edición: 2328 , Lunes, 23 octubre 2017
08/11/2016
Blindar las pensiones

¡Que no se agote el Fondo de Reserva! la consigna política que atenaza al Gobierno

El Ejecutivo no se puede permitir ni un fallo en las cuentas públicas; las previsiones se deben cumplir, está en juego el crédito político
Juan José González
Los presupuestos generales del Estado para 2017 se deciden desde hoy en Bruselas. Allí se juega el nuevo Gobierno la credibilidad de las previsiones de sus cuentas así como el volumen de crédito político futuro. Son las cuentas públicas de mayor compromiso de los últimos años, de gran dificultad dado el tamaño y naturaleza de los problemas a los pretende dar solución: creación de empleo en cerca de medio millón de personas, recortar el déficit de la Seguridad Social, cuyas cuentas transitan al borde del precipicio, controlar las cuentas de las Autonomías, desbocadas y de difícil control y, finalmente, acordar una solución para las futuras pensiones, cada vez más cerca del auxilio presupuestario si se tiene en cuenta que el Fondo de Reserva de las Pensiones tiende a cero de forma acelerada. Y así, “que no se agote el Fondo” se convierte en consigna de obligado cumplimiento para el Ejecutivo.
Difícil equilibrio el que busca ahora mismo el nuevo Ejecutivo. Las exigencias de los gastos, en parte debidos al descontrol de los grandes capítulos como las Autonomías y la Seguridad Social, no dejan mucho margen de maniobra a los responsables del Presupuesto, obligados a buscar soluciones imaginativas, seguramente de difícil adecuación a los criterios restrictivos que reclama Bruselas. Muy difícil será el trabajo para adaptar la demanda, las peticiones de las Autonomías a las disponibilidades reales del Presupuesto, al contar el partido en el Gobierno con muy escaso peso en ese ámbito local. Imponer el cumplimiento de un techo de gasto autonómico sin la fuerza política suficiente equivale a alimentar una respuesta negativa, una resistencia de los Gobiernos autonómicos.

Por esta razón, se hace inevitable la negociación, el pacto, la transacción política si se quiere aspirar a que las previsiones de gasto autonómico se acerquen al dibujo que pinta el Gobierno central. Los quebraderos de cabeza del nuevo Ejecutivo aumentarán de magnitud conforme avancen los meses y las cifras del desempleo no se traduzcan en buenas noticias y estas, a su vez, se vean acompañadas de las correspondientes a una mejoría de los ingresos de la Seguridad Social. En los próximos meses, la oposición política al Gobierno y las fuerzas sindicales no perderán de vista la evolución de las cuentas del Fondo de Reserva, del que se espera, según las previsiones del Ejecutivo, un cambio sustancial al verse reforzado por el también previsible aumento de los ingresos de la Seguridad Social.

La caja de las pensiones centra buena parte del trabajo que afecta a varios departamentos ministeriales, se ha convertido en un objetivo político de primer orden, es una consigna del propio Gobierno porque aporta estabilidad política y social y porque resta munición de ataque a la oposición. Se quiere además, que figure en el capítulo de `logros´ y `éxitos´, del Haber para la próxima campaña electoral. Por tanto, la solución a la sostenibilidad de las pensiones futuras no tardará mucho en dar señales de vida, en parte por el apremio de la caja de reserva, y en parte porque deberá figurar en los próximos Presupuestos Generales.

Porque un asunto es la elaboración de las propias cuentas públicas, con nuevas reformas que introduzca el Ejecutivo, ahora mismo camino de la mesa del consejo de ministros -que fijará el origen de los ingresos-, otro serán los criterios a seguir en los gastos, y otra muy distinta será la forma de abordar los dos problemas de mayor enjundia a los que se enfrenta el Gobierno; las cuentas de las Autonomías y las de la Seguridad Social, fuera de control las primeras y camino de la quiebra las segundas. 

De la credibilidad que transmita el nuevo Ejecutivo para resolverlos dependerá el grado de paciencia de Bruselas para graduar la presión al Gobierno. El crédito político futuro de las autoridades españolas, estará subordinado a su eficacia, al resultado de sus previsiones. De ahí la obligación de no fallar en las cuentas públicas.

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