edición: 2361 , Lunes, 11 diciembre 2017
19/07/2011

Recurso ante el Supremo contra el nuevo Reglamento de la Carrera Judicial

La norma, aprobada el pasado mes de abril, no introduce criterios claros de elección entre los aspirantes
Javier Ardalán

El recientemente aprobado Reglamento de la Carrera Judicial, que regula de todo lo relativo al desarrollo del régimen jurídico de jueces y magistrados, se ha convertido en el primer objetivo de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. La recién estrenada asociación, que nació oficialmente el pasado 14 de mayo, y que reúne entre sus objetivos la elección democrática por los jueces -y no por los políticos- de todos los órganos de gobierno interno del poder judicial, censura el nuevo texto denunciando la arbitrariedad con la que se ha perfilado en esta norma el proceso de elección de los jueces sustitutos y magistrados suplentes. La fórmula utilizada ha sido la interposición de un recurso por vía contencioso-administrativa ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo contra el nuevo Reglamento, aprobado el pasado 28 de abril.

No es la única agrupación que censura el texto. Jueces para la Democracia ha denunciado también su redacción en cuanto a aspectos como la falta de concreción de las circunstancias que suponen demérito insuperable para acceder a la carrera judicial, o el hecho de que el CGPJ no asuma el compromiso de convocar plazas de especialista en Mercantil cada dos años, sino sólo cuando lo requieran las necesidades del servicio. Por su parte, la Plataforma, que cuenta entre sus filas con personalidades del mundo del Derecho como el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, el abogado y periodista Javier Nart, o el ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo y, en total, con medio centenar de jueces, catedráticos, abogados y otros miembros de la Judicatura, también critica las libertades que el Reglamento permite en el llamamiento de los Jueces de Adscripción Territorial, dejando a merced del órgano de gobierno elegir jueces concretos, al no cerrar reglas claras que configuren los criterios de llamamiento”.
 
En concreto, la nueva norma, que sustituye a una predecesora con quince años de antigüedad, estipula en su artículo 93 que las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia -responsables de proponer para su aprobación por el Consejo General del Poder Judicial la determinación del número de plazas de magistrados suplentes y jueces sustitutos para cada ejercicio- deberán remitir cada año sus propuestas de nombramiento de estos cargos para el siguiente ejercicio, si bien la decisión de quiénes conformarán esa lista la tendrá una Comisión de Evaluación de magistrados suplentes y jueces sustitutos, compuesta por tres jueces y magistrados integrantes de la Sala de Gobierno.
 
No queda claro, sin embargo, cuáles son los criterios en los que debe basarse la decisión de la Comisión. Y es que la norma sólo hace referencia a que dicha institución deberá entrevistar a los solicitantes que no hubieran ejercido funciones de este tipo en años judiciales anteriores, pudiendo realizar comprobaciones, elaborar un modelo de cuestionario, e incluso crear unos criterios básicos conforme a los cuales se lleven a cabo las entrevistas. Se pueden recabar también informes de las entidades públicas y corporaciones profesionales cuando se hubiera alegado el desempeño previo de funciones relacionadas con aquéllas. Pero, en cuanto a los requisitos objetivos, sólo se dice -en el artículo 96- que se efectuarán los nombramientos a favor de los candidatos en quienes, respecto de cada orden jurisdiccional, “se aprecie la concurrencia de mejores condiciones de preferencia, mérito e idoneidad, estén o no incluidos en la relación de propuestos por la correspondiente Sala de Gobierno”.

La nueva redacción no aporta ninguna novedad en este sentido con respecto a la de 1995, si bien ello no ha sido considerado como un motivo para dejar de denunciar las carencias de este sistema de elección por parte de la Plataforma. Y ello porque no debe ignorarse, aseguran a través de su blog, que el proceso de selección de jueces debe ajustarse a los principios de transparencia y despolitización, lo que debe incluir a jueces sustitutos y magistrados suplentes, “para quienes el Reglamento prevé un régimen de llamamientos, ceses, incompatibilidades, etc. que deja demasiado campo a la arbitrariedad”.
 
Sí se incorporan cambios en otros aspectos relativos a los magistrados suplentes y jueces sustitutos: el Título V, que recoge la regulación de estos puntos, cuenta con novedades como la eliminación del deber de residencia que se sustituye por la obligación de disponer de facilidad de desplazamiento al municipio donde radique la sede del órgano judicial que hayan de servir, la consideración de la excesiva carga de trabajo por parte del juez o magistrado encargado de la sustitución ordinaria como una más de las circunstancias excepcionales que justifica el llamamiento de los jueces sustitutos, o la posibilidad de que los jueces sustitutos puedan actuar en funciones de refuerzo cuando el titular del órgano disfrute de reducción de la jornada durante las horas de audiencia pública para la conciliación de la vida personal, familiar o laboral o por razón de violencia sobre la mujer.

“CONSECUENCIAS FUNESTAS”
 
Se habla de “consecuencias funestas” para la independencia judicial teniendo en cuenta las facilidades que el Reglamento proporciona a los órganos de gobierno para elegir a estos jueces en asuntos concretos, mediante “un hábil juego de llamamientos, prórrogas, etc., lo que se agrava computando el numeroso volumen de asuntos que soportan”. En este sentido, la norma incorpora un nuevo supuesto de prórroga: si con la anterior regulación ésta era posible en aquellos casos en los que fuese necesario por no haberse concluido total o parcialmente el procedimiento de designación, ahora se incorpora un nuevo apartado en el que se recoge expresamente la posibilidad de la prórroga anual -con un máximo de dos prórrogas- siempre que exista informe de idoneidad emitido por la Sala de Gobierno, a su propuesta.
 
Se denuncia también que quede afectada la independencia de la justicia por las libertades que se permiten en cuanto al llamamiento de los Jueces de Adscripción Territorial. En este caso, como en el anterior, se permite al órgano de gobierno elegir jueces concretos debido a la ausencia de reglas claras “que configuren los criterios de su llamamiento”. El Reglamento también permite el cese del Juez de Adscripción Territorial cuando se acuerde la finalización de la medida de refuerzo, quedando así “entre sombras” la inamovilidad de jueces y magistrados.

Otros puntos criticados son la regulación de la excedencia voluntaria, y el trato “incomprensiblemente duro” para los jueces en materia de incapacidades, suspensiones, licencias por enfermedad, jubilaciones etc., y que también son objeto del recurso, por cuanto el Reglamento “aprovecha su regulación para facilitar a los órganos de gobierno actuaciones contrarias a la inamovilidad judicial”. Por su parte la regulación de las incompatibilidades “parece más un control político que un verdadero régimen de incompatibilidades”.

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