edición: 2578 , Viernes, 19 octubre 2018
22/03/2012
OBSERVATORIO JURIDICO

Reclamación del importe de un pagaré

DATADIAR

Por una entidad mercantil se formuló demanda de juicio cambiario contra otra compañía mercantil reclamando el importe de un pagaré emitido para pago parcial de un contrato de ejecución de obra por ajuste alzado -precio cerrado-. El pagaré era el correspondiente a la décima certificación de un contrato de ejecución de obra a precio cerrado el cual fue resuelto por la actora contratista. La sociedad demandada opuso el incumplimiento contractual de la entidad contratista actora que había resuelto unilateralmente el contrato y abandonado la obra, y asimismo que el importe del pagaré rebasaba el correspondiente a la obra ejecutada.

El Juzgado de 1ª Instancia núm. 35 de Madrid dictó sentencia estimado parcialmente el escrito de oposición. Por su parte, la Audiencia Provincial de Madrid estimando el recurso de apelación interpuesto por la sociedad actora, revoca la Sentencia del Juzgado, desestimando la oposición formulada por la demandada y la condena a pagar a la actora la cantidad reclamada.  La "ratio decidendi" se resume en que no se ha probado el desajuste entre la cantidad facturada (certificación décima a la que corresponde el pagaré litigioso) y la obra ejecutada, y que no se ha acreditado que la acreedora cambiaria incurriese en causa de resolución contractual a ella imputable, por lo que no es de aplicación en este proceso la cláusula penal en que se fundamenta la oposición de la demandada.

Por la sociedad demandada se interpusieron recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación que han sido examinados por el Tribunal Supremo en Sentencia de la Sala Primera de 23 de enero de 2012.

En el motivo primero del recurso de casación se alega infracción del art. 67 de la Ley Cambiaria y del Cheque, que es aplicable al pagaré de conformidad con el art. 96 de la propia Ley. Dicho artículo de la Ley Cambiaria dispone que 67 que “el deudor cambiario podrá oponer al tenedor de la letra las excepciones basadas en sus relaciones personales con él. También podrá oponer aquellas excepciones personales que él tenga frente a los tenedores anteriores si al adquirir la letra el tenedor procedió a sabiendas en perjuicio del deudor.
El demandado cambiario podrá oponer, además, las excepciones siguientes:
1.º La inexistencia o falta de validez de su propia declaración cambiaria, incluida la falsedad de la firma.
2.º La falta de legitimación del tenedor o de las formalidades necesarias de la letra de cambio, conforme a lo dispuesto en esta Ley.
3.º La extinción del crédito cambiario cuyo cumplimiento se exige al demandado.
Frente al ejercicio de la acción cambiaria sólo serán admisibles las excepciones enunciadas en este artículo.”

En el motivo de casación hace referencia a la existencia de distintos criterios jurisprudenciales en las Sentencias de las Audiencias Provinciales y que se reflejan en las contrapuestas decisiones adoptadas en el asunto por las resoluciones de primera y segunda instancia, aludiéndose a la postura jurisprudencial de dichas Audiencias que solo admiten excepcionar (en el ámbito de la relación causal) el incumplimiento total o pleno, y  también el defectuoso, si el mismo lo es de tal entidad que equivale a un incumplimiento grave o esencial, pero no el cumplimiento defectuoso o irregular que solo puede dar lugar a una indemnización de daños y perjuicios, en cuya orientación sitúa el recurso a la sentencia impugnada.

Además se hace referencia al criterio que admite excepcionar el cumplimiento defectuoso -exceptio non rite ("no bien y rectamente", "como es debido") adimpleti contractus-, siquiera con el matiz de que "no todo incumplimiento parcial o defectuoso del contrato, sobre todo cuando es de tractu sucesivo, permite su invocación, pues serán las circunstancias concurrentes en cada caso las que determinarán la necesidad de adoptar una u otra postura y, entre ellas, sustancialmente, la entidad o naturaleza de los defectos, irregularidades y parte de la obligación incumplida en relación con la totalidad del contrato o negocio jurídico, y nominal o importe de la cambial o cambiales impagadas, de modo que para la apreciación de la excepción enervante se requiere que el montante cuantitativo que suponga el incumplimiento tenga la entidad suficiente para legitimar la exoneración de la obligación de pago del otro contratante, es decir, resulta preciso que lo no hecho o lo mal hecho exceda del nominal de la letra o letras de cambio ejecutadas, o que su importe o valor sumado a lo ya pagado o entregado a cuenta, o incluso con lo que en el seno del proceso se pague o consigne permita declarar extinguido el crédito incorporado a la cambial de modo total o parcial".

El problema jurídico planteado ya fue afrontado en sede de principios y en buena medida por las Sentencias de esta misma Sala de 23 de diciembre de 2010 y 18 de enero de 2011.

En cualquier caso, señala el TS que ha habido un incumplimiento contractual de la entidad promotora. Igualmente se dispone en la STS que no consta la divergencia entre obra ejecutada y obra facturada que permita considerar excesiva la suma dineraria representada por el pagaré, por lo que, con independencia de si el tema es o no susceptible de incidir en el proceso cambiario, en ningún caso asistiría la razón a la oposición de la mercantil demandada.

Finalmente, y aun cuando el tema no es realmente objeto de debate, señala el Tribunal que, a efectos meramente dialécticos, procede aludir a que la existencia de defectos en la obra ejecutada, cuya petición de la comitente fue aceptada en la Sentencia recaída en el juicio ordinario, carece de incidencia alguna en la resolución a dictar en este proceso, entre otras razones, además de la expresada, porque no es excepción idónea para objetar el cumplimiento del pago precio, cuya prestación no cabe suspender con el pretexto de la existencia de aquellos, dado el carácter esencial y secundario de las respectivas obligaciones.

Finalmente, termina el Tribunal Supremo desestimando los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por la representación procesal de la entidad mercantil demandada contra la Sentencia dictada por Audiencia Provincial de Madrid sin hacer especial imposición de las costas causadas en ambos recursos.


Equipo jurídico de Datadiar.com


LEGISLACIÓN

Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.  BOE nº 56 de 6 de marzo de 2012.
El modelo de mediación se basa en la voluntariedad y libre decisión de las partes y en la intervención de un mediador, del que se pretende una intervención activa orientada a la solución de la controversia por las propias partes. El régimen que contiene el real decreto-ley se basa en la flexibilidad y en el respeto a la autonomía de la voluntad de las partes, cuya voluntad, expresada en el acuerdo que la pone fin, podrá tener la consideración de título ejecutivo, si las partes lo desean, mediante su elevación a escritura pública. En ningún caso pretende esta norma encerrar toda la variedad y riqueza de la mediación, sino tan sólo sentar sus bases y favorecer esta alternativa frente a la solución judicial del conflicto. Es aquí donde se encuentra, precisamente, el segundo eje de la mediación, que es la deslegalización o pérdida del papel central de la ley en beneficio de un principio dispositivo que rige también en las relaciones que son objeto del conflicto. La figura del mediador es, de acuerdo con su conformación natural, la pieza esencial del modelo, puesto que es quien ayuda a encontrar una solución dialogada y voluntariamente querida por las partes. La actividad de mediación se despliega en múltiples ámbitos profesionales y sociales, requiriendo habilidades que en muchos casos dependen de la propia naturaleza del conflicto. El mediador ha de tener, pues, una formación general que le permita desempeñar esa tarea y sobre todo ofrecer garantía inequívoca a las partes por la responsabilidad civil en que pudiese incurrir. Igualmente, el real decreto-ley utiliza el término mediador de manera genérica sin prejuzgar que sea uno o varios.


JURISPRUDENCIA

Penal

Delito de estafa. Falsificación de la orden de transferencia. La modalidad falsaria es la prevenida en el art. 390.2 CP. Tribunal Supremo. Sentencia 2 de noviembre de 2011
En los dos primeros bloques de estafas cuestionadas hemos de partir que la Sala de instancia no consideró que además, constituyeran delito de falsedad documental por lo que ningún problema de consunción o concurso de normas puede producirse, pero ello no empece a que el mecanismo utilizado por la acusada consistente en la argucia, falacia y mendacidad de alterar los documentos de nóminas, modificando su importe total -en el factum se recoge como probado que «a fin además de no levantar sospechas la acusada al realizar los listados de nóminas, aumentaba las cantidades correspondientes a los trabajadores de la entidad hasta completar las cantidades que se transfirieron a ella en concepto de nómina, para justificar contablemente el exceso de pago» - e incluyéndose como persona con derecho a percibir nómina, aprovechando para ello que el administrador habría firmado previamente la relación de nóminas, constituye el engaño que genera el desplazamiento patrimonial a su favor subsumible en el delito de estafa (ver STS 117/2011, de 3-3), sin que pueda cuestionarse la existencia del subtipo agravado desde el momento en que la firma no se obtiene con engaño y aprovechando esa firma se produce la actuación posterior que constituye la maniobra defraudatoria. Incompatibilidad que en todo caso no se produciría en el último bloque de documentos en los que la acusada que poseía la firma del administrador en otros documentos le escaneó y estampó en un nuevo documento, creación ex novo que integraría el delito de falsedad, pero como el engaño se obtuvo con abuso de aquella firma auténtica puede ser valorado para integrar el subtipo agravado y de forma continuada. Falsificación de la orden de transferencia. La modalidad falsaria es la prevenida en el art. 390.2 CP: «simulando un documento en todo o en parte de manera que induzca a error sobre su autenticidad». Respecto a la falsificación de las fotocopias, en el caso actual lo que se falsifica no es propiamente la fotocopia (mero instrumento) sino la orden de transferencia que se pretende simular. La confección del documento falso, con vocación de pasar por auténtico, puede efectuarse mediante técnicas diversas, como puede ser, a título meramente enunciativo, no taxativo o cerrado, partiendo de soportes documentales auténticos, mediante confección por imprenta de soportes semejantes o mediante escaneado o digitalización.


Mercantil

Seguro de incendios. Procedimiento extrajudicial de liquidación de daños. Tribunal Supremo. Sentencia 16 de noviembre de 2011
Aplicada la doctrina jurisprudencias respecto al el art. 38 de la LCS al caso de autos, señala el Tribunal que la aseguradora no negó la cobertura del siniestro, sino que retrasó el pago por causa justificada, dada la incoación de un procedimiento penal seguido para la investigación de la posible intencionalidad del incendio, que, a la postre, fue descartado. Unido ello a la concurrencia de unos embargos sobre la prestación que debía satisfacer la aseguradora al asegurado, lo que a su vez impidió el pago que pretendía efectuar la Compañía, pero sin saber la misma quién era el acreedor legítimo, dado el mandamiento judicial de embargo existente. En suma, la aseguradora nombró perito y, con tardanza, pero con certidumbre dio traslado a la asegurada que se abstuvo del nombramiento de perito, por su parte. Es incontestable que, al menos, tuvo traslado de la pericial cuando se le citó al expediente de consignación. El esfuerzo argumental de la parte recurrente tiende a demostrar que no es de aplicación el art. 38 de la LCS, pues la aseguradora expresó su negativa a indemnizar, pero como hemos dicho la única intención de la aseguradora, fue conocer con certeza si debía pagar y a quién, pero sin negar la cobertura del siniestro.

Consorcio de Compensación de Seguros. Seguro agrario combinado. El riesgo catastrófico no lo cubre el Consorcio cuando la producción agrícola es susceptible de ser cubierta por Seguro agrario combinado. Tribunal Supremo. Sentencia 17 de noviembre de 2011
Infracción de lo dispuesto en el art. 7 del Estatuto del Consorcio de Compensación de Seguros, en relación con lo dispuesto en el art. 3 del Código civil. Según el art. . 7 quedan excluidas, en todo caso, las pólizas que cubran producciones agropecuarias susceptibles de aseguramiento a través del sistema de los Seguros Agrarios Combinados, por encontrarse contempladas en los Planes que anualmente aprueba el Gobierno.Esta norma con claridad excluye del amparo por el Consorcio las pólizas «susceptibles» de aseguramiento a través del sistema de seguros agrarios combinados. La póliza litigiosa era «susceptible» de aseguramiento por dicho sistema, por lo que se debe entender que el siniestro, en cuanto a los daños a las plantas no estaba cubierto por el Consorcio.


Civil

La falta de notificación de la subrogación arrendaticia producida a raíz de la jubilación del arrendatario conforme a la D.T.3ª.B.3 LAU no determina la extinción del contrato ni faculta al arrendador para el ejercicio de la acción de resolución. Tribunal Supremo. Sentencia 30 de noviembre de 2011
La falta de notificación de la subrogación arrendaticia producida a raíz de la jubilación del arrendatario conforme a la DT Tercera, B), apartado 2, LAU no determina la extinción del contrato ni faculta al arrendador para el ejercicio de la acción de resolución. Esta conclusión se funda en que: (a) no se aprecia la existencia de una laguna legal que justifique la aplicación de la analogía, pues bajo la regulación de la LAU 1964, que es la aplicable según la DT Tercera LAU, la jurisprudencia no consideraba necesaria la notificación de la subrogación producida a raíz de fallecimiento del arrendatario de local de negocio; (b) aunque no fuera así, cuando la LAU no establece con precisión que la sanción a la falta de notificación es la resolución del contrato, no puede aplicarse la analogía para anudar a la omisión una consecuencia tan grave, la cual implica la pérdida de derechos del arrendatario; (c) en todo caso, la aplicación analógica del artículo 58 LAU 1964, tomado en su integridad, conduciría a la conclusión de que la falta de notificación no podría ser directamente causa de resolución del contrato, sino, a lo sumo, de que, de no tener lugar la notificación en el plazo de 90 días allí fijado, el arrendador estuviese facultado para requerir al nuevo ocupante a fin de que le notificara la subrogación en otros 30 días, con la advertencia de que su falta en dicho plazo sí podría ser motivo de resolución; (d) el principio de buena fe exige que el arrendatario comunique la subrogación producida al arrendador para que tenga conocimiento del cambio subjetivo producido en la relación arrendaticia; pero no comporta que la falta de esta notificación legitime para el ejercicio de la acción resolutoria. Basta con considerar que el arrendador estará legitimado para el ejercicio de cualesquiera actos ejecutados sobre la base de la inexistencia de la subrogación si no se prueba que tenía conocimiento de ella y para el ejercicio de las acciones de resarcimiento de los perjuicios que pueda haber sufrido por esta circunstancia.

El precontrato de opción es aquel por el que una de las partes atribuye a la optante el derecho de decidir la puesta en vigor de un contrato en un concreto plazo. Tribunal Supremo. Sentencia 1 de diciembre de 2011
El precontrato de opción es aquel por el que una de las partes atribuye a la optante el derecho de decidir la puesta en vigor de un contrato (normalmente, como en el presente caso, de compraventa) en un concreto plazo. Por tanto, el efecto de produce es que si el optante ejercita su derecho, pone en vigor el precontrato y la otra parte, la concedente, tiene el deber jurídico de celebrarlo efectivamente. Y el optante, desde el momento en que declara su voluntad de ejercicio de la opción, puede exigir dicha celebración, que se hará de mutuo acuerdo o por resolución judicial, tras el procedente proceso.« Cuando se ejercita ésta, -la perfección del precontrato- se celebra más tarde la compraventa -consumación del precontrato- y es en este momento cuando se paga el precio y se transmite la cosa.


Laboral

Despido nulo por omisión de la entrega a los representantes de los trabajadores, de la copia de la carta de despido objetivo por amortización del puesto de trabajo. Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sentencia 8 de noviembre de 2011
La primera y principal cuestión que se suscita en el presente recurso, resuelta ya por esta Sala en varias ocasiones como enseguida veremos, consiste en determinar si la omisión de la entrega de la copia de la carta de despido objetivo por la causa del apartado c)  del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores -necesidad de amortización del puesto de trabajo- a la representación de los trabajadores constituye una infracción que deba determinar la nulidad del despido. Para ello, basta con reiterar que debe incluirse entre las formalidades requeridas por la ley «la entrega de la copia de la carta de despido a los representantes de los trabajadores, y ello porque la omisión de esta exigencia no es un mero incumplimiento de un deber de información cuya represión se agote en una sanción administrativa. La información a los representantes de los trabajadores sobre los despidos objetivos económicos es una pieza esencial del sistema legal de control de la distinción institucional entre el despido colectivo y el objetivo. Sin una información de esta clase, que tiene necesariamente que centralizarse en la representación unitaria de los trabajadores, éstos tendrán importantes dificultades para conocer la situación de la empresa en orden a la correcta utilización del cauce del despido objetivo económico y, por tanto, será muy difícil acreditar la eventual superación de los límites cuantitativos a efectos de mantener en el proceso la causa de nulidad.

No es válido el desistimiento unilateral empresarial de una cláusula contractual del pacto de no competencia post-contractual. Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sentencia 8 de noviembre de 2011
La cuestión que se plantea en el presente recurso de casación unificadora consiste en determinar la validez del desistimiento unilateral verificado por la empresa de una cláusula contractual de pacto de no competencia post-contractual una vez que se extingue el contrato laboral entre empresa y trabajador. Reitera el Tribunal que el pacto de no competencia para después de extinguido el contrato de trabajo, requiere para su validez y licitud aparte de su limitación en el tiempo, la concurrencia de dos requisitos, por un lado, que se justifique un interés comercial o industrial por el empresario, por otro que se establezca una compensación económica; existe por tanto un doble interés: para el empleador la no utilización de los conocimientos adquiridos en otras empresas; para el trabajador asegurarse una estabilidad económica extinguido el contrato, evitando la necesidad urgente de encontrar un nuevo puesto de trabajo; estamos, pues, ante obligaciones bilaterales, recíprocas, cuyo cumplimiento por imperativo del art. 1256 CC no puede quedar al arbitrio de sólo una de las partes. Se ha reiterado que la solución a la cuestión planteada, -en orden a si el empresario con amparo en una cláusula contractual pactada puede quedar autorizado a rescindir de forma unilateral el pacto de no competencia-, viene determinada por lo dispuesto en el art. 1256 CC, según el cual la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de los contratantes, y no otra cosa es lo que se ha hecho en el supuesto aquí contemplado en el que la cláusula discutida ha dejado al libre arbitrio del empleador el cumplimiento o no del pacto de no competencia, con lo que se observa que, con independencia de la claridad de la cláusula, su contenido resulta manifiestamente contrario a aquella prohibición legal, y es por ello por lo que debe de considerarse nula en aplicación de lo previsto en el art. 6.3 del mismo Código en relación con los actos contrarios a normas prohibitivas como la del precitado art. 1256 CC.


Administrativo

Determinación del justiprecio. Uso de la vivienda de protección oficial junto a vivienda unifamiliar. Tribunal Supremo. Sentencia 26 de septiembre de 2011
La concurrencia del uso de vivienda de protección oficial junto con otros usos relevantes no es razón admisible para que la delimitación del área de reparto no se realice conforme a la previsión legal y su carácter imperativo que determina que el uso predominante sea el de la vivienda unifamiliar y no el de vivienda colectiva. Con independencia de que ambos usos (el de vivienda familiar y el vivienda colectiva) pueden ser de viviendas de protección oficial, el uso predominante, equiparable al característico en el apartado 2.V.1 de la disposición adicional única, no tiene más relevancia que exp resar en metros construibles de uso característico el aprovechamiento lucrativo total de las zonas incluidas en el área de reparto. Lo que no habilita es para prescindir del área de reparto y para poder atender exclusivamente a uno de los sectores que la componen. Si el uso de vivienda unifamiliar fuera el predominante, el aprovechamiento tipo del área de reparto seguiría haciéndose mediante la división del aprovechamiento lucrativo total de las zonas incluidas en ellas, expresado en metros cuadrados construibles del uso característico -el que fuere-, por la superficie total del área.

Reconocimiento al derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos. Tribunal Constitucional. Sentencia 2 de noviembre de 2011
No puede apreciarse que el requisito que impone el art. 169.3 LOREG a los partidos, federaciones o coaliciones que no hubieran obtenido representación en ninguna de las Cámaras de las Cortes Generales en una anterior convocatoria electoral para presentar candidaturas en elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado de necesitar la firma, al menos, del 0,1 por 100 de los electores inscritos en el censo electoral de la circunscripción por la que pretendan su elección, puesto que no es contrario al contenido del derecho a acceder a los cargos públicos en condiciones de igualdad y con los requisitos que señalen las leyes (art. 23.2 CE).

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