edición: 2365 , Viernes, 15 diciembre 2017
23/06/2009
El PSOE no esta de acuerdo con el actual reparto de las cargas

Reforma tributaria para pagar la crisis entre todos

Se busca mayor progresividad en los impuestos

Juan José González
Los sueldos no deberán crecer, los costes por despido deben abaratarse y la productividad tendrá que remontar. Son los deseos y recomendaciones del presidente de nuestro Banco Central Europeo, Jean Claude Trichet, a quien no le temblaba el pulso, ni lo más mínimo, cuando lanzaba esa suerte de mensajes de austeridad a nuestros gobernantes, quienes en muy poco tiempo no dudarán en trasladarlo a la ciudadanía. Y si se habla de subidas, las únicas permitidas en el guión de los gobiernos, estas no serán otras más que las de impuestos, con lo cual ya sabemos que, una vez más, la crisis les va a tocar pagarla a los pobres y a los más pobres. Pero el partido socialista demanda mayor colaboración de los ricos en la distribución de las cargas, pero eso no se hace sin cambios y estos pasan por una reforma tributaria. Y en eso andan.

Es más que probable que a estas horas varios técnicos del ministerio de Economía, adscritos a la secretaría de Estado de Hacienda, se encuentren haciendo el estudio comparado de las normativas fiscales, de criterios impositivos y cálculos y más cálculos para descubrir cómo pueden presentar en los próximos meses un modelo de recaudación tributaria más acorde con los tiempos. Se trataría de los primeros pasos que el partido socialista estaría dando en la dirección de proponer una reforma tributaria como una de las principales banderas reformistas para la próxima legislatura, dentro de tres años. El Gobierno y el partido socialista, no parecen estar alineados en este asunto: mientras desde Ferraz se solicita mayor progresividad en los impuestos, en el entendido de que es la única forma de alejarse de las propuestas neoliberales, en Moncloa sugieren un poco de calma y aducen estar agobiados por el día a día. Cuestión de prioridades.

Hasta ahora, estábamos convencidos de que los trabajadores no serían los únicos que iban a correr con el pago de las facturas de la crisis, porque con un partido socialista en el poder podría resultar hasta irónico. Pero las cosas han cambiado, y el activismo del Gobierno en su afán por socorrer y pagar al sector privado de la economía, obliga al Estado a un endeudamiento al que tendrá que hacer frente utilizando nuestro actual sistema tributario. Sin quererlo, pero de una forma natural, la vicepresidenta Elena Salgado ha introducido un debate político que se convertirá, seguramente, en ideológico a medida que pasen los meses. Un asunto que deberá juzgar si la operación de socializar pérdidas y privatizar beneficios, algo que ya estamos viendo en otros países de nuestro entorno y que en España tenemos a la vuelta de la esquina, termina por cargarse, de una vez para siempre, los principios de equidad social.

El debate político de las subidas de impuestos ya se sabe que tiene trampa, porque una cosa es subirlos, otra bajarlos, y otra es a quién se suben y a quién se bajan. Como también tiene trampa el argumento impreso en un programa electoral que señala que lo más importante no son cómo se obtienen los ingresos, sino cómo se reparte el gasto público. Trampa porque supone en la práctica tirar por el suelo los principios de progresividad en los impuestos así como el reparto de los gastos. El quid esta en la fina línea que separa el qué del quién.

Porque, en principio, todos parecen estar de acuerdo en que los impuestos, los tributos, los gravámenes, deberían responder a criterios de reparto proporcionales, según las rentas anuales o la riqueza acumulada, por mucho que sean dos criterios bien distintos. En la actualidad, el Gobierno esta procediendo a un aumento progresivo de los impuestos, en un momento en el que la coyuntura apremia la disponibilidad en las arcas del Estado, que estén lo suficientemente llenas como para hacer frente a las cargas que conlleva tan ingente apoyo estatal a la economía. De eso también ha hablado Trichet, quien no ha dudado en llamar la atención al Ejecutivo español para que frene el gasto público. Mensaje que hace extensivo al resto de colegas de la Unión.

La contribución al sostenimiento de los gastos públicos según nuestra capacidad económica, es una obligación constitucional que no se cuestiona, pero que a juicio del partido en el Gobierno no estaría mal que se aprovechase el estado actual de la economía y los problemas sociales para debatir el tema, para darle alguna vuelta más a un asunto en el que una amplia mayoría de expertos parece coincidir en que se ha quedado un poco obsoleto porque la realidad a la respondía ha cambiado bastante en los últimos 30 años.

También sería una buena oportunidad -crisis y un gobierno socialista- para estimular el trabajo, la iniciativa empresarial, y penalizar o gravar los rendimientos de origen especulativo, como consecuencia de una etapa de desenfreno inmobiliario. Se conseguiría reducir la desigualdad porque no todas las rentas obtenidas tienen la misma carga de esfuerzo, piénsese en los juegos de azar, quinielas, loterías… o en las herencias: no es lo mismo contribuir con un impuesto por rendimiento del trabajo, que tributar por una herencia, se trata de dos conceptos pero que requieren, habitualmente, un esfuerzo bien distinto: mientras uno cae del cielo, el otro es producto del trabajo físico y psíquico.

En los últimos meses se han escuchado diversas opiniones de expertos independientes que se inclinan por un tipo único sobre la renta, tras la vuelta a la normalidad económica a finales de 2010. Buena fecha si se tiene en cuenta que el siguiente será un año pre-electoral, el mejor indicado para la venta pública de la reforma tributaria.

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