edición: 2724 , Viernes, 24 mayo 2019
17/02/2011
OBSERVATORIO JURIDICO

Primacía del interés ambiental sobre el urbanístico

DATADIAR

Como bien establece la nueva Ley del Suelo, el urbanismo debe responder a los requerimientos de un desarrollo sostenible, minimizando el impacto de aquel crecimiento y apostando por la regeneración de la ciudad existente. El suelo, además de un recurso económico, es también un recurso natural, escaso y no renovable. Desde esta perspectiva, todo el suelo rural tiene un valor ambiental digno de ser ponderado y la liberalización del suelo no puede fundarse en una clasificación indiscriminada, sino, en una clasificación responsable del suelo urbanizable necesario para atender las necesidades económicas y sociales, en la apertura a la libre competencia de la iniciativa privada para su urbanización y en el arbitrio de medidas efectivas contra las prácticas especulativas, obstructivas. Y el suelo urbano, la ciudad ya hecha, tiene asimismo un valor ambiental, como creación cultural colectiva que es objeto de una permanente recreación, por lo que sus características deben ser expresión de su naturaleza y su ordenación debe favorecer su rehabilitación y fomentar su uso. La sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 29 de enero de 2010 ha ordenado la paralización del complejo de chalés en Montalvo, declarando la primacía del derecho ambiental sobre el urbanístico. Los hechos que dan lugar al fallo se basaron en la confrontación de intereses públicos.

El interés que defendía la recurrente era la defensa del medio ambiente impuesta por la necesidad de una previa evaluación ambiental a la aprobación de los planes urbanísticos impugnados, frente al interés público que amparaba el Ayuntamiento recurrido que en base a la ejecutividad de los planes de ordenación aprobados. Dicha confrontación llevó a la Sala a estimar el recurso frente un auto denegatorio de la medida cautelar de suspensión declarando que el interés medioambiental resulta prevalente en un caso como el examinado en el que no tienen una presencia potente los intereses públicos de índole local alegados.

En un caso como este, la utilización de las “medidas cautelares” resulta fundamental para evitar para asegurar la eficacia de la resolución que ponga fin al proceso, evitando que el transcurso del tiempo ponga en peligro el cumplimiento de la resolución de terminación del mismo. Dicho en términos legales, éstas medidas pretenden "asegurar la efectividad de la sentencia" (artículo 129 de la LJCA). Con tal propósito, el riesgo derivado de la duración del proceso, el "periculum in mora", se erige, en el artículo 130 de la Ley Jurisdiccional, como uno de los presupuestos esenciales para la adopción de la medida cautelar, al tener que tomar en consideración, en la decisión cautelar, que "la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso". La medida cautelar, por tanto, intenta salvaguardar que la futura sentencia pueda ser cumplida, y que su pronunciamiento tenga un efecto útil, soslayando que se produzcan situaciones irreversibles.
 
Tradicionalmente se han exigido por la Jurisprudencia tres requisitos para acordar la suspensión:
 
1) Que la ejecución del acto o la aplicación de la disposición ocasione al interesado daños o perjuicios.
 
2) Que tales daños y perjuicios sean irreparables, o al menos de difícil reparación.
 
3) Que se lleve a cabo un juicio de ponderación en orden a valorar la medida o intensidad con que el interés público exija la ejecución para lo que habrá de conciliarse el principio constitucional de eficacia (artículo 103 de la Constitución, que sirve de principio y justificación al principio de ejecutividad de los actos administrativos), con el de tutela judicial efectiva (artículo 24 de la Constitución).

El criterio de la valoración circunstanciada de los intereses en conflicto, es, adicional o suplementario al de la pérdida de la finalidad legítima del recurso, como señala la STS de 10 de noviembre de 2003 (recurso de casación nº 5648/2000) destacando que “El criterio de ponderación de los intereses concurrentes es complementario del de la pérdida de la finalidad legítima del recurso y ha sido destacado frecuentemente por la jurisprudencia: "al juzgar sobre la procedencia [de la suspensión] se debe ponderar, ante todo, la medida en que el interés público exija la ejecución, para otorgar la suspensión, con mayor o menor amplitud, según el grado en que el interés público esté en juego”
 
La decisión cautelar ha de ponderar la medida en que el interés público demanda la ejecución, para adoptar la suspensión en función de la intensidad de los intereses públicos concurrentes. En esta operación jurídica en virtud de la cual se valoran, sopesan y ponderan los intereses en juego comprende tanto los interés públicos como los de carácter privado, así como el contraste entre los diversos intereses públicos concurrentes, como acontece en el caso examinado en el que ambas Administraciones, autonómica y local, invocan intereses públicos que confluyen sobre esa misma realidad física.

Parece creciente el número de sentencias que ya evidencian la afectación de la actuación urbanística amparada por una licencia ante la existencia de valores medioambientales dignos de protección, y  la necesidad de adoptar medidas cautelares. En este sentido, la STJCYL de 29 de enero de 2010 por la que se adoptaron medias cautelares de paralización de las obras de construcción de urbanización en el pinar de Villanueva de Gómez (Ávila), no suponiendo un obstáculo el hecho de que las obras ya se hubieran ejecutado parcialmente.  El Auto del juzgado-contencioso de Ávila de 27 de Octubre de 2006 de paralización del proyecto Ciudad del Golf en Navas del Marqués, en el que el fiscal pidió al juez que decretara la paralización cautelar de las obras, ya que de continuar éstas, se produciría un deterioro irreparable del medio ambiente.

 Equipo jurídico de Datadiar.com

LEGISLACIÓN

Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación. BOE., nº 25, 29 de enero de 2011.
La Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera tiene por objeto establecer las bases en materia de prevención, vigilancia y reducción de la contaminación atmosférica con el fin de evitar o aminorar los daños que de ella puedan derivarse para las personas, el medio ambiente y demás bienes de cualquier naturaleza. Para ello es fundamental el control en origen de dicha contaminación, tratando de evitar las emisiones a la atmósfera, o cuando esto no es posible, de minimizar sus consecuencias. En este sentido, la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, adopta un enfoque integral al incluir en su ámbito de aplicación a todas aquellas fuentes cuyas emisiones antropogénicas son estimadas para elaborar el inventario español de emisiones a la atmósfera, tratando de lograr una universalidad en la aplicación de las prescripciones generales de la misma. Por otro lado, complementa este enfoque integral con una herramienta clásica de control como es el sometimiento de ciertas instalaciones, en las que se desarrollan actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, a un régimen de intervención administrativa específico. Para ello identifica, y asigna en su caso a alguno de los tres grupos A, B y C que recoge la ley, a aquellas actividades que considera deben ser objeto de un control específico e individualizado.

JURISPRUDENCIA

Penal

Delito de apropiación indebida. Subtipo agravado de vivienda. Abuso de relaciones personales. Prescripción. Reclamaciones extrapenales. Tribunal Supremo. Sentencia 20 de octubre de 2010.
No concurre la circunstancia agravatoria prevista en el art. 250.1 del CP: cuando la estafa recaiga sobre vivienda. El juicio histórico no apoya la aplicación de los tipos agravados a que se refiere el recurrente. Hemos dicho de forma reiterada que la aplicación de la circunstancia agravatoria prevista en el art. 250.1 del CP, no puede realizarse, desde luego, con arreglo a una concepción puramente objetiva, ajena a los esquemas de culpabilidad que inspiran el derecho penal. En el supuesto de hecho que es objeto de enjuiciamiento, nada se dice que esa vivienda fuera a constituir el domicilio habitual del recurrente. Se incumple así uno de los presupuestos que ha venido exigiendo la jurisprudencia de esta misma Sala para la aplicación del subtipo agravado, a saber, que esa vivienda constituya el domicilio habitual del perjudicado, la morada del comprador. Tampoco concurre la agravación contemplada en el art. 250.1.7 CP: abuso de relaciones personales. En la STS 634/2007, 2 de julio, ya advertíamos de la necesidad de ponderar cuidadosamente la aplicación de esta agravación, en la medida en que en la mayor parte de los casos, tanto el engaño que define el delito de estafa como el quebrantamiento de confianza que es propio de la apropiación indebida, presentan significativos puntos de coincidencia con la descripción del tipo agravado. La STS 383/2004, 24 de marzo, señaló -con cita de las SSTS, 1753/2000, 8 de noviembre, 2549/2001, 4 de enero 2002, 626/2002, 11 de abril  y 890/2003-, que la aplicación del subtipo agravado por el abuso de relaciones personales del núm. 7 del artículo 250 del Código Penal  , quedaba reservada para aquellos supuestos en los que además de quebrantar una confianza genérica, subyacente en todo hecho típico de esta naturaleza, se realice la acción típica desde una situación de mayor confianza o de mayor credibilidad que caracteriza determinadas relaciones previas y ajenas a la relación subyacente, en definitiva un plus que hace de mayor gravedad el quebrantamiento de confianza implícito en delitos de este tipo, pues en caso contrario, tal quebrantamiento se encuentra ordinariamente inserto en todo comportamiento delictivo calificable como estafa.

Mercantil

Los síndicos de la quiebra no tienen legitimación para el ejercicio de la acción individual de responsabilidad de administradores. Tribunal Supremo. Sentencia 14 de octubre de 2010.
A los síndicos, como representantes de la masa de acreedores de la quiebra y administradores legales de su haber, se les encarga el ejercicio de acciones de reintegración de la masa, aquéllas que van destinadas a la recomposición del patrimonio del quebrado. Así resulta de los artículos 1218.3.º, 1371 y 1375 LEC 1881 y 1073.2.º y 5  .º y 1091 CCom 1829. Los acreedores en su conjunto -como grupo- son los titulares de los derechos que se ejercitan a través de las acciones de retroacción -legitimación por sustitución-, en tanto que la sindicatura es solo un representante legal -exclusivo desde que entra en ejercicio de su cargo hasta que cesa- de la masa de acreedores, como se deduce del artículo 1366 LEC 1881 y se recoge en reiterada doctrina de esta Sala. Ningún precepto atribuye a la masa pasiva de la quiebra la titularidad de las acciones previstas en los artículos 105.5 LSRL y 135 LSA, que pertenecen individualmente a quien afirme ser acreedor de la sociedad o socio o tercero perjudicado por la actuación de los acreedores, con independencia de que su crédito haya sido o no reconocido en la quiebra.

No debe tenerse por justificada la negativa de la aseguradora a asumir sus obligaciones para con los perjudicados, ni siquiera, con base en la complejidad del asunto, derivada de las circunstancias del accidente. Tribunal Supremo. Sentencia 26 de octubre de 2010.
La exoneración del recargo a que alude la regla octava del art. 20 LCS se hace depender del cumplimiento de la obligación de pago o consignación en plazo (tres meses siguientes a la producción del siniestro), y, además, cuando de daños personales con duración superior a tres meses o cuyo exacto alcance no puede ser determinado en la consignación se trata, de que la cantidad se declararse suficiente por el órgano judicial a la vista del informe forense si fuera pertinente, siendo éste un pronunciamiento que debe solicitarse por la aseguradora. Faltando estos presupuestos, no cabrá aplicar a la conducta desplegada por la compañía de seguros los efectos impeditivos de la producción de mora que contempla la norma. La aplicación de anterior doctrina determina la procedencia de la condena impuesta pues no cabe calificar de razonable o justificada la negativa de la aseguradora a cumplir con su deber de satisfacer la prestación frente a los perjudicados lo antes posible, cuando, en el caso enjuiciado, es un hecho acreditado que la aseguradora tuvo conocimiento del accidente y de sus lesivas consecuencias para aquellos casi de inmediato, tanto mediante su personación, en calidad de responsable civil directo, en las actuaciones penales dirigidas contra su asegurado, como mediante el posterior seguimiento del curso evolutivo de las lesiones que dieron lugar a su incoación, y también, que gracias al atestado obrante en autos, pudo conocer la implicación en el siniestro del turismo conducido por su asegurado, señalado por las conclusiones de la fuerza instructora como causalmente determinante de la colisión más grave, precisamente la producida por alcance sobre el vehículo en el que viajaban los actores.

Civil

No se puede resolver un contrato de compraventa cuando se ha admitido conocer y se han aceptado las condiciones de la finca aunque luego ésta tenga una superficie inferior a la registral. Tribunal Supremo. Sentencia 27 de octubre de 2010.
En una compraventa mediante concurso público de un lote de fincas, una de las cuales tiene una superficie real inferior a la registral con que figuraba en el anuncio del concurso no se puede pretender resolver por incumplimiento contractual de la vendedora por no entregar el objeto al que se comprometió ya que existía una cláusula de las bases del concurso en la que se hacía constar que la oferente asumía conocer y aceptar las condiciones físicas, jurídicas, urbanísticas, posesorias y medioambientales de las fincas. El núcleo básico de la decisión judicial desestimatoria de la demanda se halla, en síntesis, en que «una de las condiciones impuestas por la vendedora, en el concurso, fue la de que quienes concurrieran al mismo declararan que su oferta se realizaba con conocimiento y aceptación de la titularidad, situación jurídica, urbanística, posesoria y medioambiental de los inmuebles, y, consecuentemente con todo lo anterior, la empresa actora declaró conocer y aceptar dichas circunstancias de las fincas registrales mencionadas, ofreciendo por este lote una cantidad, aceptándose la oferta por la entidad vendedora». Es decir, que, la entidad compradora «admitió conocer» y «aceptó las condiciones de la finca», lo que, obviamente, determina la vinculación de la compradora a la realidad de los inmuebles, tanto por aplicación de la doctrina de los actos propios, como por la seriedad de los pactos contraídos.

Se ha probado que las modificaciones realizadas en la obra fueron objeto de acuerdos verbales entre la constructora y la propiedad, por lo que no puede aplicarse el art. 1593 del CC. Tribunal Supremo. Sentencia 28 de octubre de 2010.
Alega la parte recurrente que no ha habido autorización por el dueño de la obra para los incrementos o alteraciones de cualquier tipo de los trabajos contratados y ello en contra del texto taxativo de los contratos concluidos. Se pretende por ello  aplicar el artículo 1593 CC  , relativo a las obras encargadas por un ajuste alzado. La recurrente olvida que se ha probado que las modificaciones realizadas en la obra fueron objeto de acuerdos verbales entre la constructora y la propiedad, por lo que mal podría aplicarse el artículo 1593 CC  . Los argumentos relativos a la exigencia de que la propiedad hubiera dado su consentimiento expreso o tácito para el incremento quedan desvirtuados por la prueba realizada en la primera instancia, que los consideró probados, por lo que la recurrente está incurriendo en el vicio procesal de hacer supuesto de la cuestión, ya que pretende imponer sus propios criterios en contra de lo que las sentencias ha deducido de los hechos probados.

Laboral

Validez de un pacto de no competencia postcontractual, en el que no se especifica una cantidad global para el caso de incumplimiento. Plazo para el ejercicio de la acción. Tribunal Supremo. Sentencia 25 de octubre de 2010
La cuestión que se plantea en el presente recurso se refiere a la validez de un pacto de no competencia postcontractual, en el que no se especifica una cantidad global para el caso de incumplimiento sino que se establece una cantidad inicial compensatoria de la obligación asumida, incrementada periódicamente por mutuo acuerdo, y la procedencia o no de la restitución al empresario de la compensación económica percibida por tal concepto al haberse incumplido dicho pacto. Recurren los trabajadores demandados en casación unificadora y plantean tres motivos de contradicción. En el primer motivo alegan que el pacto de no competencia postcontractual es nulo, al no especificarse en el mismo el importe de la indemnización compensatoria. Para este motivo la sentencia referencial no es contradictoria puesto que no sólo es diferente el contenido de las cláusulas de no competencia que se pactaron en ambos casos, sino que los fallos de ambas sentencias no son contradictorios. En el segundo motivo alega la parte recurrente la inadecuación de la compensación económica abonada por la empresa. Tampoco concurren en las sentencias comparadas las identidades exigidas por el art. 217 de la LPL, pues son distintas las categorías de los demandados, los términos de las cláusulas contractuales, siendo igualmente diversas las situaciones enjuiciadas. En el tercer motivo plantean los recurrentes que, en todo caso, la obligación de devolver las cantidades percibidas en concepto de no competencia debe limitarse por aplicación del art.59.1 ET a lo recibido durante el año anterior a la presentación de la papeleta de conciliación. Pero, siendo postcontractual el pacto de no competencia, el empresario no podrá ejercitar acción alguna tendente a la devolución de lo entregado por tal concepto hasta que dicho incumplimiento postcontractual se produzca y tenga conocimiento de él, y sólo desde este día empezará a correr el plazo de prescripción anual que señala el art. 59.1 ET.

Impugnación de preceptos convencionales sobre la subcontratación en el sector de la construcción. Tarjeta profesional. Tribunal Supremo. Sentencia 27 de octubre de 2010
Contra la sentencia de instancia que desestimó la demanda interpuesta por la parte sindical,  impugnando determinados preceptos del Convenio de aplicación han interpuesto recursos de casación las dos organizaciones demandantes. Se realiza una impugnación  en bloque de una larga serie de preceptos del Convenio Colectivo sobre la subcontratación en el sector de la construcción. Así, afirma que la implantación de la tarjeta profesional  es ilegal  por transformar un sistema de acreditación de los deberes preventivos del empresario en un sistema de acreditación profesional para los trabajadores. La afirmación  carece de fundamento. Lo que se crea  es una tarjeta profesional de la construcción, que es un documento que tiene la finalidad de «acreditar, entre otros datos, la formación específica del sector recibida por el trabajador en materia de prevención de riesgos laborales». Los titulares de esta tarjeta son los trabajadores, que podrán solicitarla o no y que la  mantienen en su poder. Se crea una tarjeta profesional de la construcción, que es un documento que tiene la finalidad de acreditar, entre otros datos, la formación específica del sector recibida por el trabajador en materia de prevención de riesgos laborales. Los titulares de esta tarjeta son los trabajadores, que podrán solicitarla o no y que la  mantienen en su poder.  Se denuncia la vulneración del derecho al trabajo; denuncia  que parte de la afirmación de que la  tarjeta profesional no es un documento que se limite a acreditar el cumplimiento de las obligaciones de formación por parte del empresario, sino que se orienta a convertirse en un auténtico requisito de habilitación de la contratación y ello tanto  porque crea  una ventaja  a favor de los ya formados en la prevención  de riesgos del sector frente a los que carecen de esa formación. Un examen de la regulación contenida en el Convenio no permite sostener que con carácter general estemos ante el establecimiento de una forma de habilitación de la contratación laboral que impida que sean contratadas las personas que no estén en posesión de la tarjeta profesional sí es cierto  que en materia de oportunidades de empleo quienes cuentan con una mayor formación en prevención pueden tener, a igualdad de las restantes circunstancias, una ventaja en las expectativas de empleo. Pero esto no es una consecuencia  derivada de la tarjeta, que se limita a acreditar la formación, sino que es un efecto que obedece a las diferencias reales de posición competitiva en el mercado que se producen en función de las diferentes cualificaciones de los trabajadores.

Administrativo

Recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC). Tribunal Supremo. Sentencia 16 de diciembre de 2010
El Defensor del Pueblo no argumenta sobre la posible inconstitucionalidad de cada uno de los preceptos impugnados en el suplico de la demanda cuya enumeración se recoge en el antecedente de hecho 20 letra G. Se limita a hacer mención, al hilo de su impugnación, de la predeterminación que los preceptos impugnados hacen del alcance del art. 149.1 CE, bien a través de la utilización del verbo "incluir" o la expresión "en todo caso" -y la subsiguiente enumeración de submaterias- del capítulo II del título IV EAC, o de fórmulas equiparables de descripción de contenidos. A este respecto, es doctrina reiterada de este Tribunal que es carga del recurrente, "no sólo abrir la vía para que el Tribunal pueda pronunciarse, sino también colaborar con la justicia del Tribunal mediante un pormenorizado análisis de las cuestiones que se suscitan, por lo cual, si no se atiende esta exigencia, se falta a la diligencia procesalmente requerida" . En cambio, respecto de los arts. 127.3, 129 y 138 EAC, sobre los que sí hay impugnaciones concretas en la demanda basadas en la vulneración de competencias exclusivas estatales, el Tribunal se remite a lo resuelto, en atención a esos motivos, sobre dichos preceptos en la STC 31/2010, donde concluyen que no eran inconstitucionales interpretados de la manera expresada en los fundamentos jurídicos 73, 76 y 83, respectivamente.
 
Actividad de estiba y desestiba. Lesión del derecho a la tutela judicial efectiva de la autoridad portuaria. Tribunal Constitucional. Sentencia 21 de diciembre de 2010
Tanto en un escenario inicial, donde la estiba y desestiba de buques merecía la calificación de servicio público (art. 1 del Real Decreto-ley 2/1986), como en el actual, donde es un servicio portuario liberalizado que por ser de interés general controla y garantiza en última instancia la Autoridad Portuaria [arts. 57.2 y 60.2 d) de la Ley 48/2003 en relación al art. 36 a) de la Ley 27/1992], entender que un acto que influye directamente en el ámbito patrimonial de la sociedad de estiba y desestiba no afecta a los fines de dicha Autoridad portuaria, negándole un interés legítimo y directo, resulta a todas luces desproporcionadamente riguroso. Sobre todo si se considera que las resoluciones recurridas basan esa negativa en el argumento de que legitimar al accionista podría, si existiera conflicto, entrañar un perjuicio para la sociedad o una alteración grave en su administración social, sin ponderar en ningún momento que la fuente de legitimación de la Autoridad Portuaria ex art. 19.1 g) LJCA es independiente de su extinta posición de accionista de Sestife. Se constata, pues, la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva de la autoridad portuaria demandante de amparo, en su vertiente de acceso a la jurisdicción (art. 24.1 CE).

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