edición: 3071 , Miércoles, 21 octubre 2020
01/02/2011
OBSERVATORIO JURIDICO

Permiso por hospitalización de parientes

DATADIAR
Existen circunstancias que van provocar la ausencia inexorable del trabajador de su lugar de trabajo (un matrimonio, una enfermedad, el desempeño de tareas públicas...). Para permitir al trabajador, en esos casos, cesar en su actividad laboral, sin que por ello se produzcan repercusiones en sus condiciones de trabajo es para lo que se articulan los permisos. Estos, otorgan al trabajador el derecho a ausentarse del trabajo, sin pérdida de empleo, respetándose en muchos casos también sus retribuciones. El Estatuto de los Trabajadores contiene, a tales efectos, una relación de causas justificadoras de permisos, relación que puede ser ampliada o desarrollada por la negociación colectiva.

Entre los motivos que pueden dar lugar a un permiso se encuentran los supuestos de “fallecimiento, accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario”, de parientes, considerando “parientes” los familiares hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad, estando por tanto comprendidos los hijos, nietos, padres, abuelos y hermanos, tanto del propio trabajador (por consanguinidad) como de su cónyuge (por afinidad). Cuando estos familiares del trabajador se encuentren afectados por alguna de las mencionadas circunstancias, el trabajador tendrá derecho a disfrutar de un permiso de dos días de duración; cuatro si fuera necesario hacer un desplazamiento

A la hora de aplicar las normas relativas a estos permisos han surgido múltiples conflictos que han obligado a los tribunales a proceder a su interpretación. Traemos a colación una de las últimas sentencias del Tribunal Supremo en relación a uno de estos permisos, en concreto al permiso por hospitalización de parientes.

El problema que se planteaba en esta sentencia, de 21 de septiembre de 2010, consistía en determinar si en los supuestos de hospitalización de parientes, el permiso ya iniciado, podía -o no- seguir disfrutándose hasta su conclusión (tres días según convenio), con independencia de que el familiar causante del mismo siguiera o no hospitalizado. Es decir, lo que se cuestionaba era si el alta hospitalaria del familiar debía suponer la finalización del permiso, aunque no hubieran transcurrido la totalidad de los días de su disfrute.

A este respecto, hay que tener en cuenta que los permisos son siempre causales, obedecen a un fin. De esta forma, el permiso reconocido a un trabajador por hospitalización de familiares está en directa conexión con la efectiva hospitalización de los mismos.

Partiendo de esta premisa, el Tribunal Supremo estimó que el permiso por hospitalización de parientes ha de ser concedido cuando concurran todos los elementos que configuran tal derecho, “con independencia de que el familiar siga o no hospitalizado”, es decir, sin que la simple alta hospitalaria conlleve de forma automática la extinción o finalización del mismo. Y ello porque aunque es evidente que el permiso por hospitalización de parientes está relacionado con el período temporal del propio ingreso, la normativa no exige de manera expresa y clara, como causa directa del beneficio, “el cuidado o atención personal del trabajador al pariente enfermo”.

La Sala consideró al respecto que es evidente que tal permiso no puede estar destinado a la “holganza, viajes o asuntos propios” del trabajador, lo que podría constituir fraude o abuso de derecho, pero su causa remota tampoco tiene por qué agotarse en el cuidado o atención personal, física y directa al familiar, porque la enfermedad o el ingreso hospitalario de éste puede requerir otro tipo de dedicación no directamente relacionada con la atención personal, que igualmente pueda justificar la ausencia al trabajo del primero.

No obstante, el tribunal comparte también el criterio de la empresa cuando asegura que el permiso no está previsto para que el trabajador pueda disfrutar de unos días de asueto retribuidos, mientras el familiar hospitalizado ya se encuentra recuperado, o incluso trabajando. Pero aunque, ciertamente, esas situaciones no permiten seguir haciendo uso del permiso cuestionado, tal consecuencia no puede ser el resultado de la simple alta hospitalaria sino del alta médica, que habría hecho desaparecer la razón última del permiso, justificado por la situación patológica del familiar.

La clave podría estar en la justificación del permiso, donde resultaría imprescindible ponderar las circunstancias personales de cada trabajador y del familiar causante, la proyección individual de cada enfermedad, su gravedad, la causa determinante de la hospitalización, el eventual motivo de cada alta hospitalaria y sobre todo, el alcance o intensidad de la necesidad de atención y cuidados que el pariente enfermo requiriera, tanto en lo físico como en otros aspectos de su vida.

Equipo jurídico de Datadiar.com

LEGISLACIÓN

Orden 4269/2010, de 15 de diciembre, por la que se convocan ayudas para el fomento del empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas y sociedades laborables en el ámbito de la Comunidad de Madrid para el año 2011. B.O.C.M. n.º 13 de 17 de enero de 2011.
La Economía Social y el Trabajo Autónomo constituye en la Comunidad de Madrid un sector económico en expansión, generador de nuevas iniciativas empresariales y con un fuerte potencial de creación de empleo estable y de calidad. La Comunidad de Madrid asume desde el 1 de enero de 1996 las funciones atribuidas al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en el ámbito de la Economía Social y Trabajo Autónomo, siendo una de ellas la relativa al fomento de la economía social y trabajo autónomo. El Decreto 32/2005 aprueba la estructura orgánica básica del Organismo Autónomo Servicio Regional de Empleo, asignándole las competencias relativas al fomento de la economía social y trabajo autónomo. Consecuentemente, la competencia para resolver sobre los expedientes de concesión de subvenciones corresponderá a este Organismo Autónomo, a través de su Consejo de Administración, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.1.b) de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid. Conforme establece el Decreto 15/2010, de 18 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se fusionan las Consejerías de Empleo yMujer y la Consejería de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid es la Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración, por razón de la materia, quien tiene atribuida la competencia y en virtud del mismo se adscribe a ella el Servicio Regional de Empleo. La Orden TAS/3501/2005, de 7 de noviembre (“Boletín Oficial del Estado” número 270, de 11 de noviembre de 2005), establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el fomento del empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas y sociedades laborales, habilitando a las Comunidades Autónomas que hayan asumido el traspaso de esas funciones y servicios, su adecuación a las peculiaridades derivadas de su propia organización y la normativa aplicable en su ámbito territorial.

JURISPRUDENCIA

Penal

Delito de apropiación indebida. Apropiación del precio de venta de inmueble realizada por apoderado. La esencia del delito está en el reconocimiento que hizo el vendedor por cuenta ajena de haber recibido el precio para entregarlo a la dueña del inmueble. Tribunal Supremo. Sentencia 22 de septiembre de 2010.
Delito de apropiación indebida. La perjudicada otorgó poder notarial a uno de los condenados con facultades muy amplias que incluían la compraventa de inmuebles, su administración, incluso con facultades de autocontratación. Con ese poder el acusado adquirió un inmueble para la poderdante.  Rotas las relaciones entre ambos, el acusado aprovechando los poderes que le habían sido conferidos dispuso la venta del inmueble en favor de su hijo. Ajeneidad del bien objeto de la apropiación: titularidad registral de la perjudicada que no es desvirtuada por otros medios de prueba. Delito de apropiación indebida: artículo 252 CP. El acusado actuó utilizando un poder notarial. Si bien la relación personal estaba rota entre ambas partes, la confianza en el sentido jurídico subsistía aún pues el poder notarial no había sido revocado. Caso de autos: la calificación de los hechos es correcta en el tipo penal de la apropiación indebida. Su contenido antijurídico radica en la apropiación de valor patrimonial de la venta realizada con un poder vigente. La venta del inmueble es lícita y válida jurídicamente pues ha sido realizada desde la vigencia del apoderamiento existente. Ahora bien, dada la connivencia entre el comprador y vendedor, ambos condenados como cooperador y autor, no cabe dar por válido el valor, 42070 euros, del activo patrimonial objeto de la apropiación y deberá determinarse el valor de ese activo patrimonial objeto de la apropiación en ejecutoria de sentencia, y en esa cantidad deberá ser indemnizada la perjudicada, en el valor real de la disposición realizada.

Mercantil

Contrato de agencia. Prescripción de la acción de reclamación de la diferencia entre las comisiones percibidas y las debidas percibir. Tribunal Supremo. Sentencia 7 de octubre de 2010.
Como la liquidación y pago de las comisiones se había pactado con una periodicidad mensual, cumpliéndose así lo previsto en el art. 16 de la Ley del Contrato de Agencia, el plazo de prescripción aplicable, a falta del de tres años del art. 1967-1ª CC exactamente pertinente pero inaplicable ahora por esta Sala en virtud del principio de congruencia, no era desde luego el general de quince años del art. 1964 CC, sino, a lo sumo, el más específico de cinco años del art. 1966-3ª del mismo Cuerpo legal. Según la demanda la diferencia entre lo percibido por el agente demandante y lo debido percibir se debiera al incumplimiento del pacto de exclusiva por la demandada, pues al margen de la opinión que esta Sala tenga sobre la vigencia del pacto de exclusiva afirmada por el tribunal de apelación e impugnada en el segundo motivo del recurso, lo cierto es que tanto el juzgador de primera instancia como el tribunal de apelación tienen por rotundamente probado tanto que el actor era sabedor de que en su zona vendían otros agentes, e incluso directamente la propia empresa, cuanto que se le favorecía pagándole el porcentaje pactado de comisión sobre una base (precio final de venta al cliente) mayor que la estipulada (precios de fábrica), lo que desde luego apunta con toda claridad a una novación tácita del contrato en cuanto consentida libremente por las partes durante su ejecución. Y también se da por probado que cuando el demandante, mes a mes, advertía en la liquidación alguna diferencia en su contra, así se lo hacía saber a la empresa y la cuestión se resolvía sobre la marcha.

Junta universal: cese del administrador y el nombramiento de quien debía sustituirle. Tribunal Supremo. Sentencia 6 de octubre de 2010.
El poder que a los administradores atribuye la distribución de competencias entre la Junta General y el Órgano de Administración, exige articular un mecanismo que facilite la sustitución por el Órgano de Decisión de quienes deben ejecutar lealmente sus acuerdos, a cuyo efecto el artículo 131 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas en la redacción vigente en la fecha de la celebración de la junta dispone que  «la separación de los administradores podrá ser acordada en cualquier momento por la junta General», en forma similar a la prevista hoy en el artículo 223.1 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, a cuyo tenor:  «los administradores podrán ser separados de su cargo en cualquier momento por la junta General aún cuando la separación no conste en el orden del día», lo que ha sido interpretado de forma unánime por Doctrina y Jurisprudencia en el sentido de que se atribuye a la Junta la facultad de sustituir  ad nutum a los administradores, sin necesidad de que conste en el orden del día de la convocatoria.

Civil

Resulta improcedente la resolución del contrato litigioso sustentada en la imposibilidad de imputar a la actora un incumplimiento esencial, grave y no justificado. Tribunal Supremo. Sentencia 1 de octubre de 2010.
Frente a la decisión de la AP de declarar improcedente la resolución, sustentada en la falta de los presupuestos del artículo 1124 CC, -por la imposibilidad de imputar a la actora un incumplimiento esencial, grave y no justificado y por el propio incumplimiento de la demandada-reconviniente- se encuentra abocada al fracaso la estrategia de la parte recurrente de confundir lo que es interpretación de documentos y valoración de prueba documental, y de soslayar la naturaleza y objeto de este recurso a fin de obtener una nueva valoración probatoria -fundamentalmente, de los documentos e instrumentos que considera más favorables a su tesis, a los que otorga, frente al resultado de la apreciación conjunta, una injustificada preeminencia- mediante la cual se sustituya la referida base fáctica de la sentencia impugnada por su propias conclusiones, las cuales, se defienden como acertadas también por resultar coincidentes con las plasmadas en la sentencia de primera instancia, cuando es sabido que la resolución recurrida en casación es la de apelación, que sólo a la AP compete la fijación definitiva de los hechos probados, y que no es posible fundamentar su impugnación a través de un juicio comparativo con la de primera instancia, al ser las únicas apreciaciones de interés, cuando son disconformes, las de la sentencia de la AP.

Para la validez del convenio arbitral es necesaria la  prueba de la voluntad inequívoca de las partes contractuales de someter sus controversias a arbitraje. Tribunal Supremo. Sentencia 7 de octubre de 2010.
Es evidente que junto con la voluntad expresada por las partes de someter cuantas cuestiones se susciten con motivo de la garantía a la decisión arbitral internacional regida por las Leyes del Estado de Texas (EEUU), coexiste otra voluntad igualmente expresada en el contrato de venta de someterse a la competencia exclusiva de los Tribunales del domicilio del comprador, lo que procura una relación sujeta a dos sumisiones diferentes e incompatibles entre sí, que hace ineficaz el convenio arbitral, conforme a reiterada jurisprudencia en la que, con cita del artículo 6.2 de la Ley de Arbitraje de 1988  , vigente en el momento de los hechos, y artículo 2.2 del Convenio de Nueva York sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, de 10 de junio de 1958 que afirma que lo decisivo para la validez del convenio arbitral no es tanto la firma de las partes o la utilización de determinadas fórmulas como la prueba de la voluntad inequívoca de las partes contractuales de someter sus controversias a arbitraje, siendo destacable en este sentido cómo la jurisprudencia más reciente de esta Sala se pronuncia en contra de las «fórmulas sacramentales» como condicionantes de la validez de las cláusulas de sumisión a arbitraje» y a favor, en cambio, del criterio respetuoso con la voluntad de las partes.

Laboral

Complemento singular de puesto de trabajo. No procede su abono en relación a aquellos periodos en los que, no obstante realizarse funciones correspondientes al Grupo 3, no estaba el demandante adscrito al mismo. Tribunal Supremo. Sentencia 19 de octubre de 2010
La cuestión litigiosa consiste en determinar si conforme a la DA 2ª del II Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado y a partir de su entrada en vigor, en que se integraron los antiguos Grupo III y Grupo IV en un nuevo Grupo III, tienen o no derecho al percibo del complemento singular de puesto de la modalidad A2 quienes perteneciendo al antiguo e inferior Grupo IV venían realizando de hecho y con habitualidad las funciones correspondientes al antiguo y superior Grupo III y venían igualmente percibiendo las correspondientes diferencias retributivas por desempeño de funciones de categoría superior. Basándonos en doctrina unificada al respecto, podemos decir que la norma adicional 2ª del II Convenio es aplicable exclusivamente a quienes en el I CUAGE estaban encuadrados formalmente en su ahora extinto Grupo profesional III desempeñando los puestos correspondientes a tal Grupo, pero sin crear derechos a favor de quienes perteneciendo a otros Grupos profesionales del anterior Convenio pudieran haber desempeñado en determinados periodos temporales funciones correspondientes a una categoría superior a la que les correspondía en aquel momento. Por lo que, además, la posible desigualdad derivada de la asignación de un complemento singular de puesto a los puestos ocupados del anterior grupo profesional III en su modalidad A2 para los puestos del anterior grupo III, cabe, en principio, calificarla como objetiva y razonable.

Incremento salarial. Pese a la ausencia de una previsión formal del IPC por parte del Gobierno, sí ha existido en la Ley de Presupuestos para 2009 una previsión real que evidencia con certeza la posición gubernamental al respecto. Tribunal Supremo. Sentencia 20 de octubre de 2010
La cuestión que se somete a nuestra consideración es si debe aplicarse la revisión salarial que se prevé en un Acuerdo y/o en un Convenio Colectivo consistente en aplicar a los salarios vigentes «el incremento del IPC previsto por el Gobierno» para el año en el que se va a aplicar la subida, cuando dicha previsión no ha sido realizada explícitamente por el Gobierno. Como ya ha manifestado esta Sala en resolución de supuestos similares, la solución al debate ha de pasar por la interpretación de cual ha sido la voluntad de las partes a la hora de determinar el incremento salarial. El concepto de IPC previsto ha de equipararse al parámetro utilizado en la Ley 2/2008, de Presupuestos Generales del Estado para 2009, en donde, si bien no hay declaración formal -la previsión del Gobierno sobre incremento anual del IPC no se produce desde la Ley 23/2001 de Presupuestos Generales del Estado para 2002-, se pone en evidencia una previsión en relación a la revalorización de pensiones públicas. A tenor del art. 82.3 ET, incluso en situación de crisis económica generalizada, el precepto convencional obliga a la empresa a su cumplimiento mientras mantenga su vigencia, salvo que alcance un acuerdo expreso con los representantes de los trabajadores. De ahí que afirmáramos que ni siquiera un hipotético pacto de remisión a la baja a efectuar a finales del 2009 exoneraría de cumplir, al comienzo de ese año, lo establecido en el convenio. La aplicación de la doctrina expuesta, conduce a la desestimación del recurso empresarial porque, pese a la ausencia de una previsión formal por parte del Gobierno, sí ha existido en la Ley de Presupuestos para 2009 una previsión real que evidencia con certeza la posición gubernamental al respecto.

Administrativo

Inadmisión de su petición de asilo. Dilación del proceso. Imposición de  la obligación del abandonar el territorio nacional. Tribunal Constitucional. Sentencia 21 de diciembre 2010.
No se puede soslayar el interés comprometido por el actor en el recurso contencioso-administrativo, ya que, como señala en su demanda de amparo, la inadmisión de su petición de asilo por parte de la autoridad administrativa determina que se encuentre en situación de ilegalidad en España y que se le pueda imponer la obligación del abandonar el territorio nacional, de conformidad con lo previsto en el art. 17.1 de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, con las consecuencias negativas añadidas por su condición de peticionario de asilo respecto de su país de origen. Así pues, aun cuando las circunstancias del caso ponen de relieve de manera patente que la demora que experimenta la celebración de la vista en el procedimiento abreviado 298-2009 ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 se debe a deficiencias estructurales, este dato no puede servir para evitar un pronunciamiento estimatorio del recurso planteado, atendiendo especialmente a la cuestión de fondo suscitada, que atañe a una solicitud de asilo inadmitida por las autoridades españolas; petición de asilo en la que, por definición, están en juego derechos fundamentales básicos del recurrente.
 
Vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Tribunal Constitucional. Sentencia 21 de diciembre 2010.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos introdujo en la Sentencia Zimmermann y Steiner c. Suiza, de 13 de julio de 1983, la noción de dilaciones estructurales que diferencia de la situación de retraso pasajero a la que se refirió en la Sentencia Buchholz c. Alemania, de 6 de mayo de 1981 (párrafo 51). Tal situación de carácter estructural se produce cuando, pese a haberse adoptado con la diligencia debida determinadas medidas para solventar una situación excepcional de retraso -y cita, en particular, el establecimiento de un orden en el tratamiento de los casos basado no en el criterio temporal sino en la urgencia o importancia de los asuntos y en el riesgo que suponen para los interesados-, dicho estado de cosas se prolonga y adquiere un carácter estructural, de modo que las medidas resultan insuficientes y el Estado no puede adoptar medidas eficaces.  No cabe duda de que la situación en la que se halla el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Madrid, ha de calificarse como "estructural". Así lo reconoce, por otra parte, el propio Juzgado en su Auto de 27 de octubre de 2008: "si se ha señalado esa fecha es porque está tramitando un número de asuntos notoriamente superior al razonable, no pudiendo resolver al ritmo que entran, por motivos estructurales que la proveyente no puede remediar en este momento". El Juzgado, por otra parte, afirma haber tomado en cuenta "la relevancia del interés que empeña la parte demandante en este procedimiento", razón por la que ha señalado el recurso con alguna antelación respecto de los que no se consideran preferentes.

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