edición: 2514 , Viernes, 20 julio 2018
09/03/2017
LA OREJA DE LARRAZ

Quien no declara las rentas del alquiler de una vivienda no puede exigir la deducción si es descubierto

Javier Ardalán
Una vez que se inicia un procedimiento de comprobación o de inspección sobre un declarante del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), solo puede aplicarse la reducción sobre el arrendamiento de una vivienda habitual sobre los rendimientos que haya declarado con carácter previo al inicio de la actuación.
Así se pronuncia el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) en una importante resolución, de 2 de marzo de 2017, en la que unifica doctrina entre los Tribunales Económico-Administrativos Regionales (TEAR), doctrina adoptada por el TEAR de Castilla y León y seguida por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en su sentencia de 29 de septiembre de 2016.

La discusión mantenida hasta ahora se centraba en si la Ley establece el momento en que debe declararse o no, así como el tipo de impreso en que debe hacerse, máxime teniendo en cuenta que en estos casos muchos contribuyentes declaran a la Administración estos ingresos y los gastos correspondientes al alquiler, pero ya dentro del procedimiento de inspección.

Esta cuestión ya ha sido resuelta por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que se ha pronunciado a favor del argumento del reclamante, en sentencias como la de 3 de octubre de 2014, resolviendo que procede la aplicación de la reducción cuando los rendimientos, aun no habiendo sido incluidos por el interesado en su autoliquidación, hayan sido puestos de manifiesto por la Administración.

Este tribunal mantiene que de acatar la tesis propuesta por la Administración, llegaríamos al absurdo de que el contribuyente sería sancionado doblemente: negándole la aplicación de la reducción, y, en segundo lugar, con la imposición de la sanción, como en este caso ha pretendido la Administración.

Esta doctrina del TSJ madrileño fue adoptada por diversos TEAR, pero fue recurrida al TEAC por el Director del Departamento de Inspección de la AEAT, al estimarla gravemente dañosa y errónea por seguir un criterio distinto al manifestado tanto por la resolución del TEAR de Castilla y León, de 23 de marzo de 2016, como por la Dirección General de Tributos, doctrina con la que estaba de acuerdo.

La tesis defendida se centra en el significado que ha de darse al término “rendimientos declarados” utilizado por el artículo 23.2 de la Ley del IRPF cuando establece que “Tratándose de rendimientos netos positivos, la reducción sólo resultará aplicable respecto de los rendimientos declarados por el contribuyente”.

La Sala del TEAC determina, en primer lugar, que el hecho de que un contribuyente tenga obligación de declarar unos rendimientos no significa que siempre y en todo caso cumpla dicha obligación. Y en segundo término, que dado que se está estableciendo un beneficio fiscal es legítimo que el legislador haya establecido como uno de los requisitos para el goce o disfrute del mismo que el contribuyente los declare voluntariamente, en plazo o fuera de plazo, no permitiendo el beneficio fiscal en caso de rendimientos aflorados como consecuencia de las actuaciones de regularización de la Administración.

Desde el punto de vista de la finalidad del precepto analizado, en tanto que criterio de interpretación del mismo, considera la Sala que no es defendible la postura en virtud de la cual, pese a que la norma exige la declaración de los rendimientos, se trate de la misma manera al contribuyente que cumplió con sus obligaciones fiscales, declarando en su autoliquidación los rendimientos, que al contribuyente que incumplió tal deber y obligó a la Administración tributaria a tramitar un procedimiento de comprobación para poner de manifiesto la realidad fiscal.

Además, determina que la interpretación que se propugna en la resolución del TEAR recurrida sobre la expresión “rendimientos declarados”, podría incluso inducir de algún modo a los perceptores de los rendimientos a defraudar a la Hacienda Pública toda vez que aún en el caso de que no consignaran los mismos en su autoliquidación podrían en cualquier caso beneficiarse de la reducción.

Por ello, concluye que no parece acorde con el espíritu y la finalidad de las normas tributarias una interpretación con la que el contribuyente pretende aprovecharse de la ocultación de los rendimientos y luego gozar de beneficios fiscales si la Administración los descubre.

Tampoco acepta  el argumento de que de sostener la tesis de que por “rendimientos declarados” hay que entender “rendimientos autoliquidados”, ello conduciría al absurdo de sancionar al contribuyente doblemente: negándole la aplicación de la reducción y, además, imponiéndole la correspondiente sanción.
No aplicar la reducción significa para la Sala, simplemente tributar íntegramente por los rendimientos derivados del alquiler de inmuebles destinados a vivienda conforme a las reglas generales de tributación de los rendimientos del capital inmobiliario.

La reducción es la excepción, constituye un incentivo fiscal para determinado tipo de rendimientos del capital inmobiliario. Por tal motivo, determina que su no aplicación no puede concebirse en ningún caso como una sanción, pues supone aplicar a los rendimientos en cuestión las reglas generales de tributación para los de su clase o naturaleza. Cuestión distinta será, si concurre el elemento subjetivo de la culpabilidad, que se pueda o no iniciar el correspondiente y distinto procedimiento sancionador.

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