edición: 2366 , Lunes, 18 diciembre 2017
06/02/2015
Empleo 
LA OREJA DE LARRAZ

Nuevo ‘palo’ judicial a la reforma laboral

Las condiciones sobre el despido no las establecen los Estados sino Bruselas
Javier Ardalán
Poco le ha durado la alegría al Gobierno, tras la sentencia del Tribunal Constitucional que ha rechazado los recursos de PSOE e Izquierda Unida y, por tanto, ha avalado la reforma laboral. O mejor dicho, lo que los jueces y tribunales españoles han dejado con vigencia. Sin embargo, el envite judicial llega ahora de Europa.
El Abogado General Nils Wahl, una especie de juez instructor del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la ha hecho un ‘costurón’ muy serio a la reforma laboral española, después de llegar a la conclusión de que la Directiva 98/59 se opone al artículo del Estatuto de los Trabajadores (el artículo 51.1) , que exige que se hayan producido al menos cinco extinciones de contratos de trabajo sin el consentimiento de los trabajadores afectados, fundadas en causas distintas de las económicas, técnicas, organizativas o de producción, para que dichas extinciones de contrato se tomen en consideración a efectos de determinar si se ha producido un despido colectivo.

No se trata de una sentencia, puesto que esta se emitirá en algunas semanas, pero las estadísticas comunitarias muestran que en torno al 95% de las conclusiones del abogado general son aceptadas por los magistrados de la Sala, que dictaminará el fallo.

Según explica Wahl, la Directiva dispone que los despidos que se contabilizan como colectivos son simplemente los efectuados por un empresario por uno o varios motivos no consustanciales a la persona de los trabajadores.

Explica en su escrito que los Estados miembros pueden conferir una mayor protección a los trabajadores. Este sería el caso, por ejemplo, de la ampliación del período de tiempo fijado para contabilizar los despidos pertinentes a efectos de la Directiva. Sin embargo, determina el magistrado que lo que no se puede compensar ese mayor nivel de protección reduciéndolo en otros aspectos. En este caso, por ejemplo, interpretando el concepto de ‘despido’ de manera más restrictiva.

Y de estos razonamientos, extrae su conclusión final: al igual que los métodos de cálculo de los umbrales del despido y los propios umbrales, el concepto de despido no queda a la discreción de los Estados miembros.

Además, la norma española se referirse únicamente a la ‘extinción de contratos de trabajo fundada en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción’, por lo que entiende que se restringe el alcance del concepto de ‘despido’. En consecuencia, considera que parece que al exigir que se hayan producido al menos cinco despidos por motivos distintos de las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, el Estatuto de los Trabajadores limita indebidamente el alcance del concepto de ‘despido’, contrariando lo dispuesto en la Directiva.

Otro asunto relevante, abordado en sus conclusiones por el abogado general Nils Wahl, y en el que responde al juez titular del Juzgado nº 33 de Barcelona, al mismo tiempo que a los Industrial Tribunals de Irlanda del Norte (Reino Unido), así como a la Court of Appeal (de Inglaterra y Gales (Reino Unido), que también albergaban dudas en cuanto al concepto de ‘centro de trabajo’ en el sentido de la Directiva.

Dice que este concepto se refiere a la unidad a la que se hallan adscritos los trabajadores afectados por el despido para desempeñar su cometido, lo que viene a ser una unidad local de empleo. Sin embargo, este aspecto se ciñe al derecho nacional de cada uno de los Estados miembros, por lo que remite a los jueces nacionales la necesidad de que sean ellos quienes decidan sobre sus propias legislaciones.

En su opinión, la Directiva no exige, ni tampoco impide, sumar el número de despidos en todos los centros de trabajo del empresario a efectos de determinar si se alcanzan los umbrales establecidos en ésta para considerar que se trata de un despido colectivo.

Los Estados miembros pueden adoptar normas de desarrollo basadas en el concepto de centro de trabajo que, sin disminuir el nivel mínimo de protección, sean más favorables para los trabajadores despedidos en todas las ocasiones y no sólo por término medio, como tiene regulado España.
No obstante, este asunto no queda muy esclarecido, puesto que son los jueces nacionales en cada ocasión, quienes deban decidir qué es lo que constituye exactamente la unidad local de empleo. Sin embargo, si ha aclarado que no es necesario que la entidad esté dotada de autonomía jurídica, económica, financiera, administrativa o tecnológica para poder ser calificada de centro de trabajo.

Finalmente, determina que todos los despidos colectivos efectuados en el marco de contratos de duración determinada están excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva, salvo que los despidos hayan tenido lugar antes de la finalización o del cumplimiento de esos contratos. No es relevante que las causas de finalización de los contratos sean las mismas. En estos casos, nada impide que se adopten normas nacionales más favorables para los trabajadores.

En la misma línea, de prevalencia de los derechos nacionales, se pronunció ayer también su sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la UE, al declarar carecer de competencia para responder a las cuestiones planteadas con carácter prejudicial por el Juzgado de lo Social nº 23 de Madrid.
Así, señala que el Derecho de la Unión no impone ninguna obligación concreta por lo que respecta a los períodos de prueba en los contratos de trabajo y que, el hecho de que el contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores pueda financiarse con cargo a los fondos estructurales no es suficiente para considerar que se esté aplicando el Derecho de la Unión.

En este caso, una mujer trabajó para una empresa de hostelería durante cinco meses con un contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores. En el contrato se indicaba que la duración del período de prueba sería de un año. Sin embargo, fue despedida por no haber superado con éxito el período de prueba y presentó la demanda.

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