edición: 2366 , Lunes, 18 diciembre 2017
07/03/2013

Presentar un escrito de oposición contra un requerimiento de pago europeo no supone aceptar la competencia del tribunal de ese país

Javier Ardalán
La presentación de un escrito de oposición contra un requerimiento europeo de pago no supone una comparecencia y, por tanto, no supone la aceptación de la competencia del órgano jurisdiccional encargado del proceso civil ordinario que sigue al procedimiento, según se establece en las conclusiones del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, publicadas con fecha de 6 de marzo de 2013.

La globalización de los mercados de servicios y mercancías ha llevado a la Unión Europea a establecer un procedimiento monitorio que facilite los cobros con rapidez, defina con claridad el país del tribunal competente y evite los largos procedimientos entre países. Sin embargo, el Tribunal Europeo ha comenzado a ya ha emitir interpretaciones sobre las lagunas legales, que en ocasiones son tan importantes, como la resuelta en esta ocasión.

Incluso, el abogado general Yves Bot, determina que el  hecho de que la persona que ha presentado el escrito de oposición a una petición de requerimiento europeo de pago haya formulado en el mismo alegaciones sobre el fondo del asunto es irrelevante a este respecto.
De la lectura del artículo 16 en relación con el considerando 23 del Reglamento nº 1896/2006 concluye Bot que resulta suficiente para decidir al respecto. En efecto, el artículo 16.1, de dicho Reglamento no impone forma particular alguna al escrito de oposición. Se limita a señalar que “el demandado podrá presentar escrito de oposición valiéndose del formulario”. El apartado 3 de dicha disposición añade que el demandado no está obligado a motivar el escrito.

Por lo tanto, no se prohíbe al deudor motivar su oposición, pero si así lo hace, ello no debería en ningún caso implicar para él consecuencias jurídicas particulares y desfavorables, que no estén expresamente previstas en el Reglamento, por la sencilla razón de que en esa fase lo único importante es saber si se impugna la deuda o no.

Y es por ello, que las conclusiones del abogado general manifiestan que la motivación de la oposición es totalmente superflua. Lo único importante es saber si se impugna la deuda.
Así lo confirma el considerando 23 del Reglamento nº 1896/2006, que precisa que “el demandado puede presentar su escrito de oposición valiéndose del formulario que figura en el presente Reglamento. No obstante, los órganos jurisdiccionales deben tener en cuenta cualquier otra forma escrita de oposición que se exprese claramente”.

Un escrito de oposición que contenga alegaciones es una oposición en forma escrita claramente expresada. Por lo tanto, es plenamente válido y su único efecto es que entraña las mismas consecuencias que la oposición expresada a través del formulario, a saber, paralizar el requerimiento europeo de pago. Atribuirle más consecuencias supondría actuar no sólo al margen de la voluntad del legislador, sino en contra de la misma.

La expedición del requerimiento europeo de pago o la desestimación de la petición corresponden a la autoridad nacional competente, sin debate alguno ante ésta, que podrá, no obstante, requerir explicaciones o justificaciones al demandante, facultad que sólo puede entenderse por el interés en comprobar que el crédito invocado corresponde, al menos en un primer momento, a la categoría de ‘crédito no impugnado’. En esta fase no se da audiencia al deudor y, por tanto, éste no puede presentar alegaciones de ningún tipo.

 En segundo lugar, el deudor sólo aparece en la fase de ejecución del requerimiento europeo de pago, una vez que éste ha sido expedido. En realidad, el deudor sólo tendrá conocimiento del requerimiento europeo cuando se le notifique, lo que le abrirá un plazo de 30 días para presentar el escrito de oposición contra la resolución.

El escrito de oposición se presentará mediante un formulario, que se deberá adjuntar a la resolución notificada, o bien sin un formato específico. El escrito de oposición, por sí mismo, pone fin al proceso monitorio europeo.

La autoridad, en el sentido del artículo 5.33, del Reglamento, ya no conocerá de dicho proceso. El proceso sólo podrá continuar con arreglo a las normas del proceso civil ordinario, único aplicable a partir de ese momento.

Estos principios de funcionamiento bastarían por sí mismos para justificar que se abra un proceso completamente nuevo ante la jurisdicción civil ordinaria, en el que se practiquen desde el principio todas las actuaciones, incluso en el supuesto de que la autoridad competente en materia de requerimientos europeos de pago sea también el órgano jurisdiccional competente para conocer sobre el fondo.

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