edición: 2828 , Viernes, 18 octubre 2019
01/02/2018

PSA logra un preacuerdo de convenio a cinco años para Opel con fuerte reducción de costes y sin garantías industriales

La plantilla sumamente dividida da un SI en referéndum con el 58% del voto
Carlos Schwartz
Tras meses de negociación PSA, la cabecera de Peugeot Citroen, cerró un preacuerdo para un convenio a cinco años con las secciones sindicales mayoritarias del comité de empresa, CCOO y UGT. Ambos sindicatos enfrentados a los minoritarios CGT y el regional OSTA impusieron un referéndum de los trabajadores para votar el preacuerdo que recibió el SI de 2.897 y el no de 2.008 según las cifras oficiales. La negociación se cerró el lunes 29, día fijado como último plazo por la empresa. El 24 de enero ante la negativa de los sindicatos a aceptar el convenio PSA comunicó al personal por carta que suspendía la inversión en la planta de Figueruelas y la fabricación del nuevo modelo de Opel Corsa que se debería iniciar en 2020. PSA adquirió Opel a General Motors el año pasado por 2.200 millones de euros y se quedó por lo tanto con las plantas de Alemania, España y Reino Unido con la marca Vauxhall. Tras el anuncio de la empresa el Gobierno de Aragón presidido por el socialista Manuel Lambán instó a las partes a ranudar la negociación y volcó su peso sobre los sindicatos mayoritarios para que “tuvieran elasticidad”.
El ministro de Economía, Luis de Guindos se sumó al movimiento de presión resaltando la importancia de preservar en funcionamiento la planta de Figueruelas. Lo cierto es que el convenio ofrecido por la empresa fue rechazado en asambleas de todas las secciones sindicales el sábado 26 de enero. La propuesta inicial suponía una reducción del 10% de los pluses, congelamiento salarial en 2018 y 2019 y un incremento con el 50% del IPC en 2020 y 2021. Otra serie de cuestiones en condiciones de trabajo y contrataciones despertaron una fuerte reacción en la planta. 

La propuesta de convenio aprobada esta semana por la plantilla ha moderado levemente las condiciones limitando el congelamiento salarial a 2018 y aplicando 50% del IPC en 2019 y 2020, y 60% del IPC en 2021 y 2022 y una reducción de pluses del 5%. Una fuente de CCOO admitía que “un convenio de estas características supone un gran desgaste para las secciones sindicales que lo han impulsado y la plantilla ha quedado muy dividida”. Los detractores del convenio además de atacar las cláusulas salariales se centran en la falta de garantías de un plan industrial que asegure el futuro de la empresa.

La propuesta de convenio ha sido condicionada al pleno rendimiento de la planta de 478.000 unidades año. De los términos conocidos del acuerdo no queda claro qué supone este condicionamiento. Si libera a PSA de sus compromisos o libera a los trabajadores, y qué convenio regiría en ese caso. En caso de que hubiera triunfado el NO el convenio de hecho que regiría las condiciones salariales y laborales sería el anterior. Al haber extinguido la ultraacitivdad de los convenios la última reforma laboral la empresa podría haber denunciado el convenio en un intento de utilizar los topes salariales del estatuto del Trabajador tras un año de la denuncia. Sin embargo la jurisprudencia del tribunal superior de justicia indica que la empresa debería seguir pagando a los trabajadores de acuerdo con el convenio denunciado. 

Más allá de los meandros jurídicos está el problema industrial. De acuerdo con una fuente del sector de automoción, PSA retrasó la producción del nuevo modelo de Corsa para rediseñarlo por completo Pero esta operación entraña la adopción de la plataforma EMP1 de PSA común a modelos de Peugeot y Citroen y adoptada por el socio chino de la empresa francesa, Donfeng, que tiene ahora la mayoría de los derechos de voto. “Esto hace que el Corsa nuevo se pueda fabricar en cualquier planta de PSA, aunque ya había un acuerdo industrial con General Motors antes de la venta de Opel y se había instrumentado la producción compartida de automóviles”, de acuerdo con una fuente del sector. 

En cualquier caso lo relevante desde el punto de vista industrial es que PSA no se considera verdaderamente atada al futuro de la planta de Figueruelas. PSA fue rescatada por el estado francés en 2012 tras una severa crisis con caída de las ventas y quiebra del Banque PSA Finance, y la compra de Opel a GM tuvo como objetivo eliminar a un competidor y aumentar la cuota de mercado pero el consejero delegado de PSA, el portugués Carlos Tavares, tiene como objetivo seguir reduciendo los costes de producción a escala global, algo que ha hecho ya en Francia donde además cerró la planta de Aulny con 6.100 despidos.

PSA mientras no lo tiene tan claro en Alemania donde el sindicato más fuerte del país IG Metall con 3,5 millones de afiliados viene librando una batalla por un incremento salarial en el nuevo convenio para 27 meses del 8% y una reducción de jornada laboral a 28 horas de 35 por primera vez desde la década de 1980 con un clima muy tenso. La huelga ha arrastrado a los trabajadores de Opel, BMW, Porsche, Daimler y Bosch entre otros. Las medidas de fuerza que se iniciaron con paros de una hora por fábrica se han convertido en paros de 24 horas por fábrica. El dirigente de IG Metall Joerg Hoffmann declaró que: “Este paro es una advertencia a PSA” señalando que si hay recortes en el empleo IG Metall está preparado para actuar. En este clima parece poco probable que el patrón francés logre aplicar la medicina de Figueruelas a los 18.000 trabajadores de las tres plantas de Opel en Alemania y por el contrario acabe pagando un aumento salarial del 8% para los próximos 27 meses.

Pero el problema de fondo es que los trabajadores del sector metal mecánico están en plena agitación por los beneficios extraordinarios de las empresas a escala global mientras los salarios no se han recuperado del congelamiento pos crisis con una marcada pérdida de poder adquisitivo. Los 130.000 trabajadores del sector en Turquía decretaron una huelga general para el 2 de febrero en apoyo de su nuevo convenio también en un clima de fuerte agitación, pero el Gobierno de Erdogan zanjó la cuestión con el boletín oficial declarando ilegal la huelga, lo que sugiere más conflictividad soterrada en la industria del automóvil en Turquía.

Para las empresas del sector automotriz mantener sujetos los costes laborales y bajos los niveles de contratación es vital porque hay signos de que el sector se enfrenta a un periodo de sobreproducción a corto plazo. La gran industria del automóvil estadounidense teme que 2018 sea un año de caída de la demanda que puede desembocar en menos ventas. 

El nivel de ventas de automóviles en Estados Unidos y Reino Unido se ha sostenido los dos últimos años a expensas de financiar a clientes sub prime y el incremento de los fallidos en el sector así como la dificultad para colocar los coches que intervienen en el canje en los sistemas cada vez más extendidos de renting y otras formas de alquiler financiero sugiere que se están acabando los años dorados iniciados a finales del 2012. 

Todo parece indicar que la rigidez de PSA está determinada por la necesidad de asegurarse que mantiene los márgenes si baja la demanda en el mercado internacional. En la planta de Vauxhall en Port Ellesmere en Reino Unido el año pasado hubo 400 despidos por las bajas ventas. La debilidad del mercado británico ha llevado a la empresa a anunciar otros 250 posibles despidos si las ventas no se recuperan.

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