edición: 2346 , Viernes, 17 noviembre 2017
07/11/2008

Quintás cree ´un error de incompetentes´ que los políticos hablen de fusiones ´como el mantra que cura todo´

El presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), Juan Ramón Quintás, consideró hoy que es "un error de incompetentes" que los políticos hablen de fusiones de entidades "como si fuera el mantra que lo cura todo".

En este sentido, en declaraciones a los medios de comunicación en A Coruña, Quintás apuntó que "afortunadamente" la situación española actual no las hace necesarias, si bien explicó que lo "fundamental" es que se llegue a fusiones "por razonamiento económico para mejorar la situación que tienen las entidades afectadas, y no por conveniencias políticas".

Así, señaló que las fusiones, "como cualquier otra decisión estratégica empresarial", pueden ser convenientes, inconvenientes o irrelevantes y que la mayoría de las que se hacen "dejan la situación igual o peor", por lo que a la hora de hablar del tema, debe tenerse "mucho cuidado" porque aunque puede haber algunas "muy interesantes de cara a mejorar la eficacia", "si se juntan dos con dificultades sólo se consigue una entidad más grande, con problemas más grandes".

No obstante, reconoció que durante su presencia en Caixa Galicia ya vivió siete fusiones, por lo que se trata de un asunto "que no asusta ni preocupa" siempre que se haga "por razonamiento económico y no por conveniencias políticas".

Por otro lado, Quintás aseguró que nos encontramos "en el efecto más amenazador de la economía mundial de los últimos setenta años, sin duda", con un marco en el que "lo más preocupante" es que las medidas monetarias actuales son "totalmente insuficientes". "Estas medidas pueden contribuir a que no vayan a peor las cosas, pero por ejemplo fue un gran error la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de subir los tipos hace unas semanas", explicó.

Por último señaló que, "como en cualquier cambio de ciclo, incluso en uno más suave que el actual", subirá la morosidad, si bien consideró que es un hecho que "no va a provocar mayores problemas" pues las entidades están preparadas para eso "y sólo va a repercutir en la reducción de sus beneficios".

RESOPONSABILIDAD SOCIAL

Quintás hizo estas declaraciones minutos antes de impartir la conferencia 'Ética y Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en el siglo XXI', en el marco de la 'Jornada RSC. Propuestas para el Sistema Financiero y la Empresa del siglo XXI', que se ha celebrado a lo largo de toda la mañana en la sede de la Fundación Caixa Galicia de A Coruña.

En su discurso, Quintás solicitó que las cajas españolas "escuchen la recomendación" del Fondo Monetario Internacional (FMI) y reduzcan la presencia de políticos en los altos cargos al 25%, tal y como hacen las gallegas y catalanas, en vez de mantenerse en el cincuenta% actual de más del ochenta% de las cajas españolas.

En este sentido, explicó que esta amplia presencia política ha hecho pensar a muchos partidos "que pueden controlar a las cajas", lo que desemboca en una imagen "de politización injusta" a través del "ruido que hace el ver a los políticos moverse para aprovechar esta brecha"; además de que "aunque no consigan el control", si provoquen "distracción" en los gerentes que "en lugar de dedicarse en exclusiva a su trabajo, deben dedicar esfuerzos a neutralizar esta mala imagen".

Por otro lado, Quintás consideró que la crisis actual tiene mucho que ver con "el fallo de restricciones y el uso de conductas poco éticas". "En todas las grandes crisis siempre subyace la ausencia de conductas éticas y de regulaciones", señaló y abogó porque "más allá de la situación coyuntural actual" se evalúe "el significado único de los condicionantes éticos".

El presidente de CECA apuntó la necesidad de que las entidades "conjuguen" la búsqueda de beneficios con la evaluación de las repercusiones que tienen las decisiones de los directivos en los empleados y en la población en general. Un punto de vista que obliga a "eliminar" algunos efectos colaterales de la ampliación del beneficio conseguidos con conductas no justificables moralmente. "En algunos países era legal y positivo desde el punto de vista del beneficio que los niños de doce años trabajaran en la mina, pero moralmente no", explicó.

Así señaló que en los últimos cuarenta años estas restricciones han experimentado un "cambio cualitativo" por el que ya no proceden de elementos externos, sino de las propias empresas, un cambio "radical" aparecido a raíz de la globalización y después de que el "gran crecimiento económico" provocara daños como la polarización económica, social, doméstica e internacional; la depreciación del medio ambiente; y la contaminación cultural.

En este punto surge la RSC, por un lado porque los empresarios se dan cuenta de que están desarrollando conductas poco éticas; porque creen que esas conductas pueden provocar daños políticos a sus empresas; y porque la sociedad "premia" a las entidades que cuentan con medidas de protección social, cultural o medioambiental.

"DEJAR HUELLA EN LA HISTORIA"

Así, a juicio de Quintás, los empresarios del siglo XXI defienden la búsqueda del beneficio; del poder y la gloria "para dejar huella en la historia"; y del compromiso ético que implica "tener en cuenta" las consecuencias que nuestros actos tienen en los terceros, un hecho que "no sólo lo piensa la empresa, sino que la sociedad se lo reclama".

No obstante, el presidente de CECA reconoció que la RSC "tiene luces y sombras". En este sentido, consideró que la RSC en muchas ocasiones es "marginal" en las empresas con acciones "patéticas"; a veces es ineficaz tanto en bienestar como en beneficio; existe una industria parasitaria con demasiadas personas en nómina para atenderla; en ocasiones sus partidarios critican iniciativas por sus motivaciones; o que muchos de sus partidarios "pequen" de fundamentalismo.

De este modo, señaló que estos inconvenientes no deben conllevar la renuncia a la RSC porque "no por repudiar una parte debe repudiarse el total de la iniciativa". En concreto apuntó sus principales ventajas, tales como que convierte al mercado en guía de los poderes públicos; sustituye parcialmente el intervencionismo público; aporta mayor eficacia y eficiencia social; anticipa parcialmente los efectos de futuras regulaciones; compensa parcialmente los daños colaterales de la globalización; y perfecciona la dinámica generatriz de la capacidad del mercado para crear bienestar.

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