edición: 2361 , Lunes, 11 diciembre 2017
03/04/2012
OBSERVATORIO FISCAL

Posibilidades de forma de cobro de un plan de pensiones iniciado antes del 2006

DATADIAR
En primer lugar y a título meramente informativo, indicamos que de acuerdo con lo contenido en el art. 7 del Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de planes y fondos de pensiones, se enumeran las contingencias susceptibles de cobertura en un plan de pensiones.

Estás son:

1. Jubilación.

2. Incapacidad permanente total para la profesión habitual, absoluta para todo trabajo, y gran invalidez.

3. Fallecimiento del partícipe o beneficiario, que puede generar derecho a prestaciones de viudedad, orfandad o a favor de otros herederos o personas designadas.

4. Dependencia severa o gran dependencia del partícipe regulada en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

Por otro lado, es importante indicar que los arts. 8 y 9 de este mismo RD 304/2004, engloban, unos supuestos en los que se produce la anticipación de la prestación correspondiente a jubilación y unos supuestos excepcionales de liquidez. Fuera de estos supuestos especiales, el plan de pensiones sólo podrá ser cobrado cuando se produzca una de las circunstancias anteriores.

Tributación en el IRPF

El art. 17.2 letra a) número 3º de la Ley del IRPF dispone que tendrán la consideración de rendimientos del trabajo, las prestaciones percibidas por los beneficiarios de planes de pensiones.

Las prestaciones de planes de pensiones se integrarán en la parte general de la base imponible teniendo en cuenta las reglas establecidas en el art. 18 LIRPF. En este sentido, el apartado uno de este artículo señala que como regla general, los rendimientos íntegros se computarán en su totalidad, salvo que les resulte de aplicación alguno de los porcentajes de reducción a los que se refieren los apartados siguientes. Dichos porcentajes no resultarán de aplicación cuando la prestación se perciba en forma de renta.

Es importante recordar que desde la entrada en vigor de la Ley 35/2006, el uno de enero de 2007, desaparecen los coeficientes reductores aplicables a este tipo de casos. No obstante, existe un régimen transitorio, contenido en la Disposición Transitoria Duodécima de la Ley 35/2006. De esta forma:

a.- Para las prestaciones derivadas de contingencias acaecidas con anterioridad al 1 de enero de 2007, los beneficiarios podrán aplicar el régimen financiero y fiscal vigente a 31 de diciembre de 2006 (RD Legislativo 3/2004), incluida la reducción del art. 17 TRIRPF en los casos que proceda.

b.- Para las prestaciones derivadas de contingencias acaecidas a partir del 1 de enero de 2007 (que entendemos que es donde se encuentra la contribuyente) habrá que diferenciar:

- Por un lado, la parte de las aportaciones realizadas hasta 31 de diciembre de 2006, que se regirán por el régimen financiero y fiscal vigente a dicha fecha, esto es, por el TRIRPF. A estos efectos, como regla general, los rendimientos íntegros se computarán en su totalidad, excepto que les sea de aplicación alguna de las reducciones siguientes:

1) El 40 por ciento de reducción, en el caso de rendimientos que tengan un período de generación superior a dos años y que no se obtengan de forma periódica o recurrente, así como aquellos que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo.

2) El 40 por ciento de reducción en el caso de las prestaciones establecidas en el artículo 16.2.a) de esta ley, excluidas las previstas en el apartado 5.º, que se perciban en forma de capital, siempre que hayan transcurrido más de dos años desde la primera aportación. El plazo de dos años no resultará exigible en el caso de prestaciones por invalidez.

- Por otro lado, el resto de las aportaciones: las efectuadas a partir de 1 de enero de 2007. Estas se regirán por lo dispuesto en la Ley 35/2006, esto es sin reducción alguna.
 
En otro orden de cosas, indicar que si se “rescatara” el plan de pensiones en forma de renta, la tributación sería la misma que la expuesta, salvo que no sería posible la aplicación de la reducción del 40%, ya que ésta solo es posible cuando se percibe la prestación en forma de capital.

Como conclusión, podemos indicar que desde nuestro punto de vista, la mejor opción sería rescatar de una sola vez los derechos consolidados hasta 31 de diciembre de 2006 (a los que resultaría de aplicación, el porcentaje de reducción); y el resto, solicitarlo en forma de renta.


Equipo jurídico de Datadiar.com


Consultas Vinculantes

Dado que la plaza de garaje no ha sido adquirida en el mismo acto que la vivienda no será de aplicación la deducción por inversión en vivienda habitual, aunque se encuentren en el mismo edificio. D.G.T. C, (24/10/2011).
La consultante ha adquirido una plaza de garaje en el mismo edificio en que se encuentra su vivienda habitual mediante una ampliación del préstamo hipotecario que financió la adquisición de dicha vivienda producida en el año 2000. Posibilidad de aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual por los pagos que se realicen para la adquisición de la plaza de garaje. Si bien, en principio, la adquisición de plazas de garaje no se asimila a la de la vivienda propiamente dicha, en relación con dicha excepción, el criterio de éste Centro Directivo, manifestado en diversas consultas (2029-99, 2067-00, 0887-01 y 2197-00, entre otras), es que para que se produzca tal asimilación será necesario que las dos plazas de garaje se encuentren en el mismo edificio o complejo inmobiliario de la vivienda y que la adquisición, tanto de la vivienda como de las plazas de garaje, se produzca en el mismo acto, aunque puede ser en documento distinto, entregándose todas en el mismo momento. Evidentemente, no podrá tener uso distinto al privativo del propio adquirente. En el presente caso, aunque la plaza de garaje se encuentre en el mismo edificio que la vivienda, al no haberse adquirido conjuntamente con ésta se entiende que su adquisición no da derecho a la deducción prevista en el artículo 68.1.1º de la Ley del Impuesto.

Para consolidar las deducciones practicadas por vivienda habitual deben cumplirse el conjunto de los requisitos exigidos por la norma. D.G.T. C, (24/10/2011).
El consultante abrió una cuenta vivienda el 29-12-2006 y ha practicado la deducción por inversión en vivienda habitual durante los ejercicios 2006 a 2009 en función de las cantidades depositadas. En 2010 efectúa un depósito superior a 41.000 euros. En octubre de 2010 se incorpora a una cooperativa de viviendas entregando en esa fecha la totalidad del saldo de la cuenta, casi 79.000 euros. La entrega de la vivienda está prevista para finales de 2015 o principios de 2016 y la destinará a residencia habitual. Si puede practicar la deducción por cuenta vivienda por el ejercicio 2010 conforme a la normativa vigente, o, en caso negativo, en función de la aportación a la cooperativa; y si es correcta la deducción practicada durante los ejercicios precedentes o debe proceder a su devolución. Si existe plazo máximo para entregar la vivienda por parte de la cooperativa para no perder el derecho a las deducciones practicadas. En caso de existir y exceder tal plazo máximo, cuales deducciones se tornarían improcedentes debiendo reintegrar su importe: ¿la totalidad de las realizadas, las practicadas por la cuenta vivienda o solo las aportadas para ser admitido en la cooperativa?.


Tribunales

Son indispensables los requisitos para la determinación de la base imponible en el régimen consolidado. Tribunal Supremo. Sentencia de 20 de octubre de 2011.
Los requisitos para la determinación de la base imponible en el régimen consolidado son indispensables, y por lo tanto son de obligado cumplimiento por parte de los grupos de sociedades. Es condición indispensable en el régimen de declaración consolidada que las sociedades del grupo cumplan con los siguientes requisitos, es decir, que lleven su contabilidad en debida forma con arreglo a lo exigido por las disposiciones vigentes, adaptada a los principios y denominaciones de cuentas del Plan General de Contabilidad y que presten la colaboración necesaria a los requerimientos legítimos de la Administración, facilitando sin excusa, resistencia o negativa, los datos, informes, antecedentes y justificantes necesarios para la comprobación e inspección de dicha declaración.

La expropiación forzosa puede generar una ganancia o una pérdida patrimonial sujeta al Impuesto sobre Sociedades, en la medida en que implique una alteración en la composición del patrimonio del sujeto pasivo. Tribunal Supremo. Sentencia de 20 de octubre de 2011.
En un procedimiento de expropiación forzosa lo que se somete a tributación, en cuanto incremento patrimonial, con ocasión de la percepción del justiprecio no es el importe de este último sino el aumento del montante patrimonial manifestado por el cobro del mismo. El justiprecio, por definición, debe corresponder al valor del bien o derecho expropiado, para que el afectado quede indemne, de modo que en un balance teórico de su haber el valor del bien o del derecho forzosamente transmitido quede sustituido por su equivalente en dinero de curso legal. Sin embargo, este montante económico, reflejo de una alteración del patrimonio, puede evidenciar un incremento de su valor debido a las diferencias positivas habidas entre el momento de la adquisición y aquel en el que se produce la enajenación. Es decir, en la expropiación forzosa el precio que se paga no es el que tenía el bien al tiempo de su adquisición sino el que posee cuando se expropia, esto es, en la fecha de su valoración para que el expropiado reciba su equivalente económico. Resulta, por tanto, perfectamente posible que en el seno de una operación de esa clase se produzca un incremento de patrimonio porque el justiprecio que percibe el expropiado sea superior al valor de adquisición circunstancia que explica por qué el artículo 127.1.a) del Reglamento del impuesto considera alteraciones del patrimonio del sujeto pasivo, susceptibles de manifestar un incremento, las enajenaciones producidas mediante expropiación forzosa. Por lo tanto, la expropiación forzosa puede generar una ganancia o una pérdida patrimonial sujeta al Impuesto sobre Sociedades, en la medida en que implique una alteración en la composición del patrimonio del sujeto pasivo susceptible de originar una variación de su valor, como sucede en este caso.


Tribunales Económico-Administrativos

La modificación de la base imponible del IVA prevista en el artículo 83.3 de la ley 37/1992, aplicable en los procedimientos concursales, no podrá realizarse después del plazo previsto en la Ley 22/2003. TEAC R, (17-01-2012).
La modificación de la base imponible del IVA prevista en el artículo 83.3 de la ley 37/1992, aplicable en los procedimientos concursales, no podrá realizarse después del plazo previsto en la Ley 22/2003 (ley concursal); plazo para que los acreedores pongan en conocimiento de la administración concursal la existencia de sus créditos. Dicho plazo depende del tipo de procedimiento mediante el que se tramite el concurso, que es, con carácter general, de un mes, desde la publicación de la declaración del concurso en el Boletín Oficial del Estado (artículo 21.1.5 de la Ley 22/2003), o el reducido a la mitad cuando el concurso se tramite por el procedimiento abreviado, (artículo 191.1 de la Ley 22/2003), salvo que el juez acuerde mantener el general. Es el plazo concreto de cada concurso el que ha de tenerse en cuenta a los efectos de la modificación de la base imponible en los concursos de acreedores, y no el plazo general de un mes.

En el procedimiento de verificación de datos no pueden llevarse a cabo actuaciones de comprobación de valores. TEAC R, (17-01-2012).
En el procedimiento de verificación de datos no pueden llevarse a cabo actuaciones de comprobación de valores, pues ello vulnera los artículos 131 Ley General Tributaria y 159.1 del Real Decreto 1065/2007, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión e Inspección y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. El procedimiento de verificación de datos no supone el ejercicio de una actividad de comprobación en sentido estricto, para lo que la propia Ley General Tributaria prevé otros procedimientos (comprobación limitada o inspección) que podrían haberse iniciado para incluir dentro del mismo el examen del objeto del procedimiento de verificación de datos, tal y como establece el artículo 133.1.e) de la Ley 58/2003. Ello no significa que dentro del procedimiento de verificación de datos no puedan sustanciarse discrepancias jurídicas, pero éstas, a la vista de los preceptos de la Ley General Tributaria que regulan el procedimiento, deben ser muy simples. Por el contrario, en este caso concreto, constituye una discrepancia jurídica de cierta complejidad la determinación de los componentes de la ganancia patrimonial objeto de comprobación, concretamente la posible existencia de mejoras a efectos de su cálculo, cuya tributación se suscita, que no puede quedar supeditada al mero examen de la documentación de la operación, sin llevar a cabo otras comprobaciones u ofrecer a la parte que justifique de alguna forma su criterio.

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