edición: 2662 , Viernes, 22 febrero 2019
30/10/2009
OBSERVATORIO DE ECONOMIA

Prioridad: políticas de oferta y reformas estructurales

CIRCULO DE EMPRESARIOS
Hay un error de fondo en el planteamiento general de la política económica en España. Se acierta en el diagnóstico del agotamiento del modelo con el que hemos crecido durante tres lustros y de la necesidad de sustituirlo. Pero se yerra, por un doble motivo, en la receta de política recomendada y aplicada.
- Primero, por entender que la crisis que sufrimos se explica en una parte sustancial como resultado de la muy alicaída coyuntura económica internacional, confiando así en que la recuperación en el exterior solventará problemas específicos de la economía española.
- Segundo, por proponer, una vez más, soluciones basadas en políticas de demanda que, aunque pueden suponer un alivio transitorio en la crisis actual, no son sostenibles ni permiten reactivar el crecimiento. El error se agrava en la medida en que esas políticas no responden a un plan claro, bien estructurado, coherente, lo que siembra el panorama de nuevas incertidumbres.

El modelo de crecimiento del pasado reciente, causa de la acumulación de importantes desequilibrios exacerbados con medias expansivas de la demanda, ha devenido en un círculo vicioso, en el que la caída de la inversión en vivienda supone reducción del empleo y debilidad de la demanda. No cabe esperar a corto plazo una recuperación de la demanda como motor principal del crecimiento.

• Difícilmente asistiremos a un repunte sustancial del consumo o de la inversión residencial, dados factores como la lentitud del ciclo, el stock de viviendas sin vender, la difícil situación financiera del sector inmobiliario o la creciente tasa de paro.

• Tampoco podemos confiar en la recuperación de la economía mundial como factor desencadenante de la reactivación de la economía española. La especialización sectorial y geográfica de nuestra industria exportadora limita enormemente la capacidad de tracción de las exportaciones, máxime cuando el importante diferencial de inflación acumulado resta competitividad precio a nuestros productos. Este diferencial, al contrario de lo sucedido en recesiones previas, no puede ser compensado con depreciaciones o devaluaciones unilaterales de nuestra moneda –un mecanismo ausente por carecer de política monetaria autónoma, pero que resultaría poco adecuado en todo caso por no resolver los problemas de fondo-.


El problema de la economía española es un problema muy claro de falta de competitividad, de insuficiente avance de la productividad. Ante esto, la única alternativa eficaz es la adopción de políticas de oferta, es decir, políticas que favorezcan la disponibilidad de más y mejores recursos, así como un uso más eficiente de los mismos. Políticas que, por un lado, estimulen la competencia y que, por otro, transformen la economía dotándola de mayor flexibilidad y mejorando los mecanismos –los mercados de factores, bienes y servicios- para la asignación de los factores productivos a usos de mayor valor añadido. La situación es grave y la economía española se encuentra en una encrucijada decisiva para su futuro. En el caso de no optar por el camino de las reformas estructurales, se corre un serio peligro de repetir las experiencias de estancamiento que han sufrido países como Italia o Japón.

En cambio, si se acometen esas reformas con decisión y valentía, podremos alcanzar ritmos adecuados de crecimiento sostenido, que facilitarán asimismo la consolidación fiscal, generando un círculo virtuoso. El Círculo se ha referido en reiteradas ocasiones a las áreas que exigen la puesta en marcha de reformas de alcance, pero de nuevo hay que insistir en ello ante la falta de avances en esta materia. Sin ánimo de ser exhaustivos en la enumeración ni en la descripción2, éstas son las reformas que pueden relanzar la competitividad de la economía española:

• Sistema educativo: la educación en España padece distintos males, que van desde la ausencia de ciertos valores (sentido de la responsabilidad, valor del esfuerzo, respeto a los profesores…) al abandono temprano de los estudios o la desconexión entre la formación demandada por las empresas y la formación adquirida en los centros educativos. Sin una educación de calidad, será muy difícil o imposible acometer la transformación del patrón productivo español hacia actividades generadoras de mayor valor añadido y bienestar para el conjunto de la sociedad. De hecho, ésta es la principal de las reformas pendientes, siempre en el tintero, pero tristemente nunca abordada desde la unidad de un pacto de Estado que le dé estabilidad.

Un sistema educativo de calidad habrá de facilitar todos los demás esfuerzos que se hagan para el cambio de modelo. No se trata de un problema a resolver sólo con incremento de recursos, sino que exige un nuevo modelo capaz de propiciar el arraigo de una cultura del aprendizaje durante toda la vida, fundamental para responder con flexibilidad a los retos de la competencia y del cambio tecnológico, económico y social.

• Liberalización de mercados de bienes y servicios: en nuestra economía perviven algunas prácticas limitadoras de la competencia y, por ende, de la eficiencia con que operan los mercados de bienes y servicios. Entre otras medidas, es necesario mejorar el funcionamiento de los organismos reguladores, dotándoles de mayor independencia frente a los poderes políticos y de mayor transparencia frente a la sociedad, a la par que incrementando la coordinación entre ellos. En ese mismo sentido, hay que seguir avanzando en la aplicación de los principios de la buena regulación -necesidad, proporcionalidad, mínima alteración de la competencia, eficacia, transparencia y predecibilidad- al marco normativo que rige la actividad económica en nuestro país, hoy sobre-regulado y con graves incertidumbres, como la que rodea a la unidad de mercado.

La Directiva europea de servicios significa, más allá de sus limitaciones, una gran oportunidad para mejorar el funcionamiento de este sector clave de la economía española, facilitando así la instauración de un patrón económico más competitivo. Por supuesto, sacar partido de esta oportunidad obliga a una transposición cabal de la Directiva a nuestras leyes, capturando el verdadero espíritu de la norma europea: la simplificación administrativa y la creación de condiciones favorables a la competencia. Desafortunadamente, los pasos del Gobierno no están siendo decididos, como en el caso de la llamada Ley Ómnibus, que deja abiertas muchas dudas en cuanto al grado de compromiso gubernamental con el espíritu de la Directiva europea. El caso palmario es el de la distribución comercial, en el que el Gobierno atiende más a clientelismos políticos e injerencias de las CCAA que a las necesidades de los consumidores españoles. Problemas que también se aprecian en un sector del transporte falto de competencia.

• Mercado de trabajo: el enorme impacto que la crisis está teniendo en España en forma de desempleo es un síntoma inequívoco de que el mercado de trabajo español no funciona como un mecanismo eficiente de asignación del principal factor productivo. En concreto, nuestro mercado laboral se caracteriza por una ineficiente y totalmente injusta dualidad, que hace recaer el peso del ajuste sobre la parte más flexible del sistema (empleo temporal), mientras que la otra parte (el empleo indefinido) disfruta de una mayor seguridad.

Como ya ha manifestado en un documento reciente, el Círculo considera inexcusable la reforma en profundidad del mercado de trabajo que favorezca a todos los agentes implicados –trabajadores, empresas y AAPP- impulsando la productividad y la creación de empleo. El referente claro es el de la flexiguridad, modelo que combina un elevado nivel de flexibilidad, una buena protección al trabajador desempleado y unas políticas activas de empleo eficaces, que estimulen el empleo. Un modelo que apuesta por defender más al trabajador que al puesto de trabajo –quien pierde un trabajo puede recolocarse con facilidad-. Y un referente que debe servir para centrar un debate necesario, que vaya más allá de planteamientos reduccionistas. Para acercarnos a ese paradigma, es necesario modernizar el sistema de negociación colectiva, reducir la tipología de contratos y potenciar unos servicios de empleo que faciliten una mejor conexión de demanda y oferta, como se ha venido recomendando por distintos organismos e instituciones, incluido el Círculo de Empresarios.

• Energía: en el campo de la energía es hora de plantearse una estrategia clara acerca del mix energético, tratando de atender a objetivos que, en gran parte, se presentan a modo de disyuntivas. En concreto, el mix energético debe procurar limitar nuestra dependencia exterior, sobre todo de países situados en zonas políticamente inestables, garantizando el abastecimiento a un coste competitivo para las empresas que operan en España, a la vez que se avanza en el cumplimiento de los compromisos medioambientales adquiridos bajo el Protocolo de Kyoto.
Por supuesto, no existe ninguna fuente capaz de satisfacer esos criterios simultáneamente, de modo que el mix debe incluir una importante variedad de fuentes, desde las renovables a la nuclear, no primando ni renunciando a ninguna de ellas por motivos puramente ideológicos. Un debate sereno y riguroso, así como el correcto uso de la energía y unos mercados energéticos liberalizados se antojan imprescindibles para el desarrollo de ese mix.

• Sistema de pensiones: hay un peligro de que la situación actual de déficit y endeudamiento acabe agravando los desequilibrios financieros del sector público, en especial los que se vislumbran a medio plazo, dados los problemas que generará el envejecimiento de la población. Uno de esos problemas será el de sostenibilidad del actual sistema de pensiones, difícilmente viable en un entorno de inversión de la pirámide poblacional como el que se vaticina para las próximas tres ó cuatro décadas.

Nuestras pensiones deberían incorporar esquemas de capitalización, que hoy son de carácter casi testimonial. Una posibilidad la ofrece el desarrollo de un sistema mixto, con parte de capitalización y parte de reparto, que responda a la justicia y a la libertad individual. La reciente propuesta del Círculo aboga por tres soportes. El primer soporte orientado a garantizar un nivel de vida mínimo con un funcionamiento idéntico al sistema público de pensiones de reparto, complementado con las pensiones no contributivas. El segundo, un sistema de capitalización obligatorio al que contribuirían empleadores y trabajadores en el caso de aquellos empleados con ingresos por encima de un nivel determinado. El tercer soporte correspondería al actual sistema de aportaciones voluntarias a planes y fondos de pensiones.

· MÁS INFORMACIÓN

Noticias Relacionadas

Director
Alfonso Pajuelo ( director@icnr.es )

Redacción (redaccion@icnr.es)

  • Juan José González
  • Javier Ardalán
  • Carlos Schwartz
  • Rafael Vidal

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
C/ Joaquín María López, 30. 28015 Madrid
Teléfono: 92 118 33 20
© 2019 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...