edición: 2831 , Miércoles, 23 octubre 2019
19/09/2012

Preocupación de la Fiscalía por el incremento del cohecho, el tráfico de influencias y el fraude fiscal

Javier Ardalán
El cohecho practicado por funcionarios creció  un 45,33%, el tráfico de influencias en un 44,12% y la malversación de caudales públicos en un 24,16% en 2001, según informa la Memoria de la Fiscalía General, publicada ayer.

Ante la rotundidad de estas cifras, la propia Fiscalía advierte que es necesaria la prudencia al efectuar la valoración de estos incrementos, ya que pueden responder en parte a una más eficaz persecución de estos comportamientos desde instancias policiales, fiscales y judiciales. No obstante, los datos parecen fieles a las convulsiones sociales vividas por los escándalos sociopolíticos y de corrupción que han protagonizado numerosas portadas de periódicos.

Estas cifras acreditan la persistencia de un fenómeno sintomáticamente representativo de un deficiente tono ético en el desempeño de ciertos cargos sobre los que la propia Fiscalía se ofrece a reflexionar como colectividad.

También en el ámbito de los delitos económicos se ha incrementado la delincuencia. No obstante, en materia de delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, se incoaron en el año 2011 un total de 756 diligencias previas, 185 menos que en el año 2010, lo que representa un significativo descenso del 19,66%; la rebaja es acusada en los fraudes contra la Seguridad Social y de subvenciones, en los que se produce un descenso del 69,83% y del 48,57% respectivamente; por el contrario, se incrementaron los procedimientos abiertos por fraudes comunitarios, que pasaron de 12 a 17 causas y la defraudación tributaria a las Haciendas nacionales que se incrementaron de 438 causas en 2010 a 522 causas en 2011, con un incremento porcentual de 19,18%.

Se muestra especial sensibilidad por la ralentización de los procesos. La Fiscalía constata el crecimiento cuantitativo y cualitativo de conductas defraudadoras en el impuesto del IVA, poniendo de manifiesto el creciente nivel de sofisticación a que se llega en los mecanismos de fraude. Han aumentado de forma significativa las investigaciones por defraudación de IVA, mientras permanecen estables o se reducen algo las referidas a IRPF.

Parece que este hecho puede deberse en gran medida a que la política de la Agencia Tributaria se ha orientado en esa dirección. Los delitos societarios parecen haberse estancado.

La Agencia Tributaria se vio afectada también por la delincuencia informática con simulaciones de los portales. El aumento experimentado por el delito de estafa bancaria, pues en el año 2009 se incoaron 128 causas, mientras que en 2010 y 2011 se han multiplicado estos casos, obligando a una nueva estructuración de la especialidad.

Los delitos contra la propiedad intelectual experimentron un acusado descenso del 40,76%, y los delitos contra la propiedad industrial descendieron a su vez un 7,41%, consecuencia en gran medida de la reforma operada en los artículos 270.1 y 274.2 del Código Penal por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio que degrada a falta los actos de distribución al por menor de obras y productos ilícitos cuando el beneficio reportado al culpable no exceda de los 400 euros, conducta  que se refiere principalmente al fenómeno del tráfico callejero de este tipo de productos conocido como ‘top manta’.

En la propuesta de reforma del Código Penal presentada por el ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, al Consejo de Ministros la pasada semana agrava y diferencia la responsabilidad penal de importadores y distribuidores mayoristas, a los que se agravará la pena, mientras que a los distribuidores minoristas y vendedores al público, se les atenuará proporcionalmente a su responsabilidad.

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