edición: 3003 , Lunes, 6 julio 2020
28/12/2012
El saqueo a los accionistas de Bankia postergado a enero atenuando su efecto sobre la imagen del Gobierno

Rajoy cierra el año con la mayor transferencia de pérdidas del sector privado al Estado en la historia de España

Carlos Schwartz

En su rueda de prensa hoy el presidente del Gobierno Mariano Rajoy hará un recorrido triunfal sobre los logros de su equipo cuyo eje central será el efecto que tendrán, en un futuro que no se divisa, las reformas y parches contenidos en 50 decretos. Para el presidente de lo que se trata es de pavimentar el camino al incremento de la tasa de beneficios de las empresas cuando haya recuperación económica. Algo que no está en las previsiones de los principales analistas y organizaciones multilaterales, incluida la Unión Europea (UE), en un futuro previsible. Es más los signos negativos se siguen acumulando y hacen prever un agravamiento de la recesión y el paro con mayor endeudamiento público y nuevos recortes sociales.

En este contexto España cierra el año con la mayor transferencia de pérdidas del sector privado al sector público de su historia bajo el epígrafe de crisis bancaria. El saneamiento de los bancos del Grupo I supone 37.500 millones de euros de deuda fresca para sumar al endeudamiento del Estado. Entre enero y febrero la cifra alcanzará como mínimo los 40.000 millones de euros con la incorporación a esta pila de deuda del Grupo II. La contrapartida de la transferencia de pérdidas es el incremento del endeudamiento público.

Sin contar desde luego con la financiación accesoria que supone el papel que la Sareb destine a la compra de activos deteriorados de los bancos, los avales del estado a las emisiones de bancos y cajas de ahorros, así como la toma de participación del Estado dentro de los bancos en saneamiento. Pero lo peor es que esta montaña de deuda no supondrá el restablecimiento del crédito al sector privado por parte de la banca. La vasta operación de capitalización con papel no va a generar liquidez permanente para el sector que seguirá dependiendo del Banco Central Europeo (BCE). Extremo este que el propio banco emisor reconoce en su documentación.

El BCE admite que el papel de la Sareb será canjeado por dinero en el BCE, y se reserva el derecho a calificar a ese papel cuando esté en circulación. Mejor suerte tendrá el papel del Mecanismo de Estabilidad Europeo (MEDE) con el cual se inyecta capital a los bancos de los grupos I y II, ya que el recorte será menor. La idea central de este proceso a costa del Estado que ve incrementada su deuda de forma considerable, es absorber las pérdidas del sector privado para transferir los activos libres de basura de nuevo al sector privado. Una operación dictada por Bruselas, Berlín y Fráncfort, en defensa de los intereses de la banca acreedora del resto de Europa. La deuda externa de la banca española con la banca del resto de Europa es del orden de los 650.000 millones de euros. De este total hay 374.785 millones de euros en cédulas hipotecarias.

Una operación de este calado tiene por supuesto condiciones escritas de las que estamos al tanto por el Memorando de Entendimiento firmado con la UE y apoyado en pleno por la troika. Pero las cláusulas no escritas tienen que ver con la naturaleza de la concentración bancaria a que dará lugar el proceso de traspaso de la crisis del sector bancario al Estado. Esa es la segunda etapa en la cual los bancos sanos se quedarán con los restos saneados. Mientras está claro que la banca de Alemania mira con interés el proceso de concentración bancaria en España de momento está más ocupada analizando sus posibilidades de intervenir en una concentración bancaria en Italia. Lo cual no quita que la gran banca internacional aspira a participar de lleno en el negocio que le puede suponer la reestructuración del sector español.

Mientras la reducción a casi cero del capital en manos de los accionistas de Bankia ha sido postergada a enero en una operación de escaparate con el objetivo de ahorrar más mala imagen en vísperas de fin de año. Está claro en todo sentido que la preservación de BFA y Bankia como entidades zombies que drenan ellas solas más de la mitad de los recursos concedidos a España para el saneamiento bancario es resultado de su carácter sistémico. Pero este último se traduce como las posiciones acreedoras del resto de la banca europea sobre BFA-Bankia, ni más ni menos. Lo que la racionalidad indicaba como operación de elección ha sido rechazada por este motivo.

La resolución de BFA-Bankia mediante un proceso de liquidación habría trasladado el epicentro de la protesta a los pasillos de la UE donde los lobbies bancarios habrían intentado triturar a España. Es decir, este Gobierno ha sido incapaz de encontrar una salida organizada para la crisis de esta entidad, la crisis nodal del sistema financiero español, que descargara al menos en parte las pérdidas sobre los grandes acreedores internacionales de la entidad que no operaron en la ingenuidad y la credulidad sino en el riesgo calculado. Aquellos que, debido a su conocimiento del negocio bancario y al grado de información de que disponen, son quienes deberían haber soportado quebrantos por esa crisis. Esto si es riesgo moral con daño para los pequeños accionistas. Es interesante en este sentido como opera la Comisión Europea que fuerza en sus acuerdos a que los accionistas e inversores en las entidades en crisis sufran pérdidas, pero nada dice de los acreedores altamente cualificados en le resto de la Unión Europea. Cualquiera diría que las normas las dictan los peces gordos del club.

Mientras, el resto del empresariado del país, es decir el que representa a casi todos los sectores productivos, desde la industria cerámica hasta la generación eléctrica, pasando por la fabricación de máquinas herramientas hasta válvulas de alta calidad, acumulan casi tanta animadversión hacia el Gobierno como quienes padecen las consecuencias de las políticas recesivas a nivel de calle.

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