edición: 2861 , Jueves, 5 diciembre 2019
22/10/2010
OBSERVATORIO DE ECONOMIA

Presupuestos Generales del Estado 2011: España en la encrucijada

CÍRCULO DE EMPRESARIOS

Si bien su horizonte temporal es tan sólo anual, los Presupuestos Generales del Estado para 2011 no pueden tratarse sólo desde un punto de vista meramente coyuntural. Es esencial afrontarlos también con una perspectiva de medio y largo plazo, con el objetivo claro de un fuerte ajuste fiscal de naturaleza estructural. Si no se adopta este planteamiento, varios riesgos amenazan la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas.

En concreto, unos bajos ritmos de crecimiento real, un desempleo persistente y una subida de los tipos de interés pueden desembocar en una escalada del endeudamiento público (deuda pública/PIB) y del servicio de la deuda difícilmente soportable. Sin embargo, factores políticos influyen negativamente en la adopción creíble de un enfoque como el que hoy es necesario para el ajuste de nuestros graves desequilibrios:

• Se supedita la aprobación del proyecto gubernamental exclusivamente a acuerdos políticos sobre cuestiones diferentes de los propios presupuestos, relegando el principal criterio con que deberían juzgarse: su adecuación a las necesidades de la economía española.

• Nos encontramos con el desgastado capital político de un gobierno que primero negó sistemáticamente la existencia de la crisis y después retrasó la adopción de medidas, creando además desconcierto con anuncios de políticas luego no concretados en la práctica. Con un desorbitado e ineficiente gasto nos situó en los elevados niveles de déficit público que tanta carga suponen; e incumplió los compromisos asumidos en sus propios presupuestos anteriores. El resultado ha sido un empeoramiento de la coyuntura y una mayor duración de la crisis, que hacen más difícil recuperar la confianza perdida.

Frente a esos condicionantes, contamos con las exigencias y supervisión de la Unión Europea, que obliga al realismo y pragmatismo de una consolidación fiscal duradera en el medio y largo plazo, cuyo marco inexcusable es el de una política económica centrada en la reactivación de un crecimiento sostenible. La política fiscal puede contribuir a ello de dos maneras. Primero, con una corrección severa en pos de la estabilidad que genere confianza. En segundo lugar, sumándose a un programa de reformas que alimente el crecimiento desde el lado de la oferta. Las políticas fiscales expansivas no sólo han agotado el margen que permite el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, sino que han perdido toda eficacia. Los desequilibrios acumulados en la fase de crecimiento desbocado de la demanda interna, más la ineficacia de los programas de gasto público de los últimos tres años, ponen de manifiesto la necesidad de políticas de oferta. La situación resultante y el diseño de una buena política de consolidación presupuestaria son complejas, porque España tiene ante sí el enorme reto de aplicar estrategias de ajuste fiscal sin dañar más a una renqueante economía.

Así, para 2011 y años siguientes necesitamos de una voluntad clara de corrección de los desequilibrios, unos objetivos fiscales creíbles, un plan y un calendario para lograrlos, y unas reformas estructurales serias y coherentes. Pero, por desgracia, el proyecto de presupuestos presentado no satisface plenamente esos requisitos. Es cierto que la dirección de la política fiscal es la adecuada y se puede calificar a estos presupuestos de austeros (aunque no tanto como proclama el Gobierno), pero es difícil ver cómo ayudan a asentar el nuevo modelo de crecimiento que el Ejecutivo pretende consolidar. Además, los presupuestos no generan la credibilidad y confianza necesarias, ya que se apoyan sobre unas previsiones macroeconómicas irreales, que auguran un año 2011 mucho más bonancible que lo que anticipan los demás organismos y analistas. Sólo el Gobierno cree en un crecimiento del 1,3%, un valor inalcanzable. Esta visión poco realista amenaza con un claro incumplimiento de los supuestos de partida y, por lo tanto, con unos resultados fiscales peores de lo anunciado. Surge entonces un doble peligro: el de un castigo de los mercados en forma de mayores primas de riesgo y el del inevitable recurso a medidas adicionales de ajuste, cuya posibilidad debería anticiparse con un plan de acciones correctivas ante cualquier desviación.

El Círculo de Empresarios entiende que acometer inmediatamente la consolidación fiscal tendrá grandes beneficios, aunque a corto plazo obligue a asumir ciertos sacrificios. Permitiría reducir el coste del servicio de la deuda, al provocar mayor confianza y contraer las primas de riesgo; haría posible reducir los tipos de interés y el coste de financiación para el sector privado al liberar recursos, impulsando la inversión productiva y el crecimiento; mejoraría las perspectivas económicas y animaría el gasto privado; y otorgaría mayores márgenes futuros de maniobra a la política fiscal. Pero el Círculo está también convencido de que es preciso un programa de política económica integral y más valiente, de largo recorrido, con reformas estructurales más amplias y profundas que las planteadas hasta el momento por el Gobierno.

• En primer lugar, para corregir el desequilibrio fiscal y para dar inicio a un auténtico cambio de modelo productivo, el Gobierno debe profundizar y extender las reformas estructurales en los mercados de bienes, servicios y factores, cuyas rigideces restan crecimiento potencial a la economía. No podemos permitirnos caer en una total y larga atonía económica. Necesitamos de mercados más eficientes, con condiciones propicias para la aparición de nuevos emprendedores capaces de generar empleo y prosperidad.

• En segundo lugar, hay que acometer la reforma del sistema de pensiones y de la sanidad española para garantizar su viabilidad financiera y su capacidad como sólida red de protección social. El creciente gasto en pensiones y sanidad seguirá incrementando el gasto público por mor del envejecimiento poblacional. Cualquier estrategia que se adopte para la consolidación fiscal debe incluir reformas en estos dos pilares del estado del bienestar.

Ante la magnitud del gasto asociado, la adopción hoy de políticas adecuadas en estos ámbitos facilitará el avance hacia la estabilidad fiscal por su positivo efecto sobre la credibilidad de los planes de consolidación. Si se diseñan y aplican correctamente, estas medidas no dañarán la recuperación e incluso podrían impulsar la demanda y oferta agregadas. Por supuesto, estas medidas han de ponerse en marcha cuidando la paz social y con un afán pedagógico que se echa de menos en los anuncios de política económica.

• En tercer lugar, hay que plantear medidas fiscales eficaces en la reducción del déficit, con la firme colaboración de las diferentes Administraciones en la búsqueda de los equilibrios presupuestarios, con mención especial para algunas CCAA y CCLL que son la clave para el cumplimiento de los objetivos fiscales adoptados frente a la Unión Europea. Estas Administraciones deben asumir su enorme responsabilidad como gestores de una parte sustancial del gasto público que no ha estado sujeta a la disciplina exigible. A todo ello contribuiría la exigencia de un techo de gasto para las CCAA, un límite para el recurso al endeudamiento y la aplicación de mecanismos como los de una autoridad fiscal independiente, que velase por la transparencia y el cumplimiento de los límites establecidos. Es igualmente obligado el esfuerzo de todos los españoles. En ese sentido, y en aras de la equidad, hay que reforzar la lucha contra la evasión fiscal, el fraude y la economía sumergida.

Aunque la crisis aprieta y complica el análisis sereno de las posibilidades existentes, estamos ante una oportunidad única para reconsiderar el papel que le corresponde al Estado en la actividad económica. A corto plazo, los recortes presupuestarios chocan con la rigidez de los compromisos adquiridos en muchas partidas durante los tiempos de expansión. Pero a medio plazo es posible recuperar capacidad de acción, realizando una evaluación pormenorizada de todas las políticas de gasto, aplicando los criterios de austeridad y eficiencia. La solución no consiste meramente en recortar gasto agregado, sino en hacerlo buscando fórmulas para la provisión más eficiente de los servicios públicos que competen a nuestras administraciones. Es necesario repensar el gasto público, revisando el destino poco eficiente –económica y socialmente- que se da a muchos recursos a costa de otras partidas. Las empresas y otras instituciones públicas son un buen ejemplo al respecto.

El ciudadano debería conocer cuál es el coste y el beneficio de cada una de ellas, y qué finalidad justifica su existencia.

Posiblemente haya que reestructurar también un sistema impositivo que depende en exceso del dinamismo de la actividad en el sector inmobiliario o de la construcción. Ahora bien, tal cambio, con subidas de algunos impuestos, sólo puede justificarse si acompaña a un recorte drástico y responsable de las partidas de gasto. La experiencia demuestra que la consolidación fiscal sólo es un auténtico proceso de saneamiento y regeneración si se basa en el control del gasto.

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