edición: 2828 , Viernes, 18 octubre 2019
08/03/2018
LA OREJA DE LARRAZ

Personas de la alta dirección cometieron en 2017 la cuarta parte de los delitos en sus empresas

Javier Ardalán
El 24% de los delitos cometidos en las empresas de todo el mundo durante el pasado año fueron cometidos por personas integradas en la alta dirección de las mismas. Mientas que en el año 2015 el porcentaje se situaba en el 16%.
En los países en desarrollo, los encuestados firmaron que los delitos económicos son cometidos con mayor frecuencia por actores internos (59%). La cifra equivalente en los territorios desarrollados fue solo del 39%.

Esta es una de las conclusiones más llamativas de la ‘Encuesta mundial sobre fraude y delito económico 2018’, que cada dos años elabora PwC a partir de la opinión de más de 7.000 compañías en todo el mundo y que revela que el personal interno de las compañías fue un tercio más propenso que las personas externas a perpetra  los fraudes más antisociales.

En las empresas españolas, el 50% de los fraudes que se producen son cometidos por alguna persona de dentro de la organización, mientras que un 33% vienen de fuera de la compañía. En cuanto a la autoría de los fraudes internos, la práctica totalidad los realizan miembros del equipo directivo y cargos intermedios. Mientras que en el caso de los delitos externos, las responsabilidades se reparten entre los proveedores -42%, consumidores/clientes -50%-, hackers -25%-, intermediarios -25%- y competidores -8%-.

Otro dato interesante, es que el 17% de los encuestados indicó que el CEO tiene la responsabilidad principal del programa de ética y cumplimiento de su organización. Esto pone de relieve cómo la oficina central está gestionando la crisis, y hasta qué punto están (o no están) ajustando sus perfiles de riesgo en consecuencia.

Cuando los costes financieros del fraude llegan a tocar la línea de flotación de un negocio, es natural que la dirección y los accionistas soliciten explicaciones a la gerencia superior. En el mundo de hoy, sin embargo, la responsabilidad de un líder no se detiene allí. De hecho, eso es solo el comienzo. El 46% de los encuestados reconoce que su organización gastó lo mismo o más en investigaciones y otras intervenciones que las que perdió directamente con el fraude.

En los últimos años se ha producido un cambio pronunciado en la forma en que el mundo mira el fraude y la corrupción. Y los datos de nuestra encuesta reflejan esta demanda ahora tan arraigada de rendición de cuentas, tanto del público como de los reguladores, en los sectores privado y público.

Este tampoco es un fenómeno limitado a los mercados desarrollados. En culturas muy diferentes, en todas las regiones del mundo, hay signos de convergencia en torno a estándares de transparencia y expectativas de conducta. Los estados nacionales en los cuales el estado de derecho y los niveles de transparencia han sido tradicionalmente débiles han visto la indignación pública en las calles, los políticos y los líderes empresariales encarcelados, y en algunos casos incluso han derrocado gobiernos.

Para una organización con solo información fragmentada sobre lo sucedido, esto representa un serio riesgo para la reputación. Puede verse castigada desde todos los puntos por su incapacidad percibida para responder adecuadamente, mucho antes de que la junta tenga un plan para lo que debe hacer.

En los territorios en desarrollo, el 58% de las empresas involucradas en el movimiento de dinero (y las instituciones financieras, fondos mutuos, negocios de servicios monetarios, corredores, compañías de seguros o comerciantes de metales preciosos, piedras o joyas) nos dijeron que habían experimentado la aplicación o inspección regulatoria contra el lavado de dinero (AML) en los últimos dos años. La cifra equivalente en los territorios desarrollados fue solo del 48%.

En los territorios en desarrollo, el 15% de las empresas señalan que esperan aumentar significativamente los fondos para inversiones antifraude en los próximos 24 meses. La cifra equivalente en los territorios desarrollados fue solo del 9%.

En los territorios en desarrollo, los encuestados nos dijeron que los delincuentes económicos son cometidos con mayor frecuencia por actores internos (59%). La cifra equivalente en los territorios desarrollados fue solo del 39%.

El informe concluye que, en los últimos dos años, el 69% de las compañías españolas ha aumentado el presupuesto destinado a luchar contra el delito económico y un 58% tiene previsto seguir haciéndolo durante los próximos dos años.  Asimismo, el 75% de las organizaciones afirma disponer de un programa formal de ética empresarial y cumplimiento normativo, frente al 52% que en la Encuesta de 2016 declararon tener implantado el correspondiente programa. 

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