edición: 2326 , Jueves, 19 octubre 2017
10/09/2010
OBSERVATORIO JURIDICO

Reconocimiento del Derecho al abono del permiso de paternidad

DATADIAR
El de 4 de mayo de 2009 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palencia dicta Sentencia en el recurso núm. 494/08, y condena a la Administración demandada a abonar al recurrente íntegramente las cantidades dejadas de percibir por el disfrute de su permiso de paternidad durante el período comprendido entre los días 20 de Junio de 2008 y 4 de Julio de 2008 y que ascienden al importe total de 2.457,07 euros.

La citada sentencia funda su resolución en el artículo 49 de la Ley 7/2007, de 12 de abril , del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), así como en el artículo 30.1.a) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública (LMRFP) según la redacción dada por la LO 3/2007, de 22 de marzo, razonando al efecto que "si desde un principio se ha retribuido por la Administración Pública el permiso por el nacimiento de un hijo (que evolutivamente fueron dos, tres, cuatro o cinco días, naturales o hábiles y según acaeciera dentro de la misma localidad o no) nada empece a estimar que también han de ser retribuidos los quince días actuales que por paternidad se conceden al padre funcionario ( o mejor empleado público)".

Posteriormente la Diputación Provincial de Palencia interpone, por escrito presentado el 7 de septiembre de 2009 en el Registro General del Tribunal Supremo, recurso de casación en interés de la Ley contra la referida Sentencia de 4 de mayo de 2009 y solicita a la Sala dicte en su día sentencia por la que, respetando la situación jurídica particular establecida por la sentencia recurrida, se declare que ésta infringe el ordenamiento jurídico y fije doctrina legal.

La Diputación Provincial explica que la doctrina seguida por la sentencia recurrida es errónea "al haber aplicado indebidamente la disposición transitoria primera de la Ley 7/2007 ; al haber interpretado con error el art. 49 c) párrafo tercero de la Ley 7/2007” , aun cuando la sentencia no haya mencionado expresamente este precepto y que se fijase la siguiente como doctrina legal: "Que la garantía de la plenitud de los derechos económicos del funcionario que reconoce el artº 49 c), párrafo tercero de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público para los supuestos contemplados en los apartados a) b) y c) de dicho precepto comporta la percepción de la prestación económica que establece el artº 133 decies de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio , que habrá de ser complementada, en su caso, por la Administración a la que se halle vinculado el respectivo funcionario, hasta garantizar la plenitud de los derechos económicos que le corresponden por el período de disfrute del subsidio abonado por la entidad gestora".

Pues bien, el recurso de casación en interés de la Ley es un recurso extraordinario que puede interponerse contra Sentencias firmes y cuya finalidad, respetando en todo caso la situación jurídica particular derivada de la Sentencia recurrida, consiste en fijar en el fallo, cuando fuese estimatorio, la doctrina legal aplicable al supuesto debatido. Ahora bien, para ello es necesario, por lo que interesa al caso examinado, no solamente que la Sentencia impugnada sea errónea, sino que se estime que el criterio que sienta es gravemente dañoso para el interés general. 

El grave daño para el interés general está en función de una posible posterior y repetida actuación de los Tribunales de instancia, al conocer casos iguales, que se suponen de fácil repetición, por lo que se trata de conseguir que el Tribunal Supremo, sin alterar la situación jurídica particular derivada de la sentencia recurrida, fije la doctrina legal que en el futuro habrá de aplicarse a otros supuestos equivalentes que se presenten en cantidad importante. Es decir, tiene que ser razonablemente previsible la reiteración de actuaciones administrativas iguales a la que ha sido enjuiciada por la sentencia impugnada en interés de la Ley o la existencia de un número importante de afectados por el criterio que se pide al Tribunal Supremo que altere, fijando la oportuna doctrina legal.

La posible repetición del supuesto no permite acudir a este recurso extraordinario, que requiere que el daño que la repetición del criterio de la sentencia impugnada causa al interés general, al aplicarse a casos equivalentes, sea "grave", esto es, que multiplique su efecto en contra del interés general defendido por la Administración, no cumpliéndose este requisito cuando la resolución impugnada afecta únicamente a un reducido círculo de funcionarios que se hallan en situación idéntica a la del originariamente recurrente. En este sentido se pronuncian las sentencias de 12 de diciembre de 1997, 20 de enero de 1998, 24 de marzo de 1998, 4 de marzo de 2002, 3 de mayo de 2004, 8 de junio de 2005 (casación en interés de ley nº 21/2004 ), 21 de diciembre de 2006 (casación en interés de ley 8/2005 ), 12 de febrero de 2007 (casación en interés de ley nº 1/2005 ) y 30 de abril de 2007 (casación en interés de ley nº 22/2005 ), entre otras.

La proyección de la doctrina jurisprudencial al caso que nos ocupa, determina la especial finalidad del recurso, que ha de ser estricta y rigurosa su aplicación, por lo que el Tribunal Supremo en Sentencia de 8 de julio de 2010, desestima el recurso al no haber quedado justificado el cumplimiento de los requisitos exigidos para su viabilidad.

En primer lugar, en lo que se refiere al requisito de que la doctrina contenida en la sentencia recurrida sea gravemente dañosa para el interés general (artículo 100.1, in fine, de la Ley Jurisdiccional ),debe notarse que no se acredita por la Administración recurrente el grave perjuicio para el interés general que pudiera derivarse de mantener la doctrina aplicada por la sentencia recurrida, tanto más cuanto el supuesto de hecho contemplado, que es la concesión de un permiso de paternidad a disfrutar por funcionario local con habilitación nacional no parece que permita admitir, como una hipótesis bastante probable, que se puedan suscitar un muy elevado número de litigios sobre la misma cuestión, pues, al efecto, la parte recurrente se limita a afirmar que "es posible encontrar interesados en ésta recurrente y en otras administraciones que se encuentren en idéntica situación jurídica con la consiguiente extensión de efectos de la sentencia y el consiguiente perjuicio al interés general y al erario público".

Esta precisión se realiza de manera genérica y sin incidir en situaciones concretas, por lo que procede concluir no reconociendo el cumplimiento del primer requisito.

A lo anteriormente argumentado debe añadirse que tampoco cabe considerar cumplido el requisito de que la doctrina contenida en la sentencia sea errónea, sin el cual el recurso de casación en interés de la ley no resulta viable.

Sobre este punto, la fundamentación de la sentencia recurrida no incurre en las desviaciones y vulneraciones que le reprocha la Diputación Provincial recurrente por cuanto el artículo 49.c) del EBEP , que contrariamente a lo alegado por la recurrente, se cita ampliamente en la sentencia recurrida, cuya errónea interpretación atribuye ésta al juzgador de instancia, considera el disfrute del citado permiso de paternidad como situación de "servicio activo a todos los efectos, garantizándose la plenitud de derechos económicos de la funcionaria y, en su caso, del otro progenitor funcionario, durante todo el período de duración del permiso, y, en su caso, durante los períodos posteriores al disfrute de éste, si de acuerdo con la normativa aplicable, el derecho a percibir algún concepto retributivo se determina en función del período de disfrute del permiso" y es de aplicación al personal funcionario de las Administraciones de las Entidades Locales de conformidad con la previsión general contenida en el artículo 2.1 del EBEP .

El citado artículo 49.c) EBEP se erige así como precepto directamente aplicable y no permite abrigar duda alguna sobre el contenido del permiso de paternidad por nacimiento de hijo, que es independiente del permiso de dieciséis semanas que pueden disfrutar el padre o la madre en los supuestos que contemplan los apartados a) y b) del artículo 49 del EBEP (permiso por parto y permiso por adopción o acogimiento), caracterizados como periodos de descanso en las situaciones de maternidad y paternidad.

Equipo jurídico de Datadiar.com

LEGISLACIÓN

Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras. (BOE nº 192, de 09-08-2010).
La Directiva 2007/66/CE, de 11 de diciembre, modifica sustancialmente las Directivas Comunitarias 89/665/CEE, de 21 de diciembre y 92/13/CEE de 25 de febrero, que regulaban los recursos en materia de contratación tanto con referencia a los contratos del Sector Público, como con respecto de los que celebren las entidades contratantes en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. La finalidad de la reforma no fue otra que reforzar los efectos del recurso permitiendo que los candidatos y licitadores que intervengan en los procedimientos de adjudicación puedan interponer recurso contra las infracciones legales que se produzcan en la tramitación de los procedimientos de selección contando con la posibilidad razonable de conseguir una resolución eficaz. Para ello, la Directiva establece una serie de medidas accesorias para garantizar los efectos de la resolución que se dicte en el procedimiento de impugnación. En aplicación de estos principios, a la hora de incorporar el contenido de la Directiva a las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y 31/2007, de 30 de octubre, sobre Procedimientos de Contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, quedaban por resolver algunas cuestiones tales como la relativa a la competencia para la resolución del recurso que la nueva Directiva exige se atribuya a un órgano independiente o a la suspensión de la adjudicación que debe mantenerse hasta que dicho órgano resuelva sobre el mantenimiento o no de ella o sobre el fondo. Del mismo modo, ha sido necesario dar solución a la contradicción aparente que podía suponer para el carácter universal del recurso el hecho de que los actos producidos entre la adjudicación provisional y la definitiva quedaran fuera del ámbito de aplicación del mismo, pues, si bien se trata de actos de cumplimiento prácticamente mecánico en los que la controversia jurídica es apenas imaginable, conceptualmente deben ser susceptibles de recurso también. Estas modificaciones han generado la necesidad de modificar una serie importante de artículos de las leyes que han resultado afectados por ellas, aún cuando no tengan relación directa con el recurso especial en materia de contratación.

JURISPRUDENCIA

Penal

Delito de estafa. Delito de falsedad en documento mercantil. Autoría de la firma. Tribunal Supremo. Sentencia 7 de mayo de 2010.
Delito de estafa. Delito de falsedad en documento mercantil. Autoría de la firma: informe pericial que no evidencia quien es el autor de la firma. Sin embargo, la Audiencia estimó que la autoría del recurrente se infiere del hecho de que él era el «único beneficiario del cobro de la letra de cambio mediante el sistema de descuento bancario». Inferencia no arbitraria. No existe ninguna duda de que el recurrente percibió las cantidades en cuestión. Delito de estafa: existió engaño. La firma del acepto no era auténtica y, por lo tanto, se generó una apariencia de solvencia inexistente. Falta de motivación de la pena: artículo 66 CP. Vulneración existente: no se compararon las penalidades que hubieran resultado de penar por separado con la penalidad única del delito más grave en su mitad superior. Se impuso una pena no determinada legalmente con corrección.

Mercantil

El beneficio de la exención del recargo se hace depender del cumplimiento de la obligación de pago o consignación en plazo. Tribunal Supremo. Sentencia 7 de junio de 2010.
Es decir dentro de los tres meses siguientes a la producción del siniestro, y, además, cuando son daños personales con duración superior a tres meses o cuyo exacto alcance no puede ser determinado con la consignación se trata, de que la cantidad se declare suficiente por el órgano judicial a la vista del informe forense si fuera pertinente, y este pronunciamiento debe solicitarse por la aseguradora. Faltando estos presupuestos, no cabrá aplicar a la conducta desplegada por la compañía de seguros el efecto de impedir la producción de la mora. En este caso  se observa que la sentencia recurrida (FD 5.º, último párrafo) justifica la imposición a la aseguradora de los intereses de demora por constar consignada una cantidad insuficiente, meramente simbólica en relación con la entidad de las lesiones sufridas por las demandantes. Lo que defiende la aseguradora demandada, por el contrario, es la existencia de dos consignaciones, realizadas ambas en el proceso penal, la primera llevada a cabo dentro del plazo de tres meses siguientes al siniestro que marca la norma, a favor de cada una de las perjudicadas, y por la cuantía que entendía adecuada a tenor de las lesiones conocidas, y una segunda, ampliatoria, a la vista del posterior informe forense. El planteamiento de la recurrente no puede acogerse, pues si desde un principio las demandantes sustentaron su pretensión de condena en materia de intereses en la existencia de una única consignación en el proceso penal, efectuada a favor únicamente de dos de las tres perjudicadas y por cuantía insuficiente, a la aseguradora incumbía probar que la consignación se ajustaba a lo dispuesto en la ley al objeto de impedir la imposición del recargo, pero al permanecer en rebeldía perdió la oportunidad procesal de contestar y negar los hechos alegados en sentido contrario en la demanda. Esta conducta abocó también al Juzgado a rechazar, por extemporánea, la documental propuesta en la audiencia previa. Finalmente no se ha presentado justificación alguna de que la aseguradora cumpliese con el deber de solicitar a su debido tiempo del órgano judicial un pronunciamiento sobre la suficiencia de las cantidades consignadas.

La diferenciación fonética y conceptual, además de la gráfica, de los dos conjuntos justifica sobradamente de no aplicar al supuesto de autos la prohibición de registro contenida en el artículo 6 de la Ley 17/2001, de Marcas. Tribunal Supremo. Sentencia  6 de mayo de 2010.
El contraste de los dos signos pone de relieve sus diferencias en los distintos planos. La marca registrada  es una marca denominativa en la que,  el primer vocablo se asocia de forma inequívoca al segundo, gozando todo el conjunto de carácter distintivo. Por el contrario, la marca oponente  es un conjunto mixto donde resalta por su mayor tamaño la «E» característica, correspondiente al logotipo de «Eroski», y aun esta misma y bien conocida denominación comercial.El término «Maxi» queda así asociado a los otros, que son los que tienen mayor virtualidad identificadora, de modo que cada uno de los signos comparados «informa inequívocamente sobre el origen empresarial de uno y otro. En el caso de la marca prioritaria en el tiempo, aquel término figura en el plano inferior y subordinado frente a los otros (el logotipo y la denominación comercial), de lo que resulta un conjunto mixto y cromático distinto de la marca aspirante. Afirmábamos entonces que, desde el punto de vista conceptual, los signos enfrentados se perciben como dos marcas diferentes aunque coincidan en el término Maxi porque por su ubicación en cada uno de los conjuntos marcarios, produce una evocación o sugerencia diferente: en el de la prioritaria su remisión al logotipo de Eroski y en el de la aspirante a Día». Diferenciación potenciada en este caso pues la marca que, según la demanda, debe utilizarse como de contraste incluye además el término «Eroski», de indudable eficacia distinta.

Civil

Habiéndose ejercitado la opción y perfeccionada la compraventa con la comunicación por el optante al concedente del ejercicio del derecho la  perfección de la misma se produce aunque no medie entrega de la cosa. Tribunal Supremo. Sentencia 14 de mayo de 2010.
El recurrente aduce la vulneración del art. 1451 del Código Civil  , en relación con los arts. 1255, 1256 y 1258 del mismo texto legal, al considerar que no concurren en el presente supuesto todos y cada uno de los requisitos exigidos legalmente para que el ejercicio de la opción de compra sea eficaz en derecho, como es el relativo al precio y su pago. Nuevamente el recurrente se limita a rebatir los hechos acreditados de la sentencia en cuanto al precio, para establecer sus propias conclusiones sobre la ineficacia de la opción de compra por haberse incumplido el requisito esencial de ofrecer el precio estipulado en la misma. La opción de compra, como precontrato unilateral por el que una parte concede a la otra la facultad de decidir la celebración del contrato principal de compraventa, produce como efecto la puesta en vigor del contrato proyectado, como derecho y deber de una y otra de las partes. Y en el presente caso, habiéndose ejercitado la opción y perfeccionada la compraventa con la comunicación por el optante al concedente del ejercicio del derecho y extinguido así el derecho de opción, tal perfección se produce aunque no medie entrega de la cosa ni el pago del precio, pues entrega y precio pertenecen a la fase de consumación de la compraventa. En el contrato de 1 de marzo de 1998 no se pacta expresamente la necesidad del pago del precio de la compraventa simultáneamente al ejercicio de la opción y tal pago del precio está referido al otorgamiento de la escritura pública y no al ejercicio de la opción

Procede declarar la extinción por mutuo disenso del contrato de promesa de venta suscrito entre las partes litigantes. Tribunal Supremo. Sentencia 1 de junio de 2010.
El contrato celebrado debe calificarse como  promesa de venta. Este requiere para su aplicación una  interpretación restringida, a la par que cautelosa ,  sus efectos son los mismos que los del contrato perfecto , aunque se  admite la posibilidad de la existencia independiente de uno y otro  las partes  adquieren el compromiso recíproco de que cualquiera de ellas podrá exigir de la contraria, dentro del plazo pactado, el cumplimiento del contrato  , siendo necesario que  el objeto esté perfectamente determinado y así, en el precontrato de compraventa conste la cosa vendida y el precio. En este caso, hay que partir de que se había fijado un plazo breve de cumplimiento (estipulación séptima) de quince días y que hasta casi dos años después no medió comunicación alguna, requerimiento del comprador (demandante) para que le devuelva el pagaré que nunca había sido abonado y cancele la hipoteca, que nunca fue inscrita, por lo que debe entenderse, como hace la sentencia recurrida, que se ha producido un mutuo disenso  por ambas partes: la compradora, que así lo mantuvo en su requerimiento de 2002 y la vendedora, que así lo ha mantenido en este proceso. Por tanto,  procede declarar no ya la resolución, que es un concepto jurídico amplio, sino el más estricto y preciso de extinción por mutuo disenso (no se altera la pretensión, sino que se precisa), ordenando la devolución del pagaré que en su día se entregó

Laboral

Reclamación de diferencias salariales en los conceptos retributivos de salario base y antigüedad. Influencia que en la prescripción de las cantidades reclamadas pueda tener la tramitación de dos procesos de conflicto colectivo. Tribunal Supremo. Sentencia 19 de mayo de 2010.
El actor reclama diferencias salariales en los conceptos retributivos de salario base y antigüedad, devengadas durante el periodo comprendido entre enero de 1991 y 15 de marzo de 1995, fecha de su cese. Reclamándose lo devengado mensualmente por complemento de antigüedad, el plazo de prescripción de cada mensualidad prescribe al año a contar a partir del mes en que no se abonó la antigüedad reclamada. Por consiguiente, la interposición del conflicto colectivo el 4-noviembre-1992, solo pudo interrumpir, de acuerdo con nuestra doctrina, la prescripción de la acción para reclamar la antigüedad que se debió percibir a partir de noviembre de 1991, pero no la correspondiente a mensualidades anteriores, que ya estaban definitivamente prescritas. Fue pues correcta la solución alcanzada por la sentencia recurrida de reconocer al actor las diferencias por antigüedad solo a partir de 1-noviembre-1991. En el segundo motivo del recurso, en el que se invoca también la infracción del art. 59 ET, se mantiene la tesis de que no están prescritas las cantidades reclamadas en concepto de diferencias por salario base del periodo 1-enero-1991 a 12-enero-1994; argumenta el recurrente que su prescripción quedó interrumpida con el planteamiento del primer conflicto, de acuerdo con la afirmación de la sentencia recurrida de que existe una conexión directa entre el primero y el segundo conflicto; y que ello que obliga a entender que con el primero se interrumpió la prescripción no solo para reclamar la antigüedad sino también las diferencias por salario base. En Julio de 1995 cuando se planteó el segundo conflicto, en el que se suscitó por primera vez la cuestión referida al salario base, estaban ya definitivamente prescritas las mensualidades anteriores a Julio de 1994. Y por tanto, dicho conflicto solo interrumpió la prescripción de las posteriores. Es evidente pues que, desde esa fecha, Julio de 1994, quedó interrumpida también la prescripción de la acción que el actor ejercitó el día 29 de septiembre siguiente, después de planteado el conflicto.

Si bien formalmente ha cesado el trabajador relevista en la empresa originaria, su adscripción a otra empresa por subrogación no impide el cumplimiento de la finalidad de la norma. Tribunal Supremo. Sentencia 20 de mayo de 2010.
La cuestión que se plantea en el presente recurso consiste en determinar si, en interpretación de la DA 2ª del RD 1131/2002, regulador de la jubilación parcial y de la S.Social de los trabajadores a tiempo parcial, en el supuesto de cese del trabajador relevista en la empresa en la que sigue prestando sus servicios el jubilado parcial, por haber sido traspasado aquél a una tercera empresa que se subroga en los derechos y obligaciones de la anterior, y tras tal cese no contratar la empresa originaria a otro trabajador relevista, puede o no el INSS acordar la devolución contra la empresa originaria del importe de la pensión jubilación correspondiente al tiempo de ausencia de relevista, y durante el que no se cotizó por él. La cuestión aquí planteada debe resolverse de acuerdo con la doctrina ya unificada:  El originario trabajador relevista ha consolidado su empleo en la nueva empresa, por lo que efectivamente se ha generado empleo. Dado que la trasmisión de las concesiones de transporte comporta la de los medios materiales adscritos a la misma y debe estarse a la normativa laboral de subrogación de las relaciones de los trabajadores de la anterior, lo que no se cuestiona en este litigio, la nueva empresa se ha subrogado en todos los derechos y obligaciones respecto al trabajador relevista subrogado tras la transmisión de la concreta concesión de línea de trasporte por la empresa originaria, y la subrogación se produce en las mismas condiciones y presupuestos que el trabajador relevista tenía en este extremo contractual en la empresa originaria e incluso en las obligaciones de Seguridad Social del empresario anterior. Si bien formalmente ha cesado el trabajador relevista en la empresa originaria, su adscripción a otra empresa por subrogación no impide el cumplimiento de la finalidad de la norma ni evita las posibles responsabilidades empresariales futuras, aunque con la mayor complejidad derivada de la necesaria interrelación empresarial al estar adscritos jubilado parcial y relevista a distintas empresas; y, sin perjuicio, en su caso, de que de cesar al relevista en la nueva empresa, la obligación de contratar pudiera volver a recaer sobre la empresa originaria, lo que ahora no se resuelve.

Administrativo

Ingenieros Técnicos. Elaboración de reglamentos. Títulos universitarios oficiales. La creación de nueva titulación no puede conducir a error o confusión sobre sus efectos profesionales. Tribunal Supremo. Sentencia 9 de marzo de 2010.
Al crearse una nueva titulación que viene a modificar en algunos supuestos la denominación de Arquitecto Técnico, el Acuerdo impugnado se opone al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, sobre ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, pues no existe la profesión regulada de "Ingeniero de Edificación" sino la profesión regulada de "Arquitecto Técnico", que aparece en la Ley 12/1986, de 1 de abril , y en el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre , por el que se regula el sistema general de reconocimiento de los títulos de Enseñanza Superior de los Estados miembros de la Comunidad Europea, creando así el Acuerdo impugnado una nueva titulación que no se encuentra recogida en los Anexos del citado Real Decreto.
 
Inadmisión de diversas iniciativas parlamentarias. Lesión de sus derechos a la igualdad y a ejercer en condiciones de igualdad los cargos públicos. Control de oportunidad que le está vedado a la Mesa de la cámara. Tribunal Constitucional. Sentencia 19 de julio de 2010.
La facultad de formular preguntas al Consejo de Gobierno pertenece al núcleo de su función representativa parlamentaria, pues la participación en el ejercicio de la función de controlar la acción del Consejo de Gobierno y de su Presidente y el desempeño de los derechos y facultades que la acompañan constituyen manifestaciones constitucionalmente relevantes del ius in officium del representante. Así, la inadmisión de las preguntas en cuestión, si bien prevista excepcionalmente en el Reglamento de las Cortes Valencianas, supone una limitación de los derechos y facultades que integran el estatuto constitucionalmente relevante de los representantes políticos cuya primera exigencia constitucional es la de que tal limitación aparezca suficientemente motivada. En el caso actual no cabe duda de que las resoluciones impugnadas, incluidas aquellas que resuelven los recursos de reposición, difícilmente pueden calificarse de motivadas; se limitan a transcribir el enunciado de correspondiente apartado del art. 147.2 RCV sin especificar por qué procede su aplicación en el caso concreto. Con esta somera alusión al precepto aplicable, se inadmitieron por la resolución de nueve de noviembre de 2004 tres preguntas; por la resolución de catorce de diciembre de 2004 dieciséis preguntas; por la resolución de cinco de abril de 2005 once preguntas. Por tanto, el contenido lacónico y estereotipado de las resoluciones, carente de cualquier tipo de justificación argumentada", junto al hecho de inadmitir conjuntamente numerosas preguntas de tenor y contenido muy diferentes ponen en evidencia "un vicio de falta de motivación que impide conocer las razones por las que la Mesa considera que las iniciativas rechazadas incurren en una de las causas previstas en el art. 147.2 RCV, por lo que resulta obligado concluir que se ha vulnerado el derecho fundamental en juego, lo que conlleva el necesario otorgamiento del amparo solicitado en este punto".

Noticias Relacionadas

Director
Alfonso Pajuelo ( director@icnr.es )

Redacción (redaccion@icnr.es)

  • Juan José González
  • Javier Ardalán
  • Carlos Schwartz
  • Rafael Vidal

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
C/ Joaquín María López, 30. 28015 Madrid
Teléfono: 92 118 33 20
© 2017 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...