edición: 3007 , Viernes, 10 julio 2020
06/04/2010
OBSERVATORIO FISCAL

Posible aplicación de la reducción del 40% a la indemnización por rescisión de relacion mercanil/comercial de un agente

DATADIAR
De acuerdo con el Código de Comercio (arts. 244 y siguientes), el contrato de comisión mercantil (agente comercial) puede dar lugar a la siguiente calificación de los rendimientos obtenidos por el comisionista:

a) Rendimientos de actividad profesional.- Cuando el comisionista actúa en nombre del comitente, debe considerarse que realiza una auténtica labor de mediación; el contrato celebrado en nombre del comitente produce sus efectos entre éste y la persona o personas que contrataren con el comisionista.

b) Rendimientos de actividad empresarial.- Cuando el comisionista contrate en nombre propio. Esta actuación del comisionista en nombre propio, al producir unas relaciones mercantiles directas y únicas entre comisionista y terceros que contrata con él, conduce a su calificación como actividad empresarial.

Teniendo en cuenta lo anterior, analizaremos los supuestos en los que se derivan rendimientos de actividad empresarial.

En cuanto a la posible aplicación del porcentaje de reducción del 40 %, el art. 32.1 de la  Ley del IRPF establece que los rendimientos netos con un período de generación superior a dos años, así como aquellos que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, se reducirán en un 40 por ciento.

En este sentido, según el art. 25.1 del Reglamento del IRPF, a efectos de la aplicación de la reducción prevista en el artículo 32.1 de la Ley del IRPF, se consideran rendimientos de actividades económicas obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, exclusivamente, los siguientes, cuando se imputen en único período impositivo:

a) Subvenciones de capital para la adquisición de elementos del inmovilizado no amortizables.

b) Indemnizaciones y ayudas por cese de actividades económicas.

c) Premios literarios, artísticos o científicos que no gocen de exención en este Impuesto. No se consideran premios, a estos efectos, las contraprestaciones económicas derivadas de la cesión de derechos de propiedad intelectual o industrial o que sustituyan a éstas.

d) Las indemnizaciones percibidas en sustitución de derechos económicos de duración indefinida.

Teniendo en cuenta que la reducción sólo se puede aplicar a estos supuestos en concreto, y no encontrándose el caso que analizamos entre ninguno de ellos, debemos señalar que la indemnización percibida por el agente comercial en nombre propio, no puede ser objeto de esta reducción.

En esta misma línea argumentativa encontramos la consulta de la Dirección General de Tributos de fecha de 19 de abril de 2004.

Más recientemente, la consulta vinculante de la DGT de fecha de 9 de julio de 2009, en un caso similar al planteado entiende lo siguiente:

“Por lo que respecta a la consideración de esta indemnización como uno de los supuestos calificados como “obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo”, los únicos supuestos que podrían ampararla serían los contemplados en los párrafos b) y d) del artículo 25.1 del Reglamento (indemnizaciones y ayudas por cese de actividades económicas e indemnizaciones percibidas en sustitución de derechos económicos de duración indefinida ); ahora bien, por un lado, cabe afirmar que la indemnización no es consecuencia del cese de actividad, sino que viene motivada por la resolución de un contrato, por lo que no resultaría aplicable este supuesto, y —por otro lado— la indemnización no viene a sustituir unos derechos económicos de duración indefinida.
 
Por tanto, a la indemnización percibida no le resulta aplicable la reducción del 40 por 100 establecida en el artículo 32.1 de la Ley del Impuesto”.

Equipo jurídico de Datadiar.com

Consultas vinculantes

Los excesos indemnizatorios sobre los límites exentos estarán sometidos a tributación y se calificarán como renta del trabajo. D.G.T. C, (14/01/2010).
La consultante ha extinguido su relación laboral con la empresa a través de un despido colectivo instrumentado en un Expediente de Regulación de Empleo, que fue aprobado administrativamente. En el Acuerdo entre la Empresa y el Comité de Empresa, se acordó el pago de una indemnización de 50 días por año de servicio y adicionalmente una cantidad de 3.500 euros. Dichas indemnizaciones, se complementan por aquellos trabajadores que por su menor antigüedad reciben un importe de indemnización que se considera insuficiente para compensar la pérdida de empleo y también para aquellos trabajadores que atendiendo a sus circunstancias personales pudieran tener especiales dificultades de recolocación. Tratamiento fiscal, por el IRPF, de la indemnización a tanto alzado de 3.500 euros, así como de los complementos indemnizatorios y aplicación de la reducción prevista en el artículo 18.2 de la ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. (CONSULTA VINCULANTE V0006-10).

A la indemnización percibida del seguro anual renovable, en la medida en que la prestación se paga con cargo a la póliza en vigor contratada o renovada con posterioridad a 20 de enero de 2006 no resultará aplicable el régimen transitoria. D.G.T. C, (18/01/2010).
Como consecuencia de una enfermedad, el Instituto Nacional de la Seguridad Social reconoce a la consultante la incapacidad permanente absoluta para todo trabajo con fecha 12 de mayo de 2009. La empresa en la que trabajaba tiene suscrito por convenio un seguro anual renovable que cubre incapacidad total y fallecimiento por cualquier causa, así como un seguro colectivo mixto que cubre jubilación, fallecimiento e incapacidad y cuyas primas no han sido imputadas a la consultante. Por dicho motivo ha recibido en 2009 las indemnizaciones de ambos seguros. Tributación correspondiente a las indemnizaciones percibidas. (CONSULTA VINCULANTE V0021-10).

Tribunales

No debe ser exigible la retención no practicada al haber sido ya pagada la obligación tributaria cuando los empleados de la entidad recurrente autoliquidaron sus respectivos IRPF. Tribunal Supremo. Sentencia 21 de enero de 2010.
Cualquiera que sea la naturaleza de la retención es imposible su permanencia cuando ha sido cumplido la obligación principal, la obligación de la que depende o la obligación que garantiza. Por ello, el cumplimiento de la obligación principal determina la imposibilidad de exigir la cuota correspondiente a la retención. Si el contribuyente ha pagado la cuota tributaria, no tiene sentido que la Administración despliegue la pretensión de cobro sobre el retenedor, ya que ello determinaría un doble cobro de la cuota correspondiente a la retención del contribuyente en su declaración, en primer lugar, y del retenedor después. Dos pretensiones de cobro, pues, dirigidas hacia dos sujetos distintos para exigir la misma cuota. Si los sujetos pasivos han cumplido con la obligación tributaria principal, no tiene sentido exigir el ingreso de la retención de una cuota debidamente ingresada. Esto no impide que la Administración Tributaria pueda exigir al retenedor los intereses y las sanciones que pueda merecer y que considere se hayan producido por el hecho de no haberse practicado la retención o haberse practicado de modo cuantitativamente insuficiente. De esta forma, no debe ser exigible la retención no practicada al haber sido ya pagada la obligación tributaria cuando los empleados de la entidad recurrente autoliquidaron sus respectivos IRPF.

La regla de valoración de operaciones vinculadas regulada en el art. 16 LIS no es aplicable a los incrementos y disminuciones de patrimonio. Tribunal Supremo. Sentencia 21 de enero de 2010.
Los apartados 3, 4 y 5 del art. 16 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, Ley 61/1978, es aplicable solamente a las operaciones vinculadas que se incardinan dentro de los componentes del hecho imponible, consistentes en rendimientos de explotaciones económicas, actividades profesionales o artísticas, y en rendimientos de elementos patrimoniales cedidos, no afectos a explotaciones económicas y demás actividades citadas. Si bien, la determinación de los incrementos o disminuciones de patrimonio debe hacerse de acuerdo con las normas del art. 15 de la Ley 61/1978, señalando este que el valor de adquisición o enajenación no será el precio convenido, sino el valor de mercado. La doctrina expuesta hubiera debido llevar a la afirmación de la existencia de un incremento patrimonial en la sociedad recurrida por la diferencia entre el valor de cotización en bolsa y el valor contable de las acciones dadas en pago.

Tribunales Económico-Administrativos

Los datos facilitados por terceros en cumplimiento de la obligación de suministro de información que vayan a ser utilizados en la regularización de la situación tributaria de otros obligados se presumen ciertos. TEA Foral Alava. R, (15-01-2010).
IRPF 2008 Los datos facilitados por terceros en cumplimiento de la obligación de suministro de información que vayan a ser utilizados en la regularización de la situación tributaria de otros obligados se presumen ciertos, pero, en el caso de que estos últimos aleguen su inexactitud o falsedad, la Administración Tributaria está obligada a contrastarlos con el declarante, y exigir a este último que los ratifique y aporte prueba de los mismos.

El recurso de reposición no fue extemporáneo porque los destinatarios de la liquidación niegan que se les dejara aviso de llegada en el casillero domiciliario, tras los dos intentos fallidos de comunicación personal. TEA Foral Alava. R, (22-01-2010).
IRPF 2007. El recurso de reposición no fue extemporáneo porque los destinatarios de la liquidación niegan que se les dejara aviso de llegada en el casillero domiciliario, tras los dos intentos fallidos de comunicación personal, y de ello no hay prueba en el expediente administrativo. La propuesta de autoliquidación en la que se aplican las reglas de la tributación conjunta, confirmada por uno solo de los cónyuges, debe ser considerada autoliquidación individual, ya que la opción conjunta debe ser ejercitada por la totalidad de los miembros de la unidad familiar mayores de edad.

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