edición: 2346 , Viernes, 17 noviembre 2017
28/12/2010
OBSERVATORIO FISCAL

Planes de Previsión Asegurados para los cónyuges

DATADIAR
El art. 51.3 de la Ley del IRPF es el encargado de regular el régimen de estos PPA (Planes de Previsión Asegurados). Se definen como contratos de seguro que deben cumplir los siguientes requisitos:

a) El contribuyente deberá ser el tomador, asegurado y beneficiario. No obstante, en el caso de fallecimiento, podrá generar derecho a prestaciones en los términos previstos en el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones.

b) Las contingencias cubiertas deberán ser, únicamente, las previstas en el artículo 8.6 del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, y deberán tener como cobertura principal la de jubilación. Sólo se permitirá la disposición anticipada, total o parcial, en estos contratos en los supuestos previstos en el artículo 8.8 del citado texto refundido. En dichos contratos no será de aplicación lo dispuesto en los artículos 97 y 99 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.

c) Este tipo de seguros tendrá obligatoriamente que ofrecer una garantía de interés y utilizar técnicas actuariales.

d) En el condicionado de la póliza se hará constar de forma expresa y destacada que se trata de un plan de previsión asegurado. La denominación Plan de Previsión Asegurado y sus siglas quedan reservadas a los contratos de seguro que cumplan los requisitos previstos en esta Ley.

e) Reglamentariamente se establecerán los requisitos y condiciones para la movilización de la provisión matemática a otro plan de previsión asegurado.

Salvo en lo anterior, el régimen financiero y fiscal de las aportaciones, contingencias y prestaciones de estos contratos se regirá por la normativa reguladora de los planes de pensiones, salvo los aspectos financiero-actuariales de las provisiones técnicas correspondientes. En particular, los derechos en un plan de previsión asegurado no podrán ser objeto de embargo, traba judicial o administrativa hasta el momento en que se cause el derecho a la prestación o en que se hagan efectivos en los supuestos de enfermedad grave o desempleo de larga duración.

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos indicar que los Planes de Previsión Asegurados constituyen una nueva figura de ahorro de carácter individual que comparten la iliquidez propia de los Planes de Pensiones. Son, por tanto, un instrumento de ahorro a largo plazo, que, a semejanza de los Planes de Pensiones, limita la disposición monetaria y se afecta a un fin.

También presentan el mismo régimen financiero y fiscal de reducción en la base imponible del IRPF propia de los Planes de Pensiones, pero, a diferencia de éstos y por tratarse de contratos de seguro de vida, garantizan un tipo mínimo de interés.

Una vez sentado lo anterior acudimos a la Disposición Adiciona Décimo Sexta de la Ley del IRPF, según la cual, el importe anual máximo conjunto de aportaciones y contribuciones empresariales a los sistemas de previsión social previstos en los apartados 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 51, de la disposición adicional novena y del apartado dos de la disposición adicional undécima de esta Ley será de 10.000 euros anuales. No obstante, en el caso de contribuyentes mayores de 50 años la cuantía anterior será de 12.500 euros.

A estos efectos, recordamos que los planes de previsión asegurados se encuentran regulados en el apartado tres de este art. 51. Este mismo precepto en su apartado siente indica que además de las reducciones realizadas con los límites antes indicados, los contribuyentes cuyo cónyuge no obtenga rendimientos netos del trabajo ni de actividades económicas, o los obtenga en cuantía inferior a 8.000 euros anuales, podrán reducir en la base imponible las aportaciones realizadas a los sistemas de previsión social previstos en este artículo de los que sea partícipe, mutualista o titular dicho cónyuge, con el límite máximo de 2.000 euros anuales.

Por lo tanto, como vemos, el régimen fiscal de los PPA y los planes de pensiones es similar, por lo también será posible en ellos la aportación para cónyuges sin obtención rentas del trabajo.

Equipo jurídico de Datadiar.com

Consultas Vinculantes

Al consistir el justiprecio en la reserva de los futuros aprovechamientos urbanísticos que se consoliden, la ganancia o pérdida patrimonial se determinará por la diferencia entre el valor de adquisición del cedido y el valor de mercado del entregado. D.G.T. C, (03/09/2010).
La consultante era copropietaria, junto con sus hermanos, de una finca rústica adquirida con anterioridad al 31 de diciembre de 1994, que no estaba afecta a actividad económica alguna. La finca estaba incluida en el Plan Parcial de Ordenación Urbana aprobado por el Ayuntamiento de Valladolid el 18 de septiembre de 2009, quedando afectada por un Proyecto de Expropiación Forzosa aprobado el 13 de noviembre de 2009. El Ayuntamiento expropiante y los propietarios de la finca objeto de la expropiación convinieron, al amparo de lo dispuesto en el artículo24 de la Ley de Expropiación Forzosa, la adquisición por mutuo acuerdo, suscribiendo el correspondiente convenio el 24 de febrero de 2010, en virtud del cual el Ayuntamiento adquiría la parte de la finca afectada por la expropiación, recibiendo los propietarios, en pago del justiprecio, la totalidad de los aprovechamientos urbanísticos que pudieran corresponder a esa parte de la finca, que podrán inscribirse en el Registro de la Propiedad como finca especial disgregada del suelo. La valoración de estos aprovechamientos urbanísticos se ha efectuado teniendo en cuenta el valor por unidad de aprovechamiento determinado por el Ayuntamiento. En caso de venta de los aprovechamientos urbanísticos y a los efectos de determinar su fecha de adquisición, si puede considerarse que estos derechos existían en su poder desde que adquirieron la finca o, por el contrario, habría que considerar como tal la fecha de la firma del convenio expropiatorio.

Deducción en el IRPF y en el IVA de la compra de una vivienda, reservando una habitación para el desarrollo de la actividad profesional de abogado. D.G.T. C, (03/09/2010).
El consultante ejerce la actividad profesional de abogado, determinando el rendimiento neto de su actividad con arreglo al método de estimación directa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y tributando en el Impuesto sobre el Valor Añadido por el régimen general. Para el desarrollo de su actividad, el consultante tiene intención de comprar una vivienda con su pareja y pretende dedicar una habitación de la misma a despacho profesional. También tiene intención de adquirir un vehículo que sería utilizado para la actividad. A efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, determinar la deducibilidad de las cuotas de IVA que el consultante soportará en la adquisición tanto del vehículo como de la parte de la vivienda que pretende adquirir que destinará a despacho profesional y de los gastos derivados de la utilización de los mismos. A efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se pide determinar qué gastos son deducibles en la determinación del rendimiento neto de la actividad económica de la consultante en relación con el despacho y con el vehículos referidos.

Tribunales

Los dividendos repartidos con cargo a beneficios de ejercicios anteriores a la consolidación tienen derecho a la deducción intersocietaria de dividendos. Tribunal Supremo. Sentencia 30 de septiembre de 2010.
En todo caso, los dividendos repartidos con cargo a beneficios de ejercicios anteriores a la consolidación tienen derecho a la deducción intersocietaria de dividendos. Por ello de no ser eliminados, por esta vía tampoco tendría efecto práctico alguno en el Impuesto sobre Sociedades. No resulta correcta la retención por los dividendos procedentes de reservas constituidas antes de la formación del Grupo Consolidado, y repartidas entre las sociedades del Grupo, pues procede la eliminación de los dividendos para la confirmación de una sola Cuenta de resultados. También porque sería susceptible de deducción por doble tributación de dividendos. Desapareció el requisito normativo que inspiró la sentencia de instancia, de que los dividendos debían proceder de ejercicio en el que la sociedad que los reparte hubiese tributado en régimen consolidado; a partir del citado Real Decreto 1815/1991, se disipa cualquier duda, en tanto que la eliminación de dividendos intergrupo resulta procedente tanto si los dividendos tributaron en su día en régimen de consolidación, como en régimen individual en sede de la sociedad que los reparte, y procediendo la eliminación, preceptora y pagadora pertenecen al mismo grupo, resulta improcedente la retención. Lo que nos lleva a estimar el recurso.      

Bonificación del 95% en la cuota del Impuesto de Sociedades prevista por la adquisición de activos fijos nuevos. Tribunal Supremo. Sentencia 30 de septiembre de 2010.
La reinversión realizada por la sociedad recurrente, en el presente caso, como se ha declarado, lo fue en un inmueble, un piso, que había constituido, fiscalmente, la «vivienda habitual» del Administrador de la sociedad. En este sentido, no se trata de un elemento patrimonial incorporado a la sociedad y cuyo uso o explotación se haya hecho de forma originaria por la entidad, sino que se trata de un activo, fiscalmente, ya explotado, y valga la expresión, por el anterior titular y que transmite con posterioridad a la sociedad recurrente. En el presente caso, al margen de su mayor o menor utilización por el transmitente, la vivienda tuvo la consideración de «habitual», obteniendo en IRPF los beneficios fiscales derivados de dicha condición, por lo que en tal concepto quedó incorporada al stock nacional de bienes de inversión con anterioridad al momento de la adquisición por la entidad recurrente, de tal forma que cuando ésta última tuvo lugar, el bien no podía tener la condición de nuevo y si la de usado.

Tribunales Económico-Administrativos

Las actividades consistentes en la gestión de excedentes de tesorería, de un sujeto pasivo el IVA, no es actividad económica en el sentido de la normativa del impuesto. TEAC R, (21-09-2010).
En este tipo de actividad el inversor lo hace como «inversor privado», y no en el ejercicio de una actividad económica, y por tanto queda fuera del ámbito de aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido. En el caso concreto la actividad de gestión de tesorería se materializaba en compraventa de valores, con IVA soportado en el asesoramiento que el TEAC aprecia no deducible. A los efectos del IVA, la calificación de una entidad como de mera tenencia de bienes (más de la mitad de su activo no está afecto a actividades empresariales o profesionales) a efectos de la aplicación en el Impuesto sobre Sociedades de los regímenes especiales de transparencia fiscal o de sociedades patrimoniales, no excluye la posibilidad del ejercicio por parte de dicha entidad de actividades empresariales o profesionales determinantes de su condición de sujeto pasivo del IVA por las entregas o prestaciones de bienes o servicios que realice en el ámbito de dichas actividades empresariales o profesionales.

Modificación de la base imponible del IVA por haber sido declarado el deudor en concurso de acreedores. Expedición y remisión de facturas rectificativas: necesidad de su acreditación. TEAC R, (21-09-2010).
El sujeto pasivo deberá probar el cumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos 80 de la Ley del IVA (Ley 37/1992) y 24 del Reglamento del IVA (aprobado por Real Decreto 1624/1992), en concreto, la expedición y remisión de las facturas rectificativas al destinatario, para ejercer el derecho a la rectificación de las bases imponibles, no habiéndose acreditado en el caso contemplado, tal remisión. A la vista de que no aporta medio de prueba alguno que acredite dicho envío, ni en el procedimiento de aplicación de tributos ni en la presente vía económico-administrativa, se debe desestimar las alegaciones presentadas por la entidad reclamante. Si bien es cierto que la norma no exige que la remisión de la factura rectificativa se notifique de forma fehaciente si exige que de acuerdo con el artículo 105 de la Ley 58/2003, General Tributaria quien haga valer un derecho pruebe los hechos constitutitos del mismo. Por tanto, corresponde a X, S.L. probar la remisión al cliente de la factura rectificativa por cualquier medio admitido en derecho ya que en virtud del artículo 106.1  de la Ley 58/2003, General Tributaria resultan aplicables las normas que sobre medios y valoración de la prueba se contienen en el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil. Más aún, no sólo la entidad reclamante no prueba la remisión de la factura rectificativa a la deudora, sino que además, existen indicios suficientes para considerar que dicho factura no se remite en mayo de 2007 ya que el 7 de abril de 2008 se comunica a la deudora las facturas impagadas, mencionando la factura original impagada, de fecha 9 de abril de 2007 y sin hacer referencia a ninguna factura rectificativa. Es el 11 de marzo de 2008, ya iniciado el procedimiento de comprobación por parte de la Administración, cuando queda acreditado que X remite a la entidad deudora la citada factura rectificativa.

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