edición: 2351 , Viernes, 24 noviembre 2017
21/11/2013

Pobres y apaleados

Rafael Vidal
El empobrecimiento de la población española de la mano de este Gobierno no es una sorpresa, de hecho, hace un par de años aventuré que el señor Rajoy iba a poner en práctica su particular teoría del "empobrecimiento general de la población", y lamento haber acertado de pleno, de verdad. La cosa es que tenemos a más del 21% de la población en situación de riesgo de pobreza en este ejercicio. Esto significa que hay personas que perciben 7.040 euros al año -586,66 euros al mes- y familias con cuatro personas que suman unos ingresos de 14.784 euros -1.232 euros al mes- en un país en el que los servicios básicos -agua, gas, electricidad, educación, medicamentos, etc- se han encarecido considerablemente.

El número de personas en riesgo de pobreza ha bajado, sin embargo, en el último año, pero no ha sido porque las cosas hayan mejorado, sino porque la cifra de ingresos de la población ha disminuido y la situación de pobreza se mide en porcentaje de los ingresos medios del país. Mal de muchos, consuelo de tontos, pero para ser pobres debemos compararnos con el entorno en que vivimos. En un país empobrecido, para ser considerado pobre de solemnidad hay que estar en las últimas.

Lo peor de todo es que a todas estas personas se les empieza a prohibir protestar por su situación, consecuencia de decisiones políticas, con unas leyes que amenazan con castigos monetarios brutales a quienes, obviamente, no están en situación de hacerles frente. Siempre queda, claro está, la reclamación ante la Justicia, pero ya se han encargado con otra ley de que también eso cueste demasiado dinero como para intentarlo. No nos debe extrañar. Llevamos casi setenta años sufriendo una excesiva legalidad sin haber conocido jamás la Justicia, aunque se nos olvidó porque teníamos trabajo y vivíamos razonablemente bien en esa especie de espejismo que era el Estado del Bienestar por el que ahora nos están pasando factura. Como si la culpa hubiera sido nuestra.

Ante todo esto, me asusta que el presidente Rajoy afirme que las reformas ya están dando resultados y que la nueva ley de seguridad garantiza la libertad. ¿De quien?.

Ahora que parece resucitar el Tribunal de Orden Público, creo que tengo algunas respuestas.

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