edición: 2935 , Viernes, 27 marzo 2020
04/10/2011
OBSERVATORIO FISCAL

Régimen fiscal especial de Canarias

DATADIAR

En el archipiélago Canario existe un régimen fiscal especial, al que dio su visto bueno la Unión Europea, basado en tres pilares básicos: mejoras de las deducciones estatales del Impuesto sobre Sociedades, la Zona Especial Canaria y la Reserva para Inversiones en Canarias.

1) Deducción por inversiones en Canarias:

Se incrementan en un determinado porcentaje las deducciones que con carácter general se regulan en el TRLIS y además se mantiene la antigua deducción por activos fijos nuevos ya desparecida en el régimen general.

Ej. para 2011: Deducción en activos fijos nuevos 25%, Edición de libros 22%.

2) En relación con la Zona Especial Canaria (ZEC), la misma ofrece una serie de beneficios fiscales:

En el ámbito de Impuesto sobre Sociedades:

-Aplicación de un tipo del 4% que se aplicará a un importe máximo de base imponible dependiendo del número de trabajadores empleados y el tipo de actividad desarrollada (ver arts. 28 y ss. Ley 19/1994 y RD 1758/2007).

Existe un amplio listado de actividades económicas y profesionales que se pueden inscribir en la Zona Especial Canaria.

En el ámbito del IRNR:

Las Islas Canarias forman parte del territorio español y comunitario:

-Las Entidades ZEC podrán acogerse a los Convenios para evitar la Doble Imposición, suscritos por España.
- Las Entidades ZEC podrán acogerse a la Directiva Matriz-Filial de la Unión Europea, de forma que los dividendos distribuidos por filiales Entidades ZEC a sus sociedades matrices residentes en otro país de la UE, quedarán exentos de retención.
- La normativa ZEC contempla que las exenciones que se describen a continuación, serán también de aplicación a las rentas obtenidas por residentes en Estados no miembros de la UE, cuando tales rentas sean satisfechas por una Entidad ZEC y procedan de operaciones realizadas material y efectivamente en el ámbito geográfico de la ZEC.
- Personas físicas: los intereses y demás rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios, así como las ganancias patrimoniales derivadas de bienes muebles, obtenidos sin mediación de establecimiento permanente.
- Personas jurídicas: los beneficios distribuidos por las sociedades filiales residentes en territorio español a sus sociedades matrices.

No se aplicarán estas exenciones cuando las rentas sean obtenidas a través de paraísos o territorios con los que no exista un efectivo intercambio de información tributaria, ni cuando la sociedad matriz tenga su residencia fiscal en uno de esos países o territorios.

En relación con el ITP y AJD:
Las Entidades ZEC estarán exentas de tributación por este impuesto en los siguientes casos:
- La adquisición de bienes y derechos destinados al desarrollo de la actividad de la Entidad ZEC en el ámbito geográfico de la ZEC.
- Las operaciones societarias realizadas por las Entidades ZEC, salvo su disolución.
Los actos jurídicos documentados vinculados a las operaciones realizadas por dichas entidades en el ámbito geográfico de la ZEC
En relación con el IGIC:
En el Régimen de la ZEC estarán exentas de tributación por el IGIC las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por las Entidades ZEC entre sí, así como las importaciones de bienes realizadas por las mismas.
En relación con los requisitos generales se encuentran regulados en los arts. 28 y ss. de la Ley 19/1994 y en el RD 1758/2007.
Las empresas deben inscribirse en esta ZEC para beneficiarse del régimen.

3) Reserva para invesiones en Canarias (art. 27 Ley 19/1994).
Se trata de una reserva contable. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades tendrán derecho a reducir su base imponible en las cantidades que, con relación a sus establecimientos situados en Canarias, destinen de sus beneficios a la reserva para inversiones.
Esta reducción tendrá con carácter general el límite del 90% de la parte de beneficio obtenido en el mismo periodo que no sea objeto de distribución en cuanto proceda de establecimientos situados en Canarias.
La inversión de la reserva debe realizarse en 3 años.
Todos los requisitos para aplicar este beneficio fiscal se regulan en el art. 27 de la Ley 19/1994.


Equipo jurídico de Datadiar.com


Consultas Vinculantes

Tributación de las cantidades percibidas mensualmente por el consultante en concepto de indemnización por la extinción de su relación laboral. D.G.T. C, (20/04/2011).
En el año 2005, como consecuencia de un expediente de regulación de empleo de la empresa en la que prestaba sus servicios, el consultante vio extinguida su relación laboral. La empresa instrumentó sus compromisos derivados del ERE a través de un contrato de seguro colectivo. A los efectos del IRPF, tributación de las cantidades percibidas mensualmente por el consultante en concepto de indemnización por la extinción de su relación laboral. Aplicación de la reducción del 40% prevista en la LIRPF. En el supuesto de que las prestaciones se perciban en forma de renta, tanto con anterioridad o con posterioridad al 1 de enero de 2007 tienen el mismo tratamiento fiscal, es decir, integración en la base imponible en su totalidad sin reducción alguna. En consecuencia, en el presente caso no resultará de aplicación la reducción del 40 por ciento a las cantidades percibidas de la entidad aseguradora. Por último, todas las cantidades satisfechas que, en virtud de lo establecido anteriormente, estén sujetas y no exentas al Impuesto, estarán sometidas al sistema de retenciones e ingresos a cuenta, cuyo cálculo se efectuará según lo dispuesto en los artículos 99 a 101 de la LIRPF y los artículos 74 y siguientes del RIRPF.

No existe beneficio fiscal alguno por reinvertir el importe del rescate en otro seguro de renta vitalicia inmediata de una entidad de seguros diferente, ni por la movilización de derechos económicos, en su caso, a otra entidad de seguros. D.G.T. C, (20/04/2011).
El consultante se está planteando el rescate total de un contrato de seguro de vida de renta vitalicia inmediata, a prima única, contratado en diciembre de 2002, en el que el propio consultante es el tomador, asegurado y perceptor de la renta vitalicia. Tributación de dicho rescate. La expresión “cuantías que hayan tributado como rendimientos del capital mobiliario” se refiere, no a la pensión bruta percibida, sino al importe resultante de aplicar sobre dicha pensión bruta el porcentaje establecido en la Ley del impuesto vigente en el momento de su percepción, importe que determina el rendimiento del capital mobiliario que se ha sometido a tributación. En cuanto a la segunda cuestión planteada, hay que señalar que no existe beneficio fiscal alguno por reinvertir el importe del rescate en otro seguro de renta vitalicia inmediata de una entidad de seguros diferente, ni por la movilización de derechos económicos, en su caso, a otra entidad de seguros ya que no estamos ante un sistema de previsión social.


Tribunales

IVA: exención intracomunitaria. Venta de bebidas alcohólicas a distribuidores portugueses, habiendo quedado acreditado que las mercancías nunca llegaron a Portugal. Tribunal Supremo. Sentencia de 5 de mayo de 2011.
En los casos de entregas de bienes efectuadas con destino a otro Estado miembro establece que el transporte de los bienes al Estado miembro de destino, cuando dicho transporte se realice por el adquirente, se justificará mediante el acuse de recibo del adquirente, el duplicado de la factura con el estampillado del adquirente, copias de los documentos de transporte o cualquier otro justificante de la operación. i bien ha de reconocerse que la recurrente empleó toda la diligencia necesaria para exculparle de cualquier conducta ilícita, en cambio dicha diligencia no fue suficiente para evitar la elusión fiscal comprobada, cuando una mínima atención desplegada en el seno de la obligación tributaria hubiera dificultado cuando no impedido colocar las bebidas alcohólicas en el mercado negro -como declara y así se recoge en la sentencia de instancia uno de los compradores-, bastaba con comprobar que los vehículos en los que formalmente se hacía la carga y el transportes resultaban a todas luces inadecuados por su características -en algunos casos eran vehículos turismos o camiones con carga máxima muy inferior a las que se hacían constar por las que llevaba a cabo el transporte - para las operaciones y evidentemente la carga se hacía en las dependencias de la recurrente, por lo que, no podía ser de otra manera, la carga se tenía que efectuar necesariamente en otros vehículos de mayor carga que no eran los que se hacían constar para el transporte, y ello a la vista y conocimiento de la recurrente, y además si hubiera procedido a la solicitud de la devolución del impuesto especial por bebidas alcohólicas, como era su derecho, la entrada de la mercancía y su tráfico en el mercado negro hubiera sido poco menos que imposible, al faltarle el precinto del impuesto necesario para su comercialización.

Club de fútbol: Los pagos que efectúan para obtener la cesión de derechos de imagen de jugadores y técnicos, al ser rendimientos del trabajo personal, no están sujetos al IVA. Tribunal Supremo. Sentencia de 9 de mayo de 2011.
Las cantidades que perciben del ONLAE son subvenciones no sujetas. Los pagos que efectúan para obtener la cesión de derechos de imagen de jugadores y técnicos, al ser rendimientos del trabajo personal, no están sujetos al impuesto sobre el valor añadido. Las cantidades que los club de fútbol reciben de la ONLAE son subvenciones no vinculadas al precio de las operaciones sujetas al impuesto. Tales cantidades no pueden ser calificadas como contraprestaciones satisfechas por la ONLAE para obtener la cesión del nombre por los clubs de fútbol. En aras de la seguridad jurídica que la jurisprudencia debe preservar y en cumplimiento de la principal función que corresponda a este Tribunal Supremo, que la interpretación adecuada y procedente, tanto del artículo 61.3 de la Ley General Tributaria de 1963 como del artículo 4 del Real Decreto 1930/1998 , es la que considera que no basta con ingresar, sino que la regularización de la situación tributaria provocada por una anterior declaración-liquidación o autoliquidación o la ausencia de la misma requiere cumplir con unos requisitos que resultan lógicos y, por tanto, implícitos en dichas normas, que permitan, en definitiva, la comparación entre ambas declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones relacionándolas o, si no hubo una anterior, faciliten la identificación del periodo al que corresponde la declaración extemporánea.


Tribunales Económico-Administrativos

Cuando se adquieren acciones de una sociedad holding, que no desarrolla actividad alguna fuera de la tenencia de otra u otras sociedades, operativas o no, ello no genera la afloración de un fondo de comercio. TEAC R, (2-06-2011). Lo que se pague de más por las acciones de esa holding (diferencia entre el precio de adquisición y valor teórico contable “vtc” de la adquirida) debe imputarse a los bienes y derechos de la entidad (que no son otros más que las acciones/participaciones que tiene la holding en su cartera). Respecto al ajuste por deducción de recargos sobre cuotas de la Seguridad Social manifiesta la entidad que no debe sancionarse por tratarse de un error inmaterial. En este sentido hay que decir que, sólo el error invencible puede excluir la responsabilidad por infracción tributaria. La norma que excluye expresamente la deducibilidad de las sanciones y recargos por presentación fuera de plazo de declaraciones, de acuerdo con el art. 14.1.c de la 43/1995, norma que es clara y no presenta, duda interpretativa alguna. Si la entidad hubiera puesto la diligencia necesaria al cumplimentar sus declaraciones ese "error inmaterial" habría sido fácilmente evitable, por lo que su conducta al no hacerlo así ha de ser calificada como negligente. Lo mismo se puede decir de deducir el 10% de un fondo de comercio cuando la redacción del art. 103.3 de la Ley 43/1995 vigente para los ejercicios 2003 y 2004 permitía deducir sólo una veinteava parte como máximo, lo cual, la entidad sin duda conocía, porque al amortizar los fondos de R y P aplicaba por veinteavas partes su deducción. El error en el cálculo de la depreciación que alega la entidad para afirmar que no debe ser objeto de sanción podría haber sido fácilmente evitado si la entidad hubiese observado la diligencia necesaria en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Y tampoco puede considerarse que la entidad actuó con la diligencia exigida cuando dedujo un importe superior al efectivamente realizado por pagos fraccionados, ni que tal "error de cumplimentación" fuese inevitable.

Sujeto pasivo que declara la regularización de la prorrata en el primer período del ejercicio siguiente a aquel en que debió efectuarla, incrementando el IVA soportado deducible, ya que la prorrata definitiva era superior a la provisional. TEAC R, (7-06-2011).
La Administración se limita a detallar la conducta del sujeto pasivo (dejar de ingresar en el período 01/2006 ciertas cantidades, como consecuencia de haber regularizado la prorrata del ejercicio 2005 en enero de 2006), sin explicar el grado de culpabilidad que concurre en esa conducta ni cómo queda acreditada dicha culpabilidad, aun en grado de simple negligencia. La mera constatación de la falta de ingreso no permite fundar la imposición de sanciones tributarias, dado que éstas no pueden ser el resultado de cualquier incumplimiento de las obligaciones tributarias, esto es, no puede fundarse la existencia de infracción en la mera referencia al resultado de la regularización practicada por la Administración. Además, la no concurrencia de alguno de los supuestos del artículo 179.2 de exoneración de la responsabilidad no es suficiente para fundamentar la sanción, porque el principio de presunción de inocencia garantizado en el artículo 24.2 de la Constitución Española no permite que la Administración tributaria razone la existencia de culpabilidad por exclusión o, dicho de manera más precisa, mediante la afirmación de que la actuación del obligado tributario es culpable porque no se aprecia la existencia de una discrepancia interpretativa razonable. Este Tribunal concluye que la Inspección no ha realizado una actividad probatoria suficiente encaminada a acreditar la existencia de culpabilidad ni, por tanto, dicha culpabilidad ha sido fundamentada en la resolución sancionadora. Por ello debe estimarse la reclamación interpuesta.

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