edición: 2309 , Viernes, 22 septiembre 2017
22/04/2010

Problemas de inseguridad jurídica en las medidas ya aprobadas del paquete Zurbano

Javier Ardalán
El Gobierno, a través de la primera oleada de medidas acordadas con el resto de grupos parlamentarios, ha incluido una importante batería de medidas que tratan de facilitar la transición por la crisis económica a las empresas, aunque alguna de estas medidas van a plantear serios problemas jurídicos en el futuro, justo lo contrario de lo que se pretende.

Así, el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo, creará numerosas tensiones los casos en que las sociedades concursadas tengan importantes contratos con las Administraciones Públicas, tengan que percibir pagos anticipados de éstas por sus obras o servicios o perciban destacadas subvenciones, puesto que a partir de ahora para mantenerlos será necesario que alcancen un convenio con sus acreedores y que se haga efectivo.

Basta hablar con quienes han pasado por esta experiencias o son administradores concursales para saber que esta normativa, que puede tener unas buenas intenciones sobre el papel, llegará a generar una importante vulnerabilidad en muchas de las empresas necesitadas de ese acuerdo para poder sobrevivir, puesto que las coloca en manos de la buena voluntad de los acreedores, fundamentalmente de las entidades de crédito. No hay más que conocer un poco como se las gastan las partes en este tipo de situaciones para que no se tarde nada en hablar de situaciones de 'chantaje'. Una situación muy peligrosa para el ánimo de quien a pesar de las circunstancias aún aspira a salvar su empresa.

También, el texto del Real Decreto-Ley afirma que dentro del conjunto de reformas del ámbito financiero y con el objetivo de facilitar la operativa de los fondos de titulización," incrementando la seguridad jurídica", se modifica la legislación vigente para permitir que los Fondos de Titulización Hipotecaria y Fondos de Titulización de Activos puedan ser titulares de cualesquiera otras cantidades, inmuebles, bienes, valores o derechos que sean percibidos en pago de principal, intereses o gastos de las participaciones hipotecarias, certificados de transmisión de hipoteca, activos financieros u otros derechos de crédito que se hubieren agrupado en su activo, por resolución de cualquier procedimiento judicial o extrajudicial iniciado para el cobro de tales derechos de crédito.

El problema surge a la hora de registrarlos ya que la norma indica que "la inscripción de los bienes inmuebles pertenecientes a los Fondos de Titulización en el Registro de la Propiedad y de cualesquiera otros bienes en los registros que correspondan, se podrá efectuar a nombre de los mismos". Sin embargo, ignora el texto que se ignora la legislación hipotecaria y plantea serias dudas de si son inscribibles a su nombre los inmuebles siempre o tan solo cuando se hayan adquirido a través de los títulos y procedimientos que se enumeran.

Se abre un interrogante importante, puesto que estas entidades no tienen personalidad jurídica independiente, puesto que el artículo 9.4 de la Ley Hipotecaria y 11 de su Reglamento que dice textualmente: “No serán inscribibles los bienes inmuebles y derechos reales a favor de entidades sin personalidad jurídica". Por esta vía se puede abrir, a partir de ahora, la posibilidad de que otros tipos de patrimonio de entidades sin personalidad jurídica también puedan acceder a los registros con total independencia.

Los propios registradores ya consideran que este asunto dará mucho que hablar a la Dirección General de los Registros y del Notariado y a los tribunales en un futuro próximo.

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