edición: 2804 , Lunes, 16 septiembre 2019
30/12/2010
OBSERVATORIO JURIDICO

Perturbaciones en una finca procedentes de una central nuclear situada en el territorio de otro Estado miembro

DATADIAR
A partir del 23 de diciembre de 2010, con la entrada en vigor de la nueva reforma del Código Penal en España, las personas jurídicas podrán ser jurídicamente responsables de determinados delitos. Concretamente, una empresa podrá ser penalmente responsable de un delito relativo a la energía nuclear y de radiaciones ionizantes tipificados en los artículos 314 a 345 CP. Antes de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, estas conductas venían recogidas en los artículos 84 a 90 de la Ley 26/1964 de Energía Nuclear de 29 de abril, los cuales han quedado derogados por la Disposición Derogatoria del propio Código. En todo caso, deberá acudirse a la citada ley para obtener la definición de energía nuclear, material radiactivo, instalación nuclear y radiación ionizante.

Los países de Europa tienen muy distintas posturas respecto a la energía nuclear. Mientras algunos estados, como Francia o Lituania, están a favor, en otros, como Austria o Irlanda, la construcción de estas plantas resulta incluso ilegal.

No hace mucho, Land Oberösterreich (provincia de la Alta Austria) que es propietario de varias fincas destinadas a la agricultura y a la experimentación agronómica en las que se encuentra situada una escuela de agricultura, se quejó de que tales fincas se hallan situadas en Austria, a unos 60 km de la central nuclear de Temelin, la cual se encuentra en territorio checo y está gestionada por la empresa de suministro de energía ČEZ. Las autoridades checas autorizaron en 1985 la construcción y explotación de dicha central nuclear y ésta funciona a pleno rendimiento desde el año 2003.

Según Land Oberösterreich, la radiactividad generada por el funcionamiento normal de la central nuclear de Temelin o los riesgos de contaminación ligados a la explotación y al posible mal funcionamiento de ésta van en detrimento, de forma duradera, del uso normal de sus fincas. Por esta razón, el Land y otros propietarios privados han solicitado al Landesgericht Linz (Tribunal regional de Linz) que ordene a ČEZ cesar en las perturbaciones o riesgos de perturbaciones ligados a las radiaciones ionizantes que pudieran emanar de la central de Temelin y adaptar dicha central a las normas técnicas vigentes o proceder a su cierre en caso de imposibilidad de realizar las adaptaciones precisas.
 
El órgano jurisdiccional austriaco ha constatado que, en Austria, existe una diferencia de trato entre las instalaciones industriales que disponen de una autorización otorgada por las autoridades austriacas y las que poseen una autorización concedida por las autoridades de otro Estado miembro, ya que las autorizaciones expedidas por estas últimas no son tenidas en cuenta en caso de que se presente contra el titular una acción de cesación de perturbaciones.
 
En este contexto, el órgano jurisdiccional austriaco pregunta al Tribunal de Justicia si el principio de prohibición de discriminación por razón de la nacionalidad permite tal diferencia de trato y si la autorización otorgada por las autoridades checas para la explotación de la central nuclear de Temelin debe ser reconocida en Austria en el marco de la mencionada acción judicial.

El Tribunal de Justicia en su sentencia de Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-115/08, de 27 de octubre de 2009 afirma que la actividad industrial desarrollada por la central de Temelin está comprendida en el ámbito de aplicación del Tratado CEEA y por tanto, las empresas que explotan una instalación situada en un Estado miembro son normalmente empresas establecidas de acuerdo con el Derecho de dicho Estado y que su situación es comparable a la de los nacionales de ese Estado. Por consiguiente, debe considerarse que la diferencia de trato en perjuicio de las instalaciones que poseen una autorización administrativa otorgada en un Estado miembro distinto de Austria es una diferencia de trato por razón de la nacionalidad. Además, el principio de prohibición de toda discriminación por razón de la nacionalidad constituye un principio general del Derecho comunitario que también debe aplicarse en el ámbito del Tratado CEEA.

Por otra parte, la Comunidad dispone, en virtud del Tratado CEEA, de competencia normativa para establecer, con vistas a la protección sanitaria, un sistema de autorización que los Estados miembros deben aplicar. El otorgamiento de autorizaciones administrativas relativas a la construcción y al funcionamiento de instalaciones nucleares, en sus aspectos referentes a la protección sanitaria contra los peligros que para la población se derivan de las radiaciones ionizantes, se inscribe en el ámbito de aplicación del Tratado CEEA. De ello se desprende que la diferencia de trato en perjuicio de las instalaciones nucleares que poseen una autorización administrativa otorgada en otro Estado miembro debe examinarse a la luz de este Tratado.

Seguidamente, el Tribunal de Justicia UE señala que la discriminación por razón de la nacionalidad no puede estar justificada por objetivos puramente económicos, como la protección de los intereses de los operadores económicos nacionales.

El Tribunal de Justicia recuerda, concretamente, que en el ámbito comunitario se han aprobado normas básicas para la protección sanitaria de la población contra los peligros que resulten de las radiaciones ionizantes y que, tras la adhesión de la República Checa a la UE, la Comisión controló la observancia de dichas normas en Temelin. Por otra parte, desde antes de dicha adhesión, las cuestiones ligadas a la seguridad de esta central fueron examinadas por la Comisión y fueron también objeto de recomendaciones y de un seguimiento por parte de esta institución, a fin de que dicha central alcanzase un nivel de seguridad nuclear comparable al de los reactores similares situados en otros países de la Unión Europea.
 
Asimismo, el Tribunal de Justicia destaca que, en caso de mal funcionamiento del sistema de protección establecido en virtud del Tratado CEEA, los Estados miembros disponen de varias vías de acción a escala comunitaria para lograr las correcciones que pudieran imponerse a este respecto.

El principio de prohibición de discriminación por razón de la nacionalidad en el ámbito de aplicación del Tratado CEEA se opone a la aplicación de una normativa nacional de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, en virtud de la cual una empresa, que dispone de las autorizaciones administrativas exigidas para explotar una central nuclear situada en el territorio de otro Estado miembro, puede ser objeto de una demanda judicial que pretenda obtener la cesación de las perturbaciones o de los riesgos de perturbaciones de dicha instalación en las fincas vecinas, mientras que las empresas que disponen de una instalación industrial situada en el Estado miembro del foro y que poseen una autorización administrativa en dicho Estado no pueden ser objeto de tal demanda y sólo están expuestas a una demanda que pretenda el pago de una indemnización por los daños sufridos en una finca vecina.

Corresponde al órgano jurisdiccional nacional dar a la ley interna que debe aplicar, en la mayor medida posible, una interpretación conforme a las exigencias del Derecho comunitario. Si dicha aplicación conforme no es posible, el órgano jurisdiccional nacional debe aplicar íntegramente el Derecho comunitario y tutelar los derechos que éste concede a los particulares, así como abstenerse de aplicar, en su caso, cualquier disposición en la medida en que tal aplicación conduzca, en las circunstancias del litigio, a un resultado contrario al Derecho comunitario. Así pues, Austria no puede justificar la discriminación aplicada respecto a la autorización administrativa otorgada en la república checa para la explotación de la central nuclear de Temelin invocando la necesidad de proteger la vida, la salud pública, el medio ambiente o el derecho de propiedad

Equipo jurídico de Datadiar.com

LEGISLACIÓN

Real Decreto 1738/2010, de 23 de diciembre, por el que se fijan objetivos obligatorios de biocarburantes para los años 2011, 2012 y 2013. (BOE., Núm. 312,24 de diciembre de 2010).
La Directiva 2003/30/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de mayo de 2003, relativa al fomento del uso de biocarburantes u otros combustibles renovables en el transporte, establece que los Estados miembros deberán velar por que se comercialice en sus mercados una proporción mínima de biocarburantes y de otros combustibles renovables y que a tal efecto, establecerán objetivos indicativos nacionales. La Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE, establece que cada Estado miembro velará por que la cuota de energía procedente de fuentes renovables en todos los tipos de transporte en 2020 sea como mínimo equivalente al 10 % de su consumo final de energía en el transporte. Para la consecución de los objetivos energéticos de introducción de energías renovables en el transporte, fijados en la normativa comunitaria, el presente real decreto establece los objetivos obligatorios mínimos de biocarburantes, tanto globales como por producto, para el período 2011-2013, tomando como referencia los objetivos indicativos recogidos en el Plan de Acción Nacional de Energías Renovables (PANER) 2010-2020.

JURISPRUDENCIA

Penal

Delito continuado de apropiación indebida. Pena de multa. Tribunal Supremo. Sentencia 21 de septiembre de 2010.
Acusados, responsables de una agencia de viajes, que no entregan a compañías aéreas cantidades que había recibido en calidad de comisionista por la venta de billetes de avión. Apropiación de 70.000€. Artículo 252 CP: alegan los recurrentes que no existió ilícito penal sino un incumplimiento contractual. Elementos del tipo. Estudio: es necesario haber recibido dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial en depósito, comisión, administración o por otro título que produzca obligación de entregarlos o devolverlos. Concurrencia de tres requisitos: Acto de recepción o incorporación de la cosa al patrimonio del futuro autor del delito; la cosa ha de ser dinero, efectos, valores o cualquier cosa mueble o activo patrimonial; y tal recepción ha de tener su causa en un título respecto del cual ha de razonarse más ampliamente. El título por el que se recibe la cosa mueble ha de originar una obligación de entregar o devolver esa cosa mueble (mandato, aparcería, transporte, prenda, comodato, compraventa con pacto de reserva de dominio, sociedad, arrendamiento de cosas, obras o servicios), debiendo precisarse al respecto que, dado el carácter abierto de la fórmula utilizada, caben también aquellas relaciones jurídicas, de carácter complejo o atípico, que no encajan en ninguna categoría concreta de las establecidas por la ley o el uso civil o mercantil. La acción delictiva aparece definida con los términos apropiar o distraer en perjuicio de otro.

Mercantil

Compraventa de participaciones sociales. Reclamación del pago del precio. Tribunal Supremo. Sentencia 16 de septiembre de 2010.
La posición que en este momento mantiene la sociedad recurrente, no tanto se basa en que el valor de la empresa que compraron era inferior al precio pactado por las partes, como en que el precio debe ser rebajado por razón de lo pactado en el contrato referido, esencialmente el siguiente párrafo del pacto segundo:  La parte vendedora manifiesta la veracidad del balance incorporado y que próximamente facilitará a la parte compradora el detalle del mismo. No obstante, en el caso de aparecer obligaciones por cualquier concepto no contempladas expresamente en este contrato y asumidas por la compañía en fecha anterior a este acto serán responsabilidad de la parte vendedora reservándose la parte compradora la facultad de liquidar directamente estas obligaciones con cargo al precio que reste pendiente de pago en virtud de este contrato. Igualmente se restará del precio en el caso de disminución directa o indirectamente del activo previsto en el Balance.

Suspensión de pagos y responsabilidad de los administradores. Tribunal Supremo. Sentencia 27 de septiembre de 2010.
La Ley de Sociedades Anónimas imponía a los administradores el deber de pronta reacción ante pérdidas patrimoniales de cierta importancia y además, en forma idéntica a la prevista hoy en los arts. 365 y 366 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el RD-Leg 1/2010, de 2 de julio, precisaba las conductas que debían seguirse a fin de evitar la presencia en el mercado de una sociedad incursa en causa de disolución, por lo que una vez que concurría la conducta prevista por la norma, la presentación de la solicitud de suspensión de pagos no operaba a modo de excusa absolutoria como causa de exención de la responsabilidad fundada en el art. 262.5 LSA. Pero es que, además, como sostiene la sentencia recurrida, de llevar a sus últimos extremos la tesis de la recurrente, se llegaría a la peregrina conclusión de que la inactividad de los administradores se sancionaba si las pérdidas dejasen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, pero no cuando fuesen determinantes de la insolvencia actual.

Civil

No es posible ejercitar la opción de compra sobre un local de negocio arrendado en el momento de la tácita reconducción. Tribunal Supremo. Sentencia 14 de septiembre de 2010.
La tácita reconducción tan sólo tiene los efectos legalmente previstos, pero no permite mantener los pactos especiales que alcanzaron las partes en el mencionado contrato de arrendamiento, de forma que la opción no estaba vigente, al no haber existido manifestación de las partes a la hora de exponer su voluntad de mantenerla durante la prorroga del contrato durante el periodo de tácita reconducción, olvidando, que no estamos ante una prórroga, sino ante una reconducción, lo que supone un nuevo contrato por consentimiento tácito que reproduce las características del anterior, salvo en lo referente al plazo de duración y aquello que pudiera afectar a terceros. La tácita reconducción prevista en el artículo 1566 del CC supone un nuevo contrato de arrendamiento sobre la misma cosa regido por las previsiones contractuales anteriores, excepto por lo que se refiere a la duración del mismo, y a lo relativo a cualquier obligación accesoria incorporada al contrato, como son las garantías prestadas por un tercero para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el arrendatario, que no se extienden al nuevo contrato (art. 1467 CC). Y este nuevo contrato que se crea por desaparición del anterior no reconduce la opción de compra del viejo al nuevo mediante la ampliación del plazo inicial que se establece por voluntad expresa de la propia Ley para la relación arrendaticia, y no para la opción que se incorpora a ella, en contra de las previsiones iniciales de las partes que pusieron como fecha de caducidad para su ejercicio la vigencia del contrato de arrendamiento, sin ampliarlo a una posible tácita reconducción, que hubiera necesitado, según el art. 1.255 del Código civil, de un pacto por escrito, y que, además, de admitirse pondría a la parte optante en una situación más ventajosa sobre la parte optada, por cuanto vería mejorado su derecho con el paso del tiempo al adquirir más barato y fuera del tiempo previsto para su ejercicio, consustancial a su propia naturaleza.

Establecida la procedencia o no de la actualización de la renta las posteriores alteraciones en los ingresos de las personas que habiten la vivienda no modifican la situación ya creada con carácter definitivo. Tribunal Supremo. Sentencia 14 de septiembre de 2010.
La procedencia o no de la actualización de la renta correspondiente a contratos de inquilinato sobre vivienda, anteriores al 9 de mayo de 1985, se determina tras el requerimiento al efecto del arrendador teniendo en cuenta las circunstancias económicas vigentes en ese momento en relación con la acreditación de ingresos que exige la ley al arrendatario; siendo así que, establecida la procedencia o improcedencia de la actualización -que es única, aunque su definitiva implantación de haga gradualmente- las posteriores alteraciones en los ingresos de las personas que habiten la vivienda no modifican la situación ya creada con carácter definitivo. El legislador no ha previsto -como podía haber hecho- el que fueran varias y sucesivas las actualizaciones de modo que pudieran quedar interrumpidas por un descenso en los ingresos de las personas que habitaran la vivienda arrendada, como también pudo prever contrariamente -y no lo hizo- que una inicial improcedencia de la actualización por escasez de ingresos de tales personas pudiera dar paso a la actualización en un momento posterior en que tales condiciones fueran más beneficiosas. Ni una ni otra posibilidad fue acogida por el legislador que, por el contrario, fijó un momento inicial en el cual el arrendador había de ejercitar su derecho a obtener la actualización de modo que las condiciones económicas determinantes serían las correspondientes al año anterior marcando inexorable e invariablemente la procedencia o improcedencia de la total actualización, sin perjuicio de que la misma -en beneficio del arrendatario- hubiera de llevarse a cabo en un número determinado de años -cinco o diez- según las circunstancias.

Laboral

Se califica como nulo el despido en cuya comunicación escrita se hace alusión a una causa de carácter objetivo, no plenamente expresada, con reconocimiento al mismo tiempo de la improcedencia por parte de la empresa. Tribunal Supremo. Sentencia 30 de septiembre de 2010.
Se trata de calificar un despido en cuya comunicación escrita se hace alusión a una causa de carácter objetivo, no plenamente expresada, con reconocimiento al mismo tiempo de la improcedencia por parte de la empresa. La sentencia recurrida mantiene el criterio de que la falta de dicha expresión unida al reconocimiento de la improcedencia ha de ser interpretada como si de un despido disciplinario se tratara. Por tanto, el núcleo de la controversia estriba en calificar la decisión extintiva de la empresa cuando se dan dos circunstancias: a) que la carta no contiene una mención precisa de la causa; y, b) que la empresa reconoce la improcedencia del mismo acogiéndose al art. 56.2 ET. Siendo las expresiones contenidas en la carta reveladoras de la motivación del empleador para acudir a la extinción, el reconocimiento de la improcedencia del despido por parte de éste, con la finalidad de acogerse al art. 56.2 ET, no habría de alterar la calificación de nulidad que legalmente se aparejaba a la insuficiencia del requisito formal. La norma legal sanciona con nulidad el defecto en a la precisión de la causa, y, por ello, el reconocimiento por parte de la empresa de la dificultad de prueba de dicha causa en ningún caso puede convertir en improcedente el despido.

Se reconoce mejora en la pensión de jubilación por constituir un cese involuntario por jubilación forzosa. Tribunal Supremo. Sentencia 4 de octubre de 2010.
El demandante prestó servicios para el Banco Exterior de España hasta que se le comunicó el cese por jubilación de conformidad con la facultad conferida a la empresa por el Convenio de aplicación. En atención a ese cese, le fue reconocida al actor por el INSS pensión de jubilación en un porcentaje del  60%. El actor solicitó una mejora en su pensión, fundando esta solicitud en la DA 4ª de la Ley 40/2007, lo que fue denegado por el INSS, argumentando que la causa de extinción del contrato de trabajo que dio lugar al cese que motivó la jubilación no se encuentra entre las enumeradas en el art.208.1.1 de la LGSS. Presentada demanda solicitando la mejora denegada, fue estimada por la sentencia de instancia y la recurrida. El motivo, que denuncia la infracción de la DA 4ª de la Ley 40/2007, debe desestimarse, porque según doctrina unificada, tras una interpretación sistemática e histórica del  precepto,  que la mención  que el apartado b)  del número 1 de la DA 4ª  de la Ley 40/2007 realiza  del art.208.1.1 LGSS no tiene un sentido restrictivo, en virtud del cual solamente los supuestos en él contemplados pueden ser considerados ceses involuntarios, sino que, por el contrario, su sentido es aclaratorio: «en todo caso» esos ceses enumerados en el art.208.1.1 LGSS son involuntarios, lo cual no quiere decir que otros, como la jubilación anticipada forzosa aplicada por la empresa, no lo sean, al ser independientes de la voluntad del trabajador.

Administrativo

Responsabilidad patrimonial por aplicación de acto legislativo. Fundado en declaración de inconstitucionalidad del art. 70.1 y 2 de la ley de puertos. Tribunal Supremo. Sentencia 30 de noviembre de 2010.
Para que prospere la reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado legislador por los perjuicios derivados del pago de tarifas portuarias liquidadas al amparo de normas que han sido declaradas inconstitucionales y nulas, se hace preciso acreditar la existencia de un daño real y efectivo y, a estos efectos, no cabe identificar dicho daño real y efectivo con el importe de las tarifas satisfechas, porque lo cierto es que el reclamante ha incorporado el servicio a que corresponde dicha tarifa a su patrimonio, por lo que no cabe considerar sin más que ha sufrido un perjuicio patrimonial, real y efectivo por su pago, a menos que acredite que con una norma legal hubiera existido una diferencia tarifaria a su favor. Por tanto, a efectos de la reclamación de responsabilidad patrimonial no basta con acreditar que la devolución del importe no supondría un enriquecimiento injusto, sino que es preciso acreditar un empobrecimiento injusto, que no es lo mismo que un enriquecimiento justo.
 
Responsabilidad patrimonial de la Administración por privación de la posesión y disfrute de unos bienes inmuebles que eran propietarios los recurrentes. Tribunal Supremo. Sentencia 30 de noviembre de 2010.
Los recurrentes en vez de litigar sobre la propiedad de sus bienes, habida cuenta de que como determina la Sala de instancia la cuestión debatida se centra en la titularidad dominical de unos terrenos adquiridos por los demandantes por título de herencia bajo la siguiente circunstancia: << doble inmatriculación de las fincas a su favor y del Estado como bienes patrimoniales tras su desafectación como bienes de dominio público >>, ejercitan una acción de responsabilidad patrimonial en base a que son propietarios de aquellos terrenos; de ahí, que sólo subvirtiendo la naturaleza de las cosas, podría resolver como cuestión prejudicial la titularidad dominical solicitada por los recurrentes, pues esta cuestión lejos de ser un presupuesto insoslayable e íntimamente unida al proceso, constituye el presupuesto o requisito necesario para la viabilidad de la acción entablada al amparo del artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre . En este sentido, nos encontramos ante una cuestión axial de la litis planteada, pues, los recurrentes pretenden el Tribunal se pronuncie sobre una cuestión previa expresamente atribuida al orden jurisdiccional civil según dispone el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

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