edición: 2578 , Viernes, 19 octubre 2018
28/03/2012
OBSERVATORIO FISCAL

Presentación del modelo 347 por los arrendadores de locales

DATADIAR

Según la normativa que regula la presentación de la declaración de operaciones con terceros, es decir, el modelo 347, en concreto, el art. 33.2 letra i) del RD 1065/2007, quedan excluidas del deber de declaración las siguientes operaciones: "En general, todas aquellas operaciones respecto de las que exista una obligación periódica de suministro de información a la Administración tributaria estatal mediante declaraciones específicas diferentes a la regulada en esta subsección y cuyo contenido sea coincidente".

Teniendo en cuenta lo anterior, en el modelo 347, en principio, no deberían incluirse las operaciones relativas a alquileres que estén sujetos a retención, ya que estas retenciones ya son incluidas en los modelos 115 y 180.

En este sentido, se pronuncia la AEAT en consulta de 16 de febrero de 2009 y de 2 de enero de 2006.

Sin embargo, la AEAT, mediante nota informativa modificó este criterio. Para entender este criterio, debemos acudir al art. 34.1 d) del citado RD 1065/2007, que establece que entre los datos que se consignarán en la declaración anual de operaciones con terceras personas, se encuentra:

"En particular, se harán constar separadamente de otras operaciones que, en su caso, se realicen entre las mismas partes, los arrendamientos de locales de negocios, sin perjuicio de su consideración unitaria a efectos de lo dispuesto en el artículo 33.1 de este reglamento. En estos casos, el arrendador consignará el nombre y apellidos o razón social o denominación completa y el número de identificación fiscal de los arrendatarios, así como las referencias catastrales y los datos necesarios para la localización de los inmuebles arrendados".

Pues bien, estas referencias catastrales de los bienes inmuebles arrendados no deben incluirse en el modelo 180, "Retenciones e ingresos a cuenta. Rendimientos procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos. Resumen anual", por lo que al no ser coincidentes los datos que deben incluirse en una y otra declaración, la Agencia Tributaria (insistimos, bajo un criterio dispuesto en una Nota informativa), considera que los arrendamientos sujetos a retención sí deben incluirse en el modelo 347.

La citada nota informativa dispone textualmente:

"En este sentido, de acuerdo con el nuevo criterio establecido por la DGT aunque las citadas operaciones deban ser objeto de declaración en el modelo 180 por estar sujetas a retención, en el modelo 347 se exige a los arrendadores la consignación de la referencia catastral, dato que no se exige en el modelo 180, y que sin embargo tiene cierta entidad, por cuanto permite la correcta y concreta identificación del local arrendado. En consecuencia, los arrendadores deberán consignar, en todo caso, en la declaración anual de operaciones con terceras personas las operaciones relativas a arrendamientos de locales de negocio que superen el importe de 3.005,06€".

En este sentido se pronuncia la DGT en consulta vinculante de 28-5-2010 señalando expresamente:

"En relación con la inclusión de los arrendamientos debe tenerse en cuenta que el contenido de la declaración anual de operaciones con terceros no coincide con el contenido del modelo 180 Retenciones e ingresos a cuenta. Rendimientos procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos. Resumen anual.

Por tanto, la entidad consultante está obligada presentar la declaración anual de operaciones con terceros por el arrendamiento del local de negocios".

Por todo ello, los arrendadores deben presentar el modelo 347 en el supuesto de arrendamientos de locales de negocio, en la medida en que se supere el importe de 3.005,06 euros.


Equipo jurídico de Datadiar.com


Consultas Vinculantes

Tributación en el IRPF de la indemnización percibida en virtud de sentencia judicial en concepto de indemnización e intereses por parte de un organismo público. D.G.T. C, (20/10/2011).
Por sentencia de 23 de julio 2010, se condena a un organismo público a pagarle al consultante unas diferencias retributivas correspondientes a los años 2005 a 2008 (ambos inclusive). En julio de 2011 se le abonan las mencionadas diferencias junto con los intereses de demora por el período comprendido entre la fecha de interposición de la demanda y la fecha de pago. Posteriormente, con fecha 28 de septiembre de 2011 el mismo organismo le practica una liquidación adicional por un error en el cálculo de las diferencias retributivas, lo que comporta un nuevo pago con una parte de principal y otra de intereses. Tributación en el IRPF de las mencionadas diferencias retributivas y de los intereses. Con la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas anterior a la actualmente vigente, en cuanto estos intereses indemnizaran un período superior a un año, este Centro mantenía como criterio interpretativo que su integración procedía realizarla en la parte especial de la renta del período impositivo; desaparecido este concepto en la Ley 35/2006, el mantenimiento de una continuidad en la aplicación de este criterio interpretativo, unido a la inclusión en la renta del ahorro de los intereses que constituyen rendimientos del capital mobiliario, nos llevan a concluir que los intereses de demora procederá integrarlos (cualquiera que sea el período que abarquen) en la base imponible del ahorro, en aplicación del artículo 49.1,b) de la Ley del Impuesto.

Posibilidad de deducirse por las cantidades depositadas en una cuenta vivienda, una vez regularizada la situación tributaria tras el incumplimiento del plazo de 4 años en relación con una cuenta vivienda anterior. D.G.T. C, (20/10/2011).
La consultante ha sido titular de una cuenta ahorro vivienda cuyo saldo no ha destinado a la adquisición de su primera vivienda habitual en el plazo de cuatro años desde su apertura. Si es posible, una vez regularizadas las deducciones indebidamente practicadas por las aportaciones a la cuenta, abrir una nueva cuenta vivienda y deducirse por las aportaciones efectuadas a la misma. La regularización de su situación tributaria permitirá al contribuyente iniciar de nuevo la práctica de la deducción a partir del ejercicio siguiente al último que haya sido objeto de regularización, por las cantidades que, a partir de dicho ejercicio, deposite en una nueva cuenta vivienda cuyo saldo habrá de invertir en los fines legalmente establecidos dentro de los cuatro años posteriores a su apertura. Por lo tanto, la consultante podrá, una vez cancelada la primera cuenta vivienda y regularizado las deducciones practicadas, abrir una nueva cuenta vivienda en la que realizar aportaciones para la adquisición de su primera vivienda habitual a partir del ejercicio siguiente al último objeto de regularización, sin que exista ningún plazo mínimo entre la cancelación de una cuenta y la apertura de la otra.


Tribunales

Incremento patrimonial por revalorización de terrenos. Tribunal Supremo. Sentencia de 15 de octubre de 2011.
La revalorización se produce en 1994 y la Inspección tiene en cuenta la concatenación de los negocios jurídicos realizados por unos mismos sujetos pertenecientes al mismo grupo y sobre el mismo objeto (los terrenos que se transmiten) que no responden, a su juicio, a la causa tipo de tales negocios, sino a un fin único y distinto que no es otro que los terrenos acabaran en su primitivo propietario revalorizados, mediante un coste fiscal mínimo como consecuencia de la generación de una minusvalía técnica derivada de la forma de tributación de los incrementos/disminuciones de patrimonio en la venta de entidades transparentes, viéndose afectado todo el proceso por el efecto anuncio de la tramitación parlamentaria de un nuevo proyecto de ley del Impuesto sobre Sociedades, que establecía un cambio de criterio en cuanto a la imputación de bases imponibles de las sociedades transparentes. Procede confirmar el criterio de la Inspección y del TEAC de que el conjunto de las operaciones efectuadas por la entidad, en colaboración con otras entidades del grupo, respondían a un fin único y distinto al de la causa típica de los negocios realizados, al perseguir, en realidad, que los terrenos regresaran al patrimonio de dicha entidad de forma indirecta, al haber sido absorbida, todo ello después de haberse llevado a cabo una importante revalorización, y con un coste fiscal mínimo, lo que llevaba a considerar la existencia de incremento de patrimonio puesto de manifiesto por anotación contable, ante lo que disponía el artículo 15.1 de la Ley del Impuesto, imputable al ejercicio 1994, porque entre la fecha de la primera aportación a Tenedora de Terrenos y la fecha de la segunda aportación de Tenedora de Terrenos a Mundocis no se había producido ningún acto que hubiera podido justificar la diferencia de valoración, al haberse aprobado sólo inicialmente en Julio de 1995 el Plan Parcial por el Ayuntamiento de Humanes para parte de los terrenos, concretamente para los situados en el sector H, según el informe elaborado por el experto independiente, siendo idéntica la situación en los restantes».

El eventual arrendamiento de los inmuebles sólo impediría considerarlos existencias si puede entenderse que ese fue su destino duradero y no uno temporal y accidental. Tribunal Supremo. Sentencia de 17 de octubre de 2011.
El eventual arrendamiento de los inmuebles sólo impediría considerarlos existencias si puede entenderse que ese fue su destino duradero y no uno temporal y accidental. Así al menos debían interpretarse las normas contables sectoriales de las empresas inmobiliarias en relación con el artículo 21.1 de la Ley 43/1995, por ser un precepto tributario que contempla un incentivo fiscal, y lo mismo cabe decir del artículo 15.11 de la Ley 43/1995, configurado por el legislador como un beneficio fiscal, pues las normas reguladoras de exenciones y, en general, de beneficios tributarios habían de ser objeto de una interpretación estricta ex artículo 23.3 de la Ley General Tributaria de 1963, en su redacción aplicable ratione temporis. Por lo tanto, la consideración como existencia de la finca no es errónea ni infringe el artículo 23 de la Ley General Tributaria de 1963, en relación con los artículos 21, 15.11 y 10.3 de la Ley 43/1995 y 184 del Texto Refundido de la Ley de sociedades anónimas de 1989, lo que nos lleva a desestimar también el primer motivo de casación.


Tribunales Económico-Administrativos

Extinción de deudas mediante deducciones sobre transferencias. Diferentes requisitos entre las deudas y sanciones tributarias y otras deudas de Derecho Público no tributarias. TEAC R, (22-12-2011).
En el caso de deudas y sanciones tributarias las deudas deben ser «... vencidas, líquidas y exigibles...» para que sea posible su inclusión en un acuerdo de extinción de deudas mediante deducciones sobre transferencias, mientras que las demás deudas de derecho público, de acuerdo con la LRHL y la Disposición adicional vigésima sexta de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, además de ser vencidas, líquidas y exigibles, deberán ser firmes. Por tanto, y en resumen, el requisito de firmeza de la deuda es exigible cuando se trata de deudas de Derecho Público no tributarias y no lo es cuando se trate de deudas y sanciones tributarias para su inclusión en un acuerdo de extinción de deudas mediante deducciones sobre transferencias.

Las deudas tributarias deben ser «... vencidas, líquidas y exigibles...» para que sea posible su inclusión en un acuerdo de extinción de deudas mediante deducciones sobre transferencias. TEAC R, (22-12-2011).
En el caso de deudas y sanciones tributarias las deudas deben ser «... vencidas, líquidas y exigibles...» para que sea posible su inclusión en un acuerdo de extinción de deudas mediante deducciones sobre transferencias, mientras que las demás deudas de derecho público, de acuerdo con la LRHL y la Disposición adicional vigésima sexta de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, además de ser vencidas, líquidas y exigibles, deberán ser firmes. Por tanto, y en resumen, el requisito de firmeza de la deuda es exigible cuando se trata de deudas de Derecho Público no tributarias y no lo es cuando se trate de deudas y sanciones tributarias para su inclusión en un acuerdo de extinción de deudas mediante deducciones sobre transferencias.

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