edición: 2831 , Miércoles, 23 octubre 2019
29/07/2009

Realia, Nozar y Aifos, tres ejemplos de porqué hay que cambiar la Ley Concursal

Javier Ardalán

El aumento de los concursos de acreedores en los últimos meses somete a un constante examen a la legislación aplicable. Con el Auto judicial que ha rechazado la entrada en concurso de Realia ha quedado claro que algo falla en la base legal de la normativa, que los jueces están tratando de solucionar sobre la marcha. La solicitud de declaración de concurso la presentó, el pasado mes de marzo, Instalaciones Feima, un proveedor que mantenía con la firma inmobiliaria un desencuentro, puesto que ésta se había negado a pagar obras mal ejecutadas, valoradas en unos 480.000 euros. Feima, en lugar de recurrir a la jurisdicción ordinaria para reclamar el pago de la deuda aprovechó que Realia estaba intentando llegar a un acuerdo de refinanciación con diversas entidades para denunciar el concurso. Tal y como ha quedado acreditado en el Auto judicial, el concurso no era el procedimiento judicial adecuado para reclamar.

El Auto considera probada la inexistencia de créditos (deudas) objeto de discrepancia y que en ningún caso puede entenderse que concurra un incumplimiento generalizado de pagos. Además, entiende que no se ha justificado ninguno de los hechos reveladores de la insolvencia invocados en la solicitud.

El momento en que se presentó el concurso no podía ser más delicado, puesto que Realia estaba negociando con diversos acreedores la refinanciación de 900 millones de euros, que el pasado mes de junio fue finalmente acordada con un vencimiento medio de seis años.

La historia es muy similar a la que se vivía hace unos meses con Nozar, que también superó en los tribunales una solicitud de concurso interpuesta por una ‘extraña’ sociedad denominada Avalatransa, justo en el momento más delicado de la renegociación de la deuda con los acreedores, que, finalmente, bajó de 2.300 a 700 millones de euros.

Posteriormente, Nozar se ha acogido a la reforma de la Ley Concursal para iniciar la negociación de una propuesta de convenio de pago a acreedores ante la posibilidad de que no pueda alcanzar un acuerdo de refinanciación de la deuda de 700 millones de euros que actualmente soporta.

En este caso, el juez también impuso las costas a la empresa que había solicitado el concurso y que se demostró, que no tenía crédito para poder hacerlo. El pago de las costas se ha impuesto como un revulsivo para quienes tratan de utilizar el concurso sin cumplir con todas las exigencias de la Ley Concursal.

Esta norma establece que incumbe al solicitante del concurso necesario la prueba de los hechos en que fundamente su solicitud; en todo caso, la declaración ha de hacerse con respeto de las garantías procesales del deudor, quien habrá de ser emplazado y podrá oponerse a la solicitud, basándose en la inexistencia del hecho en que ésta se fundamente o en la que de su estado de insolvencia, incumbiéndole en este caso la prueba de su solvencia. Las garantías del deudor se complementan con la posibilidad de recurrir la declaración de concurso.

Las ingentes cantidades que suponen las costas de una solicitud rechaza chocan frontalmente con el incentivo que la propia Ley Concursal concede a los acreedores que solicitan en primer lugar el concurso necesario del deudor un privilegio de cobro del 25% de su crédito. Lo que supone que percibirán más cantidad que el resto de los acreedores.
 
Así, por ejemplo, una deuda (crédito) de 100 en un concurso que concluya con una quita del 40% de la deuda, cobraría primero un 25% y, a continuación, junto con el resto de acreedores, lo que  le correspondiese sobre el resto de la deuda.  La Ley justifica este incentivo por que el esfuerzo de este acreedor beneficia al resto y trata de premiar o incentivar el ejercicio de la acción para que se inste el concurso necesario.

Bueno, pues a pesar de todo, existe una tercera forma de actuar, que también deja en entredicho la actual normativa, sin meternos en mayores consideraciones técnicas (que las hay y muy gordas, como las interpretaciones que se hacen sobre la responsabilidad de los administradores). Se trata de quienes solicitan el inicio del procedimiento concursal necesario para forzar al deudor a negociar con ellos y una vez logrado el objetivo lo retiran, con un quebranto en la seguridad jurídica del resto de los acreedores.

El mejor ejemplo, en este caso es el de la inmobiliaria Tifos, que ha instado el concurso de acreedores voluntario tras acumular un pasivo superior a los 1.000 millones y no conseguir llegar a un acuerdo con sus 2.000 proveedores. En febrero, dos acreedores habían solicitado el concurso necesario, que Aifos logró sortear en ambas ocasiones al alcanzar un acuerdo de pago con ambos proveedores.

En este caso, la inmobiliaria aportó dos avales, por una cuantía global de unos 311.000 euros, para hacer frente a las supuestas deudas mantenidas con las empresas demandantes, cantidades que eran objeto de procedimientos en juzgados de primera instancia y que quedaron condicionadas al resultado de ambas sentencias. Después se retiraron las solicitudes de concurso.

La Ley Concursal fue pensada en época de bonanza económica y está demostrando que como dice Raimon Casanellas, presidente del Registro de Economistas Forenses (Refor), es necesaria una ley “bien meditada”. Todos estos ejemplos servirán para que la Comisión que se ha nombrado a estos efectos tenga en cuenta estos ejemplos para ponerles remedio. Miles de empresas y de puestos de trabajo están en juego.

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