Por primera vez. Bruselas fija los principios para regular el
edición: 2533 , Jueves, 16 agosto 2018
28/09/2011

Por primera vez. Bruselas fija los principios para regular el Derecho Penal comunitario para delitos transfronterizos

Javier Ardalán
La Comisión Europea ha fijado por primera vez la estrategia y los principios a los que se remitirán tanto el propio Ejecutivo comunitario como los Estados cuando recurran al Derecho Penal de la Unión Europea para reforzar la aplicación de las políticas europeas y proteger los intereses de los ciudadanos. Esta estrategia define la forma en que la Unión Europea y los Estados miembros deberán trabajar juntos para establecer una política penal común coherente y consecuente.

En una Comunicación titulada “Hacia una política de Derecho Penal de la Unión Europea”, la Comisión Europea afirma que para los ciudadanos europeos, luchar contra la delincuencia es una de las máximas prioridades cuando se les pregunta qué pueden hacer los políticos para reforzar la Unión Europea.  Sin embargo, a pesar de los esfuerzos desplegados durante la última década, los cambios en el Derecho Penal europeo no han sido muy coherentes y no siempre se han aplicado correctamente.

Muchos delincuentes actúan en varios países y por eso indica el informe, que resulta imprescindible adoptar medidas comunes que les impidan utilizar la libre circulación para eludir la ley o aprovecharse de las diferencias entre los sistemas jurídicos nacionales.

El Ejecutivo comunitario explica que el coste que supone la delincuencia para la sociedad, que cifra en  233.000 millones de euros al año, hace imprescindible diseñar una estrategia clara para proteger a los ciudadanos. Una mayor cooperación en Derecho Penal puede ayudar a determinar qué tipo de infracciones deben considerarse delitos y establecer unos niveles mínimos de sanciones.

El informe considera que la sanción penal no es el mejor medio de aplicar todas las políticas. Pero la imposición de sanciones en esta jurisdicción puede hacer más eficaces algunas normativas europeas, impidiendo, por ejemplo, la manipulación de los mercados o protegiendo del fraude el dinero de los contribuyentes de la Unión Europea.

No obstante, afirma que una política penal de la Unión Europea, claramente definida, contribuirá a garantizar la aplicación de normas comunes en toda la Comunidad, especialmente para impedir la manipulación de los mercados financieros mediante, por ejemplo, delitos de iniciados, proteger el dinero de los contribuyentes de fraudes contra el presupuesto de la Unión Europea o preservar el medio ambiente.

Sin embargo, la Comunidad Europea sólo puede legislar si el objetivo que se busca no puede ser alcanzado de una manera más eficaz con medidas nacionales, regionales o locales por la ámbito de la medida a adoptar. Así, la Unión Europea puede adoptar, en virtud del artículo 83 del Tratado de Funcionamiento, directivas sobre normas mínimas del Derecho Penal para los diferentes delitos. Éstos se refieren a los transfronterizos  al terrorismo, tráfico de seres humanos, explotación sexual de mujeres y niños, tráfico ilícito de drogas, armas ilícitas, lavado de dinero, corrupción, falsificación de medios de pago y al crimen organizado.

El artículo 325 del Tratado prevé también que la posibilidad concreta de tomar medidas en el ámbito de la prevención y la lucha contra el fraude que afecte a los intereses de la Unión. La legislación comunitaria cubre tanto los delitos cometidos por personas físicas como jurídicas. La potestad sobre empresas y fundaciones puede ser importante en muchas áreas, como por ejemplo, ante la responsabilidad por vertidos de petróleo. Sin embargo, en la legislación vigente, no todos los estados tienen, como en el caso de España, reconocida la responsabilidad penal de las personas jurídicas. También, la legislación comunitaria puede cubrir normas de competencia.

Las medidas penales de la Unión Europea pueden definir las infracciones de la normativa que deban considerarse delitos penales en las legislaciones nacionales. Pueden también prever sanciones penales eficaces, proporcionadas y disuasorias, como la obligación de imponer determinados niveles de sanciones pecuniarias o penas de prisión para los delitos. Este puede ser un instrumento importante para disuadir a los infractores y prevenir delitos futuros.

Las medidas penales adoptadas  a nivel comunitario por el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros se diferencian del Derecho Penal nacional en un aspecto importante: no pueden imponer obligaciones directas a los particulares. El Derecho Penal de la Unión Europea se limita a abrir la posibilidad de que se impongan sanciones a los particulares una vez que un Parlamento nacional haya incorporado las medidas a su propia legislación. Esta es la razón por la que se considera capital la implicación de los Parlamentos nacionales en todo el proceso de elaboración del Derecho penal.

En cuanto a las sanciones, la Unión Europea puede exigir a los Estados miembros  que adopten medidas eficaces, sanciones proporcionadas y disuasorias para una conducta específica. La eficacia requiere que la sanción sea adecuada para lograr el objetivo deseado, es decir, la observancia de las reglas; la proporcionalidad exige que la sanción debe ser proporcional a la gravedad de la conducta y sus efectos y no debe exceder de lo necesario para lograr el objetivo, y disuasorio exige que las sanciones constituyen un disuasivo para el futuro potencial autores.

La Unión Europea en el campo de las sanciones, por los términos del propio Tratado Comunitario, tan sólo puede imponer en el campo penal unas "normas mínimas", por ejemplo, si deben imponerse multas, prisión, inhabilitación, y los niveles o la definición en toda la Unión Europea de lo que se deben considerar como circunstancias agravantes o atenuantes. En cada caso, el instrumento de la Unión Europea puede sólo establecer que las sanciones deben ser "al menos" para que cada uno de los jueces aplique a partir de ahí la normativa nacional.

Los criterios que la Comisión Europea considera que deben seguir los países de la Unión Europea se fundamentan en que el Derecho Penal debe utilizarse como último recurso y las sanciones deben limitarse a delitos especialmente graves, respetando los derechos fundamentales, al tiempo que las decisiones sobre medidas o sanciones penales deben estar apoyadas por pruebas claras y objetivas, ser proporcionales al delito y adoptarse a escala local, nacional o de la Unión Europea, según corresponda.

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