edición: 2861 , Jueves, 5 diciembre 2019
03/11/2008

Reforma de la auditoría y la calificación para restablecer la confianza

El Supremo crea jurisprudencia sobre la responsabilidad del auditor
Xavier Gil Pecharromán

La situación de muchos de los bancos quebrados en los últimos meses y la desaparición de empresas o su acogimiento a situaciones de concurso sin que estas situaciones hubiesen sido detectadas por auditoras y agencias de rating  ha puesto en la ‘picota’ la actividad de sus profesionales. Y eso puede empeorar porque según el Supremo los auditores no son responsables si el auditado oculta información, lo que inevitablemente lleva al debate de ¿para qué sirven auditores y calificadores?

Los episodios de desconfianza alimentan la crisis económica no han tenido su origen en la publicación de los estados financieros desfavorables, sino en la aparición de demasiados casos de información extracontable sobre las sociedades auditadas y valoradas, que han generado incertidumbre sobre la situación de solvencia de las sociedades auditadas.

No es un secreto para nadie que la desconfianza entre las entidades financieras ha provocado la  escasa actividad en el mercado interbancario de los últimos meses al no considerar suficientemente seguros los informes contables sobre la liquidez patrimonial de las entidades prestatarias. La transparencia sobre el estado de las empresas se ha convertido en la llave para superar la actual crisis y que se normalice el funcionamiento de los mercados.

Reguladores, auditores y valoradores de solvencia se están acusando mutuamente de ser los responsables de la crisis de confianza. Así, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España, han criticado públicamente, esta pasada semana, los métodos empleados por las firmas de rating.

El nuevo vicepresidente de la CNMV, Fernando Restoy, se despachaba en el transcurso del XVII Congreso del  Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), celebrado este pasado fin de semana, abogando por el aumento de control de la actividad  y de la calidad de los informes no sólo de estas agencias, sino también de las tasadoras de los activos inmobiliarios.

Los auditores han pedido, mientras tanto, una legislación nueva y se denunciaba la existencia de importantes algunas en el control y supervisión de los mercados financieros de algunos países, lo que hace necesaria una armonización regulatoria.

En esta misma línea se ha manifestado el presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez, al anunciar que propondrá al pleno de la institución que dirige llevar a cabo un control especial, “continuo e inmediato”, del Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAAF), en lugar de ceñirse a una actuación rutinaria. Esta posibilidad no se incluye en el Decreto de creación del fondo.

La ejecución de este tipo de controles intensivos se realizan en el caso de otros fondos como el Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) y el Fondo de Inversiones en el Exterior (FIE), así como cuando se detectan presuntas actuaciones irregulares como ocurrió con la Feria Universal de Sevilla o con el Ayuntamiento de Marbella.

Está claro que todo el mundo desea que este fondo debe ser transparente en su aplicación y estar sometido a controles externos como el del Tribunal de Cuentas y del Banco de España, dejando de lado si debería procederse o no a la publicación de los nombres de las entidades que vendan activos, lo que daría para más que otro comentario.

En España, mientras tanto, se espera la publicación de las modificaciones de la Ley de Auditoría, que ultima el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), regulador del sector auditor español, que busca acabar con las lagunas que se han creado con la entrada en vigor de las nuevas Normas Internacionales de Contabilidad y del Plan General Contable, con todas sus especialidades. La Ley de Auditoría de Cuentas, tras veinte años en vigor, ha dado todo lo que tenía quedar de sí y se hacía necesaria una importante modificación.

Coincidiendo con que se había concluido el periodo de consultas públicas, ¿casualmente?, el Supremo se ha adelantado al legislador español al aceptar los criterios de limitación de la responsabilidad de la VIII Directiva y la V Recomendación de la Comisión, que la reserva a los casos en que exista negligencia. Normas no transpuestas al sistema jurídico español.

Lo ha hecho a través de dos sentencias consecutivas, de 9 y 14 de octubre de 2008, en las que limita la responsabilidad civil de los auditores cuando no detectan actividad extracontable de la sociedad auditada en sus informes y existe daño de carácter penal para terceros.

En la sentencia de 9 de octubre, la demanda de los inversores se basaba en que la auditoría libre de salvedades que hizo Price evitó que la CNMV interviniera a tiempo de impedir las inversiones fraudulentas y la quiebra de la sociedad. En el fallo, se recrimina a la CNMV que no controle el cumplimiento de la normativa vigente por propia iniciativa, puesto que para ello tiene atribuciones legales. El reproche se lo hace el Pleno de la Sala Civil del Supremo al completo.

En España se mantenía hasta ahora una jurisprudencia establecida por la Audiencia de Barcelona que consideraba que los auditores son responsables civiles de los delitos penales cometidos por sus clientes si no los detectan en sus informes.

El Supremo considera que un informe de auditoría como tal, en general, no puede causar  perjuicio. La responsabilidad del auditor deja, por lo tanto de ser objetiva, para regirse por el sistema general de responsabilidad y, en casos de reclamaciones de terceros, por las reglas de responsabilidad extracontractual, que requieren la existencia de una actuación culpable o negligente del auditor, la existencia de un daño veraz y cuantificable o una relación de causalidad directa entre la actuación culpable y negligente y el daño causado.

Aunque la nueva doctrina se aplica en las dos sentencias, en la primera se revoca el fallo de la mencionada sentencia de la Audiencia de Barcelona, por la que se condenaba a Pricewaterhouse (el auditor) a pagar a los afectados 1.900 millones de pesetas (11,4 millones de euros), a los que hubiera habido que sumar los intereses legales desde mediados de la década de 1990. Los magistrados consideran que no hubo negligencia y el propio ICAC constató que no habían existido irregularidades en la auditoría, por lo que la responsabilidad era únicamente atribuible a la sociedad auditada.

En la segunda sentencia, la de 14 de octubre, la firma auditora es condenada por actuación negligente, ya que en los informes de tres ejercicios seguidos no se hizo constar que la cooperativa auditada había solicitado la suspensión de pagos, según comentaba una de los magistrados de la Sala de lo Civil.

Aunque la sentencia no había sido comunicada a las partes esta pasada semana, el viernes por la noche, y por tanto se desconocían los detalles del texto jurídico, la firma Ernst & Young anunciaba, a través de un comunicado remitido a la agencia informativa Europa Press, que recurrirá la sentencia dictada por el Tribunal Supremo que declaró su responsabilidad por los daños causados como consecuencia de la auditoría de las cuentas que realizó a la cooperativa PSV.

El fallo responsabiliza a la auditora del daño patrimonial sufrido por los cooperativistas. Sin embargo, la firma defiende que se limitó a realizar los informes de auditoría sin que los mismos tuvieran relevancia alguna en la toma de decisiones por parte de los gestores o de los propios cooperativistas y que las sentencia previa, de la  Audiencia Provincial de Madrid, 22 de julio de 2002, le eximió de responsabilidad. La firma recurrirá al Tribunal Constitucional.

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