edición: 3009 , Martes, 14 julio 2020
06/06/2013
Decisión comprometida

Rajoy ya tiene alternativas para no subir impuestos

Persecución de la economía sumergida, fraude y evasión de capitales toman fuerza en la agenda del presidente
Juan José González

Cristóbal Montoro y Luis de Guindos preparan el gran plan `B´ del Gobierno para mejorar los ingresos sin tocar IVA y rentas, ejercicio de prestidigitadores que obliga a los técnicos a estrujar el cerebro. Y la práctica debe ocupar horas a juzgar por las largas jornadas que cubren los funcionarios afectados en los últimos diez días. El plan `B´ tiene tantos inconvenientes como el `A´, es decir, también tendría damnificados, aunque con algunos matices. El primero es que afectaría a las grandes empresas, a las transacciones financieras y a la fiscalidad de los grandes patrimonios. Y el segundo se centraría en el fraude y la evasión de capitales, delitos que habitualmente se localizan, en términos generales, el primero en la economía sumergida y el segundo en grandes patrimonios.

Hacienda ha comenzado a ofrecerle al presidente algunos cálculos en base a hipótesis de futuro sobre ingresos y nuevas actuaciones relacionadas con la recaudación fiscal. Le está dando vueltas y largas a una reforma fiscal en toda regla. Bruselas, por su parte, ya se ha preocupado de poner fechas a algunas reformas urgentes, entre las que se encuentran la fiscal y las pensiones, pero es la primera sobre la que se esperan más novedades. Los ajustes presupuestarios y la últimas subidas de impuestos, medidas orientadas a acercarse, que no a cumplir, los objetivos de déficit, no han sido suficientes, y de ahí que la Unión Europea haya concedido a España dos años más para alcanzar el déficit del 3%. Así que el Gobierno español, consciente del alto precio que debe pagar por las prórrogas europeas, busca alternativas menos dolorosas para la población que eviten nuevos ajustes en sanidad y educación.

El plan `B´ tiene sus costes, elevados pues la persecución de fraude y evasión de capitales ocupa a mayor número de técnicos en la medida en que se sitúe el listón, el objetivo de recaudación por estos conceptos. Un coste de personal para el que la Hacienda pública encontraría bastantes inconvenientes presupuestarios. Otro tanto se puede afirmar de la persecución de la economía sumergida, auténtico filón de fraude que en España registra históricamente niveles récord (una cuarta parte del PIB).

Pero es en el apartado de la cuantificación de las acciones, de la valoración de las alternativas a la subida de renta e IVA, donde Hacienda parece estar dispuesta a dar la sorpresa y ofrecer una cifra que sirva para mejorar las cuentas, las grandes cifras de ingresos. Porque el Gobierno nunca se ha atrevido a estimar lo que supondría reducir la economía sumergida, como tampoco los posibles logros en la persecución del fraude ni cifra alguna sobre una buena gestión en la persecución de los delitos de evasión de capitales. Cifras todas ellas que sí harían posible la reducción de la deuda.

Rajoy y sus ministros de Economía y Hacienda se encuentran ahora entre la espada de Bruselas y la pared de los ciudadanos españoles y no encuentran una vía fácil de salida al entuerto. La presión de Bruselas se ejerce sobre el IVA y el IRPF, dos puntos comprometidos con fuerte proyección política para un gobierno que ya ha aplicado la misma terapia con anterioridad. Pero que en todo caso, no dejan de ser pretensiones inalcanzables toda vez que para recaudar más por renta serían necesarios más salarios y para ingresar más por IVA sería necesario que subieran las ventas, además de mayores beneficios empresariales para ingresar más por sociedades. Precisamente, las tres condiciones que no se dan en la actualidad.

Se trata de una tarea compleja y comprometida, aunque lo cierto es que España es una economía deudora, con intereses crecientes y con escasa o muy limitado margen de maniobra para apagar el fuego. La solución pasa, entonces, por donde siempre; por aumentar la recaudación, para lo cual es necesario que trabajen más ciudadanos, precisamente, la incógnita de la ecuación que mayor dificultad comporta. Pero Europa no se calla y señala a las autoridades españolas el camino más corto, y también el más duro, que no es otro más que la revisión impositiva, respecto a la cual, la Unión no tiene dudas de que hay margen aún para esa revisión.

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