edición: 2861 , Jueves, 5 diciembre 2019
17/02/2015
LA OREJA DE LARRAZ

Las opciones para regular ponen en peligro el proyecto de sociedad unipersonal privada

Javier Ardalán
El eurodiputado Popular, Luis de Grandes ha llamado la atención del Parlamento Europeo sobre el riesgo de que las posibles ventajas que aporta la sociedad unipersonal privada de responsabilidad limitada queden muy limitadas si se multiplican las opciones que se dejan a los Estados miembros.
En un documento de trabajo presentado en la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo aboga por una armonización indispensable para preservar el valor añadido europeo que justifica el proyecto de propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las sociedades unipersonales privadas de responsabilidad limitada.

La anterior propuesta de Estatuto de la Sociedad Privada Europea (SPE) pretendía facilitar las actividades transfronterizas de las pymes a través de la creación de un nuevo tipo de sociedad europea transnacional. Sin embargo, la imposibilidad de alcanzar en el Consejo la unanimidad requerida por el Tratado animó finalmente a la Comisión a retirar la propuesta y anunciar que, en su lugar, presentaría una propuesta alternativa en la que se abordasen parte de los problemas constatados en la SPE.

La nueva propuesta de la Comisión Europea ha sido acogida con críticas por determinados actores sociales. Consta de dos partes diferenciadas: la primera comprende una serie de reglas de coordinación que deberán aplicarse a todas las sociedades unipersonales de responsabilidad limitada existentes en los Estados miembros y a la SUP. Se trata de las disposiciones de la Directiva 2009/102/CE, con algunas modificaciones. La segunda regula la SUP.

Aunque comparte la misma finalidad que la SPE, la propuesta de SUP se aleja de la ambición de crear una sociedad europea transnacional a través de un Reglamento. La propuesta SUP obliga a los Estados miembros, a través de una Directiva, a incluir en sus ordenamientos jurídicos un nuevo tipo de sociedad de responsabilidad limitada unipersonal, con unos requisitos de constitución y operativos armonizados, dejando a la legislación nacional todos los aspectos no previstos en la Directiva. La SUP es, por lo tanto, una sociedad nacional.

No se puede olvidar que sólo el 2% de las pymes invierte en el extranjero mediante la creación de nuevas empresas. Entre las razones que explican este hecho se encuentran la diversidad de las legislaciones nacionales, en particular las diferencias en materia de Derecho de sociedades, y la falta de confianza en las empresas extranjeras por parte de clientes y socios comerciales.

Por esta razón, la mayor parte de las empresas opta por crear filiales en el extranjero, lo cual cuenta con la ventaja de ofrecer la garantía a los clientes de tratar con una empresa nacional. Sin embargo, constituir una filial en el extranjero lleva aparejado una gran carga administrativa e importantes costes directos e indirectos.

De Grandes, en su informe, propone reflexionar sobre la necesidad o no de que se exija a los administradores residir en el país donde esté situado el domicilio social. Con ello, considera que sería posible administrar sociedades usando únicamente medios electrónicos, y se respetaría una de las razones de ser de esta propuesta: adecuarlo a la era digital.

Otro de los problemas serios que observa es que la propuesta obliga a los Estados miembros a permitir que el registro de las SUP de nueva constitución pueda realizarse por vía electrónica, sin que sea necesario que el socio fundador comparezca ante una autoridad del Estado miembro de registro.
Este procedimiento, que existe ya en algunos Estados miembros, agilizará enormemente el proceso del registro y reducirá los costes de constitución. Sin embargo, al eurodiputado, señala que la falta de seguridad jurídica, al no exigirse la intervención de notario o la presencia física del fundador, hace que este sistema pueda utilizarse para objetivos ilícitos como, por ejemplo, el blanqueo de capitales o la evasión fiscal.

No obstante, este riesgo podría reducirse si los Estados miembros establecen normas seguras, mediante firma electrónica o intervención de fedatario, para la verificación de la identidad del fundador, sin que esto perjudique la posibilidad en todo caso de realizar el registro online.

El capital social de una SUP deberá ser, como mínimo, de un euro. Y en este capítulo el eurodiputado español entiende que el capital social constituye una garantía para los acreedores, por lo que le preocupa esta norma, especialmente si se pone en conexión con la no obligatoriedad para la SUP de constituir reservas legales.

La propuesta, no obstante, considera el parlamentario, compensa esta ausencia de capital con una serie de garantías de liquidez necesarias para poder proceder a una distribución de dividendos: una prueba de equilibrio presupuestario y una declaración de solvencia.

Sin embargo, concluye al contrario de como comenzaba este comentario, abogado por dar competencias a los Estados miembros para imponer la obligación de constituir reservas, si así lo desean.

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