edición: 2831 , Miércoles, 23 octubre 2019
25/05/2012
Mientras se dispara la cuenta a pagar en la crisis de Bankia y el saneamiento del sistema

Rajoy pretende un blindaje financiero de España ante el riesgo de salida de Grecia

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno
Carlos Schwartz

Convenientemente aderezada por las invocaciones a la austeridad, lo esencial de la posición del presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, a la salida de la reunión informal del Consejo Europeo en Bruselas esta semana fue su aspiración de que el Banco Central Europeo (BCE) sostenga la liquidez de los mercados de deuda soberana. Hasta ese momento había reiterado públicamente la necesidad de que el BCE haga circular ingentes recursos monetarios en diversas oportunidades, pero había dejado en un cono de sombra a qué se refería concretamente. Tanto que una fuente financiera en Francfort a la pregunta de qué pensaba de la posición ventilada por Rajoy antes de la cumbre afirmó: “No puede ser que el presidente del Gobierno de España ignore que la banca de su país ha recibido una parte sustancial del billón largo de euros concedido al sistema bancario por el BCE en los últimos meses, y por más distanciado que esté del Banco de España sabrá por sus estadísticas que la financiación a la economía de su país es en este momento del orden de los 250.000 millones de euros. Sería bueno saber a qué se refiere”. Ahora queda claro, se refería a dar liquidez a la deuda soberana. Pero por añadidura matizó su posición afirmando que de momento esa deuda es sostenible y su liquidez está garantizada... pero que “si llega el momento en que no lo está, las decisiones se podrán tomar en 24 horas”.

Es decir, en caso de que las crecientes tensiones sobre la deuda soberana de España se vean acrecentadas haya una intervención de apoyo por parte del BCE en “24 horas”. Desde luego el escenario más temido por el gobierno es la tormenta que puede desatar una salida de Grecia de la unión monetaria. Situación que es harto curiosa, porque el primer espada de la coalición Syriza cuyo triunfo electoral se dice que pondría en jaque al sistema, ha afirmado por activa y pasiva que no se piensa marchar del euro. El mensaje de Alexis Tsipras a su electorado es reformular el plan de austeridad y recortes del gasto público sustituyéndolo por un plan de reactivación de la economía. El problema que se presenta es que el Fondo Monetario Internacional (FMI), el BCE y la UE suspenderán los pagos del programa de ayudas si el plan comprometido no se mantiene. Lo cual dejará al país a expensas de sus propios ingresos para financiarse, puesto que no puede emitir moneda dentro del euro. Es decir a sus ingresos por balanza de pagos, que es deficitaria. Y a la recaudación fiscal, que cae por la recesión. Este modelo contradictorio que comienza a configurarse es el preámbulo de una violenta sacudida monetaria que tendrá inevitables consecuencias sobre los mercados de deuda soberana en los países de la periferia del euro. España entre otros.

Pero hay más. En el camino a las elecciones generales griegas que están a la vuelta de la esquina, el 17 de junio, el fantasma de Bankia comienza a levantar vuelo y desplegar sus alas que por lo que se comienza a saber tienen una envergadura bastante mayor de lo estimado por el Gobierno. La cifra que comienza a manejarse como coste de la operación es de 20.000 millones de euros. Habrá que sumar a este número el resto de la operación de saneamiento de la banca en proceso de recuperación, además de lo que cueste poner en orden el conglomerado resultante. Incluidas las misteriosas sociedades tenedoras de activos inmobiliarios de la banca española.

Lo que el presidente Rajoy ha venido a expresar con la puesta en escena de la necesaria liquidez en los mercados de deuda soberana es su temor a que los sobresaltos que pueda generar la crisis bancaria española con el telón de fondo de las incertidumbres griegas acabe acelerando el deterioro político del Gobierno. Para limitar el efecto del proceso, que puede ser fulminante, Rajoy pide a sus socios de la UE garantías sobre la sostenibilidad de la deuda soberana española. Es decir que los tipos de interés que tenga que pagar no superen el umbral que la hace inviable y detona una intervención. A escasos cinco meses de su triunfo electoral por mayoría absoluta el Gobierno pone de manifiesto el temor por su futuro. Es en parte por esto que el ejecutivo desvía los tiros para escapar a las consecuencias de la crisis del sistema bancario y su efecto colateral entre los accionistas de las cajas de ahorros reconvertidas en bancos, fallidos en muchos casos, contra las instituciones supuestamente encargadas de velar por los intereses de clientes e inversores.

Lo que nadie puede velar es que el pecado del Gobernador del Banco de España fue dejar operar al gobierno socialista a sus anchas en una política de paños calientes para la banca. Pero los decretos fueron del Gobierno, no del regulador. Incluido el primer Real Decreto Ley del Gobierno del PP para la banca, el 2/2012 que siguió por la misma vía ya establecida por el ejecutivo anterior. El verdadero corte ha sido Bankia por el efecto del sinceramiento. Y ese corte ha sido forzado y no voluntario. Pero al mismo tiempo ha obligado a dejar fuera del proceso al regulador. Se trata de sustraer a la opinión pública las interioridades del proceso que ha desembocado en la crisis de Bankia, y que no son sólo el resultado de una fusión mal avenida. El modelo de fusión de cajas que dio nacimiento a Bankia no fue “forzado” por el Banco de España o el Gobierno socialista, como señala la presidenta de la Comunidad de Madrid. Fue un proceso gestado por las propias fuerzas vivas del Partido Popular al frente de las comunidades autónomas de Madrid y Valencia y consensuado con el gobierno socialista que respetó ese territorio como propio del PP.

Motivo por el cual jamás se dará al proceso de saneamiento la transparencia requerida. Como tampoco interesa a socialistas y populares dar transparencia a la aplicación de los recursos del FROB. Entre otras cosas porque el dinero del Fondo fue destinado a las reducciones de plantillas y cierre de sucursales que ha sido la esencia misma de la dichosa reestructuración dominada por las cifras colosales de las indemnizaciones percibidas. Aunque esos números desde luego palidecen frente a la adjudicación de inmuebles por parte de las cajas en compensación por deuda, proceso que estuvo políticamente condicionado por las proximidades de intereses de cada una de las inmobiliarias y promotores implicados en cada zona de influencia. La crisis bancaria se ha convertido en el verdadero talón de Aquiles del Gobierno.

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