edición: 2284 , Viernes, 18 agosto 2017
18/02/2010
OBSERVATORIO JURIDICO

Reclamación de la indemnización acordada en un contrato de incendio/todo riesgo y garantías adicionales

DATADIAR
Las partes habían concertado un seguro denominado "INCENDIO/TODO RIESGO DAÑO MATERIAL" entre cuyos riesgos cubiertos se encontraba un laboratorio de equipamiento eléctrico. Observadas importantes deformaciones y asentamientos del terreno en el edificio donde se encontraba el citado laboratorio, se determinó finalmente la ruina técnica del edificio lo que obligó al traslado del citado laboratorio. La causa de la ruina fue la excavación del túnel de la línea II del metro de Bilbao. Las cláusulas del contrato de seguro discutidas se encuentran en las "condiciones particulares" de la póliza.

El Juzgado de 1ª Instancia n° 11 de Bilbao estimó parcialmente la demanda señalando que las partes no discutían la existencia del siniestro, ni su causa, sino si el daño ocasionado estaba o no cubierto por la póliza. Se estimó, en primera instancia que se trataba de un seguro de riesgo material, que aparecía bajo la forma de un seguro de incendios, "pues entonces no existía un ramo específico para este tipo de seguros", por lo que, de esta forma, se ampliaban las coberturas de un seguro de incendio normal.

Apelada la sentencia de primera instancia, la Audiencia Provincial sección 4a, de Bizkaia, desestimó el recurso de apelación señalando que la cuestión básica era la "calificación e interpretación de las cláusulas contenidas en este seguro contra daños, en la modalidad "a todo riesgo".

El principal motivo del recurso de casación interpuesto, contra la Sentencia dictada en Segunda Instancia, denuncia la infracción de los Arts. 1 y 3 LCS cuya aplicación se ha omitido respecto de la cláusula delimitadora del riesgo que excluye las pérdidas o daños producidos directa o indirectamente por error de diseño y de asentamiento de los terrenos. Se argumenta que la sentencia ha conculcado la doctrina jurisprudencial que las conceptúa como delimitadoras del riesgo y que acepta la total oponibilidad de las mismas al asegurado.

El Tribunal Supremo, en Sentencia de la Sala Primera de 7 de enero de 2010, desestima el motivo del recurso y considera que la discusión sobre la distinción entre cláusulas limitativas y delimitativas ha supuesto siempre un problema en la interpretación de los contratos de seguro.

La mención a sentencias de la misma Sala, como la de 11 de septiembre de 2006 en las que se establece que las cláusulas delimitadoras del riesgo son, pues, aquéllas mediante las cuales se concreta el objeto del contrato, fijando que riesgos, en caso de producirse, por constituir el objeto del seguro, hacen surgir en el asegurado el derecho a la prestación, y en la aseguradora el recíproco deber de atenderla. La jurisprudencia mayoritaria declara que son cláusulas delimitativas aquéllas que determinan qué riesgo se cubre, en qué cuantía, durante qué plazo y en qué ámbito espacial (SSTS 2 de febrero 2001; 14 mayo 2004; 17 marzo 2006). Ello permite distinguir lo que es la cobertura de un riesgo, los límites indemnizatorios y la cuantía asegurada o contratada, de las cláusulas del contrato que limitan los derechos de los asegurados, una vez ya se ha concretado el objeto del seguro, por cuanto nada tienen que ver con éstas, sino con las delimitativas, en cuanto pertenecen al ámbito de la autonomía de la voluntad, constituyen la causa del contrato y el régimen de los derechos y obligaciones del asegurador, y no están sujetas a los requisitos impuestos por la Ley a las limitativas, conforme el art. 3, puesto, que la exigencia de este precepto no se refiere a una condición general o a sus cláusulas excluyentes de responsabilidad de la aseguradora, sino a aquéllas que son limitativas de los derechos del asegurado.

Aplicando esta doctrina al supuesto objeto del litigio, concluye nuestro más Alto Tribunal que la cláusula en cuestión establecía el objeto del seguro concertado entre las partes por lo debe considerarse como delimitativa, interpretación que vendría confirmada por su inclusión en las cláusulas particulares de la póliza. Sin embargo señala el Tribunal que esta primera aproximación no resulta definitiva, porque no basta con determinar la naturaleza de la cláusula para de ahí deducir sus efectos. La falta de claridad, no debe perjudicar al asegurado, puesto que no la ha producido y la regla de interpretación de las cláusulas oscuras prohíbe que la oscuridad favorezca a la parte que la hubiese ocasionado. Por tanto, concluye el TS, no puede el asegurador aprovecharse de la cláusula oscura que él mismo ha introducido, por lo que se llega a la misma conclusión que la sentencia recurrida.

En el segundo de los motivos se señala la infracción de los Arts. 1, 3 y 26 LCS y los Arts. 1114, 115 y 1256 CC entendiéndose que se han infringido al conceder la indemnización a valor de nuevo, sin el cumplimiento de los requisitos exigidos contractualmente, originando con ello un enriquecimiento injusto del asegurado.

La cláusula especial denominada «01. Cláusula de Valor de reposición» establece unas condiciones para obtener la indemnización «a valor nuevo», que la sentencia recurrida ha considerado limitativas de los derechos del asegurado y por ello ha entendido que no debía ser aplicable al no haber sido expresamente aceptada. La cláusula establecía que para obtener el citado «valor nuevo» debería haberse reconstruido el edificio destruido en un plazo de dos años a partir de la fecha del siniestro y debía reconstruirse en el mismo lugar que tenía antes del siniestro. Las condiciones para la indemnización de acuerdo con el valor nuevo no se cumplieron. En cuanto a este motivo, señala el TS que esta interpretación no es correcta. No se trata de una cláusula limitativa de los derechos del asegurado, puesto que no tiene derecho a obtener la indemnización acordada por encima del valor de mercado de los bienes dañados, si no se cumplen las condiciones previstas en el contrato. Para acabar de ligar el razonamiento, debe señalarse que podría considerarse como cláusula limitativa si excluyera totalmente la indemnización, a no ser que se cumplieran determinadas condiciones, pero estableciendo la póliza que el valor de los bienes asegurados se tomará en cuenta de forma distinta según se haya o no reconstruido el inmueble, aplicar la cláusula «valor nuevo» a todo supuesto de destrucción equivale a romper el equilibrio de las prestaciones contractuales.

Equipo Jurídico de Datadiar.com

LEGISLACIÓN

Resolución de 31 de enero de 2010, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se da publicidad a las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que resultarán de aplicar durante 2010 el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación (BOE nº 31 de 5 de febrero de 2010).
El texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, establece que anualmente, con efectos de primero de enero de cada año, deberán actualizarse las cuantías indemnizatorias que se recogen en el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación y, en su defecto, quedarán automáticamente actualizadas en el porcentaje del índice general de precios al consumo correspondiente al año natural inmediatamente anterior.

En este último supuesto, y con la finalidad de facilitar el conocimiento y aplicación del sistema, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones debe dar publicidad a las cuantías resultantes.

JURISPRUDENCIA

Penal

Delito de tráfico de drogas. Delito de blanqueo de capitales. Existe abundante prueba indiciaria sobre la inexistencia de las justificaciones de los ingresos. Tribunal Supremo. Sentencia 29 de diciembre de 2009.
En cuanto al blanqueo de capitales, que afecta solamente a P., resulta indiscutible la existencia de las cuentas y operaciones bancarias, descritas de forma minuciosa en el hecho probado, detallando el origen de los fondos y las fechas en que se hacen las operaciones necesarias para realizar los ingresos y para convertir determinados valores mobiliarios en dinero que engrosa las cuentas. Se califican las operaciones como ingresos no justificados, por no existir un soporte real que acredite la procedencia. Existe una abundante prueba indiciaria sobre la inexistencia de las justificaciones de los ingresos, carentes de un soporte real y acreditado que ponen de relieve la existencia de unos ingresos sin justificación alguna y absolutamente desconectados de actividades lícitas. La única explicación plausible, con arreglo a la valoración racional de los indicios, es que proceden del tráfico de drogas. La sentencia, después de reflejar en parte la acusación del Ministerio Fiscal e imputarle la obtención de pingües beneficios, hace una minuciosa y exhaustiva comprobación de los bienes y acuerda « el comiso de los bienes inmuebles y de las cuentas bancarias «, resolución que es una consecuencia lógica del delito de tráfico de drogas por el que se condena al marido de la recurrente. Añade que a los efectos del comiso, se declara la condición de responsable como « partícipe a título lucrativo de la representación de la actividad delictiva desarrollada por el marido a su esposa”. En consecuencia, es innegable que los bienes proceden del tráfico de drogas resultando indiferente cual sea la condición que ostente la recurrente respecto de los mismos.

Mercantil

Prescripción extintiva de la acción de los administradores. Día inicial. Tribunal Supremo. Sentencia 13 de enero de 2010.
Sostiene la recurrente que ha de considerarse día inicial del cómputo del plazo, no el de la disolución de pleno derecho de la sociedad deudora, sino el de la publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de la cancelación a que se refiere la disposición transitoria sexta, párrafo segundo de la LSA o, en su caso, aquel otro anterior en el que se practicó dicho asiento. Apoya tal afirmación en su cualidad de tercera de buena fe, en las reglas registrales sobre la inoponibilidad a quien ostenta tal condición de los actos sujetos a inscripción no inscritos y, finalmente, en la doctrina de la actio nata, en cuanto requiere para que el tiempo de prescripción corra que exista una posibilidad de ejercicio de la acción. La cuestión se limita a identificar el día inicial del cómputo del plazo de prescripción de la acción prevista en la DT6ª, párrafo segundo LSA.

Obligaciones solidarias y responsabilidad solidaria por obligación de otro. Tribunal Supremo. Sentencia 7 de enero de 2010.
Pleito anterior en el que se condena a un sujeto por incumplimiento de contrato de compraventa de la totalidad de las acciones de dos sociedades y a otros como responsables solidarios en virtud de culpa extracontractual del art. 81 LSA 1951. Solidaridad frente al acreedor perjudicado pero no en la relación interna entre los demandados. Pago por los declarados responsables solidarios para evitar el embargo de sus bienes. Derecho a reintegrarse totalmente del demandado por el que responden y no sólo de una parte proporcional.

Civil

La expresión «tiempo indefinido» resulta contraria a la naturaleza del contrato de arrendamiento y no equivale al sometimiento a prórroga forzosa. Tribunal Supremo. Sentencia 29 de diciembre de 2009.
El término «indefinido» resulta contrario a la naturaleza del contrato de arrendamiento en tanto la temporalidad es una de sus características esenciales, por lo que, precisamente, la validez de este negocio jurídico es incompatible con el establecimiento de una duración indefinida. Tras la publicación del Real Decreto-Ley 2/1985, de 30 de Abril, los contratos de arrendamiento de viviendas o locales de negocio celebrados bajo su vigencia tendrán la duración que libremente estipulen las partes desapareciendo así el sistema de prórroga forzosa por el que los contratos de esta naturaleza se prorrogaban por imperativo legal. No obstante, nada impide que, si las partes así lo acuerdan y en virtud del principio de libertad contractual consagrado en el artículo 1255 del Código Civil, los arrendamientos posteriores a la entrada en vigor del Real Decreto Ley 2/1985 puedan someterse al régimen de prórroga forzosa establecido en el artículo 57 dé la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964. Pero, en tal caso, es necesario que exista un acuerdo expreso de sometimiento, como razonan las sentencias de esta Sala que cita la parte recurrente para fundamentar el recurso, ya que, en caso contrario, hay que estar a la norma general, a saber, la duración del contrato por el tiempo convenido. El referido acuerdo, en general, debe existir en el contrato explícitamente, aunque cabe deducir la existencia de sometimiento del arrendador a la prórroga de modo implícito, que no tácito, de los propios términos del contrato, pero, aún en estos casos, es decir, sin que exista una cláusula específica, la deducción de duración indefinida debe ser clara y terminante. En definitiva, si la cuestión relativa al sometimiento o no al régimen de prórroga forzosa es dudosa, debe entenderse que no existe el acuerdo que permita la aplicación del mismo.

Bajo la apariencia y la forma de una compraventa no puede ampararse válidamente una donación, sea pura o remuneratoria, cuando se trata de bienes inmuebles. Tribunal Supremo. Sentencia 21 de diciembre de 2009.
La doctrina jurisprudencial es contraria a admitir que bajo la apariencia y la forma de una compraventa pueda ampararse válidamente una donación, sea pura o remuneratoria, cuando se trata de bienes inmuebles, siendo solamente válida cuando se otorga escritura pública de donación que visualice el «animus donandi», con cumplimiento del requisito «ad solemnitatem» del art. 633 CC.

La doctrina de esta Sala viene declarando de forma reiterada y uniforme que la inexistencia de precio determina la ausencia de causa y ocasiona la nulidad [rectius, inexistencia] del negocio, y que la simulación constituye una cuestión de hecho competencia de los Tribunales que conocen en instancia.

Para complementar lo expuesto procede señalar que la doctrina de esta Sala viene reconociendo, a falta de pruebas directas, que es el supuesto frecuente dado el lógico interés de los intervinientes de no dejar huellas de la realidad, la singular idoneidad y eficacia de las presunciones, como conjunto armónico de indicios, para fundamentar la apreciación de la simulación, y en el caso sucede que la sentencia recurrida ha cumplido con dicha guía jurisprudencial, cuyo acierto o desacierto ponderativo forma parte de la valoración probatoria, y no de la interpretación documental contractual.

Laboral

La obligación de la empresa colaboradora en relación al pago de las contingencias por IT subsiste, aunque se rescinda el concierto, hasta que el derecho al cobro del subsidio se extinga por causa legal. Tribunal Supremo. Sentencia 20 de enero de 2010.
La controversia suscitada se reduce a determinar si la finalización del convenio de colaboración voluntaria entre una empresa y el INSS, aquél por el que la empresa se convierte en autoaseguradora de las contingencias por incapacidad temporal, conlleva la extinción de las obligaciones que tenga la empleadora, con relación al pago de las contingencias por incapacidad temporal causadas durante la vigencia del convenio de colaboración rescindido a su instancia. La solución dada por la sentencia de contraste se considera más correcta. A falta de disposición expresa, procede aplicar por analogía la doctrina de esta Sala dictada en supuestos de hecho semejantes, resolviéndose en el sentido de que quien aseguraba la contingencia protegida al tiempo del hecho causante de la misma, continuaba obligado al pago de la prestación hasta su agotamiento por causa legal o reglamentaria, aunque en el ínterin se extinguiese el contrato de trabajo o la empresa cambiase de entidad aseguradora.

Competencia funcional y territorial del Juzgado de lo Social. La propia autonomía de la voluntad de los negociadores explicita el respeto al compromiso de no externalización de determinados servicios. Tribunal Supremo. Sentencia 22 de enero de 2010.
En la presente litis se discute en primer lugar sobre la competencia funcional y territorial del Juzgado de lo Social a favor de la A.Nacional. La demanda fue interpuesta por el Sindicato UGT, siendo el principal objeto de la pretensión, y el que ha resultado favorablemente acogido, la declaración de que la práctica de AENA, consistente en externalizar determinados servicios, era contraria a derecho. No ofrece duda para ninguna de las partes que tales servicios se refieren exclusivamente al Aeropuerto de Tenerife-Sur. Es cierto que la justificación de la pretensión se halla en el Acuerdo de desconvocatoria de huelga de 4 de marzo de 2004, que incluía un compromiso por parte de la empresa de no externalizar la actividad, salvo causas organizativas, productivas o económicas que requieren, en todo caso, la consulta a los representantes de los trabajadores. Y, es obvio, que tal Acuerdo tiene un alcance general, que no se circunscribe al centro de trabajo ubicado en aquél Aeropuerto. Ahora bien, no cabe confundir el ámbito de la norma paccionada, cuyo incumplimiento se denuncia en la demanda, con la afectación de la pretensión, que se limita a atacar un acto empresarial concreto, consistente en la adjudicación a un tercero de determinados trabajos, perfectamente delimitados, para dicho Aeropuerto. El ámbito del conflicto es, por tanto, el de este centro de Tenerife. Respecto al fondo del asunto, es decir, que se declarara contraria a derecho la actuación de la empresa AENA consistente en la externalización del servicio de «asistencia técnica de coordinación de actividades de los Aeropuertos del Grupo Canarias», por contravenir, según se decía, lo pactado colectivamente, el tenor literal del Acuerdo no ofrece dudas sobre la voluntad de no mantener proyectos de externalización que afectaran a las ocupaciones contenidas en catálogo del III Convenio colectivo, asumiendo el compromiso de futuro de no externalizar, con las dos excepciones relativas a la concurrencia de motivos organizativos, productivos y económicos o el análisis de las situaciones generadas por las asistencias ya contratadas a la firma del Acuerdo.

Administrativo

Responsabilidad patrimonial del estado por retrasos indebidos del Tribunal Constitucional en la decisión de un incidente de recusación formulado en un Recurso de Amparo. Tribunal Supremo. Sentencia 26 de noviembre de 2009.
La falta de Desarrollo legislativo del artículo 9.3 ce en cuanto al Tribunal constitucional no impide que pueda exigirse Responsabilidad a la administración del estado por su Funcionamiento anormal. Por tanto, deriva directamente del artículo 9.3 CE que el Estado debe responder por los daños que los particulares hayan sufrido como consecuencia de las dilaciones en que el Tribunal Constitucional haya incurrido al resolver algún recurso de amparo interpuesto por ellos, si esas dilaciones pueden calificarse como indebidas. Dicha calificación incluye el supuesto con toda evidencia dentro del concepto mas amplio del funcionamiento anormal de Tribunal Constitucional, como ha declarado el TEDH, entre otras, en su sentencia de 25 de noviembre de 2003, antes citada, (caso Soto Sánchez contra España), en interpretación del artículo 6.1 del Convenio, cuya doctrina debe tenerse en cuenta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.2 CE, en la interpretación del artículo 24 CE, cuyo contenido comprende el derecho a que la tutela judicial impetrada se conceda en un plazo razonable. Cauce para reclamar: el Consejo de Ministros.

Autorización para instalación de central termoeléctrica de ciclo combinado. Legitimación activa de Ecologistas en Acción. Tribunal Supremo. Sentencia 1 de diciembre de 2009.
La Sala declara que no es posible afirmar, como entiende la Asociación actora, que en el momento de entrada en vigor de la Ley 16/2002, de 2 de julio, estuviera obligada a suspender el procedimiento de autorización y acomodarse a las exigencias estrictas de la misma, lo que hubiera supuesto que tras recibir la declaración de impacto ambiental positiva (emitida inmediatamente después de entrar en vigor de dicha Ley), hubiera debido exigir a las empresas promotoras contar con la AAI antes de otorgar la autorización sustantiva. Sin embargo, frente a la moratoria de cinco años largos de adaptación a la Ley para las instalaciones existentes (que entrasen en funcionamiento hasta un año después de entrada en vigor la Ley, el 3 de julio de 2.003), a las que tenían el procedimiento de autorización ya iniciado a la entrada en vigor de la Ley pero no entraron en funcionamiento hasta después de transcurrido dicho año, la Ley no les resultaba exigible sino justo a partir de ese momento, en que se cumplía tal plazo sin haber entrado en funcionamiento. En suma, hasta el 4 de julio de 2.003 las empresas promotoras de las centrales en tramitación no estaban obligadas a solicitar y obtener la AAI requerida por la Ley 16/2002, de 2 de julio. Ha lugar a la casación.

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