edición: 2612 , Lunes, 10 diciembre 2018
27/05/2009

PSOE y CiU piden al Gobierno el recorte de salarios de los banqueros que reciban ayudas públicas

Javier Ardalán
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer una propuesta del PSOE consensuada con CiU que solicita la toma de medidas contra los paraísos fiscales y el recorte de los sueldos que perciben los altos directivos de las entidades bancarias que perciban ayudas estatales. La propuesta se basa en las recientes recomendaciones de la Comisión Europea, adoptadas tras la celebración de la pasada cumbre del G-20, que en el caso de los paraísos fiscales se ha convertido en la toma de medidas de presión, con la amenaza de sanciones, para los considerados paraísos fiscales por la OCDE, que no levanten el secreto bancario en los casos en que se sospeche que existen operaciones presuntamente sospechosas de provenir de las tramas del crimen organizado o de actividades ilícitas, pura y simplemente.

Los dos grupos planteaban en su proposición que el Gobierno adopte medidas fiscales y de carácter restrictivo a la actividad de las entidades bancarias que operen en los territorios que niegan la información solicitada por otros países, tanto si es a través de una sede permanente o de una sucursal de carácter temporal.

A esta solicitud se unió, también, otra planteada por IU, que denunciaba el apoyo del Gobierno a una medida, plasmada en un Real Decreto que actualmente se tramita en el Parlamento, que permite a los inversores en deuda pública del Estado no residentes mantener su anonimato, lo que a los efectos de esta propuesta elimina las trabas que deben poner a  la actividad de los paraísos fiscales. A esta tesis se sumó el PP.

Con respecto al recorte de los sueldos de los altos cargos de las entidades financieras, la moción solicitaba que se limiten los salarios a través de unirlos a los resultados de varios ejercicios y no de uno sólo, que es como se está haciendo en la actualidad.

La propuesta tiene como base una reciente recomendación de la Comisión Europea que exige a los Gobiernos miembros de la Unión Europea, que limiten los emolumentos de los altos ejecutivos, los calculen sobre los ciclos económicos, se decidan por los consejos de administración directamente y no se deleguen en los propios directivos, así como que no se distribuyan incentivos cuando la empresa atraviese una crisis o el ejecutivo sea despedido por no cumplir con sus objetivos.

En este caso, la Comisión Europea se refiere a todas las entidades financieras y no sólo a las que han recibido ayudas estatales.

La Comisión Europea ha dado a los países comunitarios hasta el 31 de diciembre para incluir en sus legislaciones estas medidas, que próximamente formarán parte de una Directiva.

Estas medidas deberán ampliarse a los ejecutivos de las empresas cotizadas no tardando mucho, puesto que la Comisión Europea publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) una nueva recomendación en la que propone a los Ejecutivos de los estados comunitarios, que recorten los beneficios de los ejecutivos, sobre todo de aquellos que hayan fracasado en su gestión.

Con todas estas medidas se trata de acabar con situaciones como las vividas hace unos meses en Estados Unidos e Inglaterra, en que  los altos directivos de diversas compañías se repartieron los fondos públicos recibidos por sus entidades para salvar sus situaciones de quiebra.

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