edición: 2594 , Martes, 13 noviembre 2018
08/01/2010
OBSERVATORIO DE ECONOMIA

Reformas en el mercado de trabajo español en materia de contratación y de políticas activas de empleo

CIRCULO DE EMPRESARIOS
El Estatuto de los Trabajadores de 1980, marco legal que regula las relaciones laborales, ha sido reformado en varias ocasiones. En su redacción inicial recoge distintos tipos de contratos (de obra o servicio determinado, eventual o por circunstancias de la producción, de trabajo en prácticas, de formación, a tiempo parcial, de relevo, de interinidad y de lanzamiento de nueva actividad) que se modifican o desaparecen en las sucesivas reformas, que a su vez crean nuevas modalidades contractuales acordes con la situación económica contemporánea.

Reforma de 1984. Ante una situación económica inestable y una tasa de paro del 21,08%, persigue reducir el desempleo impulsando la contratación temporal. Ésta aumenta un 73% entre 1985 y 1993, básicamente por el uso del contrato de fomento de empleo. A pesar de ello, la tasa de paro no disminuye.

Reforma de 1994. Entre otros objetivos pretende reducir el paro y la temporalidad, facilitar la inserción de los jóvenes en el mercado laboral (mediante contratos de formación -de aprendizaje y en prácticas-), y flexibilizar el desarrollo de la relación laboral (despido individual y colectivo). Sin embargo, no logra los resultados esperados, en parte por la falta de apoyo social. El desempleo sólo se reduce hasta el 20,8%, desde el 24,2%, y la temporalidad aumenta un 7%.

Reforma de 1997. Respaldada socialmente, es la primera reforma que alcanza con éxito sus objetivos. Incrementa la contratación indefinida frente a la temporal (crea el contrato de fomento de la contratación indefinida y elimina el contrato por lanzamiento de nueva actividad) y reduce la tasa de paro (del 21,6 al 10,5%). Se crean asimismo el contrato de relevo y el contrato de formación. En 2001, una nueva reforma extiende en el tiempo estas medidas y crea el contrato de inserción.

Reforma de 2006. Agrupa medidas para impulsar y apoyar el empleo, la contratación indefinida y la conversión del empleo temporal en fijo (mediante subvenciones y bonificaciones); para introducir mayor transparencia en la subcontratación de obras y servicios; para fomentar la eficiencia de las políticas activas de empleo y de la actuación del Sistema Nacional de Empleo; y para mejorar la protección de los trabajadores ante la falta de empleo. Sin embargo, estas medidas, básicamente coyunturales, no reducen la temporalidad, que se mantiene hoy en el 30%, porcentaje demasiado elevado en sí mismo y en comparación con el resto de países europeos.

Políticas activas de empleo: En los últimos treinta años las políticas activas de empleo han experimentado profundos cambios, en los que ha influido notablemente la experiencia internacional. Se ha intentado pasar de primar la protección económica del desempleado a procurar prevenir el desempleo, mejorar la ocupabilidad y empleabilidad de los parados y fomentar la contratación y reincorporación al mercado laboral de colectivos con mayores problemas de inserción (mujeres, jóvenes…). Sin embargo, ese cambio no ha terminado de producirse.

A finales de los setenta el principio internacional de que el trabajo no es una mercancía subyace en el diseño de las políticas públicas en el mercado de trabajo. La Ley Básica de Empleo de 1980 se nutre de esta concepción y define la colocación como una tarea de un servicio de empleo público y gratuito, obligatorio para empresas y trabajadores, y vedada a la iniciativa privada. Además, no permite la contratación de trabajadores para cederlos a otras empresas, sin incorporación efectiva a la empresa contratante. A principios de los noventa comienza a transformarse este esquema. Así, en 1994 se pone fin al monopolio público en la colocación, permitiendo la actuación de agencias sin fines lucrativos. También se permite, con excepciones, la actividad de las empresas de trabajo temporal (ETTs).
 
Por lo que respecta al marco institucional de las políticas de empleo, el desarrollo del Estado de las Autonomías cambió su configuración. Desde su creación, en 1978, el INEM asume a nivel estatal las tareas de intermediación, promoción de empleo, formación profesional y protección por desempleo. A partir de mediados de los ochenta, la gestión y la ejecución de los programas públicos de fomento de empleo se transfieren progresivamente a las comunidades autónomas (con excepción del País Vasco). Existen algunas deficiencias de coordinación y transparencia en el sistema que se tratan de subsanar en 2003 estableciendo una concepción integral de las políticas de empleo desarrolladas por las distintas administraciones. Se configura el nuevo Sistema Nacional de Empleo, integrado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) y los Servicios Públicos de Empleo autonómicos. El SPEE sustituye al INEM en la gestión de las prestaciones por desempleo y mantiene la responsabilidad de las políticas de empleo financiadas con recursos estatales o comunitarios, siendo la ejecución de las mismas competencias de los servicios de empleo autonómicos.

Más recientemente, en 2006, ante los problemas estructurales de la economía española, se establece el Acuerdo para la Mejora del Crecimiento y del Empleo, con el fin de impulsar la reforma de las políticas activas de empleo. En 2007 se regulan los órganos e instrumentos de coordinación y cooperación de las políticas de empleo entre las distintas administraciones. El debate social continúa abierto en la actualidad.

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