edición: 2578 , Viernes, 19 octubre 2018
14/03/2012
El borrador del futuro regulador de reguladores, lleno de lagunas

Reguladores financieros y sectoriales compartirán presidente, que al ser propuesto y nombrado por el Gobierno no podrá ser independiente

Juan José González

Los primeros cien días de Gobierno, especie de tornado reformista –como coartada política- anuncian la integración de los organismos reguladores sectoriales, que en número de ocho habían proliferado como setas en los últimos años. El modelo que aplicará el Ejecutivo –el holandés- parece ser el que ha mantenido al presidente ocupado una tarde de este verano pasado, leyendo el informe de una conocida consultora que un colaborador, hoy ministro, le habría puesto sobre la mesa. Y esta bien que si el Gobierno esta convencido de la reforma estructural de esos reguladores y supervisores, proceda cuanto antes a la tarea. La intención es que se garantice la profesionalidad de los integrantes, su neutralidad e independencia, que su estructura sea sencilla y austera y, finalmente, que estén sometidos al control parlamentario, todo esto en palabras de la Portavoz del Ejecutivo. Ahora bien, si la reforma en cuestión, sometida a prisas de calendario político, deriva en una mezcla de artículos de la Ley de Sostenibilidad con ideas del informe de la consultora, el experimento será lo mismo que haber hecho un pan con unas tortas.

En principio no habría que sospechar nada sobre la bondad del Gobierno en la reforma de los reguladores sectoriales, sino fuera porque en un borrador de la misma que pasó por varios ministerios, se advertía que su marco jurídico era prácticamente igual al vigente y que la parte del texto encargada de asegurar el control parlamentario del nuevo organismo integral o fusión de reguladores, era extremadamente floja y difusa. Tan sólo llamaba la atención la persistente, por excesiva, dependencia del Gobierno, si bien éste se declara convencido de la independencia y rendición de cuentas del nuevo invento.

Pero esta reforma se encuentra con un pesado lastre histórico, como es la falta de cultura de independencia y de rendición de cuentas, todo un déficit-país y actitud demostrable a través de numerosos ejemplos, como el de la Comisión Nacional de la Competencia, organismo creado a la fuerza hace apenas cinco años, por presión de la Unión Europea y donde supervisores homólogos llevan funcionando desde 1990. Lo cierto es que esta pereza histórica y desinterés de los políticos españoles por la existencia de los reguladores sectoriales de mercados, parece guardar un deseo de enmienda. Y parece haber encontrado en la austeridad debida –a la crisis- la coartada para ‘cargarse’ cargos; un grupo de consejeros, vicepresidentes y presidentes que en número de 59 al mando de 562 trabajadores, entre funcionarios y técnicos, gestionan los supervisores en marcha.

En ese ímpetu que embarga la actividad del Ejecutivo, toma cuerpo la existencia futura de cuatro organismos reguladores: energía, telecomunicaciones, postal y competencia, es decir, nada nuevo si se tiene en cuenta que la Ley de Sostenibilidad ya recogía la recomendación de estos cuatro sectores. En este caso, el Gobierno parece que estaría dispuesto a mantener la idea de dicha ley, aunque con un matiz: los cuatro sectores estarían coordinados por un único presidente y también único consejo.

En este punto, se mantiene pendiente, y guardado como oro en paño y bajo siete llaves, el destino –su lugar en el organigrama de la regulación financiera- de la CNMV. Es un secreto como secretísimo es el borrador de estatuto para el Banco de España y del que tan sólo se puede adelantar que tomará mayor protagonismo, que previsiblemente cederá algo de independencia funcional, que la Dirección General del Tesoro se verá muy influida por la reforma del Banco central y que no esta claro aún que se vaya a respetar el mandato de cinco años y posibilidad de renovación del Gobernador.

Llama la atención que el borrador le dedique un capítulo prolijo (extenso, minucioso y ordenado) a las competencias del responsable del organismo coordinador de las agencias sectoriales, el presidente, el cual puede llegar a alcanzar el mismo rango que un ministro. Como también llaman la atención los detalles de las competencias del consejo y del secretario del mismo; del funcionamiento interno del organismo; de las actividades prohibidas al personal directivo y al no directivo; los juramentos, retribuciones y aumentos salariales, cuenta de resultados, multas y sanciones en el uso de la información… en fin, multitud de pequeños detalles más propios de un reglamento que de una ley.

Por el contrario, todo parece indicar que el borrador, esta repleto de lagunas y carencias que hacen peligrar la independencia y la rendición de cuentas del nuevo regulador de reguladores, o como se vaya a llamar. Nacerá con un déficit de independencia porque el presidente será nombrado por el Gobierno a propuesta el ministro con el que tendrá que trabajar a continuación. Si se desea un órgano eficaz de supervisión, un regulador independiente, mejor sería que fuera propuesto por el Gobierno y ratificado –o no- por el Congreso de los Diputados.

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