializa, produciéndose el devengo del rendimiento. D.G.T. C, (20/09/2011).
El consultante es una empresa que suscribió un seguro de grupo por el que se garantizaba a los asegurados trabajadores una cantidad determinada al cumplir una edad determinada. No se han realizado imputaciones fiscales de las primas. Tributación de la prestación a satisfacer a los asegurados. En concreto, posibilidad de aplicar algún tipo de reducción. Respecto al requisito de período de generación superior a dos años, para que exista un período de tiempo durante el que se ha producido un determinado rendimiento se hace necesario que el derecho a percibirlo existiera con anterioridad al momento en que se percibe efectivamente dicho rendimiento. En consecuencia, el «período de generación» vendría representado por el tiempo que ha debido transcurrir desde el inicio de la existencia del derecho hasta que este se materializa, produciéndose el devengo del rendimiento. En el caso concreto planteado de un seguro colectivo de vida que no instrumenta compromisos por pensiones en el que no se han imputado las primas, habría que entender que la cantidad que se perciba por el asegurado, aún cuando fuera cobrada en forma de capital, no tendría un período de generación superior a dos años y por tanto no sería de aplicación la reducción del 40% prevista en el artículo 18.2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre.

La totalidad de las retribuciones percibidas por el ejercicio de las funciones propias del cargo de administrador, con independencia de que se hubiera formalizado un contrato laboral, deben entenderse comprendidas en los rendimientos del trabajo. D.G.T. C, (20/09/2011).
La entidad consultante A es una sociedad adaptada a la Ley 2/2007, de sociedades profesionales. Está participada por un socio profesional P al 75% administrador único y por un socio no profesional en un 15%. El 10% restante está en manos de la propia entidad. La actividad de P en A tiene dos vertientes: la primera relativa a la gerencia de cualquier empresa, independientemente de su actividad, y que comporta la contratación y dirección del personal, la gestión comercial, la determinación de las políticas de la empresa, las decisiones referentes a inversiones y gastos y, en general, la atención del día a día que cualquier empresario debe realizar. Por esta actividad P percibe una retribución independiente del cargo de administrador. La segunda actividad es la que deriva de su condición de economista y único socio profesional aportando sus conocimientos técnicos a la entidad. P presta sus servicios profesionales a A con carácter de exclusividad, siendo esta entidad la que factura a los clientes los servicios profesionales que se les prestan. Los medios materiales para ejercer la actividad son titularidad de A. No existe ningún contrato de arrendamiento de servicios profesionales entre A y P. Si las retribuciones percibidas por P por las actividades que realiza deben calificarse como rendimientos de trabajo como de actividades profesionales. Dado que A es una entidad de las previstas en el artículo 108 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y que más del 75% de sus ingresos proceden del desarrollo de actividades profesionales, cómo afectaría el artículo 16.6 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades a la hora de determinar el valor de mercado de las retribuciones percibidas por el socio profesional en función de la calificación que deba darse a las rentas percibidas.


Tribunales

Valor de transmisión de los títulos cotizados en Bolsa a efectos de determinar los incrementos y disminuciones de patrimonio. Tribunal Supremo. Sentencia de 3 de octubre de 2011.
El valor de transmisión de los títulos cotizados en Bolsa a efectos de determinación de los correspondientes incrementos y disminuciones de patrimonio se fijaría por las cotizaciones oficiales del día en que la concreta operación se hubiere realizado. No es procedente la valoración realizada en la sentencia de instancia recurrida pues ésta ratifica la valoración administrativa de la transmisión de los títulos a un precio distinto del resultante de la cotización oficial por el que se había hecho la enajenación dentro del sistema de corro a viva voz. Según sentencias anteriores del Tribunal Supremo, en el supuesto de valores que cotizan en Bolsa, la depreciación que ha de tenerse en cuenta, a efectos del Impuesto sobre Sociedades, es la que resulte de la comparación entre el precio oficial de adquisición y el precio oficial de venta, no los precios convenidos entre el vendedor y comprador.

La jurisprudencia del TS ha señalado que el ejercicio del derecho de opción al régimen de transparencia sólo puede llevarse a cabo en la primera declaración, no cuando se está en un procedimiento de gestión o inspección. Tribunal Supremo. Sentencia de 3 de octubre de 2011.
El Tribunal Supremo ha señalado en su jurisprudencia que para determinar el ejercicio en que debe imputarse al socio persona física los rendimientos procedentes de la sociedad en transparencia fiscal la imputación de bases imponibles positivas de sociedades en régimen de transparencia fiscal a los socios residentes se efectuará en el periodo impositivo en que se hubiesen aprobado las cuentas anuales correspondientes, salvo que se opte por imputarlas en los periodos impositivos que correspondan a las fechas de cierre de los ejercicios sociales. La opción se manifestará en la primera declaración del Impuesto en que haya de surtir efecto, deberá mantenerse durante tres años y no podrá producir como efecto que queden bases imponibles sin computar en las declaraciones de los socios. Siendo así, no cabe reconocer el derecho en casos como el ahora enjuiciado, en los que el sujeto pasivo no manifestó su opción en la primera declaración en que habría de surtir efecto. En ausencia de esa opción, la imputación de bases debe hacerse siguiendo el criterio general, por lo que hay que declarar conforme a derecho la realizada por la Inspección, que la sentencia impugnada ha confirmado. Además ha señalado que es verdad que pertenece a los socios la opción para imputarse temporalmente la base imponible de la sociedad a la que pertenecen pero esta facultad tiene como premisa que la sociedad y, por ende, los socios hayan actuado correctamente y aquélla declare en régimen de transparencia fiscal y éstos opten en la debida forma, haciendo constar la elección en la declaración y manteniéndola durante tres años. Pero cuando, como es el caso, la compañía declaró indebidamente por el régimen general y se procede a regularizar la situación, tal opción desaparece. Por lo tanto, la falta de cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma impide el ejercicio del derecho de opción. Es decir, es criterio jurisprudencial consolidado el que el ejercicio del derecho de opción que se pretende sólo puede llevarse a cabo en la primera declaración, no cuando el sujeto pasivo se ve inmerso en un procedimiento de gestión o inspección.


Tribunales Económico-Administrativos

Procedimiento de recaudación. Embargo de bienes: bienes gananciales o vivienda habitual. Necesaria notificación al cónyuge. Finalidad. Legitimación para la impugnación de la diligencia de embargo. TEAC R, (28-11-2011).
La notificación de las diligencias de embargo a los cónyuges cuando los bienes sean gananciales o se trate de la vivienda habitual, se verifica en aras a que éstos, no obligados tributarios, ni interesados en el procedimiento económico-administrativo, tengan conocimiento de la carga que grava el bien sobre el que ostentan derechos de diversa índole. La finalidad de esta previsión normativa radica en que la existencia del embargo sea conocida por terceros interesados, como el cónyuge, poseedor, depositario, o copropietario que pudieran ser titulares de determinados derechos sobre el bien de que se trate, a los efectos de la posible interposición de una tercería de dominio u otra acción civil frente a la Administración Tributaria o el deudor; lo que no cabe entender en el sentido de que dicha notificación legitime a los citados para que puedan oponerse directamente a la diligencia de embargo, ni mucho menos al acuerdo de declaración de responsabilidad o la procedencia de las providencias de apremio, como ocurre en el presente caso.

LGT. Autoliquidación complementaria, en virtud de la cual se procede al reintegro de una devolución anterior improcedentemente obtenida. TEAC R, (28-11-2011).
La liquidación de los intereses de demora que se debería haber practicado los debería haber calculado desde la fecha de cobro de la devolución improcedente (el 21 de diciembre de 2006) hasta su reintegro. Ahora bien, dado que la citada diferencia fue objeto de liquidación administrativa notificada el 27 de enero de 2009, finalizando por ello su plazo de pago en periodo voluntario el 5 de marzo de 2009, fecha en la cual aun no se había procedido a su ingreso, procedería liquidar intereses de demora desde el pago de la devolución el 21 de diciembre de 2006 hasta el fin del periodo voluntario de ingreso de la liquidación administrativa, lo que ocurrió el 5 de marzo de 2009. El 6 de marzo de 2009 se produjo el inicio del periodo ejecutivo por lo que, dado que el ingreso se produjo el 2 de abril de 2009, el mismo se ha verificado en periodo ejecutivo por lo que procederá girar el correspondiente recargo del periodo ejecutivo y, en su caso, intereses de demora si el recargo del periodo ejecutivo aplicable fuese el recargo de apremio ordinario. En el caso de autoliquidaciones complementarias con resultado de reintegro de cantidades cuya devolución no procedía, no cabe la exigencia de los recargos por extemporaneidad del artículo 27 LGT 58/2003 por esas cantidades reintegradas, pero sí procede la liquidación de intereses de demora, de conformidad con el artículo 26 del mismo texto legal.  Criterio ya expresado por este TEAC en Resolución 1085- 998 de 19.11.1998 (vigente la antigua LGT 230/1963).

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