edición: 2561 , Martes, 25 septiembre 2018
23/02/2015
LA OREJA DE LARRAZ

La UE endurecerá las normas de prevención del blanqueo de capitales y las sanciones antes del mes de julio

Xavier Gil Pecharromán
El Consejo Europeo y el Europarlamento han alcanzado recientemente un acuerdo para el establecimiento de normas más estrictas en la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Se trata de impulsar la conocida como Cuarta Directiva Antiblanqueo viene a integrar el marco normativo existente, regido actualmente por la Tercera Directiva contra el blanqueo de capitales, a través de la implementación de estándares nacionales elaborados por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), aprobados y revisados en 2012. No obstante, la normativa de la UE, en algunos aspectos, va más allá de las exigencias del GAFI y proporcionan garantías adicionales.

Se espera la adopción formal del texto por parte del Parlamento Europeo en el pleno del mes de abril, y tras la revisión de las traducciones a los idiomas oficiales de la UE, su publicación en el DOUE a lo largo del mes de junio.

Así, España se verá, por tanto, afectado por estas nuevas medidas, aunque en el caso de nuestro país, la mayor preocupación del GAFI es que las penas de prisión que se imponen en España por blanqueo de capitales "son excesivamente bajas" y que "el sistema judicial no consigue precisamente un efecto disuasorio en las organizaciones criminales, que más bien al contrario ven en “España un lugar donde operar con poco riesgo y en el que el mercado de compra venta de viviendas se presenta como un atractivo destino para lavar los frutos de la actividad delictiva, incluso cuando ésta última se produce al otro lado de las fronteras.

En su informe Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures Spain, explica que en "la mayoría de ocasiones, los jueces se decantan por las condenas más reducidas, que muy rara vez superan los dos años de prisión, cuando la legislación permitiría decantarse por castigos más duros -en 2012 sólo se dieron cuatro casos de penas que superaron los cinco años-. El plazo medio de prisión en 2012 era de tan sólo dos años y las penas de prisión en cinco años rara vez se han dado caso, registrándose cuatro casos en 2012.

Se introducen requisitos para la prevención sobre un mayor número de empresas, mediante la rebaja del umbral para los pagos en efectivo desde los 15.000 a los 10.000 euros, al tiempo que se incluyen en la obligación de vigilancia y denuncia de posibles actuaciones de blanqueo a los prestadores de servicios de juegos de azar.

Se añade un enfoque basado en el riesgo, utilizando una toma de decisiones basada en la evidencia, con el fin de mejor riesgo objetivo. Para proporcionar orientación por las Autoridades Europeas de Supervisión.

Se regulan normas más estrictas para medidas de diligencia debida. Bancos y entidades de declaración obligatoria, estarán obligados a tomar medidas estrictas si los riesgos son mayores, y podrán tomar medidas simplificadas donde los riesgos sean demostrablemente inferiores.

El conjunto de medidas incluye disposiciones específicas sobre la titularidad real de las empresas. La información sobre titularidad real se conservará en un registro central al que tendrán acceso las autoridades competentes, las unidades de información financiera y las entidades obligadas como los bancos.

El texto acordado permite asimismo que las personas que demuestren tener un interés legítimo accedan a determinada información conservada. Los Estados miembros que así lo deseen podrán utilizar un registro público. En lo que se refiere a los fideicomisos, el registro central de información sobre titularidad real podrá utilizarse cuando el fideicomiso tenga consecuencias en materia de fiscalidad.

Respecto de los servicios de juegos de azar que presenten mayores riesgos, el texto acordado exige que los proveedores de servicios apliquen medidas de diligencia debida en las operaciones de valor igual o superior a 2.000 euros.

En circunstancias de bajo riesgo demostrado, los Estados miembros podrán eximir de algunos o de todos los requisitos a determinados servicios de juegos de azar en circunstancias estrictamente limitadas y justificadas. Tales exenciones estarán sujetas a una evaluación del riesgo específica. Los casinos no podrán optar a exenciones.

Por lo que respecta a las sanciones, el texto establece sanciones pecuniarias de al menos el doble del importe del beneficio derivado de la infracción, o al menos un millón de euros. Respecto de las infracciones en que participen entidades de crédito o financieras, establece una sanción pecuniaria máxima de al menos cinco millones de euros o el 10% del volumen de negocios anual total si se trata de una persona jurídica. También, incluye una sanción pecuniaria máxima de al menos cinco millones de euros si se trata de una persona física.

El 16 de diciembre de 2014, se llegó a un acuerdo con el Parlamento Europeo. La aprobación de este resultado por el Consejo abre la vía a la adopción del Reglamento en segunda lectura. Los Estados miembros dispondrán de dos años para incorporar las disposiciones de la Directiva a su ordenamiento jurídico interno. El Reglamento será directamente aplicable.

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